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Perspectivas

Venezuela 2019: nuevo intento por alcanzar la transición democrática

por Margarita López Maya

Fotografía de Federico Parra | AFP

21/01/2019

El 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro inició un segundo período presidencial presentándose para el juramento protocolar ante el Tribunal Suprema de Justicia (TSJ). Enseguida se dirigió al Fuerte Tiuna para escuchar un juramento de lealtad a su persona por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en boca del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López. Fueron ceremonias inéditas, pues los presidentes electos tienen pautado por la constitución presentarse ante la Asamblea Nacional (AN) para hacer el juramento de inicio de mandato. Pero Maduro ya no es un presidente electo, sino un dictador, que en 2018 se hizo elegir en comicios que no han sido reconocidos, por el cúmulo de irregularidades con que fueron llevadas a cabo, ni por el parlamento venezolano, ni por actores relevantes de la comunidad internacional.

Así, la situación política de Venezuela para 2019 se enmarca en un contexto abiertamente autoritario y altamente conflictivo, donde la sociedad ya da señales de que participará en una confrontación de resultado incierto. Al igual que otros años de alta beligerancia ocurridos en el pasado, 2019 encuentra a las fuerzas que apoyan a Maduro, poderosas pero minoritarias, aferrándose al poder, mientras que los actores nacionales opositores se aprestan de nuevo a buscar el anhelado cambio democrático para Venezuela. Tal cambio es reconocido hoy como condición sine qua non para superar la aguda, global y estructural crisis.

1. La crisis estructural de Venezuela

Como resultado de las orientaciones de gestión del primer gobierno de Nicolás Maduro, la crisis venezolana ha alcanzado una escala sin precedentes en la historia del país y en muchos aspectos en la de América Latina. Se ha producido el colapso del aparato productivo, incluyendo la bancarrota de la estatal petrolera, PDVSA, y el retroceso de los avances en bienes y servicios alcanzados en la modernización desarrollista del pasado. Igualmente, Maduro puso punto final al régimen democrático construido por varias generaciones de venezolanos. Sobre los escombros de la sociedad y de la república, la élite gobernante se empeña en permanecer de manera indefinida en el poder con la consolidación de una dictadura totalitaria, afín al modelo de Cuba, que ha sobrevivido seis décadas.

El viaje hacia este régimen ha sido posible gracias a múltiples factores nacionales e internacionales. En lo interno y político, una ruptura populista ocurrida en las elecciones de 1998, permitió el ascenso al poder de un líder mesiánico y una nueva élite, que rechazó el proceso modernizador y democratizador previo, para instaurar un orden revolucionario, anti capitalista en lo económico y anti representativo y/o iliberal en lo político. Al desaparecer hacia 2013 los principales soportes legitimadores de este proyecto: el líder mesiánico y los recursos inagotables derivados de la renta petrolera, la élite profundizó un modelo autoritario y de rasgos totalitarios, de naturaleza patrimonialista, como modo de perpetuarse en el poder.

El proyecto chavista ha fracasado como capaz de resolver los problemas estructurales que aquejaban a la sociedad ya hacía al menos dos décadas. Si algo consiguió dicho proyecto fue agravar los problemas que en primer lugar habían ocasionado la crisis societal desde los años ochenta.

La literatura sobre la crisis estructural de la economía petrolera rentística venezolana es abundante. Según ella, la sociedad fue moldeada en el siglo XX por una economía dependiente del petróleo, mercancía que requiere de un esfuerzo mínimo para ser extraído, pero proporciona una renta significativa, que se obtiene de colocarlo en el mercado mundial. Esa renta, en Venezuela, ingresa a las arcas del Estado y desde ahí se distribuye a la sociedad a través de planes y criterios emanados básicamente de las élites gobernantes. Venezuela posee lo que se conoce como un Petroestado, es decir, una estructura estatal moldeada por el negocio petrolero, que tiende a ser centralizado, ineficiente y corrupto. La clase gobernante tiende a independizarse de la sociedad pues ésta carece de músculo para controlarla. Los contrapesos institucionales sobre el Ejecutivo son débiles, pues desde allí es donde se administra este recurso, superior a cualquier sector privado nacional.

Así, la modernización venezolana si bien pareció muy exitosa, tuvo su talón de Aquiles en la extrema dependencia al ingreso fiscal petrolero, condicionado al precio internacional de éste, sobre el cual el país tiene poco control. La economía rentística dio forma a una sociedad en apariencia moderna, pero donde el trabajo y su producto tuvieron poca relación. La renta moldeó una sociedad poco productiva con niveles de consumo impensables en otras sociedades modernas no rentísticas. Hacia fines de los setenta este problema estructural se hizo presente e insoluble, agravado por la inestabilidad del precio petrolero internacional. Ello engendró una crisis societal global, abrupto empobrecimiento y descontento generalizado.

A fines del siglo emergió el líder populista Hugo Chávez y su movimiento bolivariano como alternativa societal. La ciudadanía respaldó su oferta de cambio hacia la democracia participativa y protagónica, que devino en el proyecto socialista en curso. Su concepción económica sería inicialmente antineoliberal, luego antimercado, lo que profundizó los rasgos rentísticos de la economía. Con la crisis hipotecaria de EEUU y sus consecuencias en la economía-mundo y, a fines de 2013, la caída abrupta de los precios petroleros, se hizo claro que el proyecto, lejos de subsanar las fallas estructurales de la economía, las había profundizado.

Chávez en lo político, por otra parte, se movió tempranamente para obtener el control del Poder Judicial para garantizarse libertad de acción y darles una fachada legal a sus decisiones. En su segundo gobierno impuso sin apoyo popular el socialismo del siglo XXI, una propuesta distinta a la participativa, ya abiertamente autoritaria y centralista, cuyo objetivo explícito, crear un hombre nuevo reveló rasgos totalitarios. La falta de contrapesos institucionales al Ejecutivo, la eliminación del pluralismo y del sufragio universal, directo y secreto en la propuesta del Estado Comunal, el despojo de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), el debilitamiento de la alternancia y la obligación de toda organización social de construir el socialismo, presentes en los documentos oficiales actuales, lo alinea con los modelos socialistas fracasados del siglo XX. La ausencia de contrapesos al poder se constituyó en caldo de cultivo perfecto para la metástasis de una corrupción generalizada y la penetración del crimen organizado en todos los espacios del Petroestado, haciéndolo crecientemente incapaz de cumplir funciones mínimas de Estado y dejando a la población sin acceso a derechos humanos básicos.

2. Conflicto y lucha política en tiempos de Maduro

Ante el fracaso del proyecto, hacia 2013, ya electo Maduro como sucesor del líder mesiánico, la sociedad entró de nuevo en crisis abismal y conflictividad social creciente. La élite gobernante ha intentado estabilizarse, arrogándose derechos como discípulos del comandante eterno, respaldándose con una combinación de represión, propaganda totalitaria y el desarrollo de instrumentos clientelares y de control social como el Carnet de la Patria y las cajas de comida distribuidas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Esta deriva ha encontrado constante y creciente rechazo por parte de sectores de la sociedad, inicialmente de ingresos altos y medios, pero hoy extendido a todos los estratos sociales y expresado en permanente y creciente turbulencia sociopolítica. En 2014, 2016 y 2017, la confrontación fue especialmente abierta e intensa, pero de poco resultado para impulsar un cambio político. En consecuencia, en 2018 prevaleció una atmósfera letárgica, de reflujo en la lucha y rechazo a los dirigentes políticos opositores.

El gobierno, si bien ha sobrevivido, tampoco ha logrado mayor reconocimiento, legitimidad y/o estabilidad. Analicemos brevemente los episodios confrontacionales descollantes previos para caracterizar y comprender el contexto sociopolítico actual donde se ha vuelto a abrir una estructura de oportunidades políticas.

2014: Un ciclo de protestas

Este ciclo se desencadenó en febrero desde la ciudad de San Cristóbal por el movimiento estudiantil. Fue motivado inicialmente por la inseguridad reinante, que hace de Venezuela un país con una violencia de las más altas del mundo, a lo que se le sumaría luego agravios relacionados con la penuria socioeconómica y la represión. Las protestas se extendieron a Caracas y otras urbes. La respuesta de las autoridades fue represiva e inusitadamente violenta. Junto a los cuerpos de seguridad se incorporaron grupos civiles armados, oficializándose las muertes por encima de cuarenta. Esto fue un factor primordial, junto con la débil articulación de la lucha y divisiones de la dirigencia opositora con relación a esta estrategia, en la extinción de la rebeldía en el mes de mayo. En abril, ante la presión y a instancias de UNASUR, gobierno y oposición convinieron en conversar. En esa oportunidad estuvieron acompañados por Colombia, Brasil y Ecuador, con la presencia del Nuncio Apostólico. El gobierno, que en el momento de más tensión hizo gestos de ceder a la demanda de diálogo, cuando se sintió más en control, la desestimó. La percepción de actores sociales y políticos opositores fue considerar que la estrategia de movilización había sido errada y el fracaso completo.

2016: Las protestas del referendo revocatorio presidencial (RRP)

Un segundo episodio notable se inició en abril de 2016, motivado por la estrategia de partidos opositores de iniciar un proceso revocatorio presidencial contra Maduro. Éstos habían ganado en diciembre de 2015 la mayoría calificada en la AN y el gobierno actuaba desconociendo esta nueva realidad, cerrándose a la dinámica institucional dialógica entre Ejecutivo y Legislativo, e iniciando pasos planificados para debilitar el parlamento. En marzo los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) iniciaron lo conducente a la activación de este recurso constitucional.

El proceso revocatorio se vio permanentemente obstaculizado por otros poderes públicos: el Poder Judicial y el Electoral se movían subordinados a los intereses del gobierno, que buscaba neutralizar el mecanismo. Los partidos opositores se vieron con permanentes e inesperados escollos colocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras la ciudadanía que, según las encuestas, favorecía abrumadoramente la consulta, fue movilizándose al llamado de partidos, movimiento estudiantil y otros actores para presionar su prosecución.

Ante los retardos, la MUD, la plataforma partidaria que articulaba a la oposición, convocó a una marcha en Caracas para el 1º de septiembre. Cientos de miles de personas concurrieron, desencadenando una cadena de movilizaciones diarias de allí hasta octubre. El Observatorio Venezolano del Conflicto Social (OVCS) registró en esos dos meses 1.047 protestas, 17 diarias, cerca del 20% relacionados directamente con la demanda del revocatorio. La situación hacia mediados de octubre se hizo muy difícil para Maduro, quien invitó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas para iniciar acercamientos con los partidos del parlamento en búsqueda de un diálogo. Pero, casi inmediatamente, el 20 de octubre, el CNE suspendió arbitrariamente el RRP que ya había activado. Diosdado Cabello aseguró que vendría “una cayapa legal” contra la MUD y los partidos opositores. Como respuesta, la MUD anunció que acudiría a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar se aplicase la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y convocó a una protesta el miércoles 26 que se llamaría la Toma de Venezuela.

El día 23, el parlamento fue asaltado por grupos chavistas violentos y el 26, con la calle apoyándola, la AN decidió someter a juicio político al presidente. Los esfuerzos por presionar al gobierno para que aceptase el proceso revocatorio se vieron, sin embargo, frustrados una vez más, ya que los partidos de la MUD aceptaron concurrir a una Mesa de Diálogo, impulsada por el Vaticano y UNASUR. La instalación de dicha Mesa a fines de mes contó con la presencia de un emisario del Papa y tres delegados de UNASUR, incluido su presidente Ernesto Samper. También estuvo presente Rodríguez Zapatero. A pedido del gobierno, la MUD se avino a paralizar el juicio político y levantó una marcha a Miraflores pautada para entregar el resultado. El gobierno de Maduro, que había prometido, a pedido de la MUD, levantar la decisión de desacato que pesaba sobre la AN por la incorporación de los diputados del Estado Amazonas, desproclamados ilegalmente por el CNE, no cumplió su promesa y se desinteresó por la negociación. La oposición, desorientada, dividida y derrotada, nuevamente perdió fuelle.

El ciclo de protestas de 2017

Un tercer esfuerzo comenzó en abril, cuando los partidos opositores convocaron a una protesta en repudio a las sentencias dictadas en marzo por el TSJ, cerrando técnicamente a la AN. Duró hasta el 30 de julio, cuando tuvieron lugar unas elecciones plagadas de vicios, para la designación de diputados que conformarían una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada inesperada e irregularmente por Maduro. El OVCS registró 6.729 protestas en ese lapso, cincuenta y seis diarias y un saldo de 163 muertos repartidos en catorce de los veintitrés estados del país.

Este ciclo tomó su fuerza de la generalizada percepción nacional de que se contaba con apoyos de la comunidad democrática internacional, para intentar torcer el curso dictatorial que había tomado el gobierno. Desde que el TSJ dictara las sentencias, la Secretaría de la OEA, la OEA misma, el gobierno de EEUU, y la directora de DDHH de la Unión Europea, entre otros actores, expresaron su preocupación, repudio e hicieron declaraciones de apoyo a la AN. Internamente, Julio Borges, presidente del parlamento, rompió ante medios de comunicación las espurias sentencias y la Fiscal General de la Nación, hasta ese momento alineada con Maduro, declaró roto el hilo constitucional. En mayo, el gobierno de EEUU impuso sanciones a los magistrados de la Sala Constitucional, por haber usurpado las funciones del parlamento.

El gobierno pareció flaquear después de las marchas multitudinarias del 19 y 20 de abril, pero poco después arreció la represión, que incluyó una violencia inusitada, como el uso de bombas lacrimógenas contra el cuerpo de manifestantes y allanamientos nocturnos sin órdenes judiciales a residencias de sectores medios y populares como mecanismo de terror. Los civiles armados se consolidan como aliados de los cuerpos de seguridad estatales. El 1º de mayo Maduro tomó la iniciativa de convocar una ANC, y el 30 de julio se eligieron sus diputados, con bases contrarias a la constitución. En las filas opositoras, y como reacción a la atroz represión, se hicieron presentes modalidades y actores violentos en la protesta, lo que de manera importante contribuyó a debilitarla. La represión, de nuevo la división de dirigentes opositores que no lograban consensuar una propuesta de lucha común, y las agendas particulares de algunos, incorrectamente estimando que Maduro pronto caería, cerraron el ciclo sin alcanzar los objetivos.

Como resultado de la movilización y de la aguda represión, el presidente de República Dominicana (RD) en septiembre convocó a una tercera Mesa de Negociación urgente. Gobierno y oposición plantearon sus condiciones, siendo la del gobierno en primerísimo lugar el reconocimiento a la ANC. Escogieron acompañantes: por el gobierno Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, por la oposición México, Chile y Paraguay. La Mesa de RD fue más estructurada que las del pasado. La oposición se hizo acompañar por un equipo de técnicos y expertos, y sostuvo cuatro peticiones principales, entre ellas, el reconocimiento por parte del gobierno a la AN y a la crisis humanitaria del país. Al igual que las anteriores, la Mesa se levantó en enero sin alcanzar los objetivos, pero los partidos opositores tuvieron esta vez un saldo positivo, al presentarse con mayor coherencia y al ser más evidente la poca disposición del gobierno ante la comunidad internacional para una sincera negociación. La gota que colmó el vaso fue el adelantantamiento de las elecciones presidenciales por parte del CNE, por decreto de la ANC, en medio del proceso de negociación. Julio Borges, presidente de la AN y quien presidió la delegación opositora, no retornó al país, temeroso de la integridad física de su familia, que fue amenazada por el gobierno durante el proceso.

3. 2019: Una nueva estructura de oportunidades políticas

Al iniciarse 2019 varios factores concurren para abrir una nueva oportunidad para el cambio político. Si bien es cierto que pese a todo pronóstico el gobierno sobrevivió su primer período, el contexto actual poco favorece su estabilidad para este período constitucional (2019-2025). La conversión del régimen en una dictadura, el desconocimiento a la ANC y a los resultados de la espuria elección presidencial de 2017 por parte de actores internacionales y la AN, junto al continuo agravamiento de la crisis estructural, vienen aislando a Maduro, obstaculizándole el acceso a recursos de instancias internacionales para perpetuarse en el poder.

Sanciones sobre funcionarios de Maduro, incluido él mismo y la primera dama, por parte de actores como el gobierno de EEUU, la Unión Europea y el Grupo de Lima, ejercen presiones sobre la élite gobernante para que rectifique y negocie un cambio que ponga fin a la interrupción democrática y la crisis global. En instancias como la OEA y la ONU, el Tribunal de la Haya, la Corte Interamericana de DDHH, o la OIT, se acumulan expedientes de violación de DDHH e involucramiento con actividades delictivas de funcionarios militares y civiles. Estas sanciones les impiden moverse, invertir o disfrutar con seguridad de sus fortunas, adquiridas en el ejercicio patrimonial del poder en estos años.  

Internamente, los actores políticos opositores han venido reconstruyendo sus vínculos y pensando estrategias unitarias más cónsonos con la realidad de sus fuerzas, muy diezmadas y desprestigiadas por fracasos pasados. En este nuevo período legislativo, cumpliendo acuerdos políticos, la AN quedó presidida por un diputado del partido Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López, un líder carismático, que tiene casa por cárcel, cumpliendo desde 2014 una sentencia de trece años, responsabilizado por el gobierno de la violencia en las protestas de ese año. Su partido, junto a Primero Justicia (PJ), han sido severamente perseguidos y destruidos por la represión gubernamental.

El 5 de enero, el diputado Juan Guaidó, durante su juramento como presidente de la AN para el año legislativo 2019, pronunció un discurso certero. Se refirió a la usurpación de la Presidencia por parte de Maduro, y la intención de la AN de liderar, con el apoyo popular, acciones conducentes al cambio político. Guaidó, un joven de 35 años, de origen humilde, con una carrera política que se originó en el movimiento estudiantil, pareció capturar el imaginario popular. Solicitó la activación de la política de la calle, para presionar a la dictadura a entrar en razón, y presentó la estrategia política consensuada por los partidos opositores para alcanzar la transición democrática. Se resume ésta, primero en un protagonismo de la AN como el articulador de las fuerzas para el cambio, construyendo tanto el marco jurídico como un entorno de poder ciudadano que incluye a los militares y la diáspora. Segundo, unas líneas de acción que comprenderían los objetivos de: a) Hacer cesar la usurpación; b) Crear un gobierno de transición; c) Alcanzar condiciones para elecciones justas y transparentes.

Para iniciar la activación del poder ciudadano, Guaidó llamó a cabildos abiertos en todos les espacios nacionales para escuchar y alentar a la gente a organizarse y movilizarse en apoyo a la Asamblea. Fijó la fecha del 23 de enero, icónica en Venezuela por ser el día que cayó la anterior dictadura en 1958, para dar la primera manifestación de músculo sociopolítico. Los cabildos abiertos comenzaron a realizarse en todas las urbes del país.

Comentarios finales: los desafíos

El gobierno de Maduro, pese a las debilidades señaladas, sigue controlando, sin duda, todos los hilos del poder. En lo internacional, como contraparte a las alianzas internacionales de los partidos opositores, ha ido construyendo vínculos con Rusia, China, Irán y Turquía, contando con que, a cambio de condiciones favorables a sus intereses, le sirvan de aliados para neutralizar presiones de EEUU y otros actores de la comunidad internacional. Cuba, por otra parte, es su socio y aliado en todo lo concerniente a estrategias frente al imperialismo, y es el sostén del aparato represivo totalitario interno.

Las instituciones militares, siguen siendo el principal pilar del régimen y pese a descontentos, deserciones, amenazas y detenciones, los altos mandos siguen mostrando lealtad al dictador. Sin embargo, 2018 fue año de alzamientos, respondido por una severa represión, con denuncias de torturas y maltratos. Más de 180 militares están presos, una cifra histórica. Hay, además, un número similar de investigados, sometidos a presiones e interrogatorios. Es un sector que Maduro, bajo asesoría cubana, no ha descuidado desde 2013, cuando procedió a restructurarla para, entre otros aspectos, fortalecer a la Guardia Nacional sobre otros componentes, en su capacidad de control interno de país, y ampliar la Guardia de Honor Presidencial y otros cuerpos para protección del dictador.

Los militares son un sector privilegiado, con irrestrictos accesos al Petroestado. Tienen cuotas de poder que los ponen en control de sectores clave como el de importación y distribución de alimentos, el sistema cambiario, la petrolera PDVSA y el Arco Minero. Los privilegios se refuerzan con controles en los cuarteles y con exigencias como el de jurar lealtad personal a Maduro con cierta frecuencia. La institución ha perdido sus rasgos corporativos. Los diferentes grupos de poder necesitan la supervivencia de la élite gobernante para proteger sus intereses y salvarse de persecuciones de la justicia nacional o internacional. Los oficiales de rangos medios o bajos sufren las penurias del venezolano común y es allí donde las lealtades pudieran, con menos resistencia, romperse con las presiones nacionales e internacionales.

Las características desprofesionalizadas de los componentes militares refuerzan la importancia y centralidad de estrategias y tácticas dirigidas por la sociedad civil y política nacional, apoyada y articulada a la comunidad internacional para interrumpir la marcha hacia la consolidación del régimen autoritario. Si bien son necesarias fracturas en el apoyo del sector militar a Maduro, son los civiles quienes tienen el reto de liderar la lucha ante unos sectores militares profundamente desinstitucionalizados, autoritarios y corrompidos. En este orden de ideas, la esperanza que se despertó este enero con la AN y Guaidó, es apenas un embrión necesitado de cuidados intensivos diarios para evolucionar hacia un movimiento nacional capaz de llevar a la dictadura a ceder en sus objetivos y negociar la transición.

La batuta de la compleja trama de alianzas y redes a vincularse entre sí, con un propósito y estrategia comunes es del parlamento venezolano, como poder público plural, legal y legítimamente electo en 2015, que terminará su mandato en 2021. Es una responsabilidad suprema que los diputados doblen su vocación de servicio y encuentren la madurez política para manejar, con consensos y mediante decisiones políticas y legales bien pensadas, la nave que ha de llegar al puerto. Las leyes de Transición y de Amnistía, introducidas a mediados de enero a la AN, van en la dirección correcta. Ellas someten a discusión pública los términos para que la transición que se inicie sea consensuada. Allí se dan incentivos a tirios y troyanos para incorporarse a esta causa. El espacio para dirimir diferencias dentro de un propósito común es el parlamento, y votar es lo justo. La ciudadanía y la comunidad internacional, por su parte, exigen disposición de los partidos a deponer anteriores muestras de ambiciones e intereses personales o partidistas, en pro de la acumulación de fuerzas necesaria para forzar a la cúpula gobernante a aceptar el cambio democrático. Los fracasos anteriores deben servir de referencias para no cometer errores, que podrían ser fatales.

2018 pudo parecer un año letárgico, pero fue en él donde comenzaron acciones soterradas por parte de organizaciones y personalidades civiles, muchas ni políticas ni partidistas, para restañar heridas entre partidos y dirigentes. También se activaron y crearon asociaciones civiles para registrar y denunciar la violación de DDHH en las instancias internacionales y crear estructuras colectivas de solidaridad, dentro y fuera del país para asistir a una población huérfana de derechos. En marzo se constituyó la plataforma Frente Amplio para la Venezuela Libre (FAVL), con el propósito de encontrar espacios articuladores para el diálogo y la acción de actores políticos y sociales. Estas iniciativas deben continuar, expandirse y fortalecerse, porque un tejido social denso y sólido es imprescindible para sostener la ruta de la transición y, sobre todo, para garantizar la consolidación democrática, después de la devastación extrema padecida. Será, sin duda, un proceso largo, difícil, lleno de obstáculos.

Una tarea que luce de extrema importancia es la de encontrar formas innovativas para informar, educar y organizar a la ciudadanía sobre el proceso en marcha y las responsabilidades de cada quien. ONG concentradas en el derecho a la información veraz y a la libre expresión han crecido en Venezuela, y vienen dando un aporte invaluable en denunciar internacionalmente y neutralizar adentro y afuera, a los medios oficialistas cargados de mensajes subliminales y mentirosos. Deben multiplicarse y fortalecer su dimensión pedagógica dirigida a la ciudadanía. También han de fortalecerse ONG dedicadas a monitorear el derecho a la salud y a la educación, así como instituciones educativas, académicas y universitarias, que están en capacidad de analizar y elaborar propuestas de políticas para afrontar la crisis humana compleja y la reconstrucción de la colapsada economía y Petroestado. ONG que han acompañado y auxiliado a los presos políticos y comunes, ante un sistema penitenciario atroz; iglesias que dan consuelo, denuncian las precarias condiciones de la población pobre y acompañan el sufrimiento de las familias. En fin, es menester doblar desde la ciudadanía y sus tejidos organizativos los esfuerzos por fortalecer la conciencia y acción ciudadana, vinculando lo social y político con miras a un gran movimiento prodemocrático nacional.

En Venezuela necesitamos como parte de ese tejido social, un sector económico nuevo, organizado, productivo, empresarial y financiero, que esté convencido de las bondades de un régimen democrático y dispuesto a apoyarlo con sus bienes y trabajo, sabiendo que entraña sacrificios como deponer intereses individuales, ganancias temporales en pro del bien común. La mentalidad del rentismo, del dinero fácil, del enchufe, del tráfico de influencias, harían naufragar el proceso. Con los sindicatos y los gremios también hará falta otra concepción de la lucha laboral, donde superar la mentalidad de exigir derechos sin deberes es obligatorio. En Venezuela, los intereses individuales y forajidos antes y con el chavismo han sido muy fuertes, penetraron el Petroestado y el sistema social hasta la médula y no será pronto, ni fácil, que puedan ser erradicados. La experiencia en América Latina señala que, los pasajes más exitosos a la democracia se han dado cuando las élites económicas, sociales y políticas asumen un genuino interés por la democracia y están dispuestos a sacrificarse por ella. Se trataría entonces de construir las bases de una nación ancha, donde todos compartamos intereses, asumamos deberes y nos reconozcamos con los mismos derechos.

El año parece decisivo para quienes propugnan el cambio democrático. De darse un vigoroso movimiento sociopolítico, seguramente un proceso de negociación entre gobierno y oposición volverá a surgir. Es inevitable, si la vocación política es por una solución pacífica y democrática a la crisis estructural de la nación. Entendamos que, reconstruir la república pasa por reconocer sus profundos déficits democráticos, de desigualdad social y de exclusiones culturales, que trajeron estos desarrollos nefastos. Por ello, 2019 es un año que nos exige a cada ciudadano, organización, partido, activista y dirigente político responsabilidad, cabeza fría, el deber de estar informados, crecerse en la adversidad y actuar sin extremismos ni búsqueda de líderes mesiánicos. Hoy, más que nunca se tiene la posibilidad de construir una democracia más robusta que la anterior, aprendiendo de sus gazapos y entendiendo las oscuras corrientes nepóticas, caudillistas, intolerantes y primitivas del alma nacional, que sirvieron de sustrato a la tragedia chavista que hoy agoniza. Contribuyamos todos para que la AN, la nave que guía esta nueva estrategia, no se hunda en los torbellinos y peñascos que amenazan desde adentro y desde afuera y desde todas direcciones.

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Esta ponencia está sustentada en una nutrida producción de la autora, véase https://margaritalopezmaya.com/ y una exhaustiva revisión de reseñas hemerográficas de prensa y portales nacionales e internacionales, sometidas a revisión crítica.


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