El fusilamiento de Leonardo Infante y los apuros de su juez

Leonardo Infante

Uno de los episodios que incrementan las distancias entre venezolanos y granadinos cuando va a estallar la crisis de Colombia, es el juicio seguido en la capital contra el coronel Leonardo Infante. Ahora veremos lo esencial de sus peripecias.

Nacido en los llanos de Chaguaramal y celebrado por sus ascensos en el ejército después de empezar la carrera como soldado raso, Infante es un ejemplo de coraje y superación. Su leyenda de bravura entretiene las conversiones de los campamentos, y su ubicación en funciones de comando llama la atención sobre las oportunidades de ascenso que la patria ofrece a sus servidores. Infante es acusado de asesinar a uno de sus subalternos, un teniente también venezolano, y hallado culpable por un tribunal que preside el magistrado valenciano Miguel Peña. Lo que en situaciones normales debe pasar como trámite cotidiano, se convierte en centro de asperezas que traspasan el lindero de los estrados.

En el suceso está involucrados dos individuos célebres de la vida venezolana. Infante, por sus victorias y su valentía. Peña por una presencia que remonta a los orígenes de la república, cuando sobresale entre los animadores de la Sociedad Patriótica de Caracas. Sus credenciales lo introducen en los cenáculos ilustrados de la sabana y lo elevan a la Corte Suprema de Justicia, que lo pone a encabezar el proceso que ahora revuelve a la opinión pública. El acusado es condenado al último suplicio, pero Peña se niega a firmar la sentencia porque, según asegura en escritos pormenorizados, advierte irregularidades o imprecisiones en la suma del voto de los jueces. Sus colegas insisten en lo inobjetable del mecanismo de la votación y elevan el caso ante el Congreso, para pedir sanciones contra el protagonista del desacato.

El senado discute el negocio y llega a proponer que se condene a Peña por una ¨actitud manifiestamente contraria contra el bien de la República¨, pero no alcanzan los votos para llegar a una decisión así de enfática. Se le suspende entonces por un año, con rebaja de sueldo para pagar a su reemplazante. Sin el escollo que la entorpecía puede la Corte cerrar la causa contra el coronel Infante, cuyo fusilamiento ocurre el 26 de marzo de 1825. Vale la pena detenerse en la descripción del acto, incluida en la Gaceta de Colombia, porque ofrece detalles susceptibles de informar sobre las sensibilidades conmovidas por el espectáculo que pueden provocar reacciones de trascendencia política:

El reo conservó hasta sus últimos momentos aquella presencia de ánimo con que tantas veces se había presentado delante de los enemigos de su patria. Su marcha al lugar del patíbulo vestido con el uniforme militar, inspiraba ideas consoladoras a la estabilidad de la república, a la vez que consternó el ánimo de los espectadores: un hombre, elevado desde la última clase militar al rango de Coronel, vencedor en cien batallas, manifestaba la justicia del Gobierno que lo había recompensado mientras empleó su espada contra los enemigos de la independencia y de la libertad: ese mismo Coronel, vencedor en cien batallas, destinado a perder la vida por el homicidio de que fue acusado, mostraba que la ley tiene toda su fuerza en Colombia y que castiga con igualdad a los que la infringen. ¡Ya no existe el desgraciado Coronel Infante! Permita el cielo que nunca jamás vuelva a presentarse en la República un espectáculo tan sensible, no obstante su justicia y rectitud.

Después de ejecutada la sentencia se presentó el Exmo. Señor Vicepresidente a caballo entre las tropas que concurrieron a la ejecución y les dijo: «!Soldados de la República! Ved este cadáver, las leyes han ejecutado este acto de justicia. Mientras el Coronel infante empleó su espada contra los enemigos de la República y la sirvió con fidelidad y bizarría, el Gobierno lo colmó de honores y recompensas, pero la ley descargó sobre él todo su rigor el día en que, olvidando sus deberes, sacrificó alevosamente a un ciudadano, oficial también de la República. Este es el bien que ha conseguido Colombia después de sus gloriosos sacrificios. MI corazón está partido de dolor con la vista de semejante espectáculo, y necesito toda la fuerza de mis principios para hablaros delante de este cadáver».

Después de exaltar el coraje físico del héroe fusilado, la crónica pone énfasis en la necesidad de detener los excesos de los militares. Merecen encomio cuando sirven con lealtad a la patria, pero deben quedar sujetos a penas severas, como la de muerte, cuando atropellan las leyes. La Gaceta de Colombia utiliza la conducta del condenado para comunicar una lección de acatamiento a las regulaciones. El soldado desdichado acepta su culpa y marcha con serenidad a pagarla ante la sociedad, metido en el uniforme que honró en la guerra y manchó con un homicidio. Pero el mensaje sale de los labios del Vicepresidente Santander, cuya presencia cerca del paredón indica la relevancia que concede al suceso como evidencia del estado de derecho en el establecimiento recién fundado. Pero también, como pueden sentir en numerosos rincones del mapa más allá de la Nueva Granada, como una ostentación del poder que puede ejercer ante sus adversarios venezolanos. El hombre que cae en una plaza céntrica de Bogotá nace en Venezuela, mas también el juez que pierde el cargo por negarse a suscribir su sentencia. En un rompecabezas como el que se trata de soldar, la comparecencia y la arenga de don Francisco de Paula pueden ser malinterpretadas.

Más todavía cuando las autoridades de la capital involucran a Peña en un nuevo caso llamado a sembrar ronchas. Agentes del gobierno central envían a Venezuela por su conducto una elevada cantidad de dinero en efectivo, alrededor de cuya entrega afirman que fue escamoteada o distraída una parte antes de llegar a su destino. El mensajero hace cuentas para demostrar que no se aprovechó del encargo y las explica en un pliego lleno de detalles, de números precisos, pero los dígitos de Bogotá dicen lo contrario y permiten que la prensa asegure que es un pícaro de colmillos afilados. Acosado por rumores y por amenazas de castigo, Peña prefiere quedarse en Valencia, su ciudad natal, sin regresar a ofrecer explicaciones personalmente. No será bien acogida la vuelta de un magistrado condenado por los senadores y ahora sospechoso de malversación de fondos, piensa junto con sus amigos.

Así como multiplican las murmuraciones sobre las diferencias que existen en Colombia por el origen de quienes las protagonizan, no en balde hay una rivalidad ya ostensible entre venezolanos y reinosos por el control de la actividad política, el suceso hace que un hombre de experiencia en los asuntos públicos quiera meter leña en el fuego de los secesionistas que se agrupan cerca del general Páez. No solo se presenta Peña como un político perseguido injustamente por el general Santander, sino también como el obstáculo de la causa que condujo a la inmolación del heroico y admirado coterráneo Leonardo Infante. De allí que estemos frente a sucesos relevantes, que fomentan las antipatías y las espinas frente a la unión colombiana.