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PDVSA demandada por default: ¿y ahora qué?

Fotografía de Ramón Sahmkow / AFP

09/05/2018

El 9 de mayo de 2018, se dio a conocer una nueva demanda contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 25 millones de dólares americanos. Aún cuando el monto no es especialmente relevante –tomando en cuenta las contingencias de la estatal petrolera– la noticia sí lo es por un dato: se trata de una demanda basada en el default de PDVSA en relación al pago de su deuda pública.

La historia, según la información pública, es la siguiente.

PDVSA emitió un título valor por 25 millones de dólares más intereses a favor de uno de sus contratistas, SNC-Lavalin, entiendo, como pago por servicios prestados por ésta.

PDVSA incumplió uno de los pagos previstos, lo que constituía un “evento de default” de acuerdo a las condiciones del título emitido. PDVSA debió haber mantenido ese incumplimiento en el lapso de gracia previsto: esto es el lapso en el cual PDVSA puede pagar sin consecuencias a pesar de haber incurrido en incumplimiento. Con lo cual, la obligación pasó a ser “de plazo vencido”.

Como expliqué en un artículo anterior, esto es lo que se conoce como “aceleración”: si el deudor no paga una de las cuotas de la obligación, el acreedor puede exigir el pago íntegro de ésta (y no solo la cuota incumplida).

Precisamente, debido al default de PDVSA, la deuda derivada del título valor emitido pasó a ser de plazo vencido, con lo cual el acreedor podía demandar a PDVSA por el pago total del capital y los intereses. SNC-Lavalin cedió el título a White Beech SNC LLC, que fue la empresa que finalmente demandó a PDVSA, por el incumplimiento (default) del pago de este título de deuda.

Con esto, se trata de un caso de litigio por el default de la deuda pública emitida por PDVSA. Como dije, ciertamente el monto de la demanda no supone un riesgo relevante, pero sí es significativo que un tenedor de deuda haya decidido intentar una demanda por el default de PDVSA tomando en cuenta que PDVSA –al igual que la república– ha venido incurriendo en default de su deuda. Además, no se trata del único litigio relacionado con PDVSA: aquí en Prodavinci comenté la demanda intentada por ConocoPhillips que ha afectado las operaciones de la empresa en el Caribe.

Es importante aclarar que para los acreedores litigar contra PDVSA tiene más incentivos que litigar contra la república; entre otras cosas, por cuanto PDVSA es una empresa pública que como regla no está sujeta a las limitaciones que aplican para demandar a Estados soberanos basados en la “inmunidad de jurisdicción”. En la práctica, esto significa que los activos de PDVSA pueden ser más fácilmente afectados por medidas de embargo u otras medidas soberanas, en tanto se trata de activos destinados a la realización de actividades comerciales y no a ejecutar actos soberanos.

Quizás este caso incentive a otros acreedores a intentar acciones en contra PDVSA por default. En ocasiones, este estilo de litigios se basa en una estrategia de cooperación en la cual los acreedores no se mueven hasta que alguien del grupo no rompa el equilibrio. Por esto, las primeras demandas contra PDVSA pueden impulsar a otros acreedores a intentar nuevas demandas contra la empresa.


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