¿Cuál es el estado de la democracia en la Croacia de Kolinda Grabar?

Que Vladimir Putin haya invertido con éxito miles de millones en el reciente Mundial de Fútbol, para lavarle la cara a su régimen autoritario, ya lo sabíamos antes de que comenzara a rodar el balón en Rusia. La lluvia de la ceremonia final y la tosca respuesta de su cerco de seguridad le arruinaron parcialmente la inversión, pues el mundo vio en vivo y directo la naturaleza de su personalidad.

El mundial será recordado también por la imagen del ex agente secreto, devenido en hombre fuerte de Rusia, protegido de la lluvia, mientras que quienes le rodeaban en el acto de clausura sencillamente estaban empapados. En esa ceremonia de clausura resaltó la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kiratovic.  Sin invertir una fortuna, como lo hizo Putin, ella también terminó lavando la cara de su gobierno.

La presidencia de Kolinda Grabar-Kiratovic marcó un hito en la historia postsoviética de Europa central. Ha sido la primera mujer en acceder a la presidencia en su país y lo alcanzó luego de una curtida trayectoria que incluyo altos cargos dentro de la OTAN y la representación de Zagreb como embajadora ante Estados Unidos.

El sistema croata es mixto. El presidente es el jefe de Estado, elegido por sufragio directo para un término de cinco años, limitado por la constitución a un máximo de dos mandatos. Además de ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas, tiene la obligación de elegir al primer ministro con la aprobación del parlamento, y juega un papel importante en la política exterior. El gobierno cotidianamente es manejado por el primer ministro.

Algunos analistas le consideran semejante al sistema alemán, pero la impronta personal de Kolinda ha marcado una pauta de relevancia para la presidencia, opacando en muchos sentidos al primer ministro. Un asunto que no ocurre en Alemania, donde el presidente tiene funciones muy militadas y protocolares.

La revisión de los informes recientes de tres organizaciones bastante reconocidas en el mundo de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y Freedom House, permiten comprobar el estado no precisamente satisfactorio de los derechos humanos en Croacia bajo el mandato de su primera mujer en la presidencia, quien asumió el poder en febrero de 2015, y que tras el Mundial de Rusia se encamina a una reelección en 2019, cuando deben celebrarse elecciones presidenciales y legislativas.

Detrás de las abundantes noticias, absolutamente positivas, hurgando me topé con reseñas de medios internacionales de prensa sobre la política antimigratoria y xenófoba que promueve Croacia, pero eso –en verdad- es sólo una pieza del ajedrez. Para Freedom House, por ejemplo, tras su ingreso a la Unión Europea en 2013, Croacia en estos años no cumplió con el protocolo de transición para adaptarse a los estándares democráticos de la comunidad.

La politización en la selección de los jueces sigue siendo moneda corriente en Croacia; los lazos nada transparentes entre poder político y poder económico (éste surgido de la propia élite que gobernaba cuando Croacia formaba parte de la antigua Yugoslavia socialista); la inacción para esclarecer los crímenes de guerra de hace dos décadas; mientras que en las calles de Zagreb (la capital croata) se registran manifestaciones de rechazo a migrantes, contra la diversidad sexual y en contra del aborto, pese a que éste en la primera etapa de gestación está reconocido.

Las autoridades del gobierno de Zagreb han puesto trabas para el acceso a financiamiento, incluso de la UE, de medios de comunicación independientes y de organizaciones autónomas de la sociedad civil.

“En Croacia, los periodistas que investigan la corrupción, el crimen organizado y los crímenes de guerra a menudo son víctimas de campañas de acoso. En este país la difamación está penalizada y el insulto a la ´República, su emblema, himno nacional o bandera´ puede castigarse con una pena de tres años de cárcel. Más grave aún, desde 2013 las declaraciones consideradas ´humillantes´ también son sancionadas por la vía penal”, de esta forma arranca el texto del informe 2018 de Reporteros Sin Fronteras dedicado a la Croacia.

Un poco más abajo en la misma web de RSF leo otra cosa que me parece muy conocida viviendo en Venezuela: “Los ataques físicos, las amenazas y las agresiones en Internet a periodistas siguen siendo un problema importante en el país”.

Para Amnistía Internacional, por su parte, lo más resaltante es lo relacionado con el cierre de las fronteras de Croacia a los emigrantes y refugiados. Según AI, en Croacia prosigue la discriminación de las minorías étnicas y sexuales. Las personas refugiadas y migrantes que entraron en el país de forma irregular fueron devueltas sin que tuvieran acceso a un proceso de solicitud de asilo efectivo.

Croacia aceptó menos de una décima parte de las personas refugiadas y solicitantes de asilo a las que se había comprometido a reubicar y reasentar en virtud de los programas de la UE. Para 2017, Croacia se comprometió a aceptar a 1.600 personas refugiadas y solicitantes de asilo para final de año, pero sólo se había reubicado a menos de 100 personas y no se había reasentado a ninguna.

Niños, niñas y adolescentes sin acompañantes constituyen una cuarta parte de los solicitantes de asilo en Croacia, como destaca Amnistía Internacional. No hay una política de acogida ni siquiera en esos casos. Para ellos no parece haber dulzura ni humanidad por parte de la presidenta croata.

Croacia bajo la lupa de otros índices e indicadores internacionales tiene una evaluación de luces y sombras.  En 2014 ocupaba el puesto 61 en la valoración de Transparencia Internacional, a partir de la percepción de empresarios y analistas, y mejoró al ocupar la posición 57 en 2017.  En consonancia con los postulados liberales de la Fundación Heritage y su ranking mundial de libertades económicas, bajo el gobierno de Kolinda Croacia pasó de estar ubicado en puesto 95 al 78 entre 2014 y 2017.

Empero, la valoración general sobre la democracia croata ha descendido en estos años. En el índice de democracia que realiza The Economist, Zagreb descendió de la posición 50 a la 58 entre 2014 y 2017.

Pero tal vez el caso que mejor retrate a la popular presidenta es éste, reseñado por el Instituto Elcano de Madrid. Para ganarse el apoyo de la derecha extrema, durante la campaña electoral, Kolinda visitó al general Ante Gotovina, acusado por crímenes de guerra contra los serbios, condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que luego lo absolvió por falta de pruebas.

Gotovina había sido acusado por la muerte de 150 civiles serbios y la desaparición de varios cientos en un rápido ataque contra la autoproclamada República Serbia de Krajina, en 1995. Se le señalaron igualmente actos de persecución contra la población serbia, la destrucción y el saqueo de sus bienes, así como por la deportación de 250.000 habitantes de esa etnia. Gotovina es un héroe para Kolinda, según sus propias palabras.