Entrevista

Carlos Fernando Chamorro: “Nicaragua está sometida a un Estado policial”

Fotografía de Inti OCON | AFP

04/07/2021

Una larga estirpe familiar dedicada al periodismo, los reconocimientos más elevados en la brega de informar, una carrera que va de la reportería a la dirección de medios impresos (Barricada) y digitales. Quien habla es el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, periodista con todas las letras. Nicaragua, de nuevo, hundida en la dictadura.

Los gobiernos que se inscribieron en la tesis del socialismo del siglo XXI derivaron en el autoritarismo, la represión y la persecución política. ¿Qué explicación le podríamos dar a ese desenlace?  

Creo que (Daniel) Ortega tiene una particularidad que lo diferencia de esos gobiernos que llegaron en esa ola del socialismo del siglo XXI. Primero, cuando Ortega regresa al poder (2007), no llega como resultado de una marejada de votos de una mayoría política. Al contrario. Es decir, Ortega no es Chávez, Ortega no es Correa, Ortega no es Evo Morales, que ponen en jaque al sistema político por razones que no vamos a entrar en discusión, pero que son hechos reales. Había una crisis de los partidos políticos y surgen estos liderazgos populistas. Ortega gana una elección con la primera minoría política del país (38 por ciento de los votos), porque se dividieron las otras fuerzas políticas y porque hubo un arreglo sui generis, que él había negociado con Arnoldo Alemán, cuando éste era presidente y Ortega líder de la oposición. Ese arreglo bajó el umbral de la votación para ganar en la primera vuelta (del 45 al 35 por ciento). Realmente él es un beneficiado del chavismo, de los petrodólares venezolanos, que le permitieron consolidar su poder —económico y político— en los primeros años.

Violeta de Chamorro (madre del entrevistado) derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Desde ese momento, se dijo que Ortega vio la derrota como «una traición del pueblo». ¿Esta hipótesis tiene arraigo en la realidad?

Sí lo tiene, en el sentido de que la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990 produjo un debate, una crisis, en la izquierda nicaragüense y en el propio Frente Sandinista. De un lado, quienes lo vieron como la decisión de la mayoría, como un voto mayoritario. Ciertamente, en un contexto de guerra de agresión, de guerra civil. Esas elecciones, realmente complejas, reflejaban el rechazo de la población a la guerra, pero también al autoritarismo y a los errores de la gestión revolucionaria. La respuesta a ese diagnóstico era que el sandinismo sólo tenía futuro si se convertía, realmente, en una izquierda democrática. De esa crisis surgió el Movimiento Renovador Sandinista, que en efecto es un partido socialdemócrata. Ésa era una lectura. Del otro lado, está la de Ortega que, básicamente, está anclado en un ADN estalinista y autoritario. Eso desemboca en un proyecto caudillista, el control del partido Frente Sandinista bajo la premisa de que poner en juego el poder en una elección democrática es una trampa y que no se someterá, en efecto, a esa trampa. Ortega intenta recuperar el poder en dos elecciones (1996 y 2001) y en las dos pierde. Pero hay un proceso de captura del Estado desde abajo, que es muy importante para explicar la fortaleza de Ortega en la oposición.

¿A qué se refiere? ¿Qué nueva realidad política, digamos, se conformó en Nicaragua?

Cuando digo captura desde abajo, estoy hablando de captura de instituciones del Estado, del Poder Judicial, del Poder Electoral, sin tener entonces la mayoría política. La primera prueba de Ortega en el gobierno es la elección municipal de 2008, en esa elección se ejecuta un fraude como nunca antes en la historia electoral del país. Un fraude para favorecer a Ortega, ya con el control del Poder Electoral, ya con la intervención de una maquinaria de fraude que, prácticamente, produce la primera gran crisis de su gobierno. Literalmente y con documentación comprobada —de acuerdo a las actas— se roba la elección de la municipalidad de Managua y de más de cuarenta (40) municipalidades, las más importantes. Ésa es la primera prueba de que Ortega no va a ceder el poder, sino que va a acumular más poder, utilizando fraudes electorales, utilizando cooptación y la concentración del poder. Parecía que el régimen (después de ese fraude) enfrentaba una crisis de legitimidad. Sin embargo, Ortega, con mucho pragmatismo con el gran capital, con los grandes empresarios, no sólo de Nicaragua o de la región centroamericana, sino de México y Colombia, impulsó la formación de un gobierno corporativista. A diferencia de Venezuela o de Cuba, Ortega aplica políticas de mercado, políticas fondomonetaristas, convoca al capital a cogobernar en lo económico, mientras él y su partido eliminan la democracia, la transparencia, y mantienen el monopolio de la política. Esa forma de gobierno, junto con los petrodólares venezolanos, le permitió estabilidad, legitimidad, sin democracia, con fraudes electorales, desde 2007 hasta 2018.

Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, no era una figura visible en la política nicaragüense en los años 80 y 90. Sin embargo, después de 2007, esta señora es todopoderosa. En la prensa, en medios académicos, le atribuyen un papel fundamental. ¿Qué peso tiene la señora Murillo en el gobierno de Ortega?

El papel político de Rosario Murillo adquiere una enorme relevancia a partir de 1998-1999, cuando se produce, digamos, la crisis de liderazgo de Daniel Ortega, que es señalado por su hijastra, Zoilamérica, de abuso sexual. Y es Rosario Murillo quien sale en defensa de su esposo en contra de su hija. Luego hay un proceso en el cual los señalamientos a Ortega son desestimados —han prescrito en lo penal— por jueces afines a él y a su partido. A partir de ese momento, Murillo adquiere un poder político en el Frente Sandinista, que no tuvo nunca antes. Un protagonismo definitivo. Y la naturaleza del Frente Sandinista empieza a modificarse. Es decir, de un partido político, de una institución política, va evolucionando hacia un liderazgo familiar, hacia una pareja política que, eventualmente, gana la elección de 2006 y se convierte en una pareja presidencial. Murillo comparte el poder con Daniel Ortega. Hay muchas conjeturas de que si ella manda y él no. Yo siempre he interpretado, y quienes conocen esa relación, también, que simplemente es un dúo político, que han conformado un régimen familiar. Hay una división del trabajo, sin duda, Murillo se encarga del día a día, de la administración y de la vocería del Gobierno, pero el liderazgo caudillista que conecta con la base sandinista no es de Rosario Murillo, por mucho culto a la personalidad que se haya promovido en torno a ella, es de Daniel Ortega. Los símbolos y esa base ortodoxa que sigue respaldando a la pareja presidencial son de Daniel. No, no es cierto, juega un papel relevante. Pero quien manda en Nicaragua es Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si lo quieren poner de otra manera es Rosario Murillo y Daniel Ortega. Ambos son inseparables en el ejercicio del poder.

¿Los petrodólares de Venezuela fueron una bombona de oxígeno o un soporte fundamental para que Ortega se consolidara en el poder?

Las dos cosas. Primero hablemos de la magnitud: 500 millones de dólares anuales. Un monto considerable para una economía como la de Nicaragua. Además, de manera sostenida durante casi una década. La acumulación de esos recursos sumó más de 4.500 millones de dólares. Esos recursos nunca entraron al presupuesto de la república. Se manejaron como un presupuesto paralelo, de forma discrecional. Tuvo tres impactos, tres propósitos. Uno, le permitió a Ortega flexibilidad para gobernar y contar con recursos adicionales sin necesidad de hacer una reforma fiscal. Fueron los propios empresarios los que dictaron las leyes fiscales, las leyes bancarias, entre otras. Es decir, para ambos, el mejor de los mundos. Para los empresarios, un gobierno que no los presiona y para Ortega recursos para manejar con flexibilidad sus alianzas. Dos, el Gobierno contó con complementarios para desarrollar algunos programas asistencialistas, sin necesidad de extraerlos del presupuesto. Tres, le dio la base para crear un emporio económico cuasi estatal, pero fundamentalmente privado. Lo que en Nicaragua se conoce como el Consorcio Albanisa jurídicamente es una empresa mixta venezolana-nicaragüense, pero en la práctica es un consorcio privado al servicio y al control de la familia Ortega Murillo, con diversos negocios, en la energía, los hidrocarburos y construcción. Es la caja chica de los negocios privados de la familia Ortega Murillo. Sólo te doy un dato con los fondos de la cooperación venezolana, 9,7 millones de dólares, lo sacaron de una bolsa y los pasaron a otro y compraron un canal privado de televisión, el canal 8.

Episodio del cual, Carlos Chamorro tiene información de primera mano.

Yo conocía a su dueño. No era su empleado, yo era un productor de televisión en ese canal privado, yo compraba tiempo, porque me relacionaba con este empresario periodista que se llamaba Carlos Briceño, porque ya falleció. Carlos tenía problemas económicos. Al final hizo el negocio de su vida. Vendió el canal. Pero quien terminó siendo dueño no fue el Estado, ni siquiera el Frente Sandinista, fue Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso y otros negocios privados salieron de la cooperación venezolana que, en mi opinión, es el mayor escándalo de corrupción de los más de 14 años del régimen de Ortega.

¿Usted cree que en el futuro inmediato vamos a ver los primeros signos de lo que sería la dinastía Ortega Murillo en Nicaragua?

Hoy, en Nicaragua, hay un gobierno familiar con un proyecto dinástico, porque Rosario Murillo es la vicepresidenta de la república, ella está en la línea constitucional. Si mañana el señor Ortega, por algún motivo, está inhabilitado para gobernar, se consumaría esa dinastía, porque la señora Murillo asumiría la presidencia. Pero ese proyecto dinástico, si me preguntas a mí, no es viable. Ésta no será una dinastía como la de los Somoza, yo no veo capacidad de que Ortega le herede el poder a Rosario Murillo, entre otras cosas, porque la dictadura Ortega Murillo, hoy, está en crisis. Y yo creo que es una crisis terminal. Eso no quiere decir que vaya a terminar mañana o la próxima semana. Pero no es viable. No va a sobrevivir. Incluso, puede reelegirse el 7 de noviembre (elecciones presidenciales), sin competencia política, pero eso no significa que ese régimen político tenga viabilidad. El proyecto dinástico se enterró en la rebelión de abril (2018), cuando el pueblo nicaragüense, de manera espontánea, salió a las calles a protestar y los universitarios tomaron los campos. Durante tres meses en Nicaragua se vivió una insurrección cívica, no armada, que luego la dictadura masacró (alrededor de 400 muertos). Ahí se acabó el proyecto dinástico. En ese momento se decretó que Ortega nunca más podría ganar una elección en Nicaragua y por eso hoy está eliminando la competencia política, porque no puede ganar, ni siquiera que se la robe. Antes expresé que Ortega y Murillo eran inseparables… en el poder y en la caída. No hay manera de que se puedan separar uno del otro.

Fotografía de Inti OCON | AFP

Parece que el peor delito que se pueda cometer hoy en Nicaragua es que alguien manifieste, a viva voz, su intención de aspirar a la presidencia de la república. Cualquier ciudadano nicaragüense que quiera postularse a la elección presidencial termina en la cárcel.

Antes de esta ola represiva, han sido encarceladas miles de personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos certifica más de 1.600 detenciones por razones políticas. Y no era porque esas personas querían ser candidatos presidenciales. Simplemente demandaban elecciones libres. Sí, han ocurrido cosas peores, los asesinatos, las masacres, las torturas, y ahora entramos en una etapa muy particular, faltan cinco meses para las elecciones y en efecto surgen líderes que quieren competir por la candidatura única de la oposición y Ortega fabricó una serie de leyes en 2020 para inhibir a potenciales competidores. Pero el mayor delito en Nicaragua, para cualquier ciudadano, es salir a la calle con una bandera azul y blanco. Te meten preso. En Nicaragua hay un estado policial, donde no hay libertad de reunión ni de movilización.  

En las protestas, la gente voceaba la consigna «Ortega y Somoza son la misma cosa». Por todo lo que ha dicho, uno podría pensar que esa consigna se ajusta, plenamente, a la realidad.

Los orígenes de ambas dictaduras o de ambos regímenes autoritarios son distintos. Pero la evolución que tuvieron en la forma de gobernar hace que la gente encuentre muchas semejanzas. Semejanzas en el autoritarismo, semejanza en la crueldad de la forma de ejercer el poder, semejanza en la corrupción y en la construcción de un emporio económico familiar. Semejanza en el intento de replicar un proyecto dinástico. Y también semejanza en ese modelo de gobernar en alianza con el capital preservando el monopolio del poder político. Sí, la gente salió a las calles a gritar «Ortega y Somoza son la misma cosa». Hoy, en este momento, no lo pueden hacer, porque te echan preso. Ésa fue una de las consignas que estalló en las protestas de abril de 2018.

Una ironía de la historia. Los mismos que pidieron ayuda a gobiernos de varios países para derrocar una dictadura… gobiernan hoy bajo una dictadura.

Es cierto, hay un paralelismo. Pero también un desafío que está planteado hoy, particularmente, en la Organización de Estados Americanos. En 1979, con el gobierno de Carlos Andrés Pérez (Venezuela) de Rodrigo Carazo (Costa Rica), de Omar Torrijos (Panamá) de José López Portillo (México) y también con el apoyo de Carter (Estados Unidos) no solamente se condenó a la dictadura de Somoza por la violación a los derechos humanos, sino que se demandó la sustitución de esa dictadura y el padre Miguel d’Escoto, en representación del Frente Sandinista, ocupó el asiento de la delegación de Panamá, para hablar como canciller de la junta de gobierno de reconstrucción nacional en el exilio. Hoy la OEA enfrenta un desafío similar frente a esta dictadura de Ortega. Recientemente, hubo una deliberación en ese organismo y 26 países votaron condenando la violación de los derechos humanos, demandando la liberación de los presos políticos y demandando elecciones libres. A Ortega sólo lo apoyaron Bolivia y San Vicente y las Granadinas. México, Honduras, Argentina, Belice y Dominica se abstuvieron. La crisis de Nicaragua es una crisis de derechos humanos, es una crisis de la política y de la democracia. Hay una ruptura de la Carta Democrática Interamericana y eso le plantea un desafío a América Latina, a Estados Unidos y a Europa.

¿Qué avizora usted en lo inmediato?

En un momento en que Nicaragua está sometida a un Estado policial, la comunidad internacional, coordinada, las presiones políticas, económicas, diplomáticas, son importantes para despejar un camino de salida. Mucha gente dice: en Venezuela eso no tuvo éxito, en Cuba tampoco y se hacen paralelismo de los tres países. Quizás hay diferencias. Hace poco, Jorge Castañeda, ex canciller de México, me dijo que la naturaleza del régimen de Nicaragua es distinta. Nicaragua no es un país petrolero como Venezuela. Nicaragua no tiene el control estatal que tiene el sistema cubano en su país. Por lo que he explicado antes, esto es una economía privada, una economía abierta, donde quizás ese tipo de presiones pudieran tener otro tipo de impacto. Pero lo fundamental es si no hay una suspensión del Estado policial, si el pueblo de Nicaragua no recupera el derecho a la libertad de reunión, de movilización, la libertad de prensa y de expresión, pues no es posible el cambio político. El cambio político no lo va a imponer la comunidad internacional. Por muy decidida que esté a aislar a Ortega o a poner presión. El cambio político sólo lo puede lograr la suspensión del Estado policial para que el pueblo de Nicaragua presione y logre una reforma electoral para ir a unas elecciones libres.

Su padre fue director del diario La Prensa, fue torturado y asesinado por la dictadura de Somoza. Usted es director de El Confidencial. Además, tiene una larga trayectoria en medios. ¿Podría definir cuál es la situación actual del periodismo en Nicaragua? 

El periodismo está bajo persecución. Yo creo que hasta hoy ha resistido, tanto en Nicaragua como en el exilio. Hay un apego de los periodistas de simplemente persistir en informar, en contar la verdad, que es uno de los pilares fundamentales para plantear las demandas de justicia en Nicaragua. La verdad sobre los asesinatos. La verdad sobre la represión. La verdad sobre la corrupción. Es muy difícil hacer periodismo bajo persecución y en un clima de polarización política. Y es más difícil con censura. Mi redacción ha sido asaltada dos veces por la policía. 100% Noticias también. Sin ninguna orden judicial. Los periodistas son perseguidos, agredidos, cuando están realizando coberturas. Y, a pesar de eso, se mantiene una llama, un espacio, de un periodismo creíble. Para mí eso es lo más importante. Y nosotros tenemos esa persistencia de no dejar de informar, a pesar de las dificultades y, en mi caso, del exilio.

Diría el testigo: cualquier parecido con Venezuela es mera casualidad.

Yo tomo nota de la crisis de Venezuela. Me siento en familia conversando con los colegas, con la prensa independiente de Venezuela y con los que están en el exilio. A veces me parece que la crisis de Nicaragua se ha desarrollado con mucha intensidad, en un lapso más corto. Creo que tenemos que aprender de nuestra propia experiencia de resistencia y, sobre todo, del afán de poner en primer plano hacer periodismo, no propaganda, hacer periodismo, no activismo. Y hacer, sobre todo, un periodismo confiable, un periodismo útil para la sociedad en este momento de crisis.


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