Perspectivas

Colapso de los servicios públicos: ¿un problema coyuntural o estructural?

por Anabella Abadi M.

Fotografía de Gabriel Méndez para el especial de Prodavinci "Vivir sin agua". Haga clic acá para ver el especial

12/06/2018

Servicios públicos de calidad y de amplio alcance son clave tanto para el crecimiento económico sostenible como para el progreso socioeconómico de las poblaciones. En particular, los servicios públicos como agua, luz y seguridad son fundamentales para garantizar el desarrollo humano, así como la manufactura y distribución segura de bienes y la oferta continua de servicios comerciales.

Es por esto que en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) (resolución 41/128, 04/12/1986) se proclamó que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable” y que los Estados “garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos” (artículos 1 y 8). De manera más particular, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (resolución 64/292, 28/07/2010).

Más recientemente, en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169, metas propuestas enfocadas en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y ambiental. Entre las metas para el año 2030 se incluyó, por ejemplo, la necesidad de garantizar el pleno acceso a los servicios básicos, en especial a las personas pobres y vulnerables (meta 1.4).

¿Cuál es la situación actual de los servicios públicos en Venezuela?

Según datos del Global Competitiveness Index 2017-2018 del Foro Económico Mundial, Venezuela tiene la décima peor infraestructura eléctrica. Sólo en el primer trimestre de 2018, el Comité de Afectados por los Apagones –una asociación civil que monitorea las fallas del sector en los 24 estados del país– registró 3.550 interrupciones del servicio eléctrico entre el 1 de enero y el 20 de marzo, cerca de 44 fallas por día. En 2017, las fallas totalizaron 18.221: casi 50 por día.

Por su parte, el Foro Económico Mundial reconoce que Venezuela tiene el sistema policial menos confiable del mundo. Más aún, según el 2018 Global Law and Order Report de Gallup, apenas 17% de los residentes de Venezuela se sienten seguros caminando en las calles de noche y sólo 24% confían en la policía.

Además, tal y como reportó Prodavinci en su especial “Vivir sin agua”, al menos 9,78 millones de personas (cerca de 30% de la población) vivieron bajo racionamiento formal de agua corriente entre 2016 y 2017, siendo las parroquias pobres las más afectadas.

No sorprende pues que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó que en el primer trimestre 2018 aumentó el número de protestas por servicios básicos, ubicándose como la principal causa de protestas. En apenas 13 semanas (90 días) se reportaron 748 protestas (más de 8 por día) por fallas en los servicios públicos: 325 protestas por fallas eléctricas (25 por semana), 223 por fallas en el suministro de gas doméstico (17 por semana) y 200 por fallas en el suministro de agua potable (15 por semana).

Según cifras del mismo OVC, en abril 2018 se mantuvo la tendencia: de 927 protestas registradas, 338 fueron por fallas en los servicios públicos (11 por día): 130 por fallas en el suministro de agua potable, 117 por fallas eléctricas y 90 por fallas en el suministro de gas doméstico. A finales de abril las protestas le tocaron la puerta directamente al gobierno del presidente Maduro, cuando vecinos de la parroquia Altagracia del municipio Libertador de Caracas protestaron a las afueras del Palacio de Miraflores por fallas en el suministro de agua.

¿Qué impacto ha tenido el colapso de los servicios públicos en Venezuela?

Según la Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial de Conindustria (II Trimestre 2017, últimos datos disponibles), uno de cada cuatro industriales considera que los cortes eléctricos son uno de los principales factores que restringen la producción nacional, teniendo un mayor impacto en las empresas más pequeñas.

A nivel social, entre los factores considerados para medir el Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluye la carencia de servicios básicos y la define como “hogares que presentan inaccesibilidad al agua potable o a los servicios de eliminación de excreta”. Si a esto agregamos fallas de otros servicios, la precariedad aumenta. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, un tercio de los encuestados son pobres según NBI, siendo la mala calidad de los servicios de agua y luz el factor de mayor impacto.

¿Un problema coyuntural o estructural?

Resolver las fallas de los servicios públicos requiere de recursos humanos, de capital y –sobre todo– de tiempo y voluntad política. Las limitaciones fiscales a las que se enfrenta el gobierno del presidente Maduro limita la cantidad de recursos que se pueden invertir en infraestructura. Más aún, los sueldos  relativamente bajos y la inflación han hecho de los expertos un recurso cada vez menos accesible. Es por esto que, por ejemplo, entre marzo de 2017 y marzo de 2018, 18.000 profesionales y técnicos renunciaron a la Corporación Eléctrica Nacional.

Actualmente, el gobierno enfrenta serios problemas de gobernabilidad que en el corto plazo intentan resolver con medidas de corte populista o con represión. Sin embargo, al no mostrar voluntad política para comenzar a resolver de manera efectiva las fallas de los servicios públicos, nada parece indicar que la situación mejorará.

Hay experiencias internacionales, como las de la recuperación del sector eléctrico en Perú, que vale la pena revisar y considerar para la eventual recuperación de los servicios públicos en Venezuela. Mientras tanto, no queda sino exigir respuestas al gobierno central.


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