Las dos caras del Mercado de Quinta Crespo

Una veintena de hombres, mujeres y ancianos corren en fila india: van unos detrás de otros, encarrilados por los pasillos del Mercado Municipal de Quinta Crespo. Chocan a los compradores estacionados en los puestos de comida, ropa, hortalizas. Apuran el paso. Hablan entre ellos. “Corre que llegó el pollo”. Los vendedores que miran la caravana gritan.

–¿Qué vaina es esta? ¿Un viacrucis?

–Nos dijeron que llegó el pollo en el puesto de la entrada.

Hoy no están de suerte: es una falsa alarma. Desde hace cinco días, el Gobierno reguló el costo de veintiún alimentos y ocho productos de higiene personal. Fueron incluidos en una lista bajo la figura de “precios acordados”. El decreto los borró de las neveras y anaqueles. La medida entró en vigencia el 30 de noviembre de 2018, un día después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara un nuevo salario mínimo que pasó de 1.800 bolívares soberanos a 4.500.

Es miércoles y en lo que va de semana las neveras de las carnicerías y frigoríficos no han enfriado ni carne ni pollo: ambos productos forman parte de la lista de precios acordados. El kilo de carne de res fue regulado en 420 bolívares soberanos por kilo, mientras que el pollo llegó a 450 bolívares soberanos por kilo.

En febrero de 2018 se cumplieron 15 años de la primera vez que el Gobierno estableció controles de cambio y precio. Solo este año, ha regulado en tres oportunidades los rubros alimenticios. En enero, impulsó fiscalizaciones y ajustes de precios en decenas de supermercados. A mediados de agosto, luego de la reconversión monetaria, y después de reuniones con productores de alimentos y la Asociación de Automercados y Supermercados, la Vicepresidencia Económica de Venezuela anunció los «precios acordados» de 25 productos. Ese mismo mes el mercado fue intervenido por las autoridades para asegurar que se cumpliera la ley. En aquel momento, el kilo de carne de res se ubicaba en 90 bolívares soberanos y el de pollo en 78 bolívares. Cuatro meses después, las mismas autoridades decretaron un aumento de 367% para la carne y de 477% para el pollo.

Los encargados de carnicerías se niegan a hablar sobre el desabastecimiento porque “es un tema muy delicado” y se pueden “meter en problemas”. Recomiendan ir a la dirección del mercado. Uno de ellos, recostado del enfriador, hace señas con la boca indicando dónde está la oficina.

Los trabajadores de la dirección no están autorizados para hablar con la prensa: piden llevar una carta dirigida a Integral de Mercados y Almacenes C.A., Inmerca, un organismo adscrito a la alcaldía del municipio Libertador, el cual administra el mercado construido a principios de la década de los 50. Sin embargo, uno de ellos, que pidió mantenerse en anonimato, dijo que en el mercado hay un equipo de 12 fiscales encargados de supervisar que cada comercio venda los productos regulados a los precios “acordados”. “Los comerciantes que no cumplen son sancionados”.

Entre los compradores del mercado se ven hombres con carpetas que llenan formularios: llevan control de lo que venden los comercios y a qué precio. A veces los apoya la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Dentro del mercado nadie habla de los precios impuestos. Pero no se ve aceite comestible, ni harina ni leche líquida pasteurizada ni café molido ni arroz blanco ni atún enlatado ni huevos ni margarina. De los productos regulados, sólo hay lentejas. Están reguladas a 220 bolívares soberanos. Pero se pueden conseguir en 700 bolívares soberanos.

Una mujer de unos 30 años elige los duraznos más grandes del guacal. Dice que esperará unas semanas para poder comprar carne. Mientras tanto, comerá pescado. “Siempre que regulan los precios, los productos se desaparecen las primeras semanas. Después aparecen, costando el doble o triple y nadie fiscaliza”. Quizás esta vez se extienda por más tiempo: el viernes 30 de noviembre, Tareck El Aissami, vicepresidente del Área Económica, anunció la ocupación temporal por 180 días de 21 mataderos “que han violado la ley de política de precios acordados”.

Varios comercios exhiben ingredientes para hacer hallacas. Las carnicerías ofrecen gallina y cerdo: el precio por kilo equivale al menos a la mitad del nuevo salario mínimo. En algunos locales se forman largas filas para comprar harina de maíz precocida. Pero no es para todos: su venta está limitada a los integrantes de familias beneficiadas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), la figura creada por el Gobierno en abril de 2016 para mitigar la escasez de alimentos en Venezuela. Un trabajador del mercado explicó cómo es el proceso de venta. “70% vende el comerciante al público y 30% debe ser distribuida a los Clap. Aunque a veces solo alcanza para el Clap”.

El trabajador precisó que el mercado atiende a 7.000 familias de la parroquia Santa Teresa inscritas en el programa. Para controlar la distribución de cada rubro, el mercado cuenta con un departamento de abastecimiento que registra todo lo que venden los comercios. Cada producto distribuido por Empresas Polar, por ejemplo, debe ser vendido bajo el esquema de los Clap.

Emilio, un señor mayor que espera turno para pagar pescado, dice que cada vez que desaparecen los productos los sustituye por otros. “Cuando no encuentro harina, como yuca; cuando no encuentro azúcar, uso papelón. De la carne y el pollo me olvidé hace rato. Cuando se consigue, pocas veces es al precio regulado”. La Organización de Naciones Unidas alertó a principios de noviembre que Venezuela es uno de los países con más personas subalimentadas en América Latina. Al menos 3,7 millones de venezolanos no contaron con alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades energéticas entre 2015 y 2017.

El interior del Mercado de Quinta Crespo muestra varias realidades: negocios abarrotados de frutas y vegetales frescos, tarantines surtidos de productos importados, rincones impregnados del olor a pescado fresco, carnicerías sin carne ni pollo. Todos conviven bajo aquel galpón con un cielo de cables y telarañas enmarañadas. Adentro es imposible encontrar productos regulados.

Pero afuera, en la entrada del Mercado de Quinta Crespo, entre perros, basura, cornetas, calor, anarquía y policías, hay hombres, mujeres y ancianos que parecieran vender algo ilegal: llevan bolsos colgados en el pecho y hablan entre dientes. Hace falta acercarse a ellos para escuchar lo que dicen. Lo repiten de forma automática. Una y otra vez. “Azúcar a 450, azúcar a 450, azúcar a 450”. “Aceite a 500, aceite a 500, aceite a 500”. “Harina a 350, harina a 350, harina a 350”.