El peor año para la libertad de expresión e información en Venezuela

Durante este mes de mayo, en coincidencia con las celebraciones internacionales para promover la expresión libre ya que la Unesco fijó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Venezuela se conocieron tres reportes que permiten comprender cabalmente las consecuencias que ha tenido en el país la política de “hegemonía comunicacional”, iniciada hace más de una década, pero cuyos resultados fácticos han terminado teniendo lugar en la etapa final de este primer período de Nicolás Maduro en el poder.

Al hacer un balance del año 2017, con la presentación de su informe anual sobre el estado de la libertad de expresión e información en Venezuela, la organización no gubernamental Espacio Público recogió la documentación de 708 casos que sumaron 1.002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión e información. Lo más relevante, es que estos datos son los más altos desde el año 2002, cuando Espacio Público comenzó a hacer su monitoreo, y muestran un deterioro relevante de las garantías de este derecho en Venezuela.

Los 708 casos en los que se vulnera el derecho a la libre expresión en su mayoría corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques no solo a trabajadores de la prensa, sino también contra ciudadanos que buscaban registrar los hechos que sucedían al momento, según documentó la ONG venezolana. Si tales cifras no fuesen de por sí preocupantes, el año 2017 cerró con la salida del aire de ocho canales de televisión, 54 emisoras y 17 medios impresos que dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente.

El foco sobre las restricciones al ejercicio del periodismo, afectando por igual a medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, no fue una preocupación exclusiva de organizaciones con sede en Venezuela. La muy prestigiosa red internacional de Reporteros Sin Fronteras (RSF), también en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa del 2018, llamó la atención del mundo en relación con las medidas del régimen de Maduro y su impacto negativo en las libertades de expresión e información.

En la clasificación mundial de RSF, Venezuela pasó a ocupar la casilla 143 y el país experimentó la mayor caída del continente, perdió 6 lugares en comparación con la edición anterior de esta evaluación anual (La Patilla, 2018). Durante 2017, de acuerdo con este informe internacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación extranjeros, son constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. Los periodistas padecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales pueden sufrir agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de su equipo; también se hizo frecuente la expulsión de corresponsales extranjeros, una práctica no habitual en el pasado.

Reporteros Sin Fronteras, asimismo, constató que, durante 2017, en Venezuela, también aumentó la censura directa del Estado, ya que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) privó de frecuencia a numerosas radios y televisiones críticas; por otra parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición. Todo este contexto colocó obstáculos para impedir la labor de los periodistas, dado que el gobierno busca que no se conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016.

Otra arista, no menos preocupante, lo constituye el informe elaborado por el capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sobre la libertad de expresión en Internet que llevó por título “Internet con la bota puesta”, también difundido en mayo de 2018. Según esta entidad dedicada a la promoción y defensa de la libertad de información, durante 2017 se vivieron en Venezuela desde la aprobación de una estructura jurídica regresiva, hasta la persecución policial y militar, junto a ataques a portales de organizaciones civiles y medios de comunicación, todo ello tuvo además como telón de fondo una deficiente conectividad. En Venezuela, asimismo, se registraron detenciones arbitrarias por expresión, blackouts en la red, y el discurso agraviante del Estado como una suerte de colofón.

En el período de los doce meses de 2017, de acuerdo con lo documentado por el Instituto Prensa y Sociedad, resultaron vulnerados los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deberían garantizar un Internet abierto, libre y democrático. De forma específica, en Venezuela se vieron afectadas siete de las categorías fundamentales que convierten a la libertad de expresión en Internet. Al menos ocurrieron 50 casos que derivaron en 63 violaciones a los derechos digitales.

Volviendo sobre los datos históricos que nos permiten ver los informes anuales de Espacio Público, 2017 ha sido de lejos, en la década y media que esta organización lleva sus registros, el año más restrictivo y negativo para el ejercicio de la libertad de expresión, con claro impacto sobre medios de comunicación, periodistas y ciudadanos. Eso de por sí ya sería preocupante, en cualquier contexto.

Pero lo que resulta aún más alarmante es que el 2017 estuvo precedido de un 2016 que ya había batido, igualmente, los registros negativos y restrictivos en Venezuela. En el 2016, según Espacio Público, se registraron 366 violaciones del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Se trata de una por cada día. Con las bases metodológicas establecidas en 2002, y en las cuales tuvimos la oportunidad de participar como coautor de las mismas, el reporte de Espacio Público permite la mirada longitudinal y las comparaciones.

Con propiedad, entonces, se puede establecer cuál ha sido el año más perjudicial para la libre expresión e información en Venezuela. En este caso al mirar el conjunto, desde 2014 –ya con Maduro en el poder– se inicia una suerte de escalada en la conflictividad (porque en muchos casos hablamos de violencia directa) generada desde el poder para afectar al periodismo crítico e independiente.