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Prohibido suicidarse de rodillas

por Oscar Marcano

03/06/2018
“Era invisible y me estaba empezando a dar cuenta de las extraordinarias ventajas que me ofrecía serlo. Comenzaban a rondarme por la cabeza todas las cosas maravillosas que podía realizar con absoluta impunidad”.
H.G. Wells, El hombre invisible (1897)

 

El 18 de enero de 2015 fue encontrado el cadáver del fiscal Alberto Nisman con una bala en la cabeza. Al día siguiente debía comparecer ante el congreso para declarar contra la presidente Cristina Kirchner como principal responsable por el encubrimiento de los terroristas iraníes vinculados a la embajada de ese país, en el atentado del coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal la había imputado junto al canciller Héctor Timerman y otros personeros vinculados a su gobierno, entre los que destacaba el célebre piquetero Luis D’Elia, por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA, con el propósito de fabricar la inocencia de Irán”.

Pese a que el fiscal Nisman había declarado a la periodista Natasha Niebiseskikwiat del diario Clarín su temor a perder la vida por las presiones que estaba recibiendo en virtud de sus denuncias, desde el primer momento la versión oficial fue la del suicidio. El propio Sergio Berni, secretario de seguridad, declaró: “En criminalística, cuando usted tiene un cuerpo, un arma y un casquillo, todos los caminos conducen al suicidio”.

No obstante y en detrimento de su opinión, el equipo de peritos forenses contratados por la exesposa de Nisman, la juez Sandra Arroyo –quien formó parte de la causa en representación de sus dos hijas–, concluyó que su exmarido fue ejecutado frente a la bañera, con el torso erguido y una rodilla en el piso: El disparo fue “arriba de la oreja, detrás de esta y de atrás hacia adelante”, sostuvo. Así mismo, las pruebas de laboratorio determinaron que Nisman no tenía rastros de plomo, bario ni antimonio en su mano derecha por haber usado pistola alguna.

El caso se complicó cuando la memoria del occiso se vio enlodada al conocerse la declaración de un técnico informático de su grupo de tarea, Diego Lagomarsino, quien declarara que Alberto Nisman se quedaba con la mitad de su sueldo mensual todos los meses. De acuerdo con su testimonio, Lagomarsino cobraba los 41 mil pesos (unos 4500 dólares de entonces) del contrato firmado con el fiscal, y corría a depositar 20 mil pesos en una cuenta que su jefe tenía en Merrill Lynch.

Como en política nadie da puntada sin hilo, el jefe de gabinete de la Kirchner, Aníbal Fernández, aprovechó la declaración del técnico para calificar de sinvergüenza al occiso. Afirmó que estaría incurso en “malversación de caudales públicos y cohecho” ya que el Estado le otorgaba recursos para el funcionamiento de la unidad especial que lideraba, y él destinaba parte del dinero para “salir con minas y pagar ñoquis”.

Pero ahora, tres años después, con los acusados de encubrimiento fuera del gobierno y la justicia menos sojuzgada, la Sala II de la Cámara Federal Argentina determinó, en un fallo de 39 páginas, lo que el pueblo argentino sabía desde el primer día: que el presunto suicidio era un vil asesinato.

“Nos encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar prima facie que Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”.

Ya lo había anticipado en noviembre Julián Ercolini, juez federal encargado del caso, quien con base en las pruebas recopiladas por la Fiscalía, abonaba a la tesis del homicidio. También se dio por cierto el informe policial, según el cual la muerte de Nisman se trató de un asesinato “ocurrido en el interior del baño, en el que participaron dos victimarios, uno de ellos manipuló el arma, mientras que el restante lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima”.

El autor de la denuncia post mortem contra el malogrado fiscal, el técnico informático Diego Lagomarsino, es señalado ahora como “cooperador necesario” del crimen, por “facilitador” del arma con la que se cometió el asesinato. Lagomarsino había llevado el día anterior a su jefe la Bersa calibre 22 con la que “se suicidaría”. Los cuatro policías encargados de la seguridad del fiscal también han sido acusados por no protegerlo “en forma debida”.

Establecido el hecho, la investigación sigue su curso. Los autores materiales son por ahora “autores desconocidos”. Y los autores intelectuales, los que pergeñaron la acción y dieron la orden, no aparecen aún en los folios. Los nombres de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, el excanciller Héctor Timerman et al, no constan por ahora en acta alguna. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo, decía el muy citado Platón. Veremos.


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