¿Qué ha pasado con la ayuda humanitaria?

Después de casi 180 días de aquel hito comunicacional del 23 febrero de 2019, donde la memoria solo nos trae malos recuerdos, es momento de hacer un balance con la información disponible de cuál es el estatus de la ayuda humanitaria.

Siempre es deseable tratar de entender el contexto completo de un asunto de tal importancia. Es vital hacer énfasis en varios aspectos que permitan tener una perspectiva clara de dónde venimos, dónde estamos y cuáles son las perspectivas a futuro.

La ayuda como tema nacional ha sido abordado desde hace varios años (2015). Instituciones de diversa índole, como Alianza Venezolana por la Salud, Red Defendamos la Epidemiología, Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas; agrupaciones humanitarias y de derechos humanos como Acción Solidaria, Provea, Observatorio Venezolano de la Salud junto a la Asamblea Nacional, como representante de los ciudadanos, han abordado el tema, por supuesto, desde cada una de sus perspectivas.

En enero de 2016, la Asamblea Nacional declaró «Crisis Humanitaria de Salud», cuya ley fue bloqueada por el Tribunal Supremo de Justicia. Estas aproximaciones diversas de la sociedad han sido repetitivas y consistentes, también con unidad de criterios sobre necesidad creciente, actualidad del problema y las causas que generaron la crisis. También hay que decirlo: diversas agrupaciones nacionales e internacionales han dado ayuda humanitaria desde hace varios años en diferentes escalas, zonas y programas, incluyendo agencias del sistema de Naciones Unidas, gobiernos amigos, ONG nacionales e internacionales, inclusive particulares.

Quizá el signo común de estas ayudas previas es que cada quien hace lo que puede, con quien puede y donde puede, con una restricción de recursos financieros, logísticos y operativos importantes.

Pero una premisa fundamental en estos temas es que cada persona que se beneficia es un avance, siendo esto un precepto básico en ayuda humanitaria.

Los hechos de febrero han generado un cambio en distintas perspectivas. Por una parte, el sistema de Naciones Unidas cambió su formato previo de ayuda, que estaba orientado a proveer ayuda para una situación “estable”. Ahora pasa a tener incluso una estructura (arquitectura en el lenguaje de Naciones Unidas) que consta de un coordinador humanitario, un equipo humanitario de país, un grupo de coordinación intersectorial y diferentes “clusters” o grupos de actividades específicas a cargo de agencias específicas. Por ejemplo, Salud está a cargo de la Oficina Panamericana de la Salud y Unicef está encargada de agua y saneamiento. Este cambio en la arquitectura del sistema es una expresión de la magnitud del problema y genera cambios sustanciales en el tamaño y tipo de ayuda.

A través de estas modificaciones, la ONU también asume que el comando organizacional está bajo la dirección de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

La magnitud de la ayuda que se entrega se escala con base en la evaluación de las necesidades del país. En una primera fase se realizó con base en la información generada en el país por diversas organizaciones y en segunda fase incorporando información obtenida de primera mano por diversos mecanismos. A partir de esas necesidades se hace un análisis de la capacidad local operativa que tienen las organizaciones sobre el terreno, eso genera la información que termina en un balance de necesidades y capacidades reales de implementación.

Otro de los efectos de los hechos de febrero es la incorporación del sistema de Cruz Roja y Media Luna Roja a través de sus diversas organizaciones: Cruz Roja Venezolana, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Federación Internacional de la Cruz Roja. La estructura gubernamental acepta que esta organización se involucre en el contexto de la ayuda humanitaria y esto es la aceptación tácita de la profundidad de la crisis.

¿Dónde está la ayuda?

Para todos los actores relacionados a la ayuda humanitaria hay un balance crítico que mide la brecha entre el nivel de necesidad (cantidad y tipo de ayuda necesaria) y la capacidad de ayuda. Esta última está determinada por varios elementos simultáneos: capacidad operativa real en el terreno, cantidad de financiamiento y auditoría de la actividad.

El balance hasta la fecha es que, lamentablemente, lo que ha llegado es muy desproporcionado respecto a la gran necesidad y capacidad limitada.

Según datos del CICR, la necesidad de ayuda ronda los 6 millones de personas. Su capacidad financiera para el año 2019 alcanza para atender sólo el 10% de esa necesidad.

Naciones Unidas presenta números similares en un documento recientemente liberado: el Humanitarian Response Plan 2019, 2do. semestre (HRP 2019-2). El documento estima la necesidad de ayuda en 7 millones de personas y plantea que la capacidad real del sistema permite alcanzar a 2,6 millones de personas. El plan tiene un requerimiento de 223 millones de dólares.

Esta brecha también genera una estrategia de priorización que, en el caso de Naciones Unidas, está enfocado en 10 estados del país. Esto no significa que la ayuda llegue solamente a esos estados, pero sí que se les dé mayor importancia. Entre la prioridades están fundamentalmente los estados fronterizos.

Esta focalización y priorización obedece a dos elementos fundamentales de la organización: grado de necesidad y capacidad operativa local.

Ciertamente, la restricción de ese balance necesidad versus capacidad está del lado de la capacidad, tanto financiera como operativa. Si bien la respuesta a un “call for action” internacional ha sido positiva en términos generales, en buena parte gracias a la visualización que se le ha dado a la crisis a través del trabajo de muchos actores, quizás ahora es necesaria la llamada a un “call for funding” para que se pueda cerrar esa brecha de una manera más efectiva.

Sin embargo, no se puede perder de vista la capacidad operativa como forma de restricción de este balance. En este sentido, tanto el sistema de Naciones Unidas como el resto de organizaciones nacionales e internacionales se ven enfrentadas a varios fenómenos reales. Por una parte, operan a una capacidad humana máxima con poca capacidad de ser aumentada y la búsqueda de las personas necesitadas para recibir la ayuda es compleja. Por otra parte, el sistema de Naciones Unidas tiene el mandato de operacionalizar la ayuda a través de quien tiene, en teoría, más poder logístico: el Estado y, en segundo término, la sociedad civil representada por las ONG.

Pero la realidad es que quien tiene la mayor capacidad operativa sobre el terreno, en teoría, también enfrenta serias restricciones a nivel logístico: escasez de gasolina, fallas de energía, problema de transporte, seguridad y un largo etcétera.

También habría que nombrar los obstáculos burocráticos de los entes gubernamentales para los trámites que estas agencias deben hacer en relación a visados, permisos de aduana, puertos, etcétera. Sería terrible pensar que exista la posibilidad de que otras razones están haciendo más lento el proceso.

Un elemento central en todo el proceso de ayuda humanitaria, después de años de experiencia con situaciones similares, ha sido la capacidad de auditoría de la propia ayuda. Es un elemento normativo: sin la transparencia suficiente desde lo operativo, la ayuda va a estar limitada.

Hemos presenciado experiencias negativas recientes, como el tratamiento para VIH que fue donado por el Fondo Global (por lobby internacional de las ONG de derechos humanos y de VIH nacionales). El tratamiento debía ser entregado por la estructura gubernamental, pero terminaron necesitando ayuda de varias de las agencias del sistema de Naciones Unidas. La razón de este problema fueron las restricciones logísticas de los propios entes gubernamentales que hicieron lento el proceso. Dada esta situación, las organizaciones internacionales desconfían que el gobierno tenga la capacidad logística esperada. Además, el uso de la ayuda como herramienta de propaganda política o la restricción de acceso a programas con el uso del carnet de la patria son de alta preocupación para los donantes internacionales.

Fotografía de Julio Castro Méndez

¿Qué ha llegado en términos reales? 

El sistema de Naciones Unidas reporta en su documento reciente (HRP 2019-2):

• 8,5 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 6 meses y 15 años vacunados contra el sarampión (entre abril 2018 y marzo 2019).
• 4,5 millones de NNA entre 7 y 15 años vacunados contra la difteria (entre abril 2018 y marzo 2019).
• 6 generadores entregados a hospitales priorizados en diferentes estados, beneficiando a cerca de 24.000 personas (junio de 2019).
• 9 kits de emergencia IEHK: kits de emergencia entregados en hospitales que benefician a 90.000 personas (aproximadamente a junio 2019).
• 348 toneladas de medicinas e insumos médicos importados y distribuidos entre 41 hospitales y 23 centros de salud en 18 estados (entre mayo 2018 y julio 2019).
• 22 toneladas de medicamentos antirretrovirales importados y distribuidos (entre julio 2018 y mayo 2019).
• 8.424 mujeres beneficiadas con 10.000 kits de dignidad en estados de frontera (entre enero y junio 2019).
• 1.171 sensibilizados contra la violencia de género en estados de frontera (entre octubre 2018 y enero 2019).
• 5.200 personas orientadas en mesas de información y derivadas a servicios específicos de protección (entre enero y junio 2019).
• 5.200 personas alcanzadas a través de redes para la prevención de la violencia, abuso y explotación (entre enero y junio 2019).
• 203 centros educativos que reciben apoyo, beneficiando a 85.000 estudiantes (mayo y junio 2019).
• 33.475 NNA alcanzados con actividades de apoyo psicosocial en centros educativos (entre mayo y junio 2019).
• 87.644 niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes evaluados para detectar desnutrición (entre enero y junio 2019).
• 83.852 tratamientos preventivos y 4.510 tratamientos curativos para la desnutrición aguda (entre enero y junio 2019).
• 19.000 personas beneficiadas de apoyo en sistemas de agroproducción (entre mayo y junio 2019).
• 12.132 personas alcanzadas con asistencia alimentaria (entre mayo y junio 2019).
• 185.000 personas que reciben agua segura (entre enero y junio 2019).
• 5.185 personas alcanzadas en seis centros de tránsito en tres estados (entre enero y junio 2019).
• 11.600 personas beneficiadas de enseres (entre enero y junio 2019).

Para dar una idea de la dimensión del aumento de escala de la ayuda: una de las agencias más importantes de la ONU aumentó su personal en Venezuela de una decena de personas a casi un centenar dedicado solamente a los programas de ayuda humanitaria.

El sistema de Cruz Roja y Media Luna Roja ha reportado entrega de 8 kits de emergencia para hospitales (IEHK) en 8 hospitales distintos, decenas de plantas eléctricas también para uso hospitalario y un cargamento de medicamentos que recién llega al país en fechas recientes. También han estado entregando insumos para la potabilización del agua.

Otros programas reportan entrega de suplementos alimenticios en zonas específicas, bajo protocolos específicos que tienen como objetivo contener la desnutrición aguda en niños pequeños por su efecto devastador y de largo plazo sobre su desarrollo.

Algunas iniciativas de grupos particulares ayudan con base en las donaciones individuales o agrupaciones de venezolanos que están en el exterior, con objetivos varios y buena parte de ellos con poca sistematización del impacto que puedan hacer.

El lote de insumos médicos que fue parte de la donación internacional que estuvo en la zona fronteriza de Colombia-Venezuela desde febrero ya ha sido canalizada y entregada en su totalidad, con la ayuda de agencias internacionales, en hospitales venezolanos. En esas entregas se han implementado diversas formas de veeduría ciudadana realizadas por voluntarios entrenados. Todo el proceso de incorporación, distribución y entregas de esos insumos se ha realizado con el compromiso ético de no ser utilizado como bandera política y como una forma de protección a donantes, intermediarios y receptores finales de los insumos.

¿Hasta dónde debe llegar la ayuda humanitaria?

Esta desproporción entre la necesidad y la capacidad real de entregar la ayuda sólo se puede optimizar cerrando las brechas antes mencionadas, es decir, mejorando la capacidad operativa de los actores en el terreno e incrementando los fondos para la ayuda de las organizaciones. Esto está íntimamente ligado a la capacidad logística y a la transparencia del operador más importante, que es el propio Estado.

Debemos tener presente que la ayuda humanitaria está conceptualizada para una situación de emergencia, donde el foco es soportar momentáneamente a quienes dependen de la ayuda para seguir con vida.

Sin duda, esta ayuda no intenta suplantar la función del Gobierno o el Estado en la promoción de servicios básicos y fundamentales. Esto debe seguir haciéndolo el Estado.

En el sentido de cerrar la brecha de la necesidad, el Estado tiene la labor fundamental de disminuir la cantidad de gente con necesidades imperiosas. La mejor forma de optimizar la ecuación es que un Estado competente comience a hacer lo que le corresponde, mientras el sistema de ayuda soporta a los más débiles y necesitados.

La conclusión práctica es que la mejor manera de que la ayuda sea eficiente y vaya cerrando la brecha es que haya un cambio de 180 grados en las causas que generaron esta tragedia. Dicho de otra manera, mientras sigamos en la vía de generar necesidad, no va a haber ayuda humanitaria capaz de atenderla.

El objetivo final de cualquier país debe ser salir de la ayuda humanitaria lo más rápido posible y que el Estado genere las condiciones de vida.

Cada uno de nosotros, tanto en lo personal como en lo grupal-institucional, tiene una responsabilidad en la ecuación de la necesidad. Entendiendo que la necesidad actual está lejos de disminuir y probablemente aumente, la gran pregunta es: ¿cómo hacemos para que esa brecha sea cada vez más pequeña?