Colombia: ¿El regreso de los controles de precios?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió la facultad de regular las tarifas de los servicios públicos, con la firma del decreto 0227 por el Director de Planeación Nacional y los ministros de Hacienda, Minas, y Vivienda. Desde 1994, las facultades de administración y control de los servicios públicos en Colombia residían en comisiones independientes.

Petro expresó su intención de asumir el control de las tarifas de los servicios públicos a través de su cuenta de Twitter el pasado 26 de enero, cuando citó el artículo 370 de la constitución para justificar la medida, la cual dijo sería “temporal” y “en defensa del usuario”. Ya en septiembre de 2022, el presidente colombiano se había referido al tema, al decir en un congreso que la misión de las comisiones era regular los precios “en función del derecho universal, no afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”.

De acuerdo al artículo 370 de la constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y politicas generales de administración de servicios públicos que la presidencia habia delegado en las comisiones reguladoras

Lo haré temporalmente en defensa del usuario https://t.co/9sov0sc0rp

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2023

El artículo 370 de la constitución de Colombia establece que el Presidente de la República tiene la responsabilidad de establecer las políticas generales para la administración y el control de la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios (tales como los servicios de agua, electricidad y gas suministrados a los hogares), y de supervisar a las entidades responsables de prestarlos.

En los días siguientes al anuncio del presidente, el precio del kilovatio/hora de energía que las generadoras venden a las empresas distribuidoras se incrementó significativamente. El k/h pasó de 291 pesos el 25 de enero a 735 el 31 de enero.

Críticas de expertos del sector energético

La decisión de Petro de asumir el control de las competencias regulatorias de los servicios públicos implica, entre otras cosas, que tendrá la potestad de fijar las tarifas de dichos servicios de manera autónoma, según su criterio personal. Esto ha generado incertidumbre debido al riesgo que significa abandonar la toma de decisiones basadas en el conocimiento técnico y optar por aquellas que podrían ser impulsadas por motivos políticos.

María del Pilar López Uribe, economista, profesora de la Universidad de Los Andes y doctora en Desarrollo Económico de London School of Economics, expresó en su cuenta de Twitter que tomar el control de las funciones de una comisión independiente puede permitir la fijación de precios con criterios arbitrarios y sin respaldo técnico.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que buscar salidas para el valor de la factura, que se ha disparado porque el impacto inflacionario para el productor está muy por encima de lo esperado”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. “Pero puede haber efectos irreparables y muy costosos al final de cuentas, porque se daña la prestación del servicio”, aseguró.

El presidente Petro hizo frente a las críticas argumentando que no representa un error tomar el control de los servicios públicos, debido a que es “una de sus responsabilidades constitucionales”.

Hasta ahora, las competencias regulatorias de los servicios residían en la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidades independientes encargadas de regular el mercado de energía, gas y agua.

Aunque las comisiones son parte del Ministerio de Minas y Energía, se les consideran organismos técnicos y no políticos, y están protegidos por ley para mantener su independencia y poder establecer, a través de cálculos y fórmulas técnicas, el costo de las tarifas de los servicios públicos.

“Es algo muy peligroso en este momento. Estamos tendiendo todos los puentes, porque una decisión política puede ser un retroceso histórico en los servicios públicos. La CRA y la CREG han funcionado con personas técnicas. Las empresas de servicios públicos son vigiladas y tienen una rentabilidad máxima de 12%, por debajo del índice de inflación”, explicó Sánchez. Si se reducen las tarifas de los servicios públicos sin considerar los factores económicos globales como la inflación y el desempeño de las empresas de servicios públicos del país, esto podría tener graves consecuencias para los colombianos.

Entre los efectos se encuentran la deficiencia en la prestación de los servicios y la baja calidad del agua y la energía. La reducción de tarifas sin tener en cuenta el análisis técnico puede dejar a las empresas de servicios públicos sin los recursos a largo plazo para seguir brindando los servicios, lo que puede afectar negativamente a la economía y al bienestar de la sociedad.

El costo de los servicios públicos se determina mediante un análisis técnico de oferta y demanda. Este análisis considera factores como el costo de producción, la infraestructura y la inversión necesaria para prestar el servicio de manera eficiente y sostenible a largo plazo.

El temor en los expertos porque la fijación de tarifas basada en criterios políticos o caprichos personales pueda generar una distorsión en el mercado, desestabilizar la economía y afectar el bienestar de la población, los lleva a fijar posición en el sentido de que la fijación de tarifas esté respaldada por un análisis sólido y riguroso que tenga en cuenta proyecciones económicas a largo plazo.

Para el presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, en lugar de afectar toda la estructura de costos de manera arbitraria, el presidente podría mejorar la focalización de los subsidios cruzados en los que los estratos de la población con mayor nivel socioeconómico, así como las empresas industriales y comerciales, contribuyen a financiar a los estratos más bajos. También se podría optar por la redistribución mediante los subsidios que otorga el Gobierno y destinar una parte de los recursos obtenidos a través de la contribución tributaria para ayudar a las familias más necesitadas.

¿Medida populista a causa de la caída de la aprobación del gobierno? 

La popularidad del presidente Petro ha disminuido luego de los seis primeros meses de su mandato, debido a la devaluación de la moneda, la falta de unidad en el gabinete ministerial, nombramientos políticos cuestionados y desacuerdos con la reforma de salud impulsada por el nuevo gobierno.

Los resultados de la encuesta Pulso País, realizada por la empresa Datexco y difundida por W Radio el 6 de febrero, muestran que la imagen positiva del presidente Gustavo Petro disminuyó del 54% al 44% entre octubre y febrero. Cuando se les preguntó si aprobaban o desaprobaban la manera en que se está gobernando el país, un 39% de los encuestados en el mes de febrero manifestó su aprobación: una reducción de 9 puntos porcentuales con respecto a los resultados anteriores de octubre de 2022.

En relación a temas específicos, los encuestados expresaron su opinión sobre si las cosas han mejorado o empeorado. En el caso de la seguridad, el 12% considera que ha mejorado, mientras que el 50,17% opina que ha empeorado y el 36,32% cree que sigue igual.

Son tres las encuestas recientes que indican que la aprobación de Petro y su gobierno ha caído entre 5 y 10 puntos, y ahora ronda el 35%.

El presidente de Colombia ha hablado sobre el conjunto de reformas que presentará al Congreso este año, y que se remontan a las promesas de su campaña presidencial. Este paquete de reformas incluye cambios en la tributación, en el sistema de salud y pensiones, y en los contratos laborales. No obstante, sus críticos han encendido las alarmas sobre estas propuestas y lo han acusado de tener la intención de «refundar el país».

¿Por qué ha aumentado el costo de la energía en Colombia?

En el último año, las empresas de servicios públicos experimentaron un aumento del 22,4% en los costos de la electricidad desde enero de 2022, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La mayor parte de la energía en Colombia se produce en centrales hidroeléctricas alimentadas por embalses. El agua es responsable de la generación de al menos el 66% de la energía consumida en el país y, según los registros oficiales, se encuentra en niveles históricamente altos debido a la temporada de lluvias prolongada. Sin embargo, la disponibilidad de agua almacenada no es el único factor que influye sobre el mercado de energía, el cual ha experimentado un aumento en el costo de la electricidad para los usuarios en 2023.

El exministro de Minas y Energía del gobierno de Iván Duque, Diego Mesa, ha expresado su opinión sobre el aumento en las tarifas de electricidad en el país, a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, en las que explica cómo se calculan los precios que aparecen en las facturas del servicio.

Según Mesa, la fórmula para calcular el precio incluye seis componentes: generación, que representa el 33% del total de la factura, transmisión (6%), distribución (37%), comercialización (9%), restricciones (8%) y pérdidas (7%).

El exministro sostiene que el aumento en las tarifas no solo está relacionado con el nivel de los embalses, sino que también hay otros factores que entran en juego en la composición de la fórmula, como la inflación global, que se refleja en el Índice de Precios al Productor, y la tasa de cambio (precio del dólar), que han encarecido los costos de la electricidad.

Mesa cree que la razón principal del aumento en los costos se debe a los componentes de transmisión y distribución, que representan el 43% del costo total y que han sido afectados por la inflación global desde enero de 2021.

Aunque el agua es crucial para mantener el suministro, no garantiza una reducción en las tarifas eléctricas. Durante temporadas de sequía, la energía térmica, que tiene costos más elevados, asume un mayor porcentaje en la generación de energía y, por lo tanto, puede también provocar aumentos en las tarifas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas envió una carta de 29 páginas a la ministra de Minas y Energía de Colombia, destacando la relevancia de preservar la independencia técnica del organismo. La institución advierte que alterar las reglas que garantizan la confiabilidad del sistema puede poner en peligro la atención de la demanda energética del país ante un evento crítico, lo que puede resultar en una atención insuficiente.

Adicionalmente señaló que la confianza en las instituciones es un factor crucial en la inversión del sector, la cual se ha consolidado a lo largo de los últimos 27 años de ejercicio de la comisión independiente, y solicitaron con urgencia a la ministra de Minas que mantenga la integridad institucional del sector y la mejore donde sea necesario.