¿Cuál será el costo político de la victoria de Macron en la reforma de las pensiones?

La controvertida reforma de pensiones del presidente francés Emmanuel Macron que motivó meses de protestas masivas, fue confirmada por el Consejo Constitucional de Francia el pasado viernes 14 de abril y promulgada por el presidente de Francia en la madrugada del sábado.

Las disposiciones de la legislación, entre ellas el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, fueron evaluadas por los nueve miembros del Consejo Constitucional de Francia, conocidos comúnmente como “los sabios”, encontrándolas acordes con la constitución de la república francesa.

«El Consejo Constitucional ha examinado la aplicación de los artículos invocados [por el gobierno] y ha constatado que ninguno de ellos ha infringido la ley», declaró el viernes uno de los responsables del Consejo.

Se rechazaron varias propuestas menores de la reforma, que incluían iniciativas para obligar a las empresas importantes a revelar información sobre el número de trabajadores mayores de 55 años que emplean, y un plan para establecer un contrato laboral único para los empleados de más edad.

El Consejo también rechazó la petición de los diputados de la oposición de permitir la fase inicial de organización de un referéndum para establecer la edad legal de jubilación en 62 años.

La sentencia causó decepción y furia entre los opositores a la nueva legislación de pensiones, que se habían congregado frente a la Alcaldía de París el viernes por la noche cuando se dictó el veredicto. Aunque la mayoría de los manifestantes coreaban pacíficamente, algunos prendieron fuego a contenedores de basura.

El presidente Macron sostiene que la reforma pensional es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones. De acuerdo con el ejecutivo, de no haber introducido la reforma, habría un déficit anual de 14.800 millones de dólares para 2030. Paradójicamente, la insistencia de Macrón en dichas reformas, que considera de interés general del país, le han arrojado un costo político en términos de respaldo de la población.

Francia dedica alrededor del 14% de su PIB a las pensiones públicas, lo que supone casi el doble de la media de los demás países de la OCDE. A medida que la población envejece, este gasto va en aumento. Actualmente hay 17 millones de jubilados en Francia, cuatro millones más que en 2004. El aumento de la edad de jubilación ha sido demostrado por otras naciones europeas como un método viable para hacer frente al déficit de financiación.

Si bien la decisión del Consejo Constitucional representa una victoria importante para la administración del presidente Macron, tiene un alto costo político. El presidente francés no sólo ha visto su caer su índice de aprobación a un 28%, de acuerdo con datos de Politico Research, el nivel más bajo desde la manifestación popular de los chalecos amarillos de 2018-2019, sino que además, su decisión de aplicar el artículo 49.3 de la constitución de Francia, eludiendo el escrutinio y voto legislativo de la Asamblea Nacional, le llevó a perder la coalición legislativa que le otorgaba una estrecha mayoría legislativa, dejando su gobierno en una crisis de gobernabilidad.

El líder de extrema izquierda del partido Francia Insumisa, criticó la decisión del Consejo Constitucional a través de Twitter: «La sentencia del Consejo Constitucional indica su mayor atención a las exigencias de una monarquía presidencial que a las de los ciudadanos». También desde la extrema derecha, Marine Le Pen se pronunció en contra del presidente y prometió persistir en la lucha contra la «innecesaria e injusta» reforma a través de declaraciones en Internet.

El presidente francés ha invitado a los sindicatos a reunirse con él en el Palacio del Elíseo. Un portavoz de su gobierno declaró que la reforma propuesta permitiría estabilizar las finanzas del sistema de pensiones para 2030, haciendo sostenible el sistema de pensiones. El Gobierno expresó su interés en entablar conversaciones con los sindicatos y otras partes interesadas a fin de mejorar la calidad del empleo, las condiciones laborales y lograr la meta de pleno empleo, añadió el portavoz.

Según el Ministerio del Interior, unas 380.000 personas de todo el país se unieron el jueves a las protestas encabezadas por los sindicatos, lo que supuso una nueva jornada de manifestaciones en contra del proyecto de ley desde enero. Sin embargo, esta cifra fue significativamente inferior a los casi 1,3 millones que participaron en el punto álgido de las protestas en marzo. A pesar de la disminución de la participación, algunos sindicatos han advertido que seguirán protestando contra la reforma de las pensiones.

Para mantener el liderazgo democrático, es crucial lograr un consenso sostenido y deliberado. Este deber recae no sólo en el presidente, sino también en los legisladores, que han permanecido inertes durante el debate pensional, que a pesar de comprender las consecuencias económicas y sociales de no hacer un especial esfuerzo por la sostenibilidad del sistema de pensiones más generoso de Europa, decidieron abstenerse por miedo al costo político de emitir una opinión impopular.

Aunque Macron ha logrado sacar adelante la reforma de las pensiones, sigue teniendo otras iniciativas bajo la manga. Entre las propuestas de su campaña para el segundo mandato figuran lograr emisiones netas cero, reducir el desempleo y mejorar la educación en zonas remotas.

El presidente, de 45 años, está en el primer año de su segundo mandato. Sin embargo, algunos expertos ya expresan preocupación por la posibilidad de que surja un líder populista para las elecciones de 2027, como Marine Le Pen o Jean-Luc Melenchon.

Si Macron no logra mejorar la calidad de vida de los franceses, podría ser muy difícil frenar el populismo que alimenta a los extremos políticos.