Hacia una reforma del sector hidrocarburos en Venezuela

Venezuela ha sufrido una destrucción en su capacidad productiva, que ha llevado a sus niveles de extracción petrolera desde los 3.45 millones de barriles por día (mmbd), en febrero de 1998, a aproximadamente 1 mmbd, en junio de 2019 (según cifras reportadas por el Ministerio de Petróleo y Minas a la OPEP), y menos de 1mmbd si se toman en cuenta fuentes secundarias. Este colapso de nuestra principal industria ha ocurrido en el medio del período más largo de precios altos del petróleo que ha experimentado la economía venezolana en su historia, y es un fracaso evidente respecto a las metas trazadas en distintos planes oficiales, que en varios casos plantearon elevar la producción petrolera hasta 6.0 mmbd. Existen diversas razones que explican esta debacle, entre las cuales se encuentran las siguientes:

• La pérdida de productividad y capital humano asociada a los despidos masivos en PDVSA en 2002-2003. Esto afectó negativamente la eficiencia y seguridad operativa y financiera, así como la rentabilidad de PDVSA.
• Uso de PDVSA para cumplir acuerdos energéticos (Petrocaribe, Cuba, países en Suramérica, Europa, entre otros) y operaciones de financiamiento contraídas por el Gobierno Central (con países como Rusia y el Fondo Chino-Venezolano).
• Dedicación de la empresa a actividades no medulares no rentables y a ejecución de programas gubernamentales, que condujeron a una menor transparencia en el uso de los recursos y a un mayor despilfarro y corrupción en la ejecución de proyectos.
• La entrada en vigor de una nueva Ley de Hidrocarburos, que contempla una participación de PDVSA mayor al 50% en las empresas mixtas petroleras, con la consecuente obligación en inversión. Adicionalmente, la regalía aplicada a los proyectos se incrementó en un 30%, mientras que la tasa de Impuesto sobre la Renta aumentó en un 50%. Todo esto redujo significativamente la rentabilidad de los proyectos en Venezuela e impuso una de las mayores cargas fiscales a nivel mundial, y que coartó la inversión cuando los precios retomaron niveles más bajos.
• La aprobación del decreto ley que reservó al Estado bienes y servicios conexos al sector de hidrocarburos.  Esto afectó tareas como inyección de agua, vapor o gas, así como la compresión de gas, con devastadoras consecuencias para la producción petrolera en campos de Monagas. También afectó negativamente a la calidad y cantidad del transporte, mantenimiento de infraestructura y servicios en la Costa Oriental del Lago.
• Introducción de contribuciones especiales, que incluyeron precios exorbitantes y extraordinarios del petróleo, ciencia y tecnología, entre otras, que aumentaron la carga fiscal para las empresas petroleras en el país.
• Endeudamiento masivo con proveedores, tenedores de bonos,  prestamistas, que no se tradujo en inversión.
• La migración forzosa de los proyectos en Venezuela al esquema de Empresas Mixtas significó que más del 80% de lo requerido para mantener operativa la industria petrolera en Venezuela tiene que venir de PDVSA, si incluimos las obligaciones en campos operados solamente por PDVSA.
• La distorsión en los precios de los combustibles, que generó subsidios masivos y pérdidas operativas a la industria petrolera, además de inmensas oporrtunidades para el contrabando de extracción.
• El mal manejo de política cambiaria y monetaria, con la introducción de un diferencial en el tipo de cambio que incrementó los costos de operación de la industria petrolera y fue la principal causa que llevó al proceso hiperinflacionario actual, con devastadoras consecuencias para la población.

Todos estos cambios tuvieron lugar antes de la caída en los precios del petróleo en 2014, con lo cual el escenario negativo para el país era inevitable en ausencia de rectificación de estas decisiones. No sólo el país falló en conseguir las inversiones necesarias, sino que llevó a PDVSA a la ruina financiera y el desplome operativo. Esto no sólo trajo nefastas consecuencias en pérdida de ingresos para el país (altamente dependiente de la renta petrolera), sino que ha generado problemas en la disponibilidad de combustible (afectando el transporte de personas y bienes), acceso a gas doméstico, y la generación termoeléctrica, entre otros efectos.

Paradójicamente, mucho de esta perversa dinámica fue amortiguada por la entrada en operación de los proyectos de la Apertura a principios de los 2000, que compensaron la caída en la producción propia de PDVSA y transmitían una sensación de normalidad. Estos proyectos agregaron más de un millón de barriles diarios de capacidad de producción, mientras la producción propia de PDVSA declinaba rápidamente. La combinación de altos precios con esa capacidad de producción adicional ocultó en parte el colapso que estaba ocurriendo en la empresa estatal.

Es evidente que, para detener este momento trágico en situación petrolera venezolana, es indispensable crear las condiciones para atraer la mayor cantidad de recursos y esfuerzos que incrementen la productividad y multipliquen las oportunidades de desarrollo del sector hidrocarburos, y apalanquen el desarrollo energético del país, requerido para apoyar al resto de las industrias necesarias en la recuperación de la nación. En esto hay que ubicarnos en el contexto energético actual y reconocer cuáles son los retos más inmediatos y los de largo plazo.

Contexto global (ventana de oportunidad, competencia)

En años recientes, las inversiones en exploración y producción a nivel mundial se redujeron en un 30% respecto a los niveles observados entre 2010 y 2014, debido a la caída en los precios del petróleo. Esta caída en la inversión significa que se hace más difícil poder reemplazar los barriles que se pierden por la declinación natural de los pozos, dado que hay una limitada capacidad productiva. Mientras la demanda por hidrocarburos se mantenga o siga creciendo, la brecha que se genera entre consumidores (transporte, electricidad, usos industriales) y los barriles disponibles es cada vez mayor, lo cual genera oportunidades para los países que sepan atraer empresas para desarrollar los recursos existentes en su subsuelo.

La Agencia Internacional de Energía espera que, si la demanda por petróleo y gas mantiene un crecimiento acumulado del 10% entre 2018 y 2040, las inversiones requeridas por año entre 2018 y 2025 tendrían que ser más del doble de las inversiones hechas en los últimos tres años. Por otro lado, algunas estimaciones hechas indican que Venezuela necesita al menos 20 mil millones de dólares por año para revertir la caída en producción y comenzar su crecimiento. Esto representaría cerca del 50% de los recursos que se espera que fluyan a América Latina en los próximos años.

Hay que considerar también que existe una gran incertidumbre respecto al uso de los hidrocarburos como fuente de energía en los próximos años: el calentamiento global y las tecnologías alternativas son parte de las amenazas que cercan a los hidrocarburos. Por ejemplo, las políticas para mitigar las emisiones de carbón, tales como impuestos, van a afectar la utilización de hidrocarburos. Los crudos extra-pesados, como los de la Faja del Orinoco, pueden verse particularmente afectados por el alto contenido de emisiones que pueden generar en diversas etapas de su extracción, transporte, procesamiento y utilización final.

Más importante que el momento en el cual el consumo de hidrocarburos deje de crecer es el hecho de que la reducción en el costo de generar energía a través de fuentes alternativas pone presión sobre todos los países productores; esto por el hecho de que una mayor parte de los recursos que aún no se extraen tienden a perder su valor comercial.

En países altamente dependientes de los ingresos por hidrocarburos, este escenario ha generado mayores presiones por buscar estrategias que diversifiquen sus sectores productivos, al tiempo que buscan darle dinamismo a su industria petrolera y de gas para reducir sus costos y generar mayor eficiencia y competitividad. Lo mismo ocurre con países como Brasil, Colombia, Argentina y Guyana, que aún sin tener la dimensión de recursos de hidrocarburos que tiene Venezuela, se ubican entre los mejores destinos para la inversión.  Esto no sólo porque las condiciones fiscales son más atractivas que las venezolanas u otros detalles específicos, sino porque el entorno regulatorio e institucional les ha permitido crear condiciones que garanticen la seguridad de las inversiones y la transparencia en las relaciones entre empresas y Estado. La toma de decisiones autónoma (a través de Agencias regulatorias) basada en criterios de eficiencia y de estímulo a la competitividad, tomando en cuenta el aprovechamiento de los recursos en beneficio de sus naciones.

Venezuela es juzgada hoy como una de las jurisdicciones más riesgosas para invertir a nivel mundial. Factores como la inestabilidad e incertidumbre del marco regulatorio, la falta de autonomía para tomar decisiones en el seno de las Empresas Mixtas, la ineficiencia y falta de transparencia en el proceso de contrataciones han sido algunos de los elementos que se han mencionado por empresas extranjeras como elementos que obstaculizan o interrumpen indefinidamente proyectos de petróleo y gas en Venezuela. Estos son elementos, que si bien no son los únicos factores que afectan la operación, son sin duda un problema que requiere atención inmediata dentro de un esfuerzo por crear el entorno de inversión necesario para recuperar la industria petrolera. La gran pregunta que queda entonces es: ¿qué se requiere para un proceso de apertura del sector que pueda ser sostenible?, es decir, no sólo que se atiendan los intereses de potenciales inversionistas, sino también las preocupaciones de los ciudadanos venezolanos en el manejo del recurso y que creen oportunidades para el progreso de la sociedad.

Necesidad de cambio de modelo

El tamaño y la diversidad de recursos que tiene Venezuela en cuanto a hidrocarburos (crudos convencionales, gas libre y asociado y crudos extra pesados como los de la Faja del Orinoco) requieren la existencia de un marco regulatorio e institucional suficientemente flexible para incorporar la realidad de cada proyecto, así como los frecuentes cambios en la realidad del entorno energético mundial. Esto, a su vez, plantea la necesidad de formar organismos con suficiente capacidad técnica para determinar el alcance, las oportunidades y obligaciones para los inversionistas, así como reglas de clara interpretación, que provengan de un acuerdo entre todas las partes interesadas en el desarrollo del sector de hidrocarburos.

En ese sentido, es clara la necesidad de redefinir el alcance y propósito de los esfuerzos de PDVSA, la cual no es viable bajo ningún criterio en el esquema legal actual e impide, de facto, la posibilidad para otros actores de aportar en mayor escala para la ejecución de las actividades previstas.

La menor producción petrolera, la existencia de acuerdos energéticos, el envío de barriles para pagar deudas con Rusia y China, la desviación de recursos hacia usos no petroleros y los subsidios a los combustibles, entre otros factores, dejaron a PDVSA con una dramática merma en sus ingresos, al punto en que en el primer semestre de 2019, de acuerdo a algunas estimaciones^[1], apenas 760.000 barriles por día generan ingresos para PDVSA, lo cual, tomando el precio promedio del primer semestre de 2019, llevaría a unos ingresos que apenas superan los $8 mil millones. Aun si todo este monto se destinara para inversiones, sería insuficiente para revertir la caída en inversión. El problema se agrava al considerar las contribuciones fiscales, la importación de insumos para la operación local y para el resto de la economía venezolana, y el servicio de una deuda que no sólo incluye PDVSA, sino la correspondiente a toda la administración pública (el saldo de deuda externa correspondiente a Venezuela supera los $150 mil millones). Con este panorama es claro que el sector privado tiene la mayor carga en cuanto a la inversión que hace falta para el sector petrolero. Esta participación del sector privado requiere instrumentos de mayor alcance a los utilizados hasta ahora (como acuerdos de financiamiento, contratos de servicio para recuperar producción o interconexión de pozos), debido a la inexistente capacidad de PDVSA para honrar sus compromisos. Estos limitados recursos para PDVSA implican que no existen oportunidades para asumir grandes riesgos en el desarrollo de proyectos, por lo cual se tienen que crear condiciones para que sean los privados los que asuman no sólo la mayor parte de la inversión, sino también una mayor exposición al riesgo, acorde a su experiencia y capacidad técnica, y considerando la maximización de beneficios para la nación.

Esto también exige reenfocar la esfera de actividades de PDVSA a aquellas relacionadas con el negocio de hidrocarburos, y en una escala acorde a su capacidad financiera y técnica. Para ello es necesario realizar una auditoría y evaluar el estado de los yacimientos, infraestructura y las operaciones de la compañía, así como su exposición a distintas obligaciones y posibles acciones en su contra, tanto en Venezuela como en el exterior.

Por otro lado, la experiencia de países como Brasil y Colombia refleja que el éxito de cualquier reforma del sector hidrocarburos pasa por desarrollar Agencias de Hidrocarburos, con competencias técnicas, integridad y compromiso con el país. Estos organismos definen el marco competitivo sobre el cual se desarrollarán las inversiones de la industria y pueden asignar los recursos geológicos para su explotación. En esto prestarán atención a maximizar el valor de los hidrocarburos, crear oportunidades para el progreso local y regional, aumentar el conocimiento sobre el potencial productivo en el país y la conservación del entorno social y ambiental, entre otros elementos. La organización y transparencia en estos actos es lo que permite a los interesados tener las reglas del juego claras, alineados a los objetivos de largo plazo de la nación, con interlocutores identificados que no se sometan a los designios de los vaivenes políticos y que se limiten las oportunidades para la malversación y corrupción.

La competencia entre países por atraer recursos sugiere también la importancia de contar con múltiples opciones de participación, bajo nuevas formas contractuales. La diversidad de proyectos no sólo se refiere al tipo de crudos, sino a distintas etapas en el ciclo de inversiones en el que se encuentran y su riesgo asociado (exploración de aguas someras, profundas o terrestres, recuperación de campos maduros, campos de gas libre o asociado, entre otras). Flexibilidad en las condiciones contractuales permiten adaptar el régimen fiscal y cualquier otra obligación de las empresas, así como las garantías que ofrece el Estado, a las condiciones impuestas por el mercado, las comunidades en el país y los actores interesados. Así mismo, un marco legal e institucional sólido permite definir las condiciones en las cuales se puedan renegociar contratos, de modo que no desincentive la relación entre el Estado y las empresas, y al mismo tiempo preparar al país a nuevas realidades globales y locales.

Es necesario considerar, además, que el momento actual y el futuro cercano plantean una oportunidad invaluable para replantear el manejo de los recursos provenientes de la industria petrolera. En primer lugar, tiene capital importancia definir claramente el espacio de acción de PDVSA en cuanto al régimen fiscal aplicable y lo relacionado a convenios energéticos. Los acuerdos energéticos firmados por el Gobierno venezolano con países del Caribe, Sudamérica, China, Rusia y otros han mermado significativamente la generación de ingresos para PDVSA y cargado a la empresa de obligaciones, sobre las cuales no existe transparencia en cuanto a las condiciones de estos acuerdos y su conveniencia. Si dichos acuerdos no son convenientes para el país, PDVSA debe estar exenta de asumir la responsabilidad de esos compromisos. Adicionalmente, establecer claramente el tipo de contribuciones que hace la industria petrolera limita la posibilidad del desvío de fondos a través de iniciativas como FONDEN u otras formas de gasto parafiscal, como las misiones, que llegaron a ser de montos tan o más altos que las inversiones hechas por PDVSA en determinados años. Esto sería un componente fundamental en la unidad del fisco y en la generación de mayor transparencia en el uso de los recursos.

Otra área que presenta grandes retos es la correspondiente a los mecanismos actuales para la fijación de precios y tarifas correspondientes al mercado de energía nacional. Dadas sus implicaciones en la distribución de ingreso, se abre la puerta para un diseño de políticas compensatorias con las cuales aquellos con mayores necesidades no verían afectados sus ingresos por el alza en los precios de los combustibles. Un ejemplo lo proveen mecanismos que contemplen la asignación directa a la población, de recursos generados por el alza de combustibles (como fue implementado en Irán y similar a mecanismos considerados en EE. UU. para redistribuir impuestos a las emisiones de dióxido de carbono).  Por otro lado, el esquema de precios a adoptar debe permitir financiar la operación de las empresas en el mercado doméstico y facilitar la inversión requerida para el desarrollo de infraestructura y servicios que permita, por ejemplo, la reconducción del gas que se pierde en quema/venteo, hacia usos comerciales y que apoyen a la industria nacional, mayor acceso a gas doméstico, al tiempo que complementen la generación eléctrica y contribuyan a reconstruir el maltrecho sistema eléctrico. Por otra parte, utilizar mecanismos de asignación directa para remover subsidios puede motivar a los ciudadanos a una mayor rendición de cuentas por la asignación de recursos, que incremente los reclamos por mayor transparencia y lograr una conexión más inmediata entre el petróleo, el Estado y sus ciudadanos.

Recomendaciones

Por todas las razones expuestas, el momento es propicio para una discusión abierta sobre la dirección que puede y debe tomar la política del sector hidrocarburos. Para ello, hará falta definir los objetivos de dicha política. La atención se ha enfocado mayormente en la generación de ingresos para el país, pero existen otros intereses que justifican reformas en un sentido amplio.

Por ejemplo, la relación entre la industria de hidrocarburos y sectores conexos plantea una serie de interrogantes sobre cómo estimular el empleo y las actividades locales y facilitar la transferencia de tecnología sin que ello represente un obstáculo a la continuidad y desarrollo de nuevos proyectos. Preparar a Venezuela para una recuperación económica requiere también contemplar objetivos que consideren la interrelación que existe entre el sector hidrocarburos y el eléctrico, y con el resto de los sectores industriales y comerciales. Esta relación se hace evidente ante las consecuencias que han tenido hasta ahora los masivos cortes eléctricos sobre la actividad petrolera y el resto de la economía. Si el sector de hidrocarburos no puede generar los combustibles para la generación termoeléctrica y servir de apoyo a las otras fuentes de electricidad, el sistema continuará en riesgo y limitará cualquier esfuerzo por estimular la actividad económica. La diversidad de productos proveniente de los hidrocarburos también afecta sectores como el de transporte (con implicaciones para el abastecimiento de productos, por ejemplo), y puede generar insumos más baratos para industrias como la petroquímica, siderúrgica, entre otras. Desde ese punto de vista, si no arranca el sector de energía, es difícil que pueda arrancar la economía en su conjunto y puedan mejorar las condiciones de vida en el país.

Con metas de largo plazo, fruto de una discusión de amplia base y donde se vean representados todos los sectores con intereses en el sector, es posible pensar en los mecanismos para cumplir esas metas. Existen varias contribuciones respecto al tema, como las de Guevara y Bellorín, Espinasa y Monaldi, que dejan de manifiesto puntos como los siguientes: 1) la necesidad de una nueva arquitectura regulatoria para el sector de hidrocarburos, donde la asignación del recurso se separe de PDVSA. 2) La creación de una Agencia de Hidrocarburos, con potestad de implementar los lineamientos marco del sector y que sea la referencia regulatoria en el nuevo ecosistema de negocios. Esto incluye definir las nuevas formas de inversión dentro del sector, las responsabilidades de cada uno de los involucrados, sea garante de la transparencia en lo relacionado a las operaciones y evalúe el desempeño del sector. 3) La redefinición del rol de PDVSA, no sólo hacia tareas directamente vinculadas a su negocio, sino lograr que opere en aquellos campos donde sus capacidades financieras y técnicas se lo permitan. Esto requiere una auditoría, pero también un proceso por el cual una nueva Agencia de Hidrocarburos determine aquellos campos en los cuales PDVSA efectivamente pueda operar. 4) La introducción de procesos competitivos como las licitaciones para la asignación de los recursos hidrocarburíferos, y en general la necesidad de una mayor transparencia en todas las operaciones relacionadas al sector, incluyendo las contrataciones de bienes, servicios, personal, entre otros. 5) La consideración de esquemas fiscales que no sólo aseguren al Estado una participación apropiada en la renta petrolera (donde la misma definición de lo que es apropiado está sujeto a gran debate), flexible a los cambios del mercado y que pueda limitar las tentaciones de los gobiernos a renegociar los términos de los contratos. 6) Estímulos a la investigación y desarrollo, la capacitación de personal y la creación de actividades relacionadas con capacidad de generar valor al negocio petrolero. 7) Mecanismos que limiten la discrecionalidad del Estado en el uso de la renta petrolera y protejan al resto de la economía de la volatilidad del mercado petrolero, entre otros puntos.

Existen también otros puntos a considerar en cualquier discusión sobre reformas para el sector. Uno de ello deberá necesariamente lidiar con el asunto de los mecanismos de ajuste de precios de combustibles en el mercado interno, que no se limita a gasolina, sino que incluye diésel, fuel oil y otros derivados del petróleo. Esta discusión también incluye lo que ocurra con la producción de yacimientos de gas libre y asociado. Por otra parte, es necesario considerar las implicaciones de reforma en otros sectores de la economía, como el financiero. Por ejemplo, ampliar las formas contractuales más allá del régimen de Empresas Mixtas permitirá la entrada de una mayor diversidad de actores, con distintos perfiles de riesgo y áreas de conocimiento que maximicen el valor de los recursos existentes, bajo lineamientos de la nueva Agencia. Esto puede tener implicaciones no sólo en los niveles de empleo y desarrollo de industrias locales, sino en el surgimiento de nuevas formas de financiamiento, que puedan involucrar mercados de capitales, con lo que se añade profundidad y velocidad a las operaciones que pueden ejecutarse. Las deficiencias en infraestructura en todos los segmentos de la cadena abren también espacio para esquemas de financiamiento con distintos perfiles de riesgo, tales como Project Finance o incluso Private Equity, que complementen la actividad bancaria y de mercados de capitales. Esquemas más flexibles pudieran abrir una puerta para una renegociación de deuda con actores clave como proveedores de servicios y empresas especializadas que se vieron afectadas por procesos de expropiación o tienen acreencias con PDVSA, de manera de limitar el daño estructural a las formaciones geológicas que ya se han desarrollado.

Dado el amplio espectro de cambios que son requeridos, una condición necesaria para avanzar en estos objetivos es la implementación de un nuevo marco legal, en la forma de una nueva Ley de Hidrocarburos. Es indispensable que exista transparencia en las reglas del juego, que sean observables a todos los ciudadanos y a todos los actores interesados en el desarrollo del sector, donde los interlocutores estén claramente identificados, al tiempo que se provee un piso para una apertura del sector que luego sostenga reformas más específicas y genere la mayor cantidad de opciones de negocio para quienes ven en Venezuela una oportunidad hacia el futuro. Estas reformas y marco legal no ocurren en el vacío, pues existen actualmente múltiples actores que desarrollan negocios actualmente en diversidad de condiciones y que requieren respuestas sobre cuáles serán las condiciones de negocio mientras ocurren los posibles cambios legales. Es por ello que un elemento clave para facilitar la discusión de reformas es la atención a los obstáculos más apremiantes para la reactivación del sector, y abrir canales de comunicación que permitan entender cuáles pueden ser las condiciones que requieren los actores que actualmente operan en el país para facilitar la adopción de reformas de mayor alcance. Recuperar la confianza de los inversionistas requiere trabajo desde distintas instancias, pero una nueva Ley siempre puede contemplar un régimen de transición que respete las condiciones obtenidas en contratos legales anteriores, de manera de no caer en los errores del pasado. Sin embargo, por las razones expuestas anteriormente, una nueva Ley debe tener como objetivo mejorar las condiciones actuales al tiempo que estimule una mayor competencia entre los interesados.

Un nuevo marco legal no es condición suficiente, ni garantía de que el sector hidrocarburos se vaya a recuperar, pero de no lograr reformas con semejante amplitud a las que pudieran considerarse en una nueva Ley, Venezuela pudiera permanecer severamente estancada, en términos de su propio potencial, y también frente a otros países que ya han reconocido la urgencia por extraer el recurso mientras sea valioso y han reformado en consecuencia.

Este nuevo andamiaje legal e institucional sólo puede funcionar en un entorno que ofrezca protecciones a los inversionistas. Si las condiciones del contrato cambian de manera impredecible, unilateralmente y sin proceso de discusión, cualquier iniciativa que se tenga tendrá que lidiar con los problemas de reputación que tiene el país. Las demandas que enfrenta en la actualidad la Nación son una muestra de las consecuencias negativas de incumplir contratos.

Más allá de las reformas legales, hacen falta reformas de política económica, que incluyen aspectos como los siguientes: 1) Reformas monetarias y cambiarias que eliminen las distorsiones en costos debidas al tipo de cambio, y que han tenido desastrosas consecuencias para la población (incluidos los trabajadores petroleros) debido a la hiperinflación. Esto también incluye la reforma a la Ley del BCV para evitar el financiamiento directo a PDVSA. 2) Atención inmediata al estado de la infraestructura en el país, lo cual no sólo demandará esfuerzos tanto de inversión pública como privada, para eliminar obstáculos en todas las áreas de la cadena de valor de los hidrocarburos. 3) Reformas en el sector financiero, que estimulen la actividad crediticia y el crecimiento de los mercados de capitales, que permitan no sólo financiar proyectos de infraestructura asociados al sector, sino que faciliten el acceso de capital privado nacional y extranjero en la industria de petróleo y gas. 4) El impulso a una mayor integración entre universidades, el sector privado y el Estado que identifique las principales carencias en términos de recursos humanos, bienes y servicios para la industria, y al mismo tiempo permita una mayor actividad de investigación y desarrollo, que genere mayores esquemas de colaboración y ayude a las nuevas generaciones a identificar nuevas oportunidades de crecimiento para el sector energía y el país en su conjunto. 5) Respuestas eficaces ante la pérdida del orden público y la completa falta de seguridad, lo que compromete las operaciones del sector y, en última instancia, es fuente de inestabilidad para cualquier proyecto.

Cualquier iniciativa de reforma tiene más probabilidad de éxito en la medida en que surja como producto de una conversación inclusiva, donde se difundan ampliamente los retos que enfrenta el sector y las implicaciones de distintas propuestas para el país. Ello plantea la multiplicación de espacios para hablar de cuál debe ser el rol del sector de hidrocarburos en la reconstrucción de Venezuela. Debido a su papel en la generación de ingresos y su relación con otros sectores como el transporte, residencial, comercial, industrial, la conversación sobre reformar el sector es de interés para todos los venezolanos, y requiere de la más profunda reflexión, así como de ser capaces de responder a tiempo a los retos y oportunidades que plantean las nuevas realidades energéticas.

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[1] Ecoanalítica: Informe de Perspectivas, II Trim 2019.