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No es la primera vez que en Venezuela se proyecta un posible escenario de transición democrática. A diferencia de otros momentos, en la actual coyuntura el camino no es ni la presión internacional ni sostener una discusión bizantina sobre la (i)legitimidad del actual poder, que ejerce y hasta ahora sigue ejerciendo el chavismo en Venezuela.
En 2024 el país presencia, y en muchos casos protagoniza, la apuesta de la alternativa democrática por la ruta electoral, incluso compitiendo en desventaja contra Nicolás Maduro, cosa que no resultaba aceptable para diversos líderes opositores en el pasado. La tesis de que una abstención masiva serviría para socavar al autoritarismo también quedó en el pasado.
La enorme diferencia, entre estrategias anteriores y ésta, es que se está convocando y movilizando a la sociedad en torno al voto, aún cuando el proceso electoral esté minado de irregularidades. Esta, y lo podemos afirmar sin ninguna duda, ha sido la piedra de toque para cambios democráticos en experiencias exitosas, pero también hay casos en que la apuesta electoral sencillamente es truncada desde el poder autoritario, sin miramientos.
Sin asumir el carácter de experto en transiciones a la democracia, las líneas que siguen son resultado de una lectura minuciosa y detenida del libro Transiciones democráticas. Enseñanzas de líderes políticos, escrito por Sergio Bitar, quien preside el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, y Abraham Lowenthal, fundador del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson. Se trata de un voluminoso volumen promovido por eI International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), y en Venezuela difundido y presentado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.
La portada del libro, con flechas de distintos colores que van en diferentes direcciones, nos da una idea inicial. No hay una receta, ni algo así como un camino único en materia de transiciones a la democracia. El libro está formado por entrevistas a líderes claves en distintos procesos de redemocratización en el mundo, tiempo después de que ocurrieron los cambios. Esto nos da otro elemento que no podemos perder de vista, el estudio de las transiciones es una ciencia forense, no predictiva.
En la voz de protagonistas de procesos ocurridos con éxito, muchos de ellos no fueron conscientes de que las acciones que encabezaban generarían las profundas transformaciones que tuvieron lugar. Sólo después de que ocurre una transición es que se pueda bautizar como tal y al volver, con la perspectiva forense, determinar cuándo comenzó, quiénes fueron sus figuras claves y los momentos determinantes para el cambio a la democracia.
Primero el cambio y luego la justicia
En un país como el nuestro, teniendo una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en el seno de la Corte Penal Internacional y voluminosos informes de la Misión de Determinación de los Hechos, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no pocos podrían esperar que haya sanciones inmediatas, si hay un cambio de gobierno, para quienes están señalados por las violaciones a derechos humanos en Venezuela.
Desde el activismo de la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos, existe la expectativa de que el castigo, a quienes ordenaron y ejecutaron los abusos contra la población, debe ocurrir de forma simultánea con la esperada transición democrática.
Estas dos dimensiones son esenciales, sin duda, pero no hay documentación de transiciones a la democracia que nos indiquen la viabilidad de que ocurran a la par. Eso es lo que percibí tras revisar los casos de procesos exitosos, documentados por Bitar y Lowenthal.
En los casos en los cuales las transiciones fueron negociadas, de forma explícita la dirigencia política prodemocracia metió en el congelador el tema del restablecimiento de la justicia y el castigo a los responsables de violaciones a derechos humanos y casos de corrupción. Las negociaciones sólo pudieron ocurrir una vez que quienes ocupaban el poder tuvieron garantías de que no serían sancionados.
Y cuándo tuvo lugar esa negociación. Sólo se dieron cuando el régimen autoritario asimiló que su permanencia era políticamente inviable. Sólo entonces se abrieron a negociar genuinamente con la dirigencia prodemocracia en sus países. La lectura del libro permite establecer que, en líneas generales, la tesis de sentarse a negociar o no con la dictadura de turno fue motivo de discordia en el seno de los movimientos a favor del regreso a la democracia.
Resumidamente, en los casos de gobernantes que incluso se abrieron a negociar con la oposición, pero que de facto seguían ejerciendo el poder en sus países, no tenía sentido entregar el mando si de forma simultánea se les iba a encarcelar.
Las diferentes dirigencias prodemocracia actuaron de forma estratégica en este punto y no es que para estos grupos no fuese relevante la justicia y los derechos humanos. Pero lo primordial para que aquello sucediera (la sanción de los responsables y ejecutores de los abusos) pasaba en primer término por volver a vivir en democracia.
De estas experiencias de transición, que forman parte del libro, se extraen ejemplos de cómo una vez que se empezó a restituir la democracia terminó siendo un asunto central la refundación del poder judicial, con el fin de devolverle su independencia y autonomía. Sólo entonces, y en numerosos casos con el acompañamiento de instancias internacionales, finalmente se empezaron a dar pasos para sancionar a los violadores de derechos humanos.
Brasil o la transición escalonada
En Brasil la dictadura militar se extendió entre 1964 y 1985, aunque como bien lo señala el libro el inicio de la transición a la democracia data de 1974. En ese año se combinan dos elementos, por un lado los militares deciden abrir de forma tímida un espacio para la participación política en espacios locales y municipales, porque esto no amenazaba su control sobre el poder central. Junto a eso, llena de contradicciones, la oposición prodemocracia decide participar electoralmente bajo las reglas de la dictadura.
Bitar y Lowenthal reflejan en el libro, en el caso brasileño, la intensa discusión que rodeó al proceso: ¿Se debe participar en unas elecciones en las que la dictadura impone las normas? ¿Se debe promover el voto en unas elecciones en las que no está en juego la presidencia sino cargos “menores”?
Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, activista político y posteriormente presidente de Brasil, fue una figura clave en aquel momento para llamar a votar. Cardoso había regresado del exilio (había estado en Venezuela y en Chile) y sostenía, como otros activistas que, participando en las elecciones, aun cuando no estuviese en juego la presidencia, era el camino más seguro para ir recuperando de forma paulatina la democracia.
En el Brasil de los 1970, las elecciones municipales y las legislativas (con un número de escaños reducidos a los que podía acceder la oposición prodemocracia) allanaron el camino a un gran debate para que nuevamente se pudieran convocar elecciones presidenciales directas, no de segundo grado como tenía establecido el régimen militar. Esto no se alcanzó en 1982, como estaba previsto originalmente. Bajo un esquema de elecciones libres la dictadura militar se sabía derrotada.
Finalmente, en 1985, y bajo las reglas de la dictadura, se escogió en una elección de segundo grado a Tancredo Neves, como presidente, y a José Sarney, como vicepresidente. Esta dupla fue fruto de negociaciones entre militares, que tenían el poder, y los gradualistas prodemocracia.
La repentina muerte de Neves, poco antes de asumir el poder, abrió una inesperada presidencia de Sarney, a quien la sociedad identificaba como una ficha de la dictadura militar. El nuevo presidente, una vez se hizo del poder, y empujado por la presión que hacían los opositores desde el Congreso, lanzó una serie de reformas democráticas, incluyendo levantar la ilegalización de partidos de izquierda, abrirse a elecciones directas y encauzar el proceso para una nueva constitución, que se logra tres años después.
España o la transición pactada
El caso de España suele ser mencionado como ejemplo de una transición democrática exitosa. Y esto no es menor, dado el alto número de procesos prodemocracia que no logran el objetivo de restituir derechos y libertades. España había vivido una prolongada dictadura con “el caudillo”, como le gustaba ser llamado a Francisco Franco, quien gobernó desde 1939, cuando tuvo lugar el fin de la guerra civil española, hasta su muerte en 1975.
En el caso español, el libro de Bitar y Lowenthal sintetiza tres factores del proceso como elementos positivos para alcanzar el cambio democrático. En primer término, se usaron leyes e instituciones del antiguo régimen para allanar el camino al cambio; un segundo elemento fue la disposición para incluir a diversas fuerzas políticas en la toma de decisiones; y un tercer factor, fue el carácter secreto que tuvieron muchas negociaciones y la presencia reducida de actores políticos en éstas.
En 1947 había sido aprobada una Ley de Sucesión que además de definir a España como un reino, le daba la potestad a Franco para nombrar a su sucesor. Basado en esta ley, el propio caudillo propuso en 1969 al príncipe Juan Carlos como sucesor a título de Rey. Entonces tenía 31 años. Tal designación terminaría siendo clave una vez que falleciera el dictador.
En julio de 1976, diez meses después de la muerte de Franco, el ya Rey Juan Carlos tomó una decisión que sería un punto de inflexión en este camino de regreso a la democracia. Nombró como presidente a Adolfo Suárez, quien había sido funcionario del franquismo y por tanto se interpretó su designación como una señal de continuidad.
Suárez elaboró muy rápidamente una Ley de Reforma Política, que introdujo el voto universal, directo y secreto y la legalización de los partidos políticos. La democracia pactada entre distintas fuerzas políticas, incluyendo el naciente liderazgo de izquierda democrática de Felipe González al frente del PSOE, se hizo realidad en España.
En Filipinas un fraude electoral abrió camino a la democracia
Un caso emblemático analizado en el libro de Bitar y Lowenthal fue lo ocurrido en Filipinas. Ferdinand Marcos llegó al poder por vía democrática en 1965 pero una vez en la presidencia desmonta el estado democrático filipino y su régimen pasa a ser una dictadura abierta en este país asiático.
Filipinas resultaba un caso atípico en Asia. Tras la Segunda Guerra Mundial fue que alcanzó su independencia (antes había sido colonia de España y Japón también le había controlado) y, bajo una suerte de tutelaje de Washington, se implementó un sistema democrático bipartidista. Gracias a este modelo democrático Marcos llegó al poder y de forma autoritaria prolongó su mandato hasta la transición democrática de 1986.
Cuando en el libro se analiza el proceso prodemocracia de Filipinas, se logró identificar un hecho como punto de inflexión de lo que vendría luego. En 1983 fue asesinado el líder de la oposición Benigno Aquino, en el propio aeropuerto de Manila, cuando intentaba regresar al país tras varios años de exilio. Aquel hecho tuvo una honda repercusión e impacto, tanto interna como internacionalmente.
Junto a esto, y pese a la arremetida de Marcos, quien había ilegalizado diversos partidos y estaba señalado de fraude en anteriores elecciones, en 1984 y tras intensos debates la oposición prodemocracia decide presentarse en unos comicios legislativos. Pese a no controlar el parlamento, por una serie de artimañas y por el control de la dictadura sobre las instituciones, los resultados legislativos de 1984 impulsaron tanto a los actores prodemocracia, como a Estados Unidos y otros actores a insistir en la necesidad de unas elecciones presidenciales anticipadas. Estas tuvieron lugar en 1986.
Corazón Aquino, viuda del líder opositor asesinado en 1983, sin tener ninguna experiencia política, se convirtió en un símbolo del compromiso democrático. La Iglesia, empresarios y una naciente sociedad civil de clase media se activaron y organizaron para hacer un escrutinio independiente, para demostrar que Aquino había triunfado y que Marcos pretendía continuar en el poder gracias a un fraude.
Las denuncias de fraude, documentadas por un variopinto movimiento a favor de la democracia, llevaron a que un grupo dentro de las fuerzas armadas intentara un golpe de Estado en contra de Marcos. Aunque falló, este hecho, junto con la indignación por el fraude que pretendía llevar adelante Marcos, movilizó a millones de filipinos, que pese a la represión reinante se lanzaron a las calles de forma pacífica.
En aquel febrero de 1986, se registraron tres días de protestas multitudinarias: calles y avenidas desbordadas por una ciudadanía que de forma espontánea se lanzó a protestar pacíficamente. Denunciar el fraude y exigir el respeto a la voluntad popular, que se había manifestado en las urnas, fue su bandera central y unificadora.
Aunque inicialmente el dictador se había proclamado vencedor en estas elecciones, gracias a un fraude institucional, se combinaron tres factores para alcanzar un resultado distinto a lo que pretendía la dictadura: la gigantesca presión de calle, el malestar dentro de los cuarteles y las negociaciones con actores internacionales. Estas últimas dieron paso a que el dictador Ferdinand Marcos dejara el poder y se estableciera en la isla de Guam, un territorio bajo administración estadounidense. Al día siguiente de su huida, Corazón Aquino juró como presidenta de Filipinas.
Andrés Cañizález
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