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Hacia 1817, cuando se hacían más patentes las penurias del movimiento emancipador en Venezuela, el ambiente político, comercial y financiero en Inglaterra era propicio para armar expediciones de voluntarios y adquirir material bélico. Varios contratos de suministro fueron suscritos y desde Inglaterra se despacharon a Angostura fuerzas militares y pertrechos que contribuyeron de manera determinante a consolidar el triunfo de la causa independentista, pero a la vez representaron obligaciones imposibles de cumplir por la precariedad fiscal de aquellos tiempos. Nuevas operaciones de crédito fueron entonces contratadas para cumplir con los pagos de las primeras, hasta que Londres, ya para entonces el centro financiero de Europa, se desarrolló a comienzos de los años 1820, una notable expansión del crédito y de apetencias por operaciones crediticias de alto riesgo. Tal fue el calor de la fiebre especulativa, que una nación inexistente, el Reino de Poyais, resultado de una ficción creada por la inflamada imaginación del general Gregor Mac Gregor en la costa Atlántica de Honduras, recibió un empréstito de 200.000 libras esterlinas en 1822, para financiar la colonización de su Reino. Sobre este episodio ofreceremos algunas notas en próxima oportunidad. Varios gobiernos republicanos en Hispanoamérica (Chile, México, Argentina, Perú) contrataron empréstitos en Londres, entre ellos el de Colombia y ese frenesí especulativo derivaría finalmente en la crisis financiera de 1825. Los dos grandes empréstitos de la Gran Colombia fueron el origen de muchas calamidades, no sólo económicas y fiscales sino también políticas, y marcaron el inicio del largo y espinoso camino del endeudamiento público venezolano hasta los albores del siglo XX.
1. Los primeros tiempos y las primeras deudas. En la mañana del 17 de julio de 1817 dejó de hondear en Guayana la bandera de Castilla. Con la liberación de esta importante posición militar se alcanzó un firme avance en la unificación del mando de los ejércitos patriotas bajo la autoridad del Libertador. Pero era además necesario crear y consolidar las instituciones políticas y a partir de allí organizar la administración pública y afianzar la suprema jefatura que el Libertador ejercía desde 1816. Así pues, entre octubre y noviembre designó a los miembros del Consejo de Estado y creó el Consejo de Gobierno; instituyó el Poder Judicial, y se alcanzaron importantes progresos en el orden político y administrativo, con lo cual podían ya gestionarse acuerdos políticos y comerciales con otras naciones y procurarse auxilios para continuar la lucha contra España.
Luis López Méndez, un venezolano comprometido con la causa de la Independencia desde sus inicios, se encontraba para aquel momento en Londres, adonde había llegado en 1810 con Andrés Bello y Simón Bolívar en representación de la Junta Suprema de Caracas. En cuenta de su experiencia y madurez, el Libertador lo designó, en enero de 1817, como agente y comisionado especial de la República en Londres. En esa capacidad López Méndez comenzó a celebrar contratos para organizar expediciones de oficiales y tropas, adquirir buques, armas, municiones, vestuarios y otros materiales, aunque no siempre de la mejor calidad y, en algunos casos, altamente costosos.
El inicio de esa misión coincidió con un ambiente favorable en Inglaterra para realizar contrataciones de ese tipo. Al concluir las guerras napoleónicas, comandantes y soldados quedaron ociosos y sometidos sólo a media paga; y la alta capacidad instalada para producir y distribuir manufacturas, en especial armamento, estaba subutilizada y necesitaba de nuevos mercados para subsistir. Por otro lado, los comerciantes y financistas británicos apreciaban en las nuevas repúblicas una oportunidad para lograr importantes beneficios en correspondencia directa con los riesgos que éstas representaban y prevalecía en los espacios ilustrados londinenses una inclinación favorable a la independencia de las provincias españolas de América. Finalmente, el gobierno británico mantenía en esos tiempos una postura tolerante, mas no comprometida, hacia los movimientos independentistas americanos y aún después que impusiera restricciones a los alistamientos, continuaron organizándose expediciones hasta que en septiembre de 1820 el Libertador dispuso la prohibición de alistar tropas y oficiales extranjeros. Buques, mercancías y armamento fueron enviados a Guayana bajo la promesa de pago futuro. Cerca de 6.800 combatientes británicos y de otras naciones europeas llegaron a nuestras tierras en esos años.
En general, las contrataciones de López Méndez contemplaban pagos iniciales de contado y la aceptación de obligaciones por el remanente de su costo. Ningún pago pudo efectuarse al ser recibidos los despachos en Venezuela debido a los apremios fiscales de entonces y, en consecuencia, la totalidad de las obligaciones asumidas hubo de ser documentada por López Méndez con certificados de deuda pública. De esa manera esperaba moderar la molestia de los acreedores, pero esos certificados tampoco pudieron ser pagados, pues López Méndez no pudo contratar ningún empréstito con las casas financieras londinenses y fue a dar a las cárceles londinenses al menos una docena de veces. Se encontraba privado de lo esencial y endeudado para poder sobrevivir, cuando nuevos comisionados nombrados por el gobierno de Angostura llegaron a Londres en 1819.
Estos eran el venezolano Fernando de Peñalver y el granadino José María Vergara, quienes fueron instruidos y autorizados para gestionar el apoyo del gobierno británico, ordenar las obligaciones asumidas por López Méndez, gestionar un empréstito de tres millones de pesos, y adquirir armas y otros artículos de guerra. Pocos días después de la llegada a Londres de los nuevos comisionados, López Méndez fue apresado de nuevo.
Las gestiones de Peñalver en Inglaterra se iniciaron en septiembre de aquel año y se agotaron en el esfuerzo de ordenar las deudas contraídas. Con sus gestiones pudo dar pasos esenciales para lograr la libertad de López Méndez, después de lo cual se embarcó de regreso a Angostura sin haber alcanzado otros logros, pues el crédito de la República se encontraba en un estado deplorable. La actitud de los acreedores se tornó hostil por los reiterados incumplimientos de pago y ya no habría margen para negociar en Inglaterra nuevos auxilios.
A fines de 1819 ya la Nueva Granada era libre del dominio español y se había constituido la República de Colombia, con Bolívar como Presidente y Francisco Antonio Zea como Vicepresidente. Tal era –y fue siempre– la preocupación del Libertador con los problemas del endeudamiento, que resolvió encargar al vicepresidente Zea la misión de establecer relaciones políticas y comerciales con Inglaterra, arreglar las deudas existentes y negociar un empréstito de hasta cinco millones de libras esterlinas bajo las condiciones que Zea considerara convenientes y con la garantía de las rentas y propiedades del Estado colombiano.
2. La misión de Zea en Londres y el empréstito de 1822. Al llegar Zea a Londres, en junio de 1820, comenzó sus negociaciones con los acreedores y en agosto de 1820 suscribió un acuerdo en el que reconoció las deudas que aquellos le presentaron. De inmediato emitió pagarés por el monto de capital reconocido, el cual se acercaba a £548.000 (es decir, 2.740.000 pesos fuertes, casi la mitad de las rentas ordinarias estimadas para el año fiscal 1824-25). Zea validó las cantidades reclamadas por los acreedores sin la conformación previa de la legalidad de los documentos. Fue diligente y generoso con los prestamistas ingleses pues para él la cuestión principal era mostrar su gratitud y facilitar sus gestiones en Londres. Zea era un hombre cándido, un intelectual con importantes relaciones en Europa, pero con escasas competencias para cuestiones financieras y diplomáticas.
Zea se ocupó con poca fortuna de los asuntos diplomáticos y en 1821 decidió acompañar a José Rafael Revenga y a José Tiburcio Echeverría, en la misión que el Libertador les había encomendado ante la corona española para lograr el reconocimiento de Colombia. Para cubrir los costos de ese viaje Zea contrató un empréstito por £66.666 que sólo produjo £20.000. El dispendioso viaje, para el cual fue ordenada la fabricación de un lujoso carruaje, fue inútil y al conocerse en Madrid el desenlace de la batalla de Carabobo, los comisionados fueron expulsados de España.
Para cumplir con los pagos de los pagarés, Zea contrató, en febrero de 1822, un empréstito por £140.000, como un alivio temporal mientras concretaba una operación mucho mayor, pues la situación fiscal de Colombia era en extremo crítica. La gestión de Zea fue reprobada por el Libertador, quien ordenó la revocatoria de sus poderes, de lo cual, en apariencia, Zea no se enteró y continuó actuando en la misma forma que lo caracterizaba, pero convencido de que su proceder respondía a los más altos intereses de Colombia.
Un mes más tarde Zea contrató un empréstito por £2.000.000 con la casa londinense Herring, Graham & Powles, con 20 por ciento de descuento, lo que significa que mientras la República asumía una deuda por la cantidad indicada sólo recibiría £1.600.000, a lo que había que deducir varias cantidades de tal forma que el remanente final que le quedo a Colombia fue de £600.000. La tasa de interés fue fijada en 6 por ciento, el plazo de pago en veinte años y los acreedores recibieron en garantía los ingresos aduaneros de Colombia. Las condiciones de este empréstito eran onerosas, pero se acercaban a las que imponía la realidad de los mercados financieros en Londres, donde existía, en aquel momento, un ciclo de euforia financiera. Colombia no pudo pagar ni siquiera la primera cuota de intereses del empréstito de 1822.
Los sinsabores que acompañaron a Zea y sus quebrantos de salud, lo llevaron a la ciudad inglesa de Bath para recuperarse, pero allí murió, a los 56 años de edad, sin dejar un archivo con los documentos de sus gestiones.
Echeverría había viajado a Londres con la intención de influir en las negociaciones del empréstito, pero no pudo hacerlo por la premura y reserva con las que Zea manejo todo el asunto. Tiempo después Echeverría murió en Francia, con lo cual se perdió la única memoria de la negociación.
En junio de 1822 José Rafael Revenga fue designado ministro plenipotenciario ante el gobierno británico y llegó a Londres a comienzos del año siguiente. Revenga debía ocuparse de diversos encargos políticos, diplomáticos y comerciales, examinar las operaciones de López Méndez y Zea, y asumir la negociación de nuevos empréstitos. Pero existía en Londres un clima de alarma por el reiterado incumplimiento de Colombia y la decisión del Congreso de desconocer las transacciones celebradas por Zea. La compleja misión de Revenga tropezaba, pues, con obstáculos de muy difícil superación a lo que debe añadirse la rigurosidad con la cual el comisionado abordaba su relación con las contrapartes londinenses. Pocos días tenía en Londres, sometido a la insistente reclamación de los acreedores, cuando fue a dar a la cárcel, acusado como deudor moroso por un inglés con el que López Méndez había contratado armas y vestuarios. Y esta fue sólo una de las muchas contrariedades y tropiezos que habría se sufrir Revenga en Londres. Su tenacidad y competencia no cristalizaron en el logro de los objetivos de su misión, pero logro avanzar en las gestiones para el reconocimiento de la Independencia de Colombia por parte de Inglaterra, lo que en efecto se concretó en 1825.
3. El empréstito de 1824
En su mensaje al Congreso de 1823, Santander informaba sobre la absoluta precariedad de la hacienda nacional que impedía cumplir con las necesidades más básicas del Estado; los préstamos internos, otorgados por la influyente clase mercantil, habían alcanzado ya niveles exacerbados sin pago alguno de capital o intereses por parte del Gobierno. En esas condiciones, el estamento político se resolvió por un nuevo empréstito extranjero que fue autorizado por el Congreso en julio de 1823.
Para negociar el empréstito, fueron designados Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya, importantes hombres de negocios antioqueños, quienes venían financiando regularmente al Gobierno con préstamos de corto plazo. Estos agentes actuarían bajo la dirección de Manuel José Hurtado, Senador y hombre de negocios de Bogotá, quien sustituyó a Revenga como comisionado de Colombia en Londres. Hurtado había resuelto, al menos temporalmente, las complicaciones del empréstito de 1822 y, además, los mercados financieros londinenses presentaban aún condiciones favorables para un nuevo préstamo que permitiera atender las urgencias fiscales.
En esas circunstancias, Arrubla y Montoya contrataron en abril de 1824 un nuevo empréstito con la casa B. A. Goldschmidt & Co. por £4.750.000 (23.750.000 pesos), con un descuento de 15 por ciento, a una tasa de interés de 6 por ciento pagaderos con anticipación a la entrega total de los fondos; a un plazo de 30 años y con la garantía de las rentas públicas de Colombia. Hurtado, Arrubla y Montoya recibieron una comisión sobre el monto nominal del empréstito como remuneración por sus servicios. El saldo que le quedó a Colombia, después de hechas las deducciones contempladas en el contrato, fue solamente de ₤2.941.000.
Hurtado, Arrubla y Montoya fueron acremente censurados y los ataques al Gobierno, inflamados por las pasiones políticas, aludían a los beneficios percibidos por los agentes del empréstito, a sus costos financieros, al desorden e ineficiencia y, sobre todo, al empleo dispendioso de los fondos, pues no se alcanzaron los objetivos de fomento a la economía, a la agricultura y el apoyo a la campaña del Sur. Pero además, las condiciones de la hacienda pública no permitían cumplir con las obligaciones asumidas en los empréstitos de 1822 y 1824, puesto que el servicio anual de intereses representaba más de un tercio de los ingresos públicos en esos tiempos. Algunos políticos y empresarios recibieron préstamos personales contra los fondos que produjo el empréstito. Se decía que hubo preferencias y fraudes a favor de una extensa lista de acreedores de la República. Se alegaba que hubo sobreprecios en las mercancías y servicios entregados al Estado y pagados con los fondos del empréstito.
El empréstito inglés –como en general se le conoce– fue además el origen de serias perturbaciones políticas y la referencia usual de los críticos de la gestión de Santander, quien vio mermado su capital político por los escándalos, aunque jamás fue probado que él se beneficiara de esa operación, ni que hubiese tenido ingerencia directa en las negociaciones, no obstante su cercana amistad con Hurtado, Arrubla y Montoya. La tirante relación entre Bolívar y Santander se agravó a raíz del empréstito, pues el Libertador no disimulaba su disgusto por el estado deplorable de la administración pública, la pobreza generalizada de los departamentos colombianos a cuyo alivio no contribuyó el costoso empréstito y la desastrosa quiebra de la casa Goldschmidt en 1826. Cuando se produce este desenlace, consecuencia de la desaforada actividad especulativa de ésta y otras firmas londinenses, Goldschmidt todavía tenía en su poder £402.098 del empréstito, pues Hurtado mantuvo los fondos depositados allí, quizás para aprovechar el rédito de intereses. Como resultado de las investigaciones del Congreso y del Gobierno los negociadores fueron liberados de responsabilidad en 1826. Revenga tuvo un rol de importancia en este asunto pues denunció lo que en su opinión constituían anomalías en la negociación del empréstito, que privaron a la República de condiciones de contratación más favorables.
Colombia, al igual que otras naciones hispanoamericanas, habría de sobrellevar la pesada carga financiera de una deuda que no podría pagarse sino en el curso de muchos años, a lo largo de los cuales surgieron trastornos económicos, políticos y diplomáticos en torno a los empréstitos y a una extensa variedad de reclamaciones extranjeras.
4. A manera de epílogo. En 1826 Colombia reconoció como suya la deuda pública externa por un total de £6.688.950, al igual que la deuda interna por un monto de 58.770.769 pesos. Esas cantidades sirvieron de base para la distribución de esas deudas entre las naciones que surgieron de la disolución de la Gran Colombia en 1830. En esa distribución, resultado de un proceso lento y complejo de negociaciones y aprobaciones que culminó en 1837, Venezuela asimiló 28,5 por ciento de la deuda total, además de otras obligaciones. Durante los gobiernos llamados conservadores se cumplió escrupulosamente con estas obligaciones. La dinastía de los Monagas rompió con esa trayectoria, por razones que, en parte, podrían atribuirse a circunstancias objetivamente adversas pero sensiblemente agravadas por el desorden y la arbitrariedad que caracterizó a esas administraciones. Nuevos empréstitos, nuevas negociaciones y conflictos con las naciones acreedoras por los reiterados incumplimientos incluido el bloqueo a las costas venezolanas de 1902 ejecutado por Alemania, Inglaterra e Italia, serían el signo de los tiempos por venir, durante los cuales Venezuela no podía ser vista sino como una nación privada tanto de capacidad como de voluntad de pago. A manera de ilustración de las tensiones fiscales y de otro tipo generadas en torno al problema del endeudamiento público, basta con referir que al cierre de 1902 la deuda pública total era de Bs. 192,2 millones de bolívares, lo que representaba más de seis veces los ingresos fiscales de ese año. En 1930 Juan Vicente Gómez resolvió pagar de una vez toda la deuda externa, en ese año de crisis, como un homenaje al Libertador en el primer centenario de su muerte. Esta historia signada por crisis recurrentes y aciertos esporádicos, marcó una impronta en la conducta colectiva en torno al endeudamiento público que alejó a Venezuela de las fuentes de financiamiento externo de los desbalances fiscales por más de setenta años.
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Este texto fue publicado originalmente en Prodavinci el 14 de agosto de 2015
Carlos Hernández Delfino
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