El papel de los Estados en la crisis del COVID-19

Fotografía de Johannes Eisele | AFP

27/05/2020

A raíz del confinamiento global generado por la pandemia del COVID-19, ha surgido una polémica acerca de las consecuencias adversas en materia económica y social que esa situación acarreará, y el papel que deben jugar los Estados en esta situación de emergencia, para neutralizar o mitigar esos efectos negativos. Creo que al analizar esos problemas y vías de acción hay que distinguir dos etapas: la del confinamiento actual, y la del ulterior reinicio de actividades.

Sin duda, los efectos del confinamiento han sido dramáticos, como era de esperar, ya que el mismo ha implicado la pérdida del trabajo para millones de personas, la mayor parte de ellas, empleados o trabajadores con remuneraciones bajas, cuyos emolumentos en muchos casos solo alcanzaban para cubrir las necesidades más básicas de sus núcleos familiares, o incluso ni siquiera eso.

Estas personas están atravesando situaciones dramáticas, sin que se vislumbre para ellos una esperanza de mejora en un plazo perentorio, pues nadie les asegura que una vez culminado el confinamiento podrán  conseguir un trabajo estable y razonablemente bien remunerado. Solo imaginemos la angustia de unos padres que perdieron su trabajo y que hoy se preguntan cómo generarán los recursos para alimentar a sus hijos menores, o para seguir costeando los tratamientos de familiares enfermos, cuya sobrevivencia depende de que sigan recibiendo esa asistencia médica y continúen teniendo acceso a los medicamentos que requieren.

Igualmente, pensemos en las angustias que hoy sufren los dueños de pequeñas empresas que se han visto forzadas a cesar operaciones por casi 3 meses, sin que se vislumbre una esperanza de normalización en un futuro previsible. Es el caso de los dueños de restaurantes, fuentes de soda, agencias de viajes, transportistas autónomos con vehículo propio, y tantos otros, cuyos ingresos desaparecieron repentinamente, pero cuyos costos fijos tienen que seguir siendo cubiertos, como en el caso del alquiler de locales, servicio de sus deudas bancarias o con proveedores, y otros.

La sobrevivencia de estas personas depende de la ayuda que hoy puedan recibir en forma de subsidios, dádivas, préstamos o descarga temporal de obligaciones, tales como postergación del pago de deudas, alquileres y otras obligaciones, sin que ello ponga en situación de riesgo extremo a los receptores de esos desembolsos. Es allí donde le toca a los Estados jugar un papel fundamental, a través de programas de dotación de alimentos a las familias más necesitadas, subsidios directos a personas o familias más desposeídas, programas de compensación por desempleo, subsidios a pequeñas empresas que hayan cesado operaciones o hayan tenido que reducir su nivel de actividad, reducción de tarifas de servicios públicos, protección a deudores hipotecarios que no puedan seguir honrando sus compromisos financieros para que no pierdan la vivienda, suministro de medicamentos y atención médica gratuita, y muchos otros.

No solo eso. Le toca a los Estados desarrollar programas de ayuda a empresas de gran tamaño que hayan sido directamente afectadas por el confinamiento, tales como líneas aéreas, cadenas hoteleras, líneas de transporte privado, etc. La idea es que, a través de la asistencia y apoyos estatales, se evite la quiebra de múltiples empresas de todos los tamaños, conjurando así el deterioro y merma del aparato productivo, e impidiendo que la población más golpeada por el confinamiento sufra situaciones de extrema penuria, como desnutrición, enfermedades y hasta la pérdida de vida.

Una vez superado el alto riesgo de contaminación y diseminación del mal generado por el virus, se suspenderá el confinamiento, dando lugar al proceso de reinicio de actividades. En esta etapa se requiere que los Estados jueguen un papel fundamental, para sacar a las economías de la fase de letargo y depresión en que las ha sumido el confinamiento por la pandemia.

En este sentido, es fundamental que los gobiernos se aboquen a la puesta en marcha de programas y acciones que estimulen la demanda, porque si no hay demanda no se reactivará la actividad productiva, ni se crearán nuevas oportunidades de empleo en las cantidades requeridas para reducir de forma efectiva el masivo desempleo actual. Es la aplicación de la receta que se implementó en los años 30 del siglo pasado para sacar a las economías de la depresión en que se encontraban, siguiendo las recomendaciones de John Maynard Keynes, el genial economista inglés.

En tal sentido, es recomendable que los gobiernos implementen programas que sean generadores de empleo, tales como programas masivos de mantenimiento de la infraestructura física, programas de mejora de viviendas en áreas marginales, desarrollo de carreteras y vías penetración en zonas rurales, reparación y reacondicionamiento de equipos de transporte público, programas de financiamiento a empresas, tanto a las pequeñas y medianas, como a las grandes corporaciones que necesitan apoyo financiero para reiniciar operaciones, y muchos otros. También, que secunden y promuevan programas privados orientados a la provisión de insumos a los centros de producción, reacondicionamiento de los equipos e instalaciones de las fábricas, formación de capital humano, reinicio de actividades escolares, desarrollo y consolidación de programas de educación y de trabajo a distancia, apoyo financiero a la banca para el desarrollo de programas de crédito al consumo, y tantos otros que den apoyo al aparato productivo y al fortalecimiento de los mercados. Es a través del mancomunado esfuerzo de los Estados y de las sociedades civiles que se podrá retornar a la normalidad en relativo breve plazo, y minimizar o mitigar los efectos adversos que la pandemia del COVID-19 está generando.

¿Significa esto el retorno del welfare state? Podemos decir que sí, pero con un carácter de transitoriedad, selectivo y no universal. Una de las definiciones más ampliamente utilizada de welfare state  o Estado de bienestar, es aquella que lo identifica como una forma de gobierno en el que el Estado juega un papel fundamental en la protección y promoción del bienestar económico y social de los ciudadanos, basado en los principios de igualdad de oportunidades, equitativa distribución de la riqueza, y en la responsabilidad pública por aquellos que no pueden generar las mínimas provisiones para lograr una buena calidad de vida.

Basado en este último principio, podemos decir que a los Estados les toca jugar un papel fundamental en ayudar a los que hoy están atravesando situaciones de penuria, privación, y necesidades apremiantes debido al confinamiento forzoso, así como en la preservación y protección del aparato productivo. Esta última, es una condición de base para que el estímulo de la demanda que tiene que producirse en el proceso de reinicio de actividades venga acompañado de una respuesta de mayor oferta de bienes y servicios, para lo cual es esencial que se cuente con un aparato productivo que pueda generar esa mayor producción y que, a la vez, demande nueva fuerza de trabajo, creándose así abundantes posibilidades de empleo.

Si hoy no se pone especial atención en la preservación de ese sector productivo a través de ayudas gubernamentales a las empresas forzosamente paradas por el confinamiento, se condenaría a muchas de estas organizaciones a desaparecer, impidiendo que en la fase de reinicio de actividades se pueda satisfacer la mayor demanda a través de una expansión sostenida de la oferta de bienes y servicios, y tampoco se crearían las posibilidades de nuevos empleos que se requiere para que los millones de personas que quedaron cesantes puedan conseguir dónde trabajar. Si no se apoya hoy a las empresas afectadas, se estaría mermando la capacidad productiva, por lo que, al estimular la demanda sin que haya una respuesta equivalente del lado de la oferta, lo que se produciría es la materialización de presiones inflacionarias, que acabarían agravando el problema.

¿Implica la implementación de las medidas aquí sugeridas incurrir en desequilibrios fiscales de importancia? Muy probablemente sí, particularmente en economías emergentes. Sin embargo, los déficits que se puedan generar, y el endeudamiento que se requeriría para su financiamiento, se justificarían plenamente. Los gobiernos no pueden caer en la inacción ante problemas tan graves como los que ha generado la pandemia del COVID-19, pues las consecuencias económicas, sociales y políticas que ello puede desencadenar son mucho más adversas y costosas, que incurrir en déficits fiscales transitorios y en aumento de la deuda pública para su financiamiento, déficits y endeudamiento que, a su vez, pueden prevenir el estallido de crisis muy profundas y costosas. De allí que los organismos multilaterales deberán jugar un papel de mucha importancia en la coyuntura mundial actual, proveyendo de abundante financiamiento a aquellos Estados que lo requieran para poner en marcha los programas de ayuda y estímulo que se necesitan, ante el dramatismo que actualmente se vive.


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