¿Qué está pasando con el crédito en Venezuela?

El pasado 29 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el Gobierno y considerada inconstitucional por la oposición, aprobó el decreto que regula el crédito obligatorio para los sectores “agroalimentarios, manufacturero, turístico, salud e hipotecario, a los fines de promover y fortalecer la soberanía económica del país”.

Cada mes un comité formado por los ministros de Finanzas, Comercio, Industria y Agricultura, junto al presidente del Banco Central de Venezuela y “los demás que establezca el presidente de la República”, ordenará a las entidades financieras entregar entre 10% y 25% del total de créditos a los particulares y empresas “relacionadas o vinculadas” a los sectores estratégicos. 

La lista de áreas a financiar por lo que el Gobierno denomina Cartera Única Productiva Nacional no es rígida. El decreto establece que el Ejecutivo “podrá incorporar otros sectores productivos que requieran financiamiento para su desarrollo”.

El 5 de febrero, Nicolás Maduro anunció que el financiamiento a la pequeña y mediana industria será prioritario: “Vamos a instalar un comité rector de Cartera Única Productiva Nacional que agrupe todas las carteras bancarias del país para brindar acceso directo a las micro, pequeñas y medianas industrias”.

Agregó que el comité rector será presidido por Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario y exdirectivo de Fedeindustria: “ese comité rector lo va a dirigir Miguel Pérez Abad, que además de banquero, financista, es pequeño y mediano industrial”.

“Eso tiene que ser muy dinámico, Pérez Abad, tú tienes comunicación conmigo directa, tienes un teléfono al que puedes llamarme a la hora que tú quieras y escribirme. Yo quiero estar informado semanalmente, reuniones del comité rector, créditos que se van a dar”, dijo Nicolás Maduro.

La discrecionalidad

Respecto a la metodología vigente hasta enero, que obligaba a la banca a entregar a los sectores estratégicos un volumen de créditos superior a la mitad del total de préstamos del año anterior, la nueva norma podría significar menos rigidez, pero el analista financiero Leonardo Buniak señala que el elemento clave es la discrecionalidad.

“Hay una diferencia de forma con lo que teníamos antes, hasta ahora la banca decidía a cuáles empresas les prestaba para cumplir las carteras obligatorias, la decisión dependía del departamento de gestión de riesgo de cada banco. Ahora se crea un comité que podría decidir los sectores y las empresas a las que hay que apoyar, es decir, el Ejecutivo podría imponer criterios que se alejen de la sana política bancaria”, dice Leonardo Buniak.

El Gobierno ha dado muestras de desear un mayor control del crédito. El 9 de julio de 2019 Nicolás Maduro emitió un decreto que obligó a la banca a ejecutar una inédita ingeniería financiera: los bancos le prestaron a Agrosur el equivalente a 40 millones de dólares, al tipo de cambio oficial de ese momento, sin recibir garantías. Posteriormente, Agrosur financió a una lista de agricultores de los estados Barinas, Bolívar, Cojedes, Guárico, Monagas, Portuguesa, Sucre y Yaracuy.

De esta manera, la banca fue obligada a otorgar créditos sin garantías y sin evaluar el riesgo de quien en última instancia recibió el dinero de sus clientes.

Leonardo Buniak resalta que “con Agrosur vimos cuál es la idea del Gobierno”.

Banqueros consultados explican que la creación de un comité para regular los préstamos obligatorios supone mayores problemas de coordinación, porque en la mesa estarán sentados distintos intereses que buscarán obtener su cuota de financiamiento. Por ahora no hay precisión sobre tasas de interés, plazos y garantías.

El decreto establece que el comité “fijará mediante resolución, conforme los lineamientos establecidos para la política económica, los requisitos de desempeño, condiciones, plazos, montos y porcentajes mínimos obligatorios de la Cartera Única Productiva Nacional”, mientras que “el Banco Central de Venezuela establecerá a través de su directorio las tasas de interés y los costos del crédito”.

Poca liquidez

El principal rol de la banca es financiar el consumo y la inversión a través del crédito, pero en Venezuela el crédito está en vías de extinción. Leonardo Buniak precisa que “en junio de 2018 los bancos prestaban 55 de cada 100 bolívares en depósitos y al cierre de enero de este año apenas 13 de cada 100, la cifra más baja de la historia contemporánea”.

Agrega que “si desglosamos la intermediación, observamos que la banca privada está destinando al crédito 22 de cada 100 bolívares y la pública apenas 6,5 de cada 100, es decir, la banca pública no está financiando a los sectores productivos que, se supone, es su principal misión en la economía”.

En el raquitismo del crédito influye que el Gobierno obligó a las entidades financieras a disminuir los préstamos, ordenándoles en febrero de 2019 congelar como reservas (técnicamente el encaje) la totalidad de los nuevos depósitos. El recorte del crédito redujo el crecimiento de la cantidad de dinero y ayudó a frenar la inflación, pero a costa de profundizar la recesión.

En medio de la restricción de liquidez continuamente un grupo de bancos se ve forzado a infringir las normas del encaje o a acudir al mercado interbancario, donde las entidades financieras se prestan unas a otras.

La escasez de bolívares es tal que en enero la tasa de los préstamos interbancarios tocó el máximo histórico de 999%.

“¿El Banco Central va a aliviar el encaje para que los bancos puedan otorgar crédito? No lo sabemos. A lo mejor el comité ordena a los bancos otorgar créditos para los sectores estratégicos y a la vez se mantiene sin ninguna variación el encaje, porque si lo disminuyen puede haber una mayor presión sobre la cotización del dólar”, dice Leonardo Buniak. 

Los indexados

El 21 de octubre de 2019 el Banco Central emitió una resolución que relacionó a los créditos comerciales, la categoría que incluye préstamos al comercio y el financiamiento de corto plazo, con la fluctuación del dólar.

El aspecto clave es que la resolución tiene como consecuencia que el monto a pagar por capital e intereses aumenta si el precio del dólar sube en el mercado oficial y se mantiene igual si el dólar desciende.

“Desde octubre, el crédito comercial está parado. Las empresas que no tienen ingresos en dólares, que son la mayoría, no quieren arriesgarse a un salto en la cotización del dólar que las deje sin capacidad para pagar sus deudas, y no les falta razón: desde que el Banco Central emitió la resolución, la cotización del dólar oficial ha aumentado 300%”, dice el presidente de un banco que prefiere reservar su identidad.

Las cifras de la Superintendencia de Bancos indican que en diciembre de 2018 los créditos comerciales representaban dos tercios del total de préstamos y en diciembre de 2019 descendieron a la mitad.

Con esta medida, el Banco Central buscó acabar con la entrega de créditos para la compra de dólares, a fin de estabilizar el tipo de cambio, pero los resultados indican que si bien aumentó la contracción del crédito, el dólar continuó en alza porque su ascenso también se nutre de la inyección de bolívares que proviene del gasto público, la baja oferta de divisas y las expectativas negativas.

A pesar de los problemas, el 5 de febrero el vicepresidente para el área Económica, Tareck El Aissami, desbordó optimismo sobre el funcionamiento del comité que regulará el crédito a los sectores estratégicos: “Ya hubo una reunión ayer con todo el sector de la banca pública y privada para unificar un comité de crédito productivo que impacte a aquellas empresas que tienen planificada su venta de productos al sector nacional, garantizarles con créditos productivos, de tal manera que tengan capacidad también de hacer caja, reponer inventario y comprar materia prima”.

En el sector financiero reina el escepticismo. “¿En verdad el principal problema que tienen las empresas que quieren producir en Venezuela es la falta de crédito? ¿Es por falta de créditos que la economía no crece desde 2013?”, se pregunta un banquero.