¿Qué está pasando con el reclamo del Esequibo?

El martes 30 de enero de 2018 António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), informó a través de un comunicado que la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo será dirimida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), después de considerar que el mecanismo de los buenos oficios, vigente durante 27 años, no logró avances para un acuerdo entre las partes.

“El Secretario General ha analizado detenidamente lo acontecido en el transcurso de 2017 en el proceso de buenos oficios y ha llegado a la conclusión que no se ha alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia. Por consiguiente, el Secretario General ha cumplido con la responsabilidad que le ha correspondido dentro del marco establecido por su predecesor en diciembre de 2016, y ha escogido a la Corte Internacional de Justicia como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia”.

El Esequibo es un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos minerales y con salida al mar. En la cartografía venezolana figura como “zona en reclamación”. Guyana considera suyo ese territorio desde que era colonia holandesa y luego británica. Venezuela y Reino Unido e Irlanda del Norte firmaron el Acuerdo de Ginebra en 1966 para buscar una solución que resultara “aceptable para ambas partes”.

¿Qué implica el Acuerdo de Ginebra?

El acuerdo establece en su artículo IV que si los medios elegidos no conducen a una solución de la controversia, será la ONU o su Secretario General quien elija “otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho artículo hayan sido agotados”. El artículo 33 de la Carta de la ONU cita como mecanismos de solución:  negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial y el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios de su elección.

¿Cuál fue el último mecanismo adoptado?

En 1990 ambos países acordaron negociar con el acompañamiento de un buen oficiante, designado por el Secretario General de la ONU como su Representante Personal. El 15 de diciembre de 2016, el entonces secretario general de la ONU Ban Ki-moon anunció que el proceso de buenos oficios culminaría el 31 de diciembre de 2017. Decidió que si después de esa fecha el Secretario General consideraba que no había avances, el caso se resolvería en los tribunales de La Haya a menos de que los dos gobiernos solicitaran no llegar a la corte.

¿Cómo reaccionaron Venezuela y Guyana?

El Ministerio de Relaciones de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la decisión de Guterres en un comunicado:

“Venezuela dejó constancia oportunamente de su enérgica oposición a la carta del 15 de diciembre de 2016, suscrita por el anterior Secretario General Ban Ki-moon, alertando que los criterios en ella contenidos excedían las competencias otorgadas a su investidura, contraviniendo el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra y el principio de equidad concertado entre las partes”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana manifestó, a través de un comunicado de prensa, que acogía satisfactoriamente la decisión del Secretario General de la ONU:

“Guyana siempre ha sostenido que la Corte Internacional de Justicia es el foro apropiado para la solución pacífica y definitiva de la controversia, y se congratula de que esa visión haya prevalecido en el proceso desarrollado tanto por el Secretario General Ban Ki-Moon como por el Secretario General António Guterres”.

¿La decisión contraría el Acuerdo de Ginebra?

Carlos Ayala Corao fue representante de Venezuela ante el Secretario General de la ONU para la solución de la controversia entre 1996 y 1999. Explicó que el medio elegido por el Secretario General tiene que ser compatible con el Acuerdo de Ginebra:

“El propósito del acuerdo es precisamente lograr una solución práctica de la controversia que resulte aceptable para ambas partes. Una solución jurídica es una solución unilateral. No diplomática, sino jurídica. Tampoco es un arreglo práctico, ni tampoco, por su naturaleza, es aceptable para ambas partes”.

¿Tiene la CIJ competencia para decidir sobre el caso?

Ayala Corao recuerda que ni Guyana ni Venezuela son partes del Estatuto de la CIJ:

“Ninguno de los dos Estados la ha aceptado y la jurisprudencia de esta corte exige que la aceptación se haga de manera expresa y directa. No se puede inferir que por vía no expresa se acepte una jurisdicción internacional porque allí se estaría hablando de un tema de soberanía. Venezuela ha sido muy cuidadosa de no suscribir ningún tratado que afirme esa jurisdicción”.

¿Qué viene ahora?

Ayala Corao dijo que la corte declara inadmisibles las demandas presentadas respecto a Estados que no han aceptado su jurisdicción de manera pública, expresa y directa:

“Allí hay una serie de dudas jurídicas muy grandes. Es decir, si el Secretario General simplemente envía una comunicación a la Corte diciendo que queda habilitada, ¿Quién va a demandar? ¿Va a demandar Guyana? Y si demanda Guyana, ¿qué va a demandar? ¿Cuál es el objeto de una demanda que entablaría Guyana contra Venezuela con respecto al Acuerdo de Ginebra? El acuerdo habla de buscar una solución práctica de la controversia de manera que sea mutuamente aceptable. No es un asunto fácil ni claro”.

¿Se puede revertir que la disputa pase a la CIJ?

Sadio Garavini, exembajador de Venezuela en Guyana, considera que revertir la decisión del Secretario General es complicada porque precisa que ambas partes estén de acuerdo:

“Guyana no tiene intenciones de cambiar el mecanismo que siempre ha preferido. El Secretario General decidió a favor de la posición de Guyana. A Venezuela, ahora, le tocará prepararse para enfrentar un proceso complejo. Guyana tiene asesores internacionales de primer nivel, con gran prestigio, que han venido asesorando al gobierno de ese país. La pregunta sería: ¿Cuáles son nuestros asesores internacionales y nacionales de Venezuela?”.

¿Qué puede hacer Venezuela?

Garavini advirtió que luego de la decisión del Secretario General, Venezuela deberá mantener una posición apegada a lo firmado en el Acuerdo de Ginebra, tal como lo señala el comunicado emitido por la Cancillería:

“Venezuela tiene que decir, de nuevo, aunque sea tarde, que considera que la solución judicial es contraria del objeto del Acuerdo de Ginebra, y por lo tanto podría enfrentarse a una seria acusación de violar el tratado internacional que firmó”.