Sobre las detenciones a periodistas

De izquierda a derecha: Nicolás Maduro y Jordi Évoli

En días recientes, medios de comunicación internacional, así como gobiernos de otros países, denunciaron la detención y deportación de periodistas extranjeros en Venezuela, quienes vinieron al país para cubrir la enorme tensión social que se vive actualmente. Los hechos fueron interpretados como una violación a la ley, una clara manifestación de censura y un evidente atentado contra la libertad de información. En contraste, Jorge Arreaza, entre otros voceros del gobierno, ha sostenido que se trata de “una faceta de la operación mediática” contra Venezuela y “de un escándalo mediático”.

Detenciones y deportaciones

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, en dos días fueron detenidos 11 trabajadores de medios de comunicación, 7 de ellos extranjeros. Entre estos, los periodistas franceses Baptiste Des Monstiers y Pierre Caillet fueron deportados. Poco antes de esta denuncia, a través de su cuenta de Twitter, Jorge Arreaza responsabilizó de lo ocurrido a los medios y agencias de noticias internacionales señalando que:

1. El ingreso de algunos periodistas extranjeros fue irregular, pues no se cumplió con la solicitud previa de un permiso de trabajo en los Consulados de Venezuela.

2. Los periodistas “no pueden auto asignarse una acreditación”.

Frente a esto, resulta muy oportuno hacer alusión a las reveladoras declaraciones que ofreció la periodista colombiana Maurén Barriga en relación con la experiencia que junto a sus colegas de EFE vivió en Caracas. La periodista dijo que se sintió agredida y vulnerada desde el instante que fueron abordados por funcionarios armados del SEBIN, quienes luego de haber ingresado en sus habitaciones del hotel donde se hospedaban y después de impedirles usar sus teléfonos, los llevaron al Helicoide donde fueron esposados. Allí permanecieron 12 horas, fueron fotografiados y se les tomaron huellas dactilares, además de ser interrogados por cinco funcionarios, sin permitirles estar asistidos de abogados. La pregunta entonces es: ¿constituyen estos eventos una arbitrariedad o son la consecuencia de haber incumplido la ley?

El periodista español Gonzalo Domínguez Loeda (derecha) luego de ser liberado. Fue detenido por las autoridades venezolanas el 31 de enero de 2019 en Caracas. Tres reporteros de la agencia de noticias española EFE también fueron detenidos, y dos periodistas franceses fueron deportados. Fotografía de Juan Barreto | AFP

Lo que establece la ley

Como en casi cualquier país del mundo, los extranjeros que deseen trabajar en Venezuela deben obtener una autorización del Estado. No obstante, el artículo 17 de la Ley de Extranjería y Migración establece con claridad una excepción expresa a ese requisito: “Los trabajadores de medios de comunicación de otros países debidamente acreditados para el ejercicio de las actividades informativas” no tienen que cumplir con esa obligación.

De manera que los extranjeros que viajen a Venezuela para informar no requieren una autorización laboral. Solo deben contar con la debida acreditación. Lo que en mi opinión depende del gremio al que pertenezcan y circunstancialmente del evento que deseen cubrir. Esto me resulta obvio e indiscutible, pues lo contrario sería absurdo ya que implicaría que los trabajadores de los medios de comunicación sí requieren una autorización laboral. Solo que se llamaría “acreditación”. Lo cual, además de ser contrario a lo que la misma ley dispone, violaría la libertad de informar.

Como en la Ley de Extranjería y Migración nada se indica en relación a cómo obtener tal acreditación, asumiremos —aunque sea ilógico y contrario a la libre prensa— que ello sí depende del gobierno venezolano. Siendo así, podría argumentarse que los periodistas que no estén acreditados pueden ser deportados, como le sucedió a los franceses antes mencionados.

Ahora bien, de lo que no cabe duda alguna, pues está muy claramente señalado en los artículos 41 en adelante de la ley, y también deriva de los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución, es que para deportar a algún extranjero se debe abrir un procedimiento administrativo y debe realizarse una audiencia oral para que el extranjero se defienda de los hechos por los que se le quiere deportar, durante lo cual tiene derecho a estar asistido de un abogado.

Por otra parte, el artículo 46 de la Ley de Extranjería y Migración es muy enfático al prohibir rotundamente la privación, incluso la restricción de la libertad del extranjero que se quiere deportar. Frente a esto, el testimonio de la periodista colombiana luce como una evidencia irrefutable de una muy grave violación a su libertad.

Sin libertad, no hay libertad de expresión

La conclusión ineludible que se desprende del análisis jurídico de la narración que hace la periodista colombiana Maurén Barriga es que la ley se quebrantó groseramente. No solo la de Extranjería y Migración, pues no olvidemos que junto a los periodistas extranjeros había ciudadanos venezolanos, a quienes no aplican las normas para extranjeros, por lo que todos ellos fueron detenidos arbitrariamente y por lo tanto son víctimas de una innegable y muy descarada privación ilegítima de libertad.

Curiosamente, al ser cuestionado sobre lo ocurrido, Nicolás Maduro señaló que estas detenciones son solo “montajes y provocaciones” ya que —según él— puede retenerse a un periodista sin más, dejando claro que en Venezuela el pleno ejercicio de la libertad de información y expresión lleva consigo “chequeos” por 48 horas, y la deportación para los extranjeros. Esta visión distorsionada de la libertad es una manifestación obvia del abuso de poder y una evidencia más de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.