Víctor Rago: “El destino de la universidad se va a jugar a corto plazo”

No me voy a detener en el crimen que se ha cometido con la obra de Carlos Raúl Villanueva, sometida a la destrucción, al saqueo y al robo consuetudinario. En cambio, le he pedido a Víctor Rago* que se detenga en el deterioro institucional, en el debilitamiento, que a lo largo de estos años ha transitado la UCV. El Gobierno ha tenido paciencia, visión estratégica, para explotar la disidencia interna y el divorcio manifiesto que hay entre las autoridades y comunidad universitaria. Simultáneamente, por vía de la asfixia presupuestaria, ha sometido a la institución a un coma inducido. Sólo hace falta activar las cargas de demolición para que el reloj de la Plaza del Rectorado implosione y deje a oscuras lo que una vez fue el reducto del conocimiento y la civilidad en Venezuela. 

A la vista, la UCV abandonada a su suerte, víctima de continuos robos, sin servicios públicos y sometida a la asfixia presupuestaria. Le propongo entonces que vayamos al plano institucional, en el cual hay desgaste y una inercia inquietante. ¿Cuál es el papel que ha jugado el gobierno universitario?

Habría que comenzar señalando que la situación de las autoridades rectorales y decanales, así como en el caso de los representantes profesorales al Consejo Universitario, a los Consejos de Facultad, de Escuela y de los Institutos es una situación completamente anómala, por el hecho de que no se han renovado desde hace bastante tiempo. A la hora de examinar cuál es la responsabilidad en medio de la crisis, esa circunstancia es muy importante, porque su actuación depende, en cierto modo, del grado de solidez que tengan su ejercicio, en el entendido de que se están llevando a cabo en los lapsos que la ley establece. Ya sabemos cuál es la razón por la cual no se han podido realizar nuevas elecciones en diversas instancias (sentencia del TSJ), el empeño, la tenacidad con que el Gobierno ha tratado de imponer el art. 34 de la Ley Orgánica de Educación que es, claramente, violatorio de la autonomía universitaria. Ese artículo determina nuevas condiciones para la realización, la organización y la elección de nuevas autoridades. Dicho esto, en la medida en que las autoridades se han mantenido en sus cargos, contraen inevitablemente una responsabilidad en el funcionamiento de la institución. Esa circunstancia no deja de ser peculiar. Por un lado, nos podríamos ver tentados de exculpar a las autoridades, de exonerarlas, de algunas de sus responsabilidades, por el hecho de que están ejerciendo sus cargos en las condiciones ya señaladas; pero, por otro lado, en la medida en que siguen siendo las autoridades, deben asumir esa responsabilidad y demostrarle a la comunidad universitaria qué es lo que están haciendo.

¿Qué papel ha jugado el Gobierno?

Aparte de impedir la realización de nuevas elecciones, el Gobierno ha desarrollado una política deliberada de sofocamiento presupuestario de las universidades. Y la verdad es que eso impone límites muy serios, impedimentos y obstáculos muy difíciles de superar por las autoridades para el cumplimiento de sus actividades. 

Quiérase o no, lo que hemos visto es un desgaste en todos lo sentidos. Pero la pregunta es ¿qué legitimidad tienen las autoridades en este momento?

Ésa es una pregunta muy difícil de responder. Las autoridades siguen siendo autoridades en la medida en que no han sido reemplazadas por ningún mecanismo de sustitución basado en las leyes. Entonces, un ejercicio en condiciones tan dificultosas acarrea, efectivamente, pérdida de legitimidad para las autoridades. En varias oportunidades hemos señalado una crítica, porque las propias autoridades han dejado de apoyarse en la propia comunidad universitaria, llevan a cabo un ejercicio alejado de la vida universitaria concreta. Las autoridades experimentan una sensación de indefensión y de soledad a la hora de ejercer sus funciones y frente al Gobierno, pero subestiman el único modo que, a mi juicio, existe para superar esa sensación de indefensión y de soledad, que no es otro que la convocatoria a la comunidad universitaria para enfrentar los problemas. Es decir, colocarse al frente y con el respaldo de esa comunidad, actuar. No es lo mismo hacerlo al margen de la comunidad universitaria. Las autoridades aducen que no pueden hacer lo que tienen que hacer, pero no se proveen, no se dotan, del único medio capaz de proceder y otorgarle fortaleza que es apoyarse en la comunidad universitaria y, muy particularmente, en la comunidad académica, en la comunidad estudiantil y profesoral.

Víctor Rago retratado por Alfredo Lasry | RMTF.

Se ha dicho tantas veces que la universidad es reflejo de lo que ocurre en el país, cuya dirigencia política actúa desconectada del cuerpo social. Eso ha traído como consecuencia la despolitización de la sociedad. ¿Cuál va a ser la manifestación de esta conducta en la universidad?

Bueno, la desmovilización de la comunidad universitaria. Esa falta de conexión real entre las autoridades y los universitarios que no son, digamos, una masa manipulable ni muchísimo menos, sino que se constituye en un cuerpo, más o menos estructurado, que tiene conciencia de sí mismo y de la responsabilidad que tienen con la institución y, en particular, con la crisis nacional. Hay, ciertamente, una fractura importante entre la conducción institucional y lo que constituye -material e intelectualmente- la institución, que son los universitarios.

En agosto del año pasado se encendieron las alarmas, porque el TSJ estableció un plazo de seis meses para que las autoridades resolvieran el tema de las elecciones con arreglo a un nuevo reglamento electoral. Los estudiantes se movilizaron en defensa de la autonomía. ¿Qué ocurrió finalmente?

Las autoridades dejaron transcurrir esos seis meses sin hacer nada, sin proponerse hacer lo único que cabe hacer en semejantes circunstancias, que no es otra cosa que decirle al Gobierno: «Sí, queremos hacer las elecciones; estamos urgidos de realizar las elecciones universitarias para que se renueven los cuadros directivos de la institución, pero las vamos a hacer con arreglo a la ley de universidades vigente». Eso sería un acto de reafirmación autonómica que requiere energía, que requiere disposición, audacia y valentía, pero como la audacia en solitario cuesta mucho, insisto en la idea de que las autoridades deberían apoyarse en la gran colectividad que encabezan. En la medida que no lo hacen, las autoridades se deslegitiman. Ellos tendrían que haber llamado a la celebración de elecciones. 

¿Así, sin más?

Está planteado un debate sobre la democracia universitaria, porque podríamos pensar razonablemente, e incluso desde una perspectiva política, que la participación de la comunidad universitaria, lo que incluye a los estudiantes y a los profesores, a los empleados y a los obreros, digamos, apunta a la constitución de un frente unido para precaverse y para defenderse de las agresiones gubernamentales. Eso plantea, sin duda, la adopción de nuevas prácticas democráticas en la universidad. Muchos de esos sectores, incluido el de los estudiantes que votan en esas elecciones, han reclamado históricamente un mayor grado de participación en el valor de su voto para la elección de las autoridades. Otros sectores de la comunidad universitaria han reclamado su inclusión, porque sencillamente están excluidos. Sin duda alguna, la universidad es una institución académica, no podría ser otra cosa. Pero eso no significa que no puedan revisarse las normas universitarias vigentes, porque esas normas, obviamente, son perfectibles.  

En medio de esta desconexión, mientras la crisis avanza y la universidad se sigue deteriorando, ¿cada quien está haciendo lo que puede o esto es un sálvese quien pueda?

Se están haciendo esfuerzos, las propias autoridades hacen lo que pueden, pero en la universidad hay grupos de opinión, hay grupos organizados del profesorado y del movimiento estudiantil. Si bien la universidad enfrenta una situación muy difícil debido a las políticas gubernamentales, que procuran su subordinación al proyecto político del chavismo, también arrastra -desde hace tiempo- una profunda crisis que reclama de sus miembros, y en particular del profesorado y de las autoridades muy especialmente, un debate serio, una discusión sobre el sentido de la propia institución. Ese debate incluye el tema de la democracia interna. Eso no se ha hecho. Uno de los factores que la debilitan, precisamente, es el abandono en la práctica del ejercicio deliberativo, aplicado sobre la propia institución, la mirada sobre sí misma. Da la impresión de que quienes han tenido la responsabilidad de dirigirla en los últimos años posponen los debates internos, quizás tratando de defenderse de las agresiones externas. Pero una institución debilitada tiene muy pocas probabilidades de salir airosa en una confrontación con un enemigo tan poderoso como el propio Gobierno. 

Si esa ha sido la situación -inercia, debilidad y falta de deliberación-, ¿por qué otros componentes de la comunidad universitaria -los profesores o los estudiantes- no toman la iniciativa y exploran esa salida?

Antes de la pandemia, algunos sectores universitarios se habían manifestado en ese sentido. (Ucevistas por la unidad de las fuerzas democráticas, por ejemplo, es un grupo que se ha pronunciado no una sino en tres ocasiones para abrir el debate, como una forma de preservar la institución y defenderla de las agresiones externas). Lo que ocurre es que se interpuso la pandemia y actualmente, la palabra movilización hay que entenderla en el sentido electrónico. Ese grupo, incluso, ha solicitado derecho de palabra ante el Consejo Universitario y no se le ha concedido. Diría que en las circunstancias actuales es muy difícil avanzar como pudiera esperarse. 

Víctor Rago retratado por Alfredo Lasry | RMTF.

Tomada la Asamblea Nacional y desmantelados los partidos políticos, el Gobierno viene por las organizaciones de la sociedad civil. Parece que llegó la hora de ponerle la mano a la UCV -y a las universidades autónomas-. Mejor imposible. Va a encontrar a una institución debilitada y en crisis. ¿Cuál es la perspectiva que vislumbra alrededor de este planteamiento?

Las expectativas son gravísimas para la universidad. Son perfectamente previsibles los planes de ejercer ahora un control efectivo sobre las universidades. El Gobierno ha procurado -con éxito- debilitarlas a lo largo del tiempo. Ha actuado con visión estratégica y con paciencia. No ha podido ganar elecciones de autoridades o estudiantiles, ni obtener resultados satisfactorios para ellos. Sin embargo, el Gobierno ha sabido esperar y durante estos años ha restado competencias a los órganos de dirección universitaria y ha asumido funciones y atribuciones propias de esos órganos de dirección, ha puesto condiciones y asigna presupuestos ridículamente deficitarios. Ha permitido reiteradas agresiones. Las universidades han sido saqueadas, robadas una y otra vez. Además, ha sabido explotar las disensiones internas, entre otras, el divorcio entre las autoridades y la comunidad universitaria. La comunidad siente que las autoridades no cumplen con sus funciones, no han hecho lo suficiente y son corresponsables del deterioro institucional. Los planes académicos, prácticamente, han desaparecido. La institución se encuentra en un estado de deterioro y de fragilidad enorme. No veo, excepto en algunos sectores organizados, ninguna iniciativa vigorosa de defensa de la universidad ante un horizonte de derrota institucional previsible, ahora que el Gobierno toma el control de todos los resortes y de todas las palancas necesarias para la gestión del país.

Su respuesta va más allá del planteamiento que le hice anteriormente. Lo que está anunciando es un puntillazo. La UCV está a punto de demolición, ¿es así?

Si la universidad no reacciona, en forma masiva, en forma robusta, con autoridades resueltas y con una comunidad académica movilizada, vamos a confrontar situaciones muy difíciles. No quiero incurrir en dramatismos o pesimismos tremendistas, pero lo cierto es que no hay ningún signo de que el Gobierno haya renunciado a su propósito estratégico de tomar el control de las universidades autónomas. El itinerario que las instituciones han descrito en los últimos años ha sido de debilitamiento constante. Sí, las universidades corren serio peligro en el futuro inmediato. El destino de la universidad se va a jugar a corto plazo. Si eso no es entendido por las propias autoridades y no se incorpora como una preocupación entrañable y básica en la comunidad universitaria, en la comunidad académica, siempre insisto en eso, la institución no va a encontrar los medios eficaces para defenderse, para reafirmarse como una institución vital y necesaria para el país.  

El punto es el siguiente. El Gobierno tiene que demostrar que esto es una revolución y que las disidencias no forman parte del ecosistema político. El fin último es la unidimensionalidad, pensar en otra cosa sería ingenuo. 

Sí, sería una verdadera candidez. No hay duda de que el Gobierno no se va a contentar, únicamente, con proclamar su carácter revolucionario, sino que va a tratar de concretarlo en los hechos; y la universidad es, por definición, un espacio de disidencia. El Gobierno no está dispuesto a tolerar la libre discusión. El riesgo real que corren las universidades imana, justamente, de su propia condición. Es decir, de ser espacios que reconocen la disidencia y el pensamiento plural. En un régimen de orientación autocrática, en un gobierno claramente autoritario, la universidad es una institución sumamente incómoda. En lo que sea posible, el Gobierno va a adscribir a las universidades al proyecto político que impulsa. Mi preocupación personal es ¿qué vamos a hacer los universitarios frente a un escenario de semejante peligrosidad?

¿Cuál es el riesgo que corre el país?

Nos movemos en el terreno conjetural, aunque hay asuntos previsibles. Las instituciones existen para crear nuevos conocimientos. ¿Cómo? Mediante su inserción compulsiva dentro de los planes del Gobierno, incluido el plan de la patria. No es difícil imaginar un escenario donde determinadas carreras, determinadas prácticas profesionales resultaran en desventaja frente a las que el Gobierno considerara prioritarias para su concepto del desarrollo nacional. En ese escenario, las humanidades y las ciencias sociales independientes, reflexivas y libres serían las primeras víctimas en una situación hipotética como la que estamos examinado. 

Es muy curioso. ¿No fue eso lo que hizo Pinochet en Chile argumentando que las ciencias sociales eran un semillero del marxismo? 

Eso se inscribe dentro de la mentalidad desarrollista. A mí no me parece tan curioso constatar esa semejanza. En el fondo, todos los autoritarismos se parecen. La universidad es la institución social, por antonomasia, que se opone diametralmente a la conducción autoritaria de la vida nacional. Y eso es, al mismo tiempo, la fortaleza y las desventajas de las universidades, y exige de los universitarios un grado agudo de conciencia cuando la situación muestra signos de que puede ser peligrosa para ella. 

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*Víctor Rago es antropólogo por la Universidad Central de Venezuela y doctor en lingüística por la Universidad de la Sorbonne-París IV. Profesor de la Escuela de Antropología (de la cual fue director) y del doctorado en Ciencias Sociales de la UCV. Exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV.