Asalto a los poderes públicos en Brasil: ¿Hecho aislado o precedente?

El 8 de enero de 2023, una multitud cercana a los 4000 manifestantes se lanzó a la calle, provocando fuertes disturbios en Brasilia, la capital federal de Brasil. A su paso, asaltó y saqueó los edificios  del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial de Planalto, sede de gobierno del país. Según testimonios recogidos por la prensa, los manifestantes, seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, se movilizaron con la intención de incitar a las fuerzas militares a derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien llevaba una semana en el poder.

Videos publicados en las redes sociales mostraban a los manifestantes dañando muebles y ventanas en las estructuras del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo. Subieron al tejado del edificio del Congreso, que alberga el Senado y la Cámara de Diputados, desplegando una pancarta en la que se leía «intervención». Pasaron horas antes de que las autoridades pudieran retomar el control de la zona de seguridad federal que rodea la llamada “Plaza de los Tres Poderes”, la cual alberga las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Antes del ataque a las instalaciones gubernamentales, partidarios de Bolsonaro que se negaban a reconocer el veredicto electoral de las elecciones del 30 de octubre de 2022 que dieron como ganador a Lula, habían permanecido en un campamento frente al cuartel general del ejército brasileño durante diez semanas, pidiendo a los militares que desconocieran el resultado electoral.

El expresidente Bolsonaro, quien se encontraba en Florida cuando ocurrieron los hechos, no llamó específicamente a sus partidarios a cometer el asalto del 8 de enero; no obstante, desde antes de las elecciones el exmandatario cuestionó la confiabilidad del sistema electoral, llegando a afirmar que las Fuerzas Armadas  “no se limitarán a dar automáticamente el visto bueno al proceso electoral o a participar como espectadoras”.

Foto publicada por la oficina de prensa oficial de Lula da Silva que muestra al nuevo presidente de Brasil saludando a sus seguidores junto a su esposa, la Primera Dama Rosangela ‘Janja’ da Silva, camino al Palacio de Planalto el 1 de enero de 2023.

Polarización en la campaña y elecciones presidenciales, el antecedente de los disturbios

El 1 de enero, Luiz Inácio Lula da Silva subió la rampa de acceso a las oficinas presidenciales en Brasilia y tomó la banda presidencial verde y dorada para tomar oficialmente posesión como el nuevo presidente de Brasil. El saliente presidente Bolsonaro, quien por exigencia de la ley debía participar en el acto protocolar, estaba a más de 5 mil kilómetros, en Florida, a donde viajó solo dos días antes.

​​Numerosos países y funcionarios de todos los partidos políticos, incluidos algunos simpatizantes de Bolsonaro, aceptaron rápidamente los resultados de las elecciones de Brasil, las más reñidas en más de tres décadas.

Bolsonaro mantuvo un bajo perfil luego de que él y su partido presentaron una solicitud para invalidar millones de votos, que fue rápidamente rechazada.

La polarización estuvo presente durante toda la campaña presidencial y comenzó a exacerbarse el día de la toma de posesión del presidente Lula. Para casi la mitad del país, el inicio de la presidencia de Lula significó el fin de cuatro años turbulentos bajo el mandato de Bolsonaro. Para otros millones de brasileños, el ascenso de Lula sólo podría explicarse como el resultado de un complejo crimen electoral perpetrado por la oposición en unas elecciones amañadas.

Tras la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, sus partidarios más acérrimos emitieron críticas contra el sistema de voto electrónico, al que señalaron de ser propenso al fraude, aunque sin citar u ofrecer pruebas. Brasil ha empleado el voto electrónico desde 1996, y aunque expertos en seguridad consideran este sistema menos seguro que las papeletas marcadas a mano, ya que no deja un rastro de papel que pueda comprobarse, el sistema electrónico brasileño está sometido a una vigilancia constante.

Las elecciones presidenciales de 2022 fueron monitoreadas por las autoridades locales y la comunidad internacional. Contaron con la presencia de observadores internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos, que desplegó 55 especialistas de 17 nacionalidades en 15 de los 27 estados brasileños. Hasta la fecha no existen reportes de inconsistencias en la votación, ni ningún indicio de actividad fraudulenta antes, durante ni después de la jornada electoral del 30 de octubre.

Ola de destituciones: el intento de Lula por restablecer el orden y la confianza en el gobierno

Tras los ataques a los edificios de gobierno, el presidente Lula y autoridades del poder judicial anunciaron el inicio de una investigación sobre los hechos del 8 de enero y la detención de cerca de 1.500 manifestantes, quienes fueron desalojados de los campamentos y edificios gubernamentales por fuerzas de seguridad federales.

El día de los disturbios, antes de las seis de la tarde, el presidente Lula declaró una intervención federal de seguridad en Brasilia y todo el Distrito Federal, poniendo a la policía y fuerzas de seguridad pública bajo la dirección del secretario general del Ministerio de Justicia, Ricardo García Capelli, quien asume el control de toda el área de seguridad en la capital hasta el 31 de enero.

El mismo día del asalto, el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, destituyó al secretario general de Seguridad Pública, Anderson Torres, quien había asumido como encargado de toda la operación de seguridad en el área de Brasilia apenas el 2 de enero de 2023.

Torres, quien fue Ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, de 2019 a 2022, se encontraba vacacionando en Estados Unidos el día del asalto a los poderes públicos en Brasilia.

Los investigadores siguen sin poder entender cómo un reducido grupo  de manifestantes desarmados, que habían dado a conocer ampliamente sus objetivos, pudieron asaltar tan rápidamente las estructuras administrativas más importantes de la nación, sin ser detenidos por las fuerzas de seguridad.

En una conferencia de prensa poco después del incidente, Lula afirmó que todo indicaba que hubo «incompetencia o mala fe» por parte de la policía, y prometió llevar a los responsables ante la justicia. El gobernador regional fue suspendido momentáneamente por un juez del Tribunal Supremo.

El 10 de enero, el juez y ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó la detención de Anderson Torres, en conexión con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de Brasil en torno a los hechos del 8 de enero, en las que Torres aparece señalado como uno de los principales responsables de las fallas de seguridad evidenciadas en el asalto a los poderes públicos.

Jair Bolsonaro (izq.) y su ministro de Justicia, Anderson Torres (derecha). Fotografía de Evaristo Sa | AFP.

Por su parte, el interventor federal en seguridad pública, Ricardo Capelli, acusó a Torres de haber organizado “una operación de sabotaje estructurado”, al dejar a las fuerzas de seguridad pública de Brasilia sin una cadena de comando clara antes de su partida a Estados Unidos el 7 de enero, un día antes de que los manifestantes asaltaran las sedes de los poderes públicos.

«Anderson Torres asumió como secretario de seguridad, destituyó a todo el comando y se fue de viaje», dijo Capelli. «Si esto no es sabotaje, no sé qué es».

Tras conocerse la orden de detención preventiva en su contra, Torres aseguró que regresaría al país para ponerse en manos de la justicia y demostrar su inocencia, y alegó que sí había un plan de contingencia en caso de que se presentaran actos violentos en las protestas del 8 de enero.

”Creo en la justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá”, escribió el exfuncionario en un mensaje publicado en redes sociales.

Torres fue detenido por la Policía Federal en el aeropuerto internacional de Brasilia, a su regreso de Miami el 14 de enero. Por ahora permanece a disposición de la justicia y está siendo investigado por presunta “connivencia dolosa” con los manifestantes bolsonaristas.

En los días sucesivos al asalto del 8 de enero, se produjeron destituciones de funcionarios públicos en presunta conexión con los disturbios. Entre los primeros, además de Anderson Torres, figuró el coronel Fábio Augusto Vieria, comandante de la policía militar, quien fue removido de su cargo y detenido el martes 11 de enero.

Lula también destituyó a 53 militares que desempeñaban funciones de seguridad en el Palacio Presidencial de Planalto y el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial del primer mandatario, una acción que ha sido interpretada por muchos analistas como un intento de depurar su círculo interno y de seguridad más cercano de funcionarios leales al expresidente Bolsonaro.

La ola de destituciones también se extendió a los medios de comunicación. El 15 de enero, el presidente Lula destituyó por decreto la dirección de todos los medios públicos de Brasil, en reacción a la cobertura que realizaron de los hechos ocurridos el 8 de enero. El presidente brasileño nombró a Kariane Costa como la nueva presidenta de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), que agrupa medios nacionales clave como la agencia de noticias Agencia Brasil, TV Brasil y la emisora Radio Nacional.

La decisión también tendría como objetivo purgar los medios de comunicación estatales, cuya directiva todavía permanecía en manos de personas nombradas por el gobierno de Bolsonaro. Con esto, el presidente Lula ha roto casi por completo con la administración de su predecesor, desechando los vestigios del bolsonarismo que aún quedaban dentro del aparato del Estado y buscando neutralizar el legado bolsonarista.

El edificio de la Corte Suprema en Brasilia el 10 de enero de 2023, dos días después de que miles de simpatizantes del expresidente Bolsonaro allanaran edificios federales. Fotografía de Carl De Souza | AFP.

Las investigaciones continúan y tocan de cerca a Jair Bolsonaro

A solicitud de la Fiscalía General de Brasil, el Supremo Tribunal Federal aprobó la apertura de una serie de investigaciones contra los presuntos implicados en el asalto a los poderes públicos el 8 de enero. Entre las personas investigadas está el mismo Bolsonaro, a quien el presidente Lula ha acusado de “incitar” a los manifestantes que causaron los destrozos en Brasilia.

Bolsonaro, quien permanece en la ciudad de Orlando, Florida, donde viajó a vacacionar tan solo días antes de la toma de posesión de Lula, respondió públicamente —el mismo día de los hechos—  a las acusaciones en su contra.

“A lo largo de mi mandato, siempre estuve dentro de las cuatro líneas de la Constitución defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad”, escribió el exmandatario en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter. “Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil”.

El expresidente también manifestó su rechazo hacia los destrozos causados por los manifestantes. “Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, escribió en sus redes sociales.

A las averiguaciones iniciadas en torno a los hechos del 8 de enero, se suman también varias investigaciones que enfrenta el expresidente por declaraciones que realizó durante su mandato, y que podrían tomar vuelo ahora que ya no cuenta con la inmunidad presidencial. Algunas de estas investigaciones están relacionadas con los señalamientos de Bolsonaro sobre el presunto fraude electoral y la ilegitimidad del resultado de las elecciones presidenciales del 30 de octubre.

Según reportó la agencia Reuters, dentro del partido del expresidente, el Partido Liberal (PL), existen temores de que si se adelantan dichas investigaciones, Bolsonaro podría ser declarado inelegible para lanzarse a las elecciones presidenciales de 2026.

“La presidencia de Bolsonaro hizo un grave daño al socavar la legitimidad percibida de las instituciones democráticas y los procesos electorales”, escriben Valerie Wirtschafter,  analista de datos senior en la Iniciativa de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes de Brookings Institution y Ph.D en Ciencias Políticas por la Universidad de California, y Ted Piccone investigador senior no residente del Centro Strobe Talbott de Seguridad, Estrategia y Tecnología.

En un artículo publicado por el think tank Brookings, los autores argumentan que los retos a la democracia en Brasil yacen principalmente en el hiperpartidismo, la erosión de la confianza en los medios de comunicación tradicionales y la desconfianza en las elecciones.

Pese a haber fallado, el ataque a los edificios de gobierno “ha afianzado al Bolsonarismo y a las fuerzas antidemocráticas en Brasil, incluso sin haber contado con el respaldo manifiesto del expresidente”, afirman los investigadores.

El pasado 27 de enero, la Policía Federal de Brasil allanó la residencia de Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrino de Jair Bolsonaro, y un aliado cercano de su hijo Carlos Bolsonaro, quien forma parte del Concejo Municipal de Río de Janeiro y fue una figura clave en la campaña de reelección del expresidente.

Aunque por el momento no se conocen las razones específicas detrás del allanamiento, la Policía Federal afirmó que se trataba de una acción en conexión con las investigaciones en curso de los hechos del 8 de enero. Es la primera vez que un familiar directo del expresidente Bolsonaro ha sido señalado públicamente en las investigaciones.

El asalto a los recintos de los tres poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo) ha sido comparado con los eventos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, en el que cientos de manifestantes de extrema derecha irrumpieron en el Congreso e invadieron oficinas de distintos legisladores, alegando que la derrota de su candidato, el expresidente Donald Trump, se había producido por un proceso electoral fraudulento.

Ambos eventos guardan inquietantes similitudes y levantan las alarmas sobre la creciente polarización que se evidencia en la sociedad brasileña y el peligro de radicalización en la población.

Mientras las investigaciones continúan, Bolsonaro pide visa de turista en USA y Lula anuncia su próximo encuentro con el presidente Biden. Entretanto, el país se recupera de una cadena de sucesos que amenazó la estabilidad del sistema democrático y pudo significar un retorno a formas superadas en la lucha política del Brasil.