Economía

Socialismo del siglo XXI y el mito del presupuesto nacional

por Anabella Abadi M., Manuel León

Sede del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas / Fotografía de AVN

01/03/2018

El financiamiento monetario del déficit fiscal se ha convertido en una herramienta clave del Gobierno Central para mantener la creciente nómina pública, los subsidios y las políticas populistas. No sorprende que, en 2017, se volviera a romper el récord de mayor cantidad de gastos públicos aprobados vía créditos adicionales y vía Decretos de emergencia. El Ejecutivo empleó estos recursos adicionales para mantener altos niveles de gasto interno y así subsidiar fallas de políticas públicas y tretas electorales a costa de impulsar subidas de precios hasta llegar a niveles de hiperinflación.

El Ejecutivo Nacional puede aprobar recursos adicionales sin restricción alguna

Hasta el 2015, los créditos adicionales fueron aprobados sin mayores restricciones por una Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista. Sin embargo, previendo la elección de una AN de mayoría opositora en diciembre de 2015, a través de la Ley Habilitante se reformó la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Gaceta Oficial N° 6.210 extraordinario del 30 de diciembre de 2015). En particular, se derogó el apartado del artículo 97 que establecía como “necesaria la autorización de cada operación de crédito público por la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional”. Ahora, el Ejecutivo Nacional solo deberá informar semestralmente a la AN de las operaciones de crédito previstas en la Ley Especial de Endeudamiento Anual, salvo las que impliquen la celebración de contratos de interés público con entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.

Como si esto no fuera suficiente, el Ejecutivo Nacional ha hecho uso de los Decretos de emergencia y de sus respectivas prórrogas, aprobados de manera consecutiva desde enero de 2016, para decretar recursos adicionales de manera indiscriminada.

Las modificaciones a las leyes del BCV permiten que financie al Estado a discreción del Ejecutivo Nacional

Con las modificaciones de las leyes del BCV en los años 2002, 2005, 2009, 2010, 2014 y 2015, el Gobierno Central y la mayoría oficialista de la AN, incluso atentando contra lo establecido en la Constitución, fueron violando de manera paulatina la autonomía del BCV. Más aún, en la reforma del 2015 de la Ley del BCV –aprobada con la Ley Habilitante– se modificó el artículo 37 de tal manera que ahora el BCV puede financiar al Estado a discreción del Ejecutivo Nacional. En particular, se permite al BCV obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y a entidades públicas o privadas en caso de que “exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio al interés público, que calificará al Presidente o Presidenta de la República mediante informe confidencial; o en aquellos casos en que hayan sido aprobados de forma unánime por los miembros del Directorio”.

Esto viola claramente al artículo 320 de la Constitución que establece que el BCV “no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo” y que “no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.

Gasto presupuestado vs. gasto efectivo: una brecha cada vez más amplia

El presupuesto del 2017 fue el más elevado hasta ese momento: Bs. 8.479 millardos y, a pesar de esto, el Ejecutivo Nacional elevó el gasto efectivo del año pasado en Bs. 49.909 millardos, lo que implica un gasto del 589% por encima del presupuesto.

En el Gráfico 2 podemos observar cómo, durante los últimos años, el peso de los créditos y recursos adicionales han incrementado en el total del gasto efectivo pasando de sólo el 20% en 2007 a 85% en 2017. Este resultado es indicativo de la preferencia del Ejecutivo por subestimar el presupuesto para luego asignar los recursos sin las restricciones que establece la planificación presupuestaria. Así, en la práctica, el presupuesto pierde valor como instrumento de evaluación de las priorididades y naturaleza de las políticas públicas del gobierno nacional.

En 2016, del total de los créditos adicionales, sólo 6 ministerios recibieron el 71% de los recursos. El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo recibió e1 8,9%; el de Educación, el 18.8%; el de Defensa, el 11,5%; el de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el 9,8%; el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el 6,9%, y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, el 5,1% (ver gráfico 3).

En 2017, estos mismos ministerios recibieron cerca del 78% del total de los créditos, aunque se destaca la disminución en términos porcentuales de la cantidad de créditos para todos los ministerios, excepto para los ministerios del P.P para la Salud y para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

¿Cuánto de los recursos se destinaron a cubrir la brecha salarial?

Cerca de Bs. 4.680 millardos –alrededor del 9,39% de los recursos aprobados por esta vía durante el 2017– fueron solicitados para cubrir insuficiencias presupuestarias por la incidencia de aumentos de sueldos y salarios, pago a pensionados y jubilados y cesta ticket.

Esto significa que el 8% del gasto efectivo del año pasado fue utilizado exclusivamente para cubrir los aumentos que el Ejecutivo decretó aproximadamente cada 2 meses.

¿Comportamiento estacionario?

Parece ser costumbre que en el último trimestre del año es cuando se puede notar el incremento de las insuficiencias presupuestarias que tienen los ministerios, por ende, es natural que durante este período se soliciten más recursos para cubrir dichas insuficiencias.

Sólo en el IV trimestre del año pasado se aprobaron Bs. 33.836 millardos, lo que representa un incremento del 188% respecto a lo que se aprobó en el trimestre anterior y un incremento del 2411% comparado con el mismo trimestre del 2016.

Comentarios Finales

El Ejecutivo sigue con su costumbre de subestimar el presupuesto y de la indiscriminada e irresponsable aprobación de créditos adicionales para utilizar los recursos discrecionalmente. Del presupuesto del 2018 sabemos poco (o nada), y este año, por ser electoral, promete aún más discrecionalidad e irresponsabilidad fiscal y, por lo tanto, más inflación.

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