La discusión pública sobre la diáspora venezolana

Escribir, académica o periodísticamente, sobre la diáspora venezolana constituye un desafío. No hay cifras oficiales en Venezuela sobre el fenómeno. Incluso el discurso de los altos funcionarios busca restarle importancia a la salida de venezolanos en busca de oportunidades en otros países o se les descalifica. Lo que fue una práctica esporádica durante los años de Chávez en el poder, en los años de la presidencia de Nicolás Maduro se ha hecho una política: el régimen no brinda información pública en temas que considera sensibles. La emigración es uno de ellos.

En 2014 la prensa internacional percibe la magnitud del fenómeno y de forma casi coincidente en el tiempo se publicaron trabajos en El País y ABC, ambos diarios españoles, y en el portal británico BBC Mundo. Precisamente en uno de estos trabajos se constata que Venezuela dejó de publicar datos migratorios desde el año 2000, es decir apenas en el segundo año de Chávez en el poder. En otro escrito se presenta la cifra de un millón y medio de emigrados, para ese momento, cotejando datos de estudios académicos y estadísticas de los países receptores.

En ese entonces 260.000 residían en Estados Unidos, 200.000 en España, 110.000 en Portugal y 50.000 en Colombia. No está dicho en el texto de ABC, pero en el caso de los últimos tres países mencionados se trataba del retorno a la tierra de sus padres de venezolanos hijos de españoles, portugueses y colombianos. Por su parte, en el trabajo de BBC Mundo se confirmaba el clima migratorio con el aumento de las colas en las oficinas públicas, en Caracas, para trámites oficiales de apostillamiento de títulos de estudios universitarios, así como la multiplicación que se observaba en charlas informativas y de asesoramiento sobre cómo emigrar.

Entre el último trimestre de 2017 y los primeros meses de 2018, se hizo patente la crisis migratoria con la salida masiva de venezolanos ya no por vía aérea -como ocurría una década atrás-, sino saliendo por tierra y haciendo recorrido de miles de kilómetros en autobús. De Caracas a Lima la distancia es de 4.500 kilómetros, y para llegar desde Caracas a Santiago de Chile se deben recorrer 7.800 kilómetros.

Para los altos funcionarios de Venezuela, sin embargo, no existía tal éxodo. En octubre de 2017, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, negó que Venezuela sea un “país de emigrantes” y, por el contrario, afirmó que es mayor la cantidad de personas que ingresa al territorio que la que emigra. En esa oportunidad, si bien admitió que sí había venezolanos que salían del país, los catalogó de “jóvenes de clase media” para restarle importancia al fenómeno.

En los primeros días de 2018, en tanto, el propio presidente Nicolás Maduro insistió en la tesis oficial de que son más los que ingresan a Venezuela que los que salen del país. Descartando que venezolanos estuviesen cruzando la frontera para ir a buscar medicinas en Colombia, Maduro aseveró que «en Táchira, Zulia y Apure (estados venezolanos limítrofes con Colombia) miles de pacientes colombianos cruzan la frontera para atenderse, operarse aquí, atenderse una gripe, atenderse una catarata, buscar las medicinas en Venezuela». Ni lo dicho por Ruiz ni lo asegurado por Maduro puede ser corroborado o contrastado justamente porque el Estado venezolano dejó de brindar cifras migratorias.

No sólo se niega la existencia del fenómeno, no se admite la diáspora, sino que también el discurso oficial en Venezuela apela a la descalificación de los migrantes venezolanos y de los trabajos que realizan fuera del país. En una declaración que levantó bastante polémica Maduro admite que se han ido personas del país: «Sé de muchos que la propaganda (enemiga) les llenó la mente, se fueron y están arrepentidos. No sabes cuánta gente está lavando pocetas en Miami ¿tú te irías a lavar pocetas en Miami? Yo no dejaría mi patria jamás».

Este discurso, en teoría, buscaba tenderle un puente a los migrantes, ya que Maduro hablaba de que éstos regresen a Venezuela. Pero mensajes de este tipo cierran la posibilidad de un diálogo ya que ubica a los migrantes como incapaces de distinguir entre lo real de lo que es propaganda, asimismo insiste en la caricaturización del trabajo hecho por el foráneo en la sociedad estadounidense, en donde están afincados el mayor número de venezolanos.

Ciudadanos venezolanos cruzan el puente internacional Simón Bolívar desde San Antonio del Táchira hasta Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. 25 de julio de 2017. Fotografía de Luis Acosta / AFP

Las cifras oficiales que están ausentes en Venezuela, han tratado de ser suplidas por estudios de opinión y estadísticas públicas en los países receptores. En la Encuesta Condiciones de Vida del Venezolano, que ejecutan tres universidades del país (UCAB, UCV, USB) se introdujo la pregunta sobre cuántos familiares han emigrado en los últimos 5 años. Como resultado hay una estimación de que entre 2012 y 2017 se establecieron fuera del país un total de 815.000 venezolanos. Los investigadores reportan que la mayor concentración de hogares que confirmaron tener emigrantes está en Caracas (la capital) y en las ciudades principales, siendo el 60 por ciento de los casos. Sin embargo, un dato llamativo de cómo ha variado el fenómeno, atravesando al conjunto de la sociedad venezolana, lo constituye éste: el 12 por ciento de los hogares con emigrantes corresponde al estrato más pobre, según los resultados difundidos en marzo de 2018.

Desde el 2016 los venezolanos se van fundamentalmente a Sudamérica: Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Argentina. En esto último influyó tanto la condición económica de los migrantes (sin posibilidades de pagar pasajes de avión en muchos casos), como la propia crisis que vive el sector aeronáutico en Venezuela con una reducción del 80 por ciento de los asientos de vuelos internaciones entre 2013 y 2018.

La preocupación cada vez más patente de los gobiernos de otros países y de organismos internacionales deja en evidencia que se está, con la diáspora venezolana, ante un problema de envergadura regional. Tras largos meses de silencio, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó en abril de 2018 un plan de acción regional en 17 países de América Latina para ayudarlos a gestionar el flujo de venezolanos que abandonan el país. Los países beneficiarios son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, México, Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago. Se asignaron 32,3 millones de dólares de financiamiento para este plan, el cual constituye toda una novedad al tener a la emigración venezolana como foco de atención de la OIM. De acuerdo con este organismo especializado, en los últimos dos años (2016 y 2017) un total de 1,6 millones de venezolanos ha salido de Venezuela para residenciarse principalmente en otros países de la región.

En una visita en marzo de 2018 al Puente Simón Bolívar, que separa a Colombia y Venezuela, el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, corroboró que más de 40 mil venezolanos cruzan diariamente a pie por este punto la frontera binacional. No todos estos venezolanos tienen planes migratorios, ya que un alto número sencillamente van a Cúcuta, la ciudad colombiana más cercana para comer y luego retornar a sus casas en Venezuela.

Colombia ha obtenido ayuda internacional para atender esta crisis humanitaria. Estados Unidos donó 16 millones de dólares distribuidos entre ACNUR y los gobiernos locales en las fronteras colombiana y brasileña con Venezuela, dado que se han establecido albergues y lugares de acogida para venezolanos. La magnitud de la diáspora venezolano ha ocupado a gobiernos distantes geográficamente, pero sensibilizados con las crisis humanitarias, tal como Noruega que también donó un millón de dólares al gobierno de Juan Manuel Santos para que Colombia atienda a los venezolanos que cruzan en forma precaria la frontera.

El problema migratorio venezolano existe, de eso no cabe ninguna duda, por más que los voceros oficiales desde Caracas intenten minimizar la magnitud del fenómeno o descalifiquen a los migrantes. La crisis económica irresoluta, que se agrava con el pasar de los meses, hace prever que la diáspora crecerá seguramente en 2018 y 2019. Con un estimado de inflación, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 13.864,60 por ciento para este año y de 12.874,60 por ciento para 2019, junto a una caída del Producto Interno Bruto (PIB) que el FMI estima en 15 por ciento para 2018 y de 6 por ciento para 2019, Venezuela está literalmente en medio de una profunda debacle que seguirá alimentado la salida masiva de venezolanos.

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Nota: Este texto constituye un avance de un artículo académico de largo aliento que el autor prepara sobre la temática.