Un requisito para la solución de la crisis venezolana

Hay un tema del que poco se habla, quizás por lo incómodo y controversial, pero que es esencial para una solución a la crisis política que vive el país: un acuerdo sobre las garantías, beneficios legales y amnistías para los miembros del sector oficial en caso de que aceptasen realizar unas elecciones competitivas. Sin ese acuerdo, parece ingenuo pensar que ese sector tendría un incentivo para conceder la posibilidad de unas elecciones que pudieran llevar a la oposición venezolana a la conducción de los destinos del país. Nadie negocia si tiene una mejor alternativa para no hacerlo.

Por esa razón, se debe trabajar urgentemente en una propuesta de acuerdo en la que queden determinados tanto esos posibles beneficios como las condiciones bajo las cuales la sociedad venezolana los aceptaría. Es indispensable explicarle a la población por qué esta alternativa es más plausible y menos costosa que cualquier otra. La solución se pone al alcance de las manos de los propios actores que pueden producirla, pero ella también implica realizar importantes —e incluso dolorosas— concesiones que se verán compensadas por el reconocimiento del sacrificio de quienes precedieron esta solución y un futuro mejor para todos.

Esta perspectiva se corresponde con otras experiencias históricas exitosas o posibles para la finalización de conflictos, incluso mucho más graves y profundos que los que enfrentamos los venezolanos. Desde la experiencia sudafricana que condujo a una nueva Constitución basada en los acuerdos promovidos por Mandela y De Klerk, hasta los recientes acuerdos de paz en Colombia promovidos por Juan Manuel Santos y las FARC, pueden apreciarse medidas similares a las que aquí proponemos, aun cuando su consecución y características deban corresponderse a las especiales circunstancias que apliquen en cada caso, las cuales suelen ser muy diversas y propias de cada país o situación.

La base de la solución: incentivos para el cambio

Especialmente en la última década, el sector oficial venezolano ha violado, irrespetado y negado la vida, integridad física, libertad, propiedad y otros derechos fundamentales de amplios grupos de personas y entidades empresariales, comunitarias, culturales o de cualquier otro tipo. Los medios por los cuales esas afecciones han tenido lugar no se han correspondido con los mecanismos establecidos jurídicamente para garantizar su protección. No se han establecido las responsabilidades legales para sus autores o ejecutores, pero tampoco han sido exigidas, ya que las instituciones responsables han demostrado carecer de la imparcialidad necesaria para actuar debidamente.

La respuesta que desde el sector oficial podría darse, y que es usualmente utilizada cuando estos temas se discuten, es que tales actuaciones responden a las acciones de la oposición venezolana que supuestamente obstruye ilegítimamente al gobierno nacional, denominándolas como “guerra económica” o “terrorismo opositor”. Tal argumento carece de validez. Nada justifica, por parte del Estado, las violaciones a los derechos fundamentales o las actuaciones fuera de los canales establecidos constitucional y legalmente para ello, y menos aún cuando muchas de esas acciones responden al reclamo del ejercicio de derechos legítimos por parte de los venezolanos.

A esto se le deben sumar los numerosos privilegios económicos otorgados por el Estado —o la adquisición de importantes fortunas derivadas de tales privilegios—, los cuales serían difíciles de explicar por cualquier otra vía, y que no resistirían el más básico escrutinio judicial o investigación administrativa.

Ante tales circunstancias, resulta ingenuo sólo plantearse que quienes se encuentren involucrados en esos supuestos de responsabilidad puedan aceptar perder el control del amparo estatal que precisamente los protege. Esta cuestión ha quedado patentizada, sin duda, en la ilegal suspensión del referéndum revocatorio del presidente de la república, y el carácter arbitrario con el cual se pretenden realizar unas elecciones presidenciales que no se corresponden con las condiciones establecidas en la Constitución. En otras palabras, frente a la ausencia de apoyo popular mayoritario a la actual gestión de gobierno, resulta mucho más ventajoso para los actores gubernamentales asumir —en principio— las consecuencias de constituirse en un Estado autocrático y fuera del marco democrático, que convocar a unas elecciones competitivas que conlleven a la pérdida el poder. Las consecuencias de esto último serían devastadoras en comparación con lo primero.

No obstante, asumir una posición autocrática le ha traído enormes costos al gobierno debido a una serie de medidas o restricciones que una parte importante de la comunidad internacional le ha impuesto a la república, a su principal empresa estatal, PDVSA, y a algunos funcionarios públicos en particular. En el caso de las medidas impuestas a la república y a PDVSA, ello ha implicado la imposibilidad legal de renegociar una deuda que es impagable en los términos en que fue constituida y emitida en los mercados internacionales, así como también ha imposibilitado el acceso a nuevos créditos o el financiamiento directo de la deuda comercial.

Todo ello en el contexto de la más profunda crisis económica del país, donde la mayoría de la población se encuentra en situación de pobreza y con dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y a servicios de salud, educación o transporte. Estas dificultades, es pertinente aclarar, no son consecuencias de las medidas establecidas por la comunidad internacional, sino de la errática política económica seguida por el gobierno nacional y la falta de voluntad para corregirla.

Ante la ausencia de una alternativa que les ofrezca a los miembros del sector oficial la certeza sobre las consecuencias adversas de perder el poder en unas elecciones competitivas, resulta evidente que éstos prefieran soportar tales costos. O mejor dicho, hacer que la población los soporte, pues éstos serían inferiores al precio que implicaría el riesgo de medirse democráticamente. Esto significa que una parte de la solución se encuentra en ofrecer tal certeza, la cual obviamente no es asegurarles las responsabilidades penales que el ordenamiento jurídico dispone, pues son precisamente éstas las que procuran evitar. Se trata entonces de ofrecer incentivos que impliquen una reducción de las penas o consecuencias legales, y en los casos menos graves, una amnistía completa de las penas que merecen por aquello cometido, sujeto a determinadas condiciones para su obtención.

Retos para una negociación que impulse el cambio

La profunda crisis social, política y económica por la que atraviesa el país, así como las medidas impuestas por una parte representativa de la comunidad internacional al Estado venezolano y a algunos de sus funcionarios constituyen un alto costo para el gobierno venezolano. De hecho, aun cuando las negociaciones en República Dominicana no trajeran ningún resultado evidentemente positivo —al menos en lo inmediato—, que el sector oficial haya accedido a atender las demandas planteadas por el sector opositor revela el enorme peso que las actuales circunstancias le imponen a éste, especialmente como resultado de esas sanciones y prohibiciones.

En efecto, de la información que se ha hecho pública, se nos ha revelado que el principal incentivo del sector oficial para asistir a la mesa de negociación en República Dominicana fue el levantamiento de las medidas impuestas por la comunidad internacional, cuyo costo no sólo afecta a altos funcionarios y miembros del sector oficial, sino también restringe el acceso a recursos y financiamientos por parte del gobierno venezolano, lo cual es esencial para lograr un grado mínimo de estabilidad sustentable en el tiempo.

Sin embargo, también es evidente que tales medidas no han sido una condición suficiente para producir una negociación verdadera. Soportar su costo resulta aún mejor para el sector oficial que aceptar los riesgos de perder el poder sin condiciones o garantías, teniendo en cuenta las consecuencias legales que sus actuaciones han generado, incluso bajo el mismo sistema jurídico que han promovido desde 1999. Por eso, como hemos señalado, es necesario reducir los costos de ese sector en el caso de perder una elección democrática. Las negociaciones requieren de un énfasis especial en esta dirección, pues sería ingenuo llevar a cabo unas elecciones competitivas cuando una de las partes no está dispuesta a darlas sin antes tener garantías sobre su futuro. Debemos insistir, nadie negocia si tiene una mejor alternativa para no hacerlo.

Este tema es previo y esencial a cualquier otro y forma parte precisamente de los retos que nos parecen fundamentales a enfrentar para que pueda plantearse un posible acuerdo destinado al cambio en Venezuela.

Al respecto debemos comenzar por indicar que no era de esperar, en el marco de las negociaciones, que el sector oficial hubiese solicitado la posibilidad de obtener garantías sobre su futura seguridad política, legal y económica. Esto significaría, al menos en un momento inicial, que hubiese podido interpretarse como una muestra de debilidad en ese contexto, no sólo por parte de la oposición venezolana, sino por parte de su base electoral o sus colaboradores directos. Ello en virtud de que las opciones de amnistía, reducción de penas o responsabilidades sólo serían necesarias si el sector oficial perdiera el gobierno.

Lo anterior no significa que el sector oficial no hubiese podido proponerlo de otra forma, como sería el caso, por ejemplo, de un acuerdo de reconciliación nacional. No obstante, era en extremo difícil que el sector oficial lo hubiese ofrecido en virtud de las posiciones tan frontales que se han mantenido entre las partes a lo largo del conflicto político.

Sin embargo, era difícil pretender que quienes estaban a cargo de negociar por parte de la oposición pudieran profundizar en este tipo de propuestas, y mucho menos de garantizar su cumplimiento en caso de alcanzar un acuerdo. En efecto, resulta plausible asumir que el anuncio de discusiones sobre posibles beneficios para el sector oficial, en el caso de que éste perdiese las elecciones, hubiera exacerbado todavía más las críticas en contra del sector moderado de la oposición que asistía a las negociaciones, dado que éste ya se encontraba bajo la intensa crítica de su propia ala radical que se había abstenido de acudir o respaldar su realización.

En tal virtud, y ante la incapacidad de las partes para proponer inicialmente la reducción de penas, beneficios procesales o amnistías para crear los incentivos necesarios para que el sector oficial acepte la realización de una elección competitiva y puedan establecerse las bases para una reconciliación nacional, se requiere que ella sea previamente validada o, al menos, promovida desde la sociedad venezolana para que pueda ser creíble, sobre todo para el sector oficial, y cuente con el apoyo suficiente para ser cumplida, en caso de que sea acordada. Es por esa razón que nos parece imperioso que se le explique al país las dificultades que acá hemos planteado para que una negociación tenga éxito, y, más aún, para que sean capaces de comprender que cualquiera otra opción a esa negociación puede no sólo ser mucho más costosa —en tiempo, recursos y vidas—, sino, peor aún, irrealizable.

Soluciones extraordinarias para situaciones extraordinarias

Tanto de las especiales circunstancias que hemos narrado y que se corresponden al caso venezolano, como a las experiencias internacionales que hemos indicado brevemente y en las cuales se dieron soluciones negociadas a profundos conflictos sociales, se puede apreciar que existe como elemento común el hecho de que las soluciones no se correspondieron a aquellas establecidas en los sistemas jurídicos existentes de forma ordinaria, sino que requirieron de una fina ingeniería legal y política para elaborar un régimen jurídico especial y extraordinario para su tratamiento, lo cual ameritó complejos acuerdos y procesos para alcanzarlos.

Por ese motivo, existen quienes han sostenido que la discusión y solución a este tema se encuentra en el marco de acuerdos que sustenten la utilización de los mecanismos de la llamada justicia transicional. Sin embargo, debemos indicar que algunos han advertido, no sin razón, que en Venezuela no se cumplirían los extremos para su uso, puesto que los elementos en las cuales ésta se sustenta no se verifican completamente.

Más allá de definir si la justicia transicional se ajusta o no del todo a las circunstancias presentes, es evidente que se requieren medidas extraordinarias a las que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico para poder sustentar un régimen legal especial de beneficios y amnistía que sea capaz de crear los incentivos necesarios para que se reduzcan los costos del sector oficial de perder el poder en unas elecciones competitivas.

Un mecanismo para ello sería una Ley de Amnistía dictada por la Asamblea Nacional, en la cual esos beneficios consten por adelantado, pero sujeto a condiciones claras para su obtención, y las consecuencias en caso de su incumplimiento posterior. Ya ha existido una experiencia similar y reciente en nuestro país en ese sentido, y fue precisamente el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que presentó la Universidad Católica Andrés Bello ante ese organismo para su discusión, revisión y aprobación en julio de 2017. Lamentablemente, ese proyecto ni se discutió, quizás por las circunstancias políticas del momento o la posición de determinados actores políticos, a pesar de que debe reconocerse que contó con el soporte inicial de algunos.

Pero ya el tiempo ha pasado. Hoy más que nunca una iniciativa así se hace indispensable, pues la dura realidad la llama y la amerita. Por muy difícil que sean las circunstancias, no podemos esperar que, sin los incentivos adecuados, se den las soluciones que esperamos. Mientras más extraordinarias sean las soluciones que se necesiten, más extraordinarios aún deberán ser los incentivos.

El país necesita una reconciliación que tenga elementos de justicia, reconocimiento y reivindicación de los sacrificios realizados por la sociedad venezolana, especialmente por quienes han ofrecido su vida por un país mejor. Pero también es necesario el perdón, esa profunda manifestación cristiana, esa condición humana que nos permite seguir hacia adelante sin borrar la experiencia de lo vivido, teniéndola presente en todo momento, sobre todo entendiendo que el futuro se puede cambiar sólo si se dan las condiciones adecuadas para ello. Ése es el gran reto de la sociedad venezolana actual, pues en este momento sólo ella se encuentra en la posición de hacer la propuesta y promoverla entre el liderazgo que debe estar a cargo de instrumentarla.

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Miguel Mónaco es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello.