¿Por qué los venezolanos se están quedando sin seguros?

Ángela Méndez es jubilada y cuenta con una póliza de seguros que renovó por un año en agosto de 2017, pero no tendrá más opción que acudir a los moribundos hospitales públicos: “Me cubre hasta cinco millones de bolívares por enfermedad y la semana pasada en tres clínicas privadas me informaron que la tomografía que debo hacerme cuesta cuarenta millones”.

Las regulaciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora obligan a las empresas de seguros a mantener fijo durante doce meses el monto que le cobran a sus clientes al momento de otorgarles una póliza de salud. Pero, a diferencia de este cargo –la prima según los términos del sector–, los costos de la medicina no permanecen estáticos, sino que aumentan incesantemente por la hiperinflación, creándose un desequilibrio de grandes proporciones.

Gerentes de empresas de seguros explican que si la prima no puede incrementarse durante doce meses, la cobertura por enfermedad también permanece invariable durante un año. Esta camisa de fuerza, en un entorno donde el precio de los exámenes de laboratorio, operaciones quirúrgicas, consultas médicas y demás tratamientos aumenta constantemente, implica que al poco tiempo la protección que ofrece la póliza es prácticamente inexistente.

El Banco Central oculta las cifras de inflación, pero de acuerdo a la medición que realiza la Asamblea Nacional, sólo en mayo se registró un alza del 110% y en los últimos doce meses se acumula un salto del 24.571%.

Desequilibrio cambiario

Como la gran mayoría de los equipos y materiales que utilizan las clínicas son importados, el comportamiento del dólar impacta en su estructura de costos y el desajuste cambiario en el que está inmersa la economía venezolana es severo.

Tras no ahorrar en los tiempos de los altos precios del petróleo, multiplicar por cinco la deuda en divisas y sufrir un profundo declive en la producción de petróleo, el Gobierno ha optado por reducir al mínimo la oferta de dólares en el mercado oficial.

La consecuencia es que en el primer semestre de este año las empresas privadas solo han podido comprar 14 millones de dólares en las subastas que organiza el Banco Central, por lo tanto, los proveedores que surten a las clínicas recurren al mercado paralelo de divisas donde el dólar se cotiza a una tasa que aumenta constantemente y rebasa abiertamente la oficial.

El empobrecimiento

Si bien las regulaciones no se adaptan a las condiciones del momento, aun si las empresas de seguros pudiesen ajustar las primas al ritmo de la hiperinflación, no podrían hacerlo sin perder buena parte de la clientela.

“La realidad es que para la mayoría de las familias sería imposible pagar una prima que se ajuste al ritmo de la hiperinflación. La solución es acabar con este desajuste en los precios y estabilizar la moneda. Sin este requisito, el juego está trancado”, dice el vicepresidente de una importante aseguradora.

Lo que ha ocurrido en el área de automóviles es ilustrativo. A diferencia del ramo de salud, en esta actividad las aseguradoras están en libertad de incrementar las primas todos los meses y evitar que la cobertura se desfase por completo respecto al precio de los repuestos y las tarifas de los talleres mecánicos.

El resultado es que la cantidad de personas que renuevan sus pólizas ha caído a la mitad, respecto a 2016 de acuerdo con cifras preliminares que maneja el sector. Carlos Martínez, quien tiene quince años como corredor de seguros, afirma: “Prácticamente ya no tengo clientes con pólizas de automóviles, la mayoría ha optado por no renovarla porque están ahogados con el gasto de alimentación o el colegio de los hijos; la clase media se ha empobrecido mucho”.

A fin de no quedar desprotegido en el área de salud, los venezolanos que tienen ahorros en divisas, el 11% de la población –según Datanálisis–, contratan seguros en dólares con compañías del exterior como Best Doctors y Bupa.

Para no perder por completo este mercado, las empresas que operan en Venezuela comenzaron a ofrecer productos similares, pero la Superintendencia de la Actividad Aseguradora prohibió la iniciativa el pasado 24 de enero advirtiendo que “las empresas que realizan actividad aseguradora no están autorizadas por este organismo para emitir contratos de seguros de salud en moneda extranjera salvo en aquellos casos que contemplen el pago directo a los proveedores de servicios con ocasión de los siniestros ocurridos en el exterior, y siempre que se haya otorgado la aprobación correspondiente”.

Pérdidas técnicas

Las estadísticas oficiales muestran el impacto de la hiperinflación en las aseguradoras. Un termómetro que desnuda la magnitud del malestar es que el ingreso que reciben por las primas no es suficiente para cubrir el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores que captan clientes. Cuando esto ocurre, las compañías registran pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas.

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora registra que al cierre de abril de este año las pérdidas técnicas suman 6,7 billones de bolívares. No obstante, gracias a los ingresos provenientes de la gestión del reaseguro, a las posiciones en dólares que impactan positivamente el balance cuando el Banco Central ajusta el tipo de cambio oficial y a la inversión de las reservas, el sector obtiene al final un resultado positivo por el orden de 2,8 billones de bolívares.

Medidas necesarias

Si bien la causa fundamental del deterioro en el corazón del negocio es la hiperinflación, gerentes consultados afirman que un cambio en regulaciones que impactan el desenvolvimiento diario de las aseguradoras ayudaría a superar el entorno.

Consideran que es necesario disminuir el peso de los impuestos. En marzo de 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, emitió el decreto 2.250, publicado en la Gaceta Oficial 40.872, donde ordenó que las compañías de seguros, de medicina prepagada, cooperativas que realicen actividad aseguradora y administradoras de riesgos, deberán depositarle al Fonden una suma de dinero equivalente a entre el 1% y el 3% del monto de las primas cobradas por las pólizas de salud.

A este aporte se añade una batería de desembolsos previstos en distintas normativas: contribución para la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de entre el 1,5% y el 2,5% de las primas cobradas; hasta un 5% de la utilidad del ejercicio económico debe destinarse a impulsar “la investigación y desarrollo de la actividad aseguradora”; el 10% del resultado técnico obtenido en los ramos que cubren riesgos catastróficos es depositado en un fondo especial, y, además, existen 18 tributos previstos en distintas leyes como la Ley de Impuestos Sobre la Renta, la Ley de los Cuerpos de Bomberos y la Ley Orgánica de Drogas, entre otras.

Otro aspecto en el que las aseguradoras estiman urgente un cambio son las normas de inversión. El 4 de enero de 2016, la Gaceta Oficial 40.819 publicó la reforma que Nicolás Maduro hizo a la Ley de la Actividad Aseguradora. Entre los aspectos tocados por el primer mandatario figura una modificación en la manera en que pueden invertirse las reservas técnicas que, en un entorno de elevada inflación, tiene consecuencias profundas.

Antes de esta reforma, las aseguradoras no podían colocar en la banca más del 30% de las reservas técnicas y, ahora, como establece el artículo 54, están obligadas a depositar “no menos del 50%” en las entidades financieras. La consecuencia es que, en medio de la inflación más alta de la historia, la mitad de las reservas técnicas debe permanecer en la banca y recibir un rendimiento anual que, en vista del control que existe sobre las tasas de interés, a lo sumo puede alcanzar un 15%.

El resto de las reservas puede invertirse colocando no menos del 30% en bonos y no más del 20% en inmuebles. Un análisis de las implicaciones económicas de la reforma a la ley, elaborado por la Cámara de Aseguradores de Venezuela, indica que esta estructura “no protege los valores de las reservas”.

Otra área que tendría que revisarse es el acceso a dólares. Las compañías de seguros se protegen a través de empresas conocidas como reaseguradoras. Básicamente, suscriben un contrato para que la reaseguradora asuma parte o la totalidad de un posible siniestro. De esta manera, disminuyen el riesgo ante eventos que puedan representar grandes desembolsos de dinero como incendios en plantas o catástrofes naturales.

Como la oferta de dólares en el mercado oficial es mínima, las aseguradoras arrastran una deuda importante con las reaseguradoras más confiables a nivel internacional, ya que estos contratos son en divisas y, por lo tanto, la protección que brinda el reaseguro ha disminuido sensiblemente.

“Cada vez hay menos reaseguro y el país está menos protegido ante una posible catástrofe” es la frase que se repite insistentemente en el sector.