A este ingeniero y banquero lo llaman “el sepulturero”. Jorge Wated dice que asume con honor el epíteto. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, le encarga coordinar el levantamiento de todos los fallecidos en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas. Han muerto tantos que ni las funerarias ni las autoridades regulares pueden responder a tiempo a las familias que piden ayuda. Wated acepta liderar la Fuerza de Tarea Conjunta creada solo para recoger e inhumar los cuerpos. Los funcionarios de la Policía Nacional, medicina legal, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito son parte de este equipo especial. Comienzan a trabajar el lunes 30 de marzo de 2020. Todos los días retiran hasta 150 cadáveres en casas y hospitales, y se aseguran de sepultar a los fallecidos en un espacio propio en el camposanto. Wated recuerda al personaje de Tarrou en La peste de Camus, encargado de los equipos sanitarios en la historia ficticia de Orán.

Wated es guayaquileño, ingeniero en Marketing de Negocios y presidente del banco público BanEcuador. Enmendó los conflictos legales y administrativos de al menos 70% de las obras públicas de su país, siendo director del Servicio de Contratación de Obras. Conoce bien Guayas y su capital. Hace 13 años fue asesor del presidente de la Comisión de Tránsito de esa provincia, y en 2008 fue secretario del Gobernador. Ahora, el Presidente le ha confiado la gestión de la emergencia sanitaria en la localidad.

La crisis empezó a mediados de marzo. En Guayaquil, muchos —nadie sabía con certeza cuántos— morían al mismo tiempo y la gente tenía miedo. Los guayaquileños envolvían a sus parientes fallecidos en sábanas, a la espera de las autoridades de medicina legal. La policía tardaba hasta siete días en llegar a las casas. Cuando el olor era insoportable, la familia sacaba el cuerpo a la vereda.

En los hospitales, las morgues estaban tan llenas que la gente no podía encontrar a los suyos entre los cadáveres. Los enfermos se desplomaban en las calles como si acabaran de recibir un disparo.

“Estoy seguro de que venceremos al virus y ganaremos pronto esta dura batalla”, dijo Wated el día que comenzó a trabajar en la Fuerza de Tarea Conjunta. Se refería al nuevo coronavirus, causa de la enfermedad COVID-19. Guayaquil era el epicentro de la epidemia en Ecuador.

Si se sospecha que una persona murió por COVID-19 el personal que retira el cuerpo debe seguir normas de bioseguridad. Fotografía de la Secretaría de Comunicación de Ecuador | AFP.

La ciudad tomada

Brasil fue el primer país de Sudamérica en anunciar la presencia del nuevo coronavirus en su territorio, el jueves 26 de febrero de 2020. Ese día, Ecuador prohibió las aglomeraciones y los encuentros masivos. Pero el fútbol estaba primero.

El miércoles 4 de marzo de 2020 se jugó en Guayaquil el partido por la Copa Libertadores entre Barcelona e Independiente del Valle. Se había planeado el encuentro sin la fanaticada. Hasta que la Gobernación de la provincia de Guayas aprobó dos días antes la entrada de los hinchas al Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, con el apoyo del Ministerio de Salud.

El gobernador Pedro Pablo Duart animaba a los seguidores de los clubes en Twitter: “¡El virus más peligroso es el miedo! Pero no nos vencerá. El país debe continuar”. Mientras la gente esperaba el comienzo de un juego que debió suspenderse, las brigadas del Ministerio de Salud entregaban folletos para prevenir el contagio del nuevo coronavirus y repartían gel con alcohol para las manos. Asistieron 19.852 personas al partido.

Se jugó seis días después de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en Ecuador. Para entonces, el país reportaba diez personas contagiadas, todas familiares de la paciente cero.

La primera persona contagiada por el nuevo coronavirus fue diagnosticada el sábado 29 de febrero de 2020, en pleno Carnaval. Era una mujer de 71 años que había llegado a Ecuador en un vuelo desde Madrid. Arribó el 14 de febrero de 2020, cuando la capital española todavía no reportaba contagios. La mujer ecuatoriana pasó por Guayaquil y visitó a su familia en la ciudad de Babahoyo sin sospechar que podía tener el nuevo coronavirus.

El doctor Washington Alemán atendió a la paciente el 22 de febrero de 2020, cuando llegó a una clínica privada con fiebre, decaimiento, y dolores de cabeza que ningún analgésico calmaba. Recuerda que hacerle la prueba diagnóstica para COVID-19 fue difícil. “En aquella época solo se hacía a pacientes con nexos epidemiológicos, y ella no lo tenía”.

Alemán es médico infectólogo y tiene 30 años de experiencia en el sistema de salud. Fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología, jefe del Ministerio de Salud y asesor de la Organización Panamericana de la Salud. Advierte que el primer error cometido en Ecuador fue subestimar el nuevo coronavirus, “como pasó también en el resto del mundo. Se creyó que la COVID-19 sería una enfermedad que se quedaría en Asia”.

Cuando se comenzaron a informar casos en Europa, “muchos compatriotas que vivían allá o eran turistas volvieron a Ecuador”. Huían creyendo que estarían más seguros en su país, al otro lado del Atlántico. Ecuador no cerró fronteras ni canceló vuelos hasta el 17 de marzo de 2020, dos semanas después de que se reportara el primer contagio. De hecho, la paciente ya había muerto. Se había convertido en la primera persona fallecida por COVID-19 en Ecuador.

«Tardaron en bloquear las fronteras y los vuelos para impedir el ingreso de las personas que venían de países en los que la epidemia estaba en franco ascenso», dice Alemán. Las personas con síntomas de enfermedades respiratorias graves comenzaron a llegar a los hospitales. Los siguientes en contagiarse masivamente fueron los profesionales de la salud. «La pandemia nos agarró en las primeras semanas con una bioseguridad muy frágil». El doctor Alemán dice que, según las cifras del Colegio de Médicos, 40% de los trabajadores sanitarios se infectaron de COVID-19 en la primera semana de la epidemia. «Casi 10 por ciento murió. Hay unidades que tuvieron que cerrar porque se quedaron sin personal».

En la provincia de Guayas se registra el mayor número de infractores del toque de queda impuesto en Ecuador. Fotografía de José Sánchez | AFP

La ciudad que no para

El confinamiento obligatorio en Ecuador comenzó el 16 de marzo de 2020. Se habían confirmado 37 casos de personas infectadas de COVID-19 y se sospechaba que otras 187 también estarían contagiadas. La mitad de los pacientes se hallaban en Guayas. El gobierno declaró estado de excepción y toque de queda. Solo se podía salir desde las 5:00 am hasta las 2:00 pm. No se permitía el paso entre provincias. Se establecieron restricciones de circulación vehicular de acuerdo al último número de las placas. Los ciudadanos podían solicitar salvoconductos por horas determinadas en la página web del Ministerio de Gobierno, pero el portal para tramitar el documento colapsaba durante horas.

Guayas fue declarada zona especial de seguridad, pero es en esta provincia donde más personas incumplen el aislamiento obligatorio. Para mediados de abril, la cifra de sancionados superó los seis mil. 

―Otro problema en Guayaquil es que hay habitantes que no pueden cumplir con la cuarentena. Encuentras personas de escasos recursos que te dicen: “Prefiero morir por coronavirus, pero que mis hijos coman”. En Guayaquil la población vive del diario, tienen que salir a buscar la comida día a día.

El doctor Alemán piensa en los comerciantes informales y en quienes tienen salarios por debajo del salario mínimo (400 dólares). Entre las 5 ciudades más importantes de Ecuador, Guayaquil tiene la mayor tasa de subempleo. La última encuesta del Instituto de Estadística y Censos reporta que 16,2% de la población económicamente activa en la ciudad era subempleada. No llegan a ganar salario básico, laboran menos de las 40 horas regulares a la semana (aunque tienen disponibilidad y deseo de trabajar más) y no están inscritos en la seguridad social.

María Muñoz es una de las que no puede quedarse en casa aunque tenga miedo. Su esposo está temporalmente desempleado en la cuarentena. Ella es la única con un ingreso fijo durante la pandemia. Gana 15 dólares diarios como empleada de una carnicería. De su trabajo dependen su marido, su madre, su suegra y su hijo de 4 años. Su jefe le promete transporte de regreso a casa, junto con otros compañeros de la carnicería, para que llegue antes del toque de queda. María no tiene salvoconducto. Si la policía la atrapa irrespetando la medida de excepción, tendría que pagar 100 dólares de multa. Los ingresos de una semana.

María piensa en Venezuela. Su país natal. Hace dos años emigró a Guayaquil, y la incertidumbre de la pandemia le ha hecho extrañar su país. También quiere ver de nuevo a sus hijos mayores, que viven en Chile. Una amiga cuenta en un grupo de WhatsApp de migrantes venezolanos que vio a una familia quemar a un pariente fallecido. Habían esperado varios días a la policía para que fuera a buscarlo. Nunca llegó.

La gente espera junto a los ataúdes para enterrar a sus parientes en un cementerio de Guayaquyil. Fotografía de José Sánchez | AFP

La ciudad en marzo, el colapso

“Las funerarias estábamos en una emergencia sanitaria. Hacíamos lo mejor que podíamos”. Edgar Herrera, de 34 años, es gerente de la empresa de previsión Funeraria Saexe, al norte de Guayaquil. Durante la crisis decidió aliarse con otra compañía. Dice que antes de la pandemia recibían, en promedio, 10 cuerpos al mes. En marzo llegaron a 100. Herrera tiene 17 años en el sector funerario. «Nunca había visto morir tanta gente. Era desesperante».

Los trabajadores subcontratados por la funeraria estaban asustados. No sabían con certeza cuántos de los fallecidos que llegaban habían sido pacientes de COVID-19. Herrera comenzó a recibir llamadas de empleados que se negaban a trabajar. Así fue quedándose sin choferes para las carrozas fúnebres. Lo llamaban también sus clientes, preguntando una y otra vez por qué tardaban tanto en buscar a sus muertos. El teléfono sonaba a toda hora. Herrera ya no podía dormir. En la funeraria guardó un cuerpo bañado en formol durante cinco días. Podía oler el químico en las oficinas. No había cementerio que pudiera recibirlo.

Levantar un cuerpo y darle sepultura puede costar hasta 1.500 dólares. Guayaquil es la ciudad con más incidencia de pobreza de Ecuador según la encuesta de pobreza del Instituto de Estadística y Censos. Los que no pueden pagar un entierro deben llamar al ECU-911 para solicitar a la policía criminalística que retire el cuerpo.

Un hombre grabó un video contando que la policía no podía llevarse el cuerpo de su hermano. Se paró frente al cadáver, envuelto en una sábana blanca. Tuvo que llevarlo a la vereda, frente a su casa. “No hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil para que puedan retirar el cuerpo de aquí. No hay ambulancias. Uno se puede morir ahora porque esto es lo que va a pasar”.

Las llamadas al número de emergencias en Ecuador se dispararon cuando se decretó la emergencia sanitaria, la segunda semana de marzo. El director general de ECU-911, Juan Zapata, dijo que atendieron en un día 7.730 llamadas nacionales de personas que pedían levantar los cadáveres de sus parientes. El 89% provenía de Guayaquil.

Nadie sabía con certeza si una persona fallecida podía contagiar el nuevo coronavirus. Pero han visto a los policías acercarse a los cadáveres solo si llevan sus trajes protectores. El protocolo señala que la simple sospecha de que haya sido un paciente COVID-19 “hace obligatoria la aplicación de todos los lineamientos de protección de personal”.

En Guayaquil solo hay tres cementerios con crematorios. La Junta de Beneficencia, una ONG que presta servicios funerarios, informó que sus dos hornos estaban funcionando las 24 horas, pero solo podían incinerar hasta diez cuerpos diarios porque el proceso con cada cuerpo podía durar hasta 5 horas. Los familiares hacían largas colas fuera de las salas crematorias antes de que empezara el toque de queda. La ONG repartía hasta 50 tickets diarios para organizar a la gente. El gobierno decidió cambiar las reglas. El 31 de marzo, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dijo que ya no era necesario cremar todos los cuerpos de las personas que morían durante la epidemia, fueran o no pacientes confirmados de COVID-19.

La situación era confusa. La ministra de salud, Catalina Andramuño, renunció al cargo alegando que había diferencias con el gobierno nacional en la forma de manejar la crisis y que no se habían asignado recursos para atender la emergencia. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, decía en un video desde su casa que nadie quería ir a recoger los muertos, exigía las cifras de los fallecidos por COVID-19, y preguntaba: “¿Qué está pasando en el sistema de salud pública del país?”. Mientras, Gustavo Zúñiga, director municipal de Aseo Cantonal y Mercado, hablaba de excavar fosas comunes.

La gente comenzó a preocuparse. Ni siquiera los cuerpos no identificados del terremoto de 2016 se depositaron en fosas comunes, y los restos aún reposan en tumbas con lápidas numeradas para procesos de reconocimiento que se hagan en el futuro. La Organización Panamericana de la Salud advierte en el Manual de Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre que “nunca se debe enterrar a las víctimas en fosas comunes”, pues crea conflictos posteriores y “una situación de dolor prolongado e incertidumbre entre los familiares”.

Fue entonces que el mandatario ecuatoriano dispuso la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. El equipo de Jorge Wated logró acelerar la recolección de los cadáveres. En dos semanas de trabajo recogieron 700 en las casas de Guayaquil. Pero no todas las familias sabían dónde habían llevado a sus muertos.

Jorge Wated , en el medio de la foto, rinde honores a los fallecidos, en compañía de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Fotografía de @JorgeWated.

Wated anunció el lanzamiento de la página coronavirusecuador.com para ubicar el cementerio y la tumba en la que reposan los restos inhumados por el gobierno. Hay hijos que ingresaron en el sistema la cédula y el nombre de sus padres fallecidos, sin obtener resultados. Lo intentaron una y otra vez, hasta que solo decidieron esperar. La gente comenzó a reclamar por familiares desaparecidos.

«¿Dónde están mis viejos? ¿Dónde están mis viejitos?». Una mujer levantaba hacia la cámara las cédulas de sus padres y el certificado de defunción. Contó que habían muerto en casa, se los habían llevado, y ya no sabía su paradero. El video fue difundido por un medio ecuatoriano que elabora una lista de los fallecidos perdidos con la ayuda de los familiares afectados.

El enfermo que fallecía en el hospital debía ser retirado por su familia en las próximas 24 horas después de la notificación de su muerte. Los hospitales de la seguridad social informaron que las autoridades trasladaban los cadáveres a contenedores refrigerados en los camposantos después de estar un día en las morgues. Allí reposarían hasta ser sepultados.

En las unidades de cuidados intensivos de los hospitales morían 7 de cada 10 ingresos, dice el doctor Washington Alemán. Los pacientes que llegaban a los centros de salud presentaban síntomas graves de la COVID-19. Tenían más de una semana enfermos y habían pasado a una fase inflamatoria.

La gente se aglomeraba a la entrada de los centros de salud buscando a sus parientes muertos. Daban nombres. Dictaban cédulas. Los empleados de los hospitales respondían que no veían en los registros a la persona que buscaban. En el Hospital General Guasmo Sur, uno de los más grandes de Guayaquil, dejaron entrar a los familiares a las morgues. Cuerpo por cuerpo, buscaban e identificaban a los suyos.

Los que están buscando a sus parientes escriben en Twitter para pedir ayuda. Algunos tuitean directamente a Wated. Kony dice que su abuela murió el 31 de marzo en el Hospital Guasmo Sur y no ha encontrado su cuerpo. No está en la morgue del centro de salud ni en el cementerio en el que supuestamente fue enterrada. Yami pregunta por el paradero de Julio Reyes, que falleció en un hospital de la seguridad social. David dice que su padre falleció en casa el 1 de abril y su madre aún no sabe si ya fue sepultado. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos reporta que Joselyn tardó diecinueve días en encontrar el cuerpo de su abuelo, y que una defensora pública murió el 6 de abril y su familia supo de su paradero trece días después.

Otros descubren que su familiar fallecido en verdad no ha muerto. Un medio ecuatoriano documentó el caso de una mujer de 74 años que fue dada por muerta el 27 de marzo. El 23 de abril recuperó la conciencia. Dio a los médicos el número de su hermana y pidió que la fueran a recoger. La familia no lo puede creer. Ya habían recibido sus cenizas. No saben a qué persona cremaron.

Una mujer llora junto a las cajas de cartón que se usan como ataúdes en un cementerio de Guayaquyil. Fotografía de José Sánchez | AFP

La ciudad y las cajas de cartón

El doctor Washington Alemán recibe una llamada de su hermano la noche del 8 de abril de 2020. Su padre está enfermo. Escucha con cuidado la descripción de los síntomas: tos, fiebre y dificultad para respirar. Alemán responde que al amanecer deberán llevarlo a un hospital. Si no puede respirar bien bajará el oxígeno en la sangre. Necesitará respiración asistida y tal vez puedan darle un bolo de corticoides. Ha visto a muchos pacientes graves, con pulmones y corazón afectados, mejorar con este tratamiento.

A las 5:00 de la mañana escucha su celular. Es su hermano de nuevo. Su papá, de 87 años, empeoró durante la noche. Falleció en la madrugada. Alemán recibe la noticia en cuarentena. Debe cumplir por 15 días el aislamiento intradomiciliario. Su esposa, también doctora, está contagiada de COVID-19 y ninguno puede salir de casa.

El doctor sospecha que su padre ha muerto por la COVID-19, pero no hay forma de confirmarlo. Una ciudad tomada por la pandemia pierde la capacidad de saber con certeza de qué muere su gente. “No se alcanzan a hacer las pruebas antes, mueren sin las pruebas y no hay espacio para poder hacer las autopsias ni los reconocimientos superiores. Entonces, sencillamente, les ponen en su partida de defunción que murieron por una enfermedad respiratoria”. La alcaldesa de Guayaquil admite en un programa de entrevistas la crisis sanitaria de su ciudad. El doctor Alemán cree que nunca se sabrán las cifras exactas de los fallecidos por el nuevo coronavirus. No hay suficientes pruebas. «Pero si hablas con las personas que entierran a los muertos y te dicen que sepultan a casi 100 al día sabes que algo está pasando».

En Guayaquil la gente no pide pruebas diagnósticas. Pide féretros. A principios de abril, las funerarias privadas y los cementerios públicos se quedaron sin urnas de madera. Los detenidos en las cárceles fabrican algunos. También las empresas madereras. Mientras tanto, la alcaldía reparte cajas mortuorias de cartón prensado, donadas por la Asociación de Cartoneros. En algunas calles cercanas a los cementerios se quejan de que un olor nauseabundo llega hasta las casas. Dicen que las cajas no pueden contener los gases que despiden los cuerpos.

Jorge Wated agradece en un tuit a los reclusos ecuatorianos que fabrican urnas de madera en medio de la escasez de féretros en Guayaquil. Fotografía de @JorgeWated.

El padre del doctor Alemán descansa en una caja de cartón en el medio de la sala. La familia se ocupa de acelerar los trámites exequiales. La pandemia deja la sensación de que no hay tiempo. Usan el seguro de vida para gestionar el entierro. Llaman al médico tratante para que firme el certificado de defunción, único documento que exigen las funerarias mientras dure la crisis.

A dos meses de haber diagnosticado a la primera paciente, el gobierno ha detectado 11.183 contagios, de los que 560 han muerto. En Guayas se concentra el 43% de los fallecidos. El Ministerio de Salud solo cuenta a quienes han pasado por pruebas diagnósticas. Jorge Wated anunció el 16 de abril que solo en quince días murieron 6.703 personas en la provincia de Guayas, cuando normalmente se registran mil. El número incluye casos confirmados de COVID-19, casos sospechosos, y muertes naturales. Días después, el Registro Civil publicó todas las cifras. Entre marzo y los primeros quince días de abril murieron 10.039 personas por diferentes causas solo en Guayas. Wated dijo que no todos reposan todavía en camposanto. Quedan al menos 700 personas por inhumar. No aparecerán en los registros hasta que sean enterrados. “Lo estamos haciendo poco a poco”.

“Las muertes se van a quedar grabadas en muchos recuerdos de los habitantes de Guayaquil. Creo que no existe una familia que no tenga a alguien cercano que no haya fallecido o sufrido los problemas de esta epidemia. Es como si viviéramos dentro de una pesadilla”, dice el doctor Alemán.

El cuerpo de su padre pasa 32 horas en la sala de su casa. Llega el viernes 10 de abril. No hay carroza fúnebre que pueda buscarlo. Llaman a los parientes preguntando quién tiene un carro cuyo número de placa termine en 9 o en 0. Solo así tiene permiso para circular ese día en Guayaquil.

En el cementerio permiten a dos parientes presenciar el entierro, siempre que tengan mascarilla y usen guantes. Los funerarios programan sepultar al padre del doctor Alemán a la 1:00 de la tarde. Su hermano está en el camposanto desde la mañana. El doctor Alemán no puede asistir al entierro porque cumple su último día de aislamiento domiciliario. La enfermedad que se ha llevado a su padre también le impide la despedida. Recibe una llamada. Es su hermano de nuevo. Su papá ya descansa en una bóveda del camposanto.