El día que la Asamblea Nacional trazó un mapa de transición

Sonó la campana de la presidencia y por las cornetas se escuchó la voz del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Preguntaba si había suficientes parlamentarios presentes para iniciar la sesión. Había pasado una hora desde la convocatoria, pero no habían llegado todos al hemiciclo de sesiones. Zambrano sabía la respuesta y dijo que esperarían media hora más. Los diputados sí estaban, pero no en sus puestos. La mayoría conversaba en los pasillos y jardines del Palacio Federal Legislativo.

Juan Guaidó, el presidente del Parlamento, había llegado muy temprano, pero se hallaba en una reunión en su oficina. La agenda del día era larga: cuatro acuerdos, las cuatro patas de la mesa para una transición a un nuevo gobierno tras la juramentación de Nicolás Maduro en la presidencia, a la que los diputados consideran ilegítima. Guaidó se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional el sábado 5 de enero de 2019. La sesión del 15 de enero fue la primera desde que anunció, en un cabildo abierto, que asumiría la encargaduría de la Presidencia de la República. En su discurso definió las cuatro bases que contempla la Asamblea Nacional para lograr la transición. Fueron los puntos aprobados en la segunda sesión parlamentaria de 2019: declarar  la usurpación de Nicolás Maduro en la presidencia; ofrecer una amnistía y garantías legales para funcionarios militares y civiles que contribuyan a restituir el orden constitucional; solicitar a 46 países que congelen las cuentas del Estado venezolano en el extranjero, y autorizar el ingreso de ayuda humanitaria.

Sonó la campana y Juan Guaidó declaró abierta la sesión, dos horas después de la convocatoria. Las curules estaban llenas, y las conversaciones de los diputados opacaban la voz del secretario de la Asamblea Nacional, Edinson Ferrer, que leía el acta de la sesión anterior mientras los parlamentarios cambiaban de puestos, recibían llamadas, enviaban mensajes. En las escaleras hacia la directiva, los diputados Juan Andrés Mejía y Juan Miguel Matheus estaban absortos en una discusión que terminó con una carcajada y palmadas en la espalda. Bajaron a sus puestos y luego volvieron a subir. Mejía —compañero del presidente de la Asamblea Nacional en Voluntad Popular— llegaba hasta el puesto de la presidencia, susurraba a Guaidó y bajaba. Volvería a subir unas seis veces más durante la sesión.

La usurpación de la Presidencia

“Declarar formalmente la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y, por lo tanto, asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto de Nicolás Maduro y repudiar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución”

Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución

Tomaron asiento después del mediodía. Debatieron lo urgente: la declaratoria de usurpación del cargo en la presidencia. El acuerdo ya estaba listo. El documento establece que deben “aprobar el marco legislativo para la transición política y económica, fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”. La Constitución establece la circunstancia de falta absoluta del presidente en el cargo. No existe la figura de la usurpación en la Presidencia. Por lo tanto, no hay un procedimiento que regule su resolución.

El artículo 233 de la Constitución establece que cuando hay falta absoluta de la Presidencia de la República antes de asumir el cargo, la responsabilidad recae sobre el presidente del Parlamento. “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.

La Asamblea Nacional no reconoció la votación del 20 de mayo de 2018, en la que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto. El único dirigente opositor que participó en esos comicios, el exgobernador Henri Falcón, desconoció los resultados y denunció ventajismo durante la jornada. La cita electoral se cumplió a pesar de que la mayoría de los partidos políticos opositores fueron ilegalizados, con dirigentes encarcelados o en el exilio, sin garantías electorales acordadas entre ambos sectores ni observadores internacionales independientes. Este contexto llevó a que los gobiernos de 47 países también desconocieran el nuevo mandato de Maduro. A partir de este artículo, hubo dos interpretaciones: usurpación versus vacío de poder.

Los diputados de los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, La Causa R, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática consideran que no hay falta absoluta del cargo, sino usurpación de funciones de la Presidencia porque el Palacio de Miraflores no está vacío, sino con un presidente de facto. El otro grupo es la fracción 16 de julio, integrada fundamentalmente por los partidos Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo, la cual considera que se produjo el vacío de poder porque no hubo presidente electo el 20 de mayo. El diputado Juan Pablo García —de Vente Venezuela— consideró que el acuerdo era insuficiente sin “actos de gobierno”, una juramentación o reconocimiento explícito a Juan Guaidó como presidente interino. Juan Andrés Mejía —de Voluntad Popular— declaró en su discurso que “por legitimidad, la presidencia le corresponde a Juan Guaidó”.

El acuerdo finalmente establece “la transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo” de forma general. Había 86 diputados cuando inició la sesión, 73 votaron a favor de la usurpación. Los otros 13 salvaron su voto.

Fotografía de Federico Parra | AFP

Amnistía y garantías para funcionarios

“Decretar una Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios Civiles y Militares que colaboren o hayan colaborado en la Restitución del Orden Constitucional y la Restauración del Sistema Democrático en Venezuela”

Acuerdo sobre la necesidad de una Ley de Amnistía para los civiles y militares que apegándose al artículo 333 de la Constitución, colaboren en la restitución del orden constitucional en Venezuela

El objetivo de esta medida es generar incentivos para que los funcionarios militares y civiles que están en el gobierno se deslinden y se unan al proceso de transición. La diputada Delsa Solórzano presentó a la plenaria un proyecto de ley que contempla otorgar amnistía a los presos políticos —la Asamblea Nacional reconoce 402 apresados, más de 150 de ellos militares— y aplicar garantías legales para aquellos funcionarios que “contribuyan al restablecimiento de la democracia en Venezuela”.

Todos los diputados estuvieron de acuerdo con la propuesta para promover quiebres dentro del gobierno y especialmente en la Fuerza Armada. Guaidó ha expresado que necesita el apoyo de los militares para ejercer la Presidencia. Su primer intento para atraer a funcionarios ocurrió incluso antes de la sesión de la Asamblea Nacional.

La tarde del domingo 14 de enero, un tuit de su esposa alertó que Guaidó había sido detenido. El diputado se trasladaba por la autopista Caracas-La Guaira con dirección a Caraballeda, para realizar un cabildo abierto en el estado Vargas, cuando su vehículo fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Un video difundido en redes sociales mostraba a seis hombres encapuchados y con armas largas que con empujones obligaron a Guaidó a bajarse de su carro y montarse en una camioneta. Por dos horas, el paradero de Guaidó fue desconocido para el país, hasta que Guaidó llamó a su esposa y le dijo que estaba libre e iría al cabildo en La Guaira. En Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez, a cargo del ministerio de Comunicación, afirmó que la detención fue un acto aislado de los funcionarios del Sebin y aseguró que no les dieron órdenes. Todos serían destituidos, investigados y sancionados. Después de lo ocurrido, Guaidó declaró que esa situación demuestra que “se rompió la cadena de mando” y afirmó que los funcionarios le preguntaron sobre la amnistía que prometió.

El tema de la amnistía ha estado presente desde la campaña electoral para esta Asamblea Nacional. Las tres directivas anteriores las han presidido Henry Ramos Allup (Acción Democrática), Julio Borges (Primero Justicia) y Omar Barboza (Un Nuevo Tiempo). En marzo de 2016, la primera legislación aprobada por la Asamblea Nacional fue la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la cual absolvía de los delitos cometidos “en ejercicio de libertades ciudadanas y con fines políticos”. La amnistía aplicaba a hechos entre los años 1999 y 2015, en proceso de acusación, investigación o con condena. En abril, la ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, que también declaró ese año que la Asamblea Nacional estaba en desacato por supuestas irregularidades en la elección de los diputados de Amazonas. Desde entonces, las decisiones del Parlamento son desconocidas por el TSJ y el estado Amazonas tiene congelada su representación.

La amnistía volvió a surgir con la siguiente directiva. Esa vez no se trataba solo de hechos ya cometidos, sino de ofrecer medidas y garantías a futuro para aquellos funcionarios que decidieran deslindarse del gobierno.

El 17 de mayo de 2017, la Asamblea Nacional creó una comisión de alto nivel para seguir este tema. La encabezaban el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el primer vicepresidente, Freddy Guevara. “No puede haber un proceso de revancha ni de persecución (…) muy pronto estaremos iniciando una nueva etapa de democracia”, dijo Freddy Guevara en ese debate. Dos años después, Borges está en el exilio y Guevara está refugiado en la embajada de Chile en Caracas desde noviembre de 2017. La tercera directiva, dirigida por Barboza, no sancionó ninguna ley. Tampoco medidas sobre el tema de la amnistía. Pero sí aprobó un acuerdo “en defensa de la libertad y los derechos humanos de los presos políticos, civiles y militares”. El 20 de junio de 2018, la fiscal Luisa Ortega Díaz presentó a la Asamblea Nacional, vía Skype, un proyecto de Amnistía que serviría para exonerar de responsabilidad a civiles, militares y policía del Estado que hayan ejecutado “acciones destinadas al restablecimiento del orden democrático”.

Fotografía de Federico Parra | AFP

Protección a los activos de Venezuela en el extranjero

“Solicitar a los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y La Unión Europea que instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en ese país con el fin de garantizar la protección de los activos del Estado venezolano por no contar el Estado venezolano con representación legal ante los entes regulatorios”

Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado venezolano ante la flagrante usurpación del Poder Ejecutivo por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros

El diputado Carlos Paparoni (Primero Justicia) presentó el acuerdo ante la plenaria, que solicita a los gobiernos de 46 países que congelen todas las cuentas del Estado venezolano. Extendieron la solicitud a la banca privada de esos países. Desde el año 2015 se han revelado investigaciones de fondos del Estado venezolano utilizados en esquemas de legitimación de capitales o en bancos extranjeros. En noviembre de 2018, el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, reconoció ante la justicia estadounidense haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos. El 8 de enero de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a involucrados en casos de corrupción y estimó que el caso de Andrade y la Tesorería de la Nación generó “más de 2,4 millardos de dólares en ganancias producto de la corrupción”.

El acuerdo de la Asamblea Nacional apunta a estos capitales para evitar que Nicolás Maduro o sus funcionarios puedan manejarlos. El objetivo es repatriar esos fondos una vez se concrete la transición. El texto será enviado a las embajadas. Este debate se realizó con menos de la mitad de los diputados asistentes. Tres filas de curules quedaron vacías cuando empezó la discusión. Fue aprobado por unanimidad.  

Ayuda humanitaria

“Pedir a la comunidad internacional que no permita que la ayuda humanitaria sea utilizada por el régimen que usurpa el poder en Venezuela para los fines de control social y propaganda política”

Acuerdo para la autorización de la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano

El último acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional autoriza el ingreso de ayuda humanitaria al país y solicita a los organismos internacionales que no permitan que el Estado tenga el monopolio de la distribución de la ayuda humanitaria. Piden que la Iglesia, organizaciones no gubernamentales y redes médicas ejerzan contraloría sobre el suministro de la asistencia. En junio de 2018, la Comisión Europea aprobó un paquete de 35 millones de euros. En noviembre, el Fondo Común de Respuesta a Emergencias de la ONU liberó 9,2 millones de dólares.

El diputado Miguel Pizarro cerró el debate. Se dirigió a los organismos internacionales, tres días después de que el representante de la ONU en Venezuela, Peter Gohmann, se reuniera con Maduro. Gohmann acudió a la juramentación de Maduro, al igual que los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Entendemos que eso es parte del rol de estos organismos (…) pero no permitan que la ayuda humanitaria sea utilizada como instrumento de control social”, pidió el diputado. La Asamblea Nacional pidió el ingreso de material médico quirúrgico, medicinas de alto costo para enfermedades crónicas y medicamentos de alta rotación. Vacunas, tratamiento contra la malaria y suplementos nutricionales para la atención primaria. Con el compromiso de organizar a la población para recibir la ayuda y distribuirla, todos votaron a favor y retomaron las reuniones en diferentes puestos.

Los diputados seguirán en los cabildos abiertos y la convocatoria para una marcha el 23 de enero. Esperan que los uniformados actúen de acuerdo a la Constitución.