¿Cuál es el significado del informe de Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela?

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe oral sobre la situación de Venezuela, en el que expresó su preocupación por “la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.

Aunque es solo un avance del informe sobre Venezuela que debe presentar en junio por mandato del Consejo de Derechos Humanos, sus palabras incluyeron un panorama amplio de violaciones a los derechos humanos documentadas por su oficina: en educación, salud, ataques a la libertad de expresión, criminalización de la protesta, colapso de los servicios públicos, persecución a la prensa, ejecuciones durante actuaciones policiales, torturas y el uso de grupos armados para atacar a la población.

Carlos Ayala Corao, vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que el discurso de Bachelet es un paso importante para exponer la situación venezolana.

“Es muy importante que la grave situación que está ocurriendo en Venezuela sea debidamente comprendida, debidamente documentada, para que se movilicen esfuerzos para su superación a nivel multilateral y a nivel de organismos, no solamente de Naciones Unidas, sino de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, de la Organización Panamericana de Salud, de los distintos organismos y agencias internacionales”.

Aunque Bachelet ya había hecho algunos pronunciamientos en prensa, este informe “es la primera vez que ella toma posición desde que está en el cargo” sobre los temas que su oficina ha investigado en Venezuela.

Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), organización defensora de los derechos humanos creada en 1988, considera que las palabras de Bachelet fueron “un buen resumen del drama que estamos viviendo” y destaca que la Alta Comisionada reconoció que es una crisis que inició antes de la implementación de sanciones contra el gobierno. “Era importante esa aclaratoria”.

“Significa el punto mayor que podamos tener de la denuncia sobre la situación venezolana a nivel internacional, porque la voz del Alto Comisionado es la voz de mayor autoridad internacional en la materia y es un informe que es irrefutable para todos los países, para todas las organizaciones sociales que estén interesadas en la situación venezolana”, considera Uzcátegui.

Superar la negación a la crisis

Aunque los temas planteados por la Alta Comisionada han sido denunciados por años desde diferentes organizaciones no gubernamentales, Ayala Corao y Uzcátegui coinciden en que este informe oral —y el informe definitivo que será presentado en junio— dan respaldo y mayor peso a las denuncias sobre la crisis.

“Muchas veces hemos tenido que vencer la incredulidad. Incluso nos han acusado de que no estamos diciendo la verdad. Es muy importante que ella se haya hecho eco de todas estas situaciones, además que su equipo haya podido visitar Venezuela y las haya constatado en primera persona. Esto se convierte para nosotros en una importante herramienta para los sectores que siguen siendo incrédulos, que siguen teniendo dudas sobre lo que está pasando en Venezuela o que incluso siguen mostrando su apoyo a un gobierno autoritario”, comenta Uzcátegui.

Destaca, además, que la Alta Comisionada señaló a las autoridades venezolanas por no reconocer la magnitud de la crisis.

Ayala Corao coincide en que el pronunciamiento de Bachelet contribuye a superar la negación sobre la gravedad de la situación venezolana:

“Creo que lo que también quedó despejado es que no es un tema ideológico lo que está pasando en Venezuela, de izquierdas o de derechas o lo que sea. Es un tema en que, objetivamente, la población venezolana, como consecuencia del desmantelamiento de la institucionalidad del Estado, el desmantelamiento de los servicios públicos y la represión, está sufriendo una grave crisis”.

Seguimiento al caso de Venezuela

El informe oral presentado por Bachelet hace seguimiento a la situación de Venezuela que ya había adelantado la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos desde tiempos de su predecesor, Zeid Ra’ad al Hussein. Este es el primer informe que lidera Bachelet, pero es el tercero que realiza el organismo sobre la situación venezolana. Los reportes anteriores fueron realizados en 2017 y 2018.

Provea ha tenido comunicación constante con el equipo del Alto Comisionado que monitorea la situación venezolana. “Hemos mantenido comunicación con el equipo técnico desde el año 2017 cuando se realizó el primer informe oficial sobre Venezuela, suministramos información, estuvimos en contacto permanente, pero especialmente para el informe especial del año pasado, en 2018”, comenta Uzcátegui.

“Había alguna duda que tenían algunas personas de si la comisionada Bachelet iba a seguir la línea de su antecesor [Zeid Ra’ad al Hussein] en la documentación de la situación de Venezuela o si había sido algo más personal de aquel e iba a cambiar esa línea. Creo que esa duda quedó despejada”, agrega Ayala Corao.

Como parte del seguimiento a la crisis, la Oficina del Alto Comisionado envió un equipo técnico que visitó Venezuela entre el 11 y el 22 de marzo para verificar si hay condiciones para que Bachelet visite el país, después de haber sido invitada por el gobierno de Nicolás Maduro y también por la Asamblea Nacional.

El Consejo de Derechos Humanos establece unos términos de referencia para sus visitas, los protocolos que se deben cumplir para una visita de la Alta Comisionada o de su equipo. Entre otras cosas, requieren libertad para desplazarse en todo el territorio, tener acceso a todas las partes y que haya garantía de seguridad sin represalias para todas las personas que colaboren con los diplomáticos. En esta visita, la mayoría de los protocolos fueron incumplidos.

“No todas las puertas se abrieron. Las puertas del Sebin y del Helicoide no se abrieron. Otras se abrieron sin seguir los protocolos, porque en las visitas de cárceles, si bien deben contar con un mínimo de apoyo y seguridad, no pueden ir acompañados de autoridades que impidan que las personas, los presos, puedan hablar libremente (…) es una contradicción que el gobierno invita sabiendo cómo son los protocolos y después en el terreno se incumplen. Eso es particularmente grave y estoy seguro que va a tener consecuencias en el informe final”, explica Ayala Corao.

Uzcátegui agrega que los integrantes del equipo técnico fueron testigos de represalias contra personas que querían conversar con ellos durante su visita en Lara y Carabobo. Eso es una violación evidente de los protocolos. “El abanico de represalias es muy grande. No solamente es detenciones, es que te quiten la bolsa CLAP, es que despidan a tu primo, tu tío, tu esposa, que está trabajando en una institución pública”.

¿Qué puede ocurrir después del informe?

Uzcátegui explica que los tratados sobre derechos humanos no tienen carácter vinculante desde el punto de vista jurídico, pero el informe de la Oficina del Alto Comisionado puede dar pie a nuevas medidas y acciones que contribuyan a aumentar la presión internacional.

Entre otras cosas, plantea Uzcátegui, el Consejo de Derechos Humanos puede mantener el seguimiento a la situación, exigir al gobierno venezolano que cumpla con lo establecido en los trabajos y pedir a otros países que presionen a Venezuela. Por otro lado, el informe también ayuda a los defensores de derechos humanos para ganar apoyo en el extranjero, en diferentes sectores de países como Chile o Italia.

“Es claro que la posible presencia de Bachelet no es una protección a los venezolanos, pero su mirada, su foco, sus palabras siguen elevando el costo político del abuso de poder y de la vulneración de la vida humana dentro de nuestro país”, dice Uzcátegui.

Un día después del informe oral de Bachelet, nueve relatores expertos de la ONU sobre derechos humanos difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela durante las protestas de enero de 2019.

“Son varios relatores, expertos internacionales de Naciones Unidas, en materia de libertad de expresión, en materia de ejecuciones extrajudiciales, asociación, derechos humanos. Es algo sin precedente”, dice Ayala Corao.

Tanto Uzcátegui como Ayala Corao consideran que la consecuencia más favorable de este informe pudiera ser la instalación de una oficina permanente del Alto Comisionado en Venezuela.

“La situación de los derechos humanos se ha deteriorado de tal manera que requiere un esfuerzo permanente y requiere que se establezca en el terreno una oficina para llevar un monitoreo más de cerca y en el futuro poder apoyar a las nuevas autoridades en la adopción de las medidas para la superación de la crisis venezolana, con un monitoreo mucho más cerca en materia de derechos humanos”, dice Ayala Corao.

“Nosotros absolutamente estamos de acuerdo con que haya una presencia permanente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela para que pueda de manera presencial darle un monitoreo constante a la evolución de la situación en nuestro país, brindar información, recibir testimonios y puedan hacer ese trabajo de manera permanente”, agrega Uzcátegui.

Ambos coinciden en que las palabras de Bachelet también contribuyen a impulsar medidas de protección para los más de tres millones de venezolanos que han emigrado por la crisis.

La presentación del informe definitivo sobre Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos está prevista para junio. Una vez terminada la visita del equipo técnico el 22 de marzo, el organismo deberá definir si hay condiciones para que la Alta Comisionada Bachelet visite Venezuela personalmente antes de concluir el informe.

“Es evidente que con la experiencia de esta misión preparatoria, [Bachelet] tenga que exigir el estricto cumplimiento de los protocolos para una visita. A menos de que ocurra lo que ocurrió con la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que al principio la invitaron, después pasaron varios años sin fijar la fecha y después dijeron que no iban a permitir la visita”, concluye Ayala Corao.

“Es importante que la visita a Venezuela no sea una fotografía sino que tiene que ser parte de un proceso amplio en donde el gobierno en primer lugar reconozca los problemas y en segundo lugar tenga voluntad de cambio para introducir correctivos a la situación. Eso nos parece bien complicado que Nicolás Maduro lo pueda cumplir”, advierte Uzcátegui.