Asamblea Nacional oficialista aprueba en primera discusión proyecto de ley para fiscalizar las ONG

Fotografía de Cristian Hernández | AFP

El martes 24 de enero, la Asamblea Nacional oficialista aprobó un Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. 

El proyecto, que tiene como objetivo regular el funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país, establece ilícitos y sanciones a las organizaciones que incumplan sus disposiciones. Las declaraciones durante el debate señalaron a las organizaciones que trabajan “con fines políticos” y que reciben financiamiento desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos.

“Hay, por lo menos, 62 ONG que operan con fines políticos en este país y reciben financiamiento de organismos de otras naciones, de gobiernos distintos al gobierno bolivariano, y ahora el fin ya no es humanitario ni social, sino de imponer su democracia”, dijo el diputado Diosdado Cabello. 

Entre ellas, nombró a las organizaciones Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, entre otros. 

El texto fue aprobado en primera discusión del Parlamento, sin su publicación previa. “Al desconocerse el contenido de la propuesta de ley se pone a las ‘ONG y afines’, y en general a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos en Venezuela”, tuiteó la ONG Acceso a la Justicia. 

Algunas de las organizaciones no gubernamentales señaladas durante la sesión han tenido un rol importante en la documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Han colaborado con los funcionarios de la Misión de determinación de los hechos del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. 

A partir de las denuncias internacionales y misiones de investigación en Venezuela, en 2020 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017”. 

A finales de 2021, durante una visita en Venezuela del fiscal de la CPI, Karim Khan, se anunció la apertura formal de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el país.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que la legislación presentada en la Asamblea Nacional implica una criminalización de las asociaciones. En su cuenta de Twitter compartió una imagen que refiere al artículo 16 del nuevo proyecto, en el cual se establece que las ONG podrían ser sancionadas con multas de hasta 200 petros (cantidad equivalente a 12.000 dólares).

Avanza la criminalización.

Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 Petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento.

Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas. https://t.co/XHHK7HpZfs pic.twitter.com/9ef3MHQOVU

— PROVEA (@_Provea) January 24, 2023

No es la primera vez que se plantea una legislación de este tipo en Venezuela. En el año 2005, durante la presidencia de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, se presentó una Ley de Cooperación Internacional. El texto fue aprobado en primera discusión, pero no se volvió a presentar. En 2010 y 2015 se volvió a plantear la posibilidad, pero no se concretó. En total, en al menos cinco ocasiones se han presentado legislaciones similares.

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