Por qué la justicia ecuatoriana busca detener al expresidente Rafael Correa

QUITO — Desde este martes 3 de julio, Rafael Correa tiene una orden de prisión en su contra. Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia —el máximo organismo judicial del Ecuador— dispuso su detención y, además, que la Interpol emitiera una ficha roja para su localización, captura y extradición.

Correa, que gobernó al país entre 2007 y 2017, se convierte en el sexto expresidente de Ecuador desde el retorno a la democracia (en 1979), que ha tenido una boleta de captura en su contra.

Su inclusión en esa lista empezó el 18 de junio de 2018, cuando fue vinculado a la investigación por el intento de secuestro de Fernando Balda, un exsimpatizante convertido en enemigo político.

Balda es un abogado de 47 años que se ha definido como ‘activista político’. En 2006 fue parte de la campaña que llevó a Correa al poder y, durante el primer año de gobierno, fue su colaborador cercano. Varias fotografías de la época lo muestran junto al entonces presidente; en una aparece incluso abrazando a Hugo Chávez en la visita que hizo al Ecuador en 2007. Según ha dicho, Balda dejó el gobierno porque Correa desestimó una denuncia de espionaje que él hizo, y se unió al Partido Sociedad Patriótica, del expresidente Lucio Gutiérrez.

A finales de 2008, Balda acusó a un funcionario del gobierno de traficar influencias y “tener una mafia”. El funcionario acusado, Oscar Herrera, lo denunció por injurias calumniosas. Unos meses después, la Presidencia de la República denunció a Balda por atentar contra la seguridad del Estado y difundir noticias falsas. En el primer caso fue sentenciado en 2010 a dos años de prisión. Por el segundo recibió, en 2013, una condena de un año. Para evadir su encarcelamiento huyó dos veces a Colombia, en 2009 y en 2010. Dijo que escapaba de una persecusión política.

Dos años más tarde, el 13 de agosto de 2012 en Bogotá —donde se volvió parte del círculo cercano de otro expresidente, Álvaro Uribe—, Balda fue interceptado por cuatro hombres y una mujer que lo subieron a la fuerza a una camioneta. Un taxista vio lo que pasaba y llamó a la policía, que frustró el secuestro. Dos meses después Colombia lo deportó porque, según sus autoridades migratorias, su residencia era ilegal. Balda estuvo preso hasta octubre de 2014, cuando salió libre porque el delito de injurias calumniosas fue eliminado.

Pero la investigación en Colombia por el secuestro truncado. Por las huellas que encontraron en el auto en que Balda era llevado, la fiscalía colombiana detuvo a un hombre que aceptó haber participado en el intento de secuestro. Cuando rastrearon el origen de la camioneta, los investigadores descubrieron que había sido rentada por Raúl Chicaiza, un agente policial que trabajaba en la Dirección General de Inteligencia de Ecuador. En 2015, cuatro colombianos fueron sentenciados a 60 meses de cárcel por el delito.

La vinculación con Correa

A inicios de 2018, la Fiscalía ecuatoriana citó a Balda para que reconociera su firma en la denuncia que presentó, cinco años antes, por el intento de secuestro. Reconocer la firma en una denuncia es el trámite administrativo para poder iniciar una investigación. Desde ese momento, el caso era oficialmente investigado en el Ecuador. Unos meses después, la investigación se convirtió en un juicio. El Fiscal General del Estado, Paúl Pérez Reina, dijo que el caso era un “crimen de Estado”, porque se habrían utilizado fondos y funcionarios públicos. Por el rango de los funcionarios involucrados, el proceso debía ser resuelto por un juez de la Corte Nacional.

En su testimonio ante la jueza Camacho, Chicaiza dijo que la orden de secuestrar a Balda salió de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que costó cerca de 60.000 dólares. Según Chicaiza, Correa lo llamó por teléfono en dos ocasiones, antes y después del operativo fallido, para ofrecerle apoyo político, económico e institucional.

En 2015, Chicaiza le envió una carta a Correa pidiéndole ayuda para evitar ser enjuiciado en Colombia: “Desde los organismos oficiales nada se ha hecho para controlar el proceso penal colombiano, esto pese a que usted en varias ocasiones ha emitido órdenes para que este problema no trascienda más allá”. El nombre clave del operativo fue “Wilson”, aunque aparece en un reporte de a la Contraloría General del Estado —el tribunal de cuentas ecuatoriano— como “Operación Secuestro”.

Además de Chicaiza, en el caso están vinculados tres agentes de inteligencia, un excomandante de la Policía Nacional y tiene orden de prisión el exdirector de la Senain, Pablo Romero, radicado en España. Su pasaporte le fue retirado por las autoridades de ese país hasta que se resuelva el pedido de extradición en su contra.

Según la teoría del Fiscal General del Estado, Correa podría ser “autor mediato porque era el presidente de la república y jefe directo del director de la Senain”. Correa ha rechazado los cargos en su contra, llamándolo una farsa que no tendrá éxito a nivel internacional. También negó tener conocimiento del intento de secuestro y dijo ser blanco de una estrategia de lawfare (el uso de la justicia como herramienta de persecución política).

Según el testimonio de Chicaiza, Pablo Romero, jefe de la Senain, le había dicho que la orden de Correa era traer a Balda sin importar cómo. Romero y Correa han negado las versiones de su participación en el delito.

En junio de este año, el expresidente Rafael Correa fue formalmente involucrado en el caso. Ese día, el fiscal general del Estado a cargo, Paúl Pérez Reina, pidió que a Correa se le colocara un grillete electrónico y se presentase diariamente en el Consulado del Ecuador en Bruselas, ciudad en la que vive. La jueza Camacho no aceptó el pedido y, en su lugar, ordenó que Correa se presentara cada quince días, a partir del 2 de julio de 2018, ante la corte en Quito. Correa no viajó al Ecuador para cumplir con la orden, sino que presentó una carta en el consulado en Bélgica.

Ese incumplimiento es el que motiva la prisión dictada ayer. “Estamos ante la violación del debido proceso, esta audiencia es ilegal, inconstitucional, usted demuestra su imparcialidad”, dijo el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa. Correa dijo también en Twitter que “una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica”. Su abogado en ese país, Christophe Marchand, dijo que ordenarle a una persona que vive a miles de kilómetros presentarse cada quince días para firmar un documento es una condición imposible de cumplir. “Eso significa que, al final, no quería que la cumpliera”.

El defensor del expresidente también dijo, según reporta el diario ABC de España, que —en su opinión— no había nada en vigor en Bélgica para que Correa sea detenido. Dijo que era posible que el pedido estuviese en camino, aunque todavía quedaban apelaciones en Ecuador. Tras la audiencia, el fiscal Pérez Reina dijo que si Correa no se presenta será considerado “prófugo de la justicia”.

***

Este texto fue publicado originalmente en The New York Times en español.