4 preguntas sobre el nuevo informe de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela

En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una misión de investigación independiente sobre Venezuela por dos años. En 2020 concluyó “con motivos razonables, que las autoridades del Estado, incluidas personas de los más altos niveles del Gobierno, habían orquestado y aplicado una política para ‘silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno del Presidente Maduro’”. Ese año el Consejo prorrogó por dos años su mandato y en septiembre de 2021 presentó un segundo informe y un tercero en septiembre de 2023.

El pasado lunes 25 de septiembre la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó su tercer informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

La Misión calificó la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) como parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en julio de 2022, “como continuación, en términos de estructura, mando y modus operandi, de las Fuerzas de Acciones Especiales” (FAES), organismo que había recomendado disolver en 2019 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

En el informe mencionan que “muchos oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales, algunos de los cuales fueron identificados como implicados en manifiestas violaciones de los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad, desempeñan ahora funciones clave dentro de la cadena de mando de la nueva Dirección”.

Además, la Comisión expresó que “lamenta que el Gobierno venezolano continúe negándose a colaborar con la misión”.

Prodavinci entrevistó a Alí Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y codirector de Acceso a la Justicia, para conocer la importancia de este tipo de informes, qué esperar a futuro y qué implicaciones tienen estos procesos. 

—¿Cuál es la relevancia de estos informes en materia de derechos humanos?

—Hay una matriz de opinión bastante arraigada en el país, incluso dentro de supuestos opositores, que dice que eso no sirve para nada, que eso es más papel para un archivo de Naciones Unidas. Entonces, ¿debemos quedarnos callados? ¿Debemos decirle a un familiar que le han matado o torturado a un hijo, o que ha sido ella misma objeto de tortura, que no diga nada porque su caso va a quedar en la impunidad?

En estos informes en particular, la primera razón son las víctimas. ¿Por qué? Porque hay que entender que la justicia es algo más que llevar a unos señores en bragas a una cárcel. La justicia tiene muchísimas maneras de expresarse. Una de las primeras y la más importante es la memoria histórica. Y la memoria histórica implica que las víctimas se sientan escuchadas, que es justamente lo primero que no ocurre en Venezuela. 

Entonces, es importante que las víctimas digan: “Esta es mi verdad y tengo las pruebas para confirmar lo que estoy diciendo” y que las Naciones Unidas respondan: “Aquí hay personas que efectivamente tienen un testimonio creíble de lo que está ocurriendo en el país”. Porque sin memoria no hay justicia. Para nosotros este tipo de informes es importante porque presentan testimonios, nombres y apellidos. Eso anima y da esperanza a las víctimas porque ya de por sí saben que estas luchas son de largo aliento. 

Lo segundo es que estos informes tienen una trascendencia enorme porque son testimonios que, de alguna manera, desvirtúan todo este discurso de que “Venezuela se arregló”, que tiene unas implicaciones mucho más allá de la frontera venezolana. En círculos diplomáticos este tema llegó a tener algún calado; entonces había gente que decía: “Bueno, pero ya no hay denuncias de tortura, no hay denuncias de detenciones arbitrarias”, etcétera. Y no era cierto.

Lo tercero es que la Corte Penal Internacional está tomando en cuenta los informes de la misión. Eso ya ocurrió, no ahorita, sino en noviembre del año pasado, cuando el fiscal se opuso a la solicitud del gobierno de suspender la investigación. Y para ello utilizó dos informes: el informe sobre el Poder Judicial y el informe sobre torturas. Esto quiere decir que la Fiscalía de la Corte considera que la Misión está llevando una investigación muy seria”.

—¿Hay otros países que han pasado por procesos similares al de Venezuela? 

—El caso más llamativo es el de Myanmar (Birmania). Este caso era particularmente difícil porque, a diferencia de Venezuela, Myanmar no había suscrito, y todavía no lo ha hecho tampoco, el Estatuto de Roma, con lo cual la CPI no podía hacer nada respecto. 

¿Qué ocurrió? Myanmar no quería colaborar, entonces el Consejo de Derechos Humanos creó una misión de determinación de los hechos que trabajó desde Bangladesh, un país que está en la frontera. Y levantó un informe muy bien elaborado entrevistando a los refugiados que salían del territorio de Myanmar. Se pudo crear toda una cadena de mando y una lista de cómplices del genocidio de los indios, empezando por el jefe de la Fuerza Armada.

Por supuesto, la mayoría de los nombres estuvieron bajo reserva. No se hicieron públicos. Se quedaron solo con los cabecillas y el resto de la cadena de mando quedó bajo reserva justamente para preservarlo para las investigaciones. Con ese informe, Bangladesh, como país miembro de la CPI, pidió elevar la solicitud para que se hiciera este examen preliminar y se hizo.

Entonces ahí vemos un precedente de cómo una misión de determinación de hechos pudo elaborar información que después sirvió para crear una investigación ante la Corte Penal Internacional. 

—¿En qué se centra el último informe sobre Venezuela? 

—En el Consejo se ha dejado constancia de que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, sobre todo detenciones arbitrarias, desaparición forzosa, violencia sexual. Este último es un elemento que hay que destacar del último informe. [Según el informe,“para el periodo desde 2020-2023, la misión ha investigado los casos de 19 personas víctimas de violencia sexual o de género en lugares de detención, incluyendo personas opositoras, reales o percibidas como tales, sus familiares, sus abogados o abogadas (cuatro hombres y 15 mujeres, incluyendo una mujer transgénero)”]. 

La violencia sexual siempre había quedado sola, apagada respecto a los otros elementos. Y en los últimos informes, sobre todo el de tortura y en este de ahora, se pone en evidencia no solamente que la violencia sexual siempre está presente cuando se trata de actos de tortura como elemento aparte, sino que además se ha ampliado. 

—La labor de la misión internacional termina en septiembre de 2024. ¿Cree que debería renovarse por tercera vez?

—Las organizaciones de derechos humanos consideramos que es un mandato que debería renovarse. Porque, por ejemplo, en el supuesto de los temas de las torturas, solamente se tocaron al DGCIM y SEBIN, pero quedó por fuera averiguar a otros organismos. 

Sabemos que se cometen crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados y sabemos que de aquí a un año no va a haber tiempo suficiente para abarcar todos los temas. Esta misión ha hecho informes muy acuciosos, que toman tiempo. Desde ya estamos haciendo todo lo que haya que hacer para tratar de que esto se extienda, por otros años, porque consideramos que todavía queda mucho trabajo por hacer.

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