Naciones Unidas renueva la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela hasta 2026

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fotografía de Elma Okic | UN Photo

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la renovación del mandato hasta el año 2026 de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que investiga violaciones de derechos humanos en el país, en una votación realizada este viernes 11 de octubre de 2024 durante la 57ma reunión del consejo en Ginebra, Suiza. 

Es la tercera extensión consecutiva de la misión, la cual fue creada por primera vez en octubre de 2019, y se aprobó con 23 votos a favor, 18 abstenciones y 6 votos en contra. El abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, publicó en la red social X que esta renovación tuvo la mayor cantidad de votos a favor desde que se inició la misión hace cinco años: “Es la primera vez que los votos a favor superan las abstenciones. Una victoria para las víctimas”.

La resolución aprobada insta al gobierno venezolano a retomar la cooperación con la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que operaba en Venezuela desde el año 2019 y cuya acción fue suspendida por las autoridades nacionales en febrero de 2024. 

La resolución también pide al gobierno que coopere con la oficina técnica del Acnudh, la misión de determinación de los hechos y la Corte Penal Internacional (CPI), que también mantiene investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

El texto insta a que se “les conceda acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión, les proporcione toda la información necesaria para cumplir sus mandatos y vele por que todas las personas puedan acceder sin trabas a las Naciones Unidas y otras entidades de derechos humanos y comunicarse con ellas sin temor a represalias”. 

Los países que votaron a favor de la resolución hicieron un llamado para que el Estado Venezolano permita “con urgencia” el retorno de la Acnudh.  

“Consideramos que ambas instituciones son complementarias y se refuerzan mutuamente: la Oficina monitorea la situación de los derechos humanos en el terreno, provee de información sobre el tema y asistencia técnica, mientras que la Misión de Determinación de Hechos monitorea la responsabilidad [de quienes cometen dichas vulneraciones a los derechos fundamentales] y la posible reparación para prevenir futuras violaciones”, comentó la delegación argentina en la sesión. 

El texto fue apoyado por otros 25 países que no son miembros del Consejo: Australia, Austria, Canadá, Chequia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España, Estonia, Grecia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Ucrania y Uruguay, los cuales participaron en la presentación del proyecto el pasado 4 de octubre.

Las delegaciones de Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam votaron en contra de la renovación de la Misión, alegando que el mandato sería una injerencia en los asuntos internos de Venezuela.  

Mientras tanto, Brasil y Honduras afirmaron que la resolución no es imparcial en su contenido. “Apoyamos el mandato de renovar la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela, así como la Misión de Determinación de Hechos (…). Sin embargo, consideramos que la resolución mantiene una parcialidad y un desbalance [informativo], por eso Brasil abstiene su voto. Una resolución que es condenatoria y prescriptiva no contribuirá a construir condiciones para generar un diálogo entre las partes interesadas”, declaró la delegación brasileña.

Venezuela, aunque tiene voz en el Consejo, no tiene voto en las resoluciones que emite la ONU desde el 2022. 

Exhortan a la transparencia electoral

La resolución expresa la preocupación del Consejo por la “erosión del Estado de derecho”, incluyendo las prácticas que socavan la independencia judicial en Venezuela, contribuyen a la impunidad y a que se mantengan violaciones de derechos humanos, y también “obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias”.

Dentro de los puntos de la resolución se exhorta a los partidos políticos venezolanos a “preparar un proceso que posibilite la celebración de elecciones locales, regionales y legislativas libres y limpias, con un consejo electoral nacional independiente y un Tribunal Supremo imparcial e independiente”. 

La resolución también exhorta a que el gobierno venezolano “ponga fin de inmediato a todos los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalia y difamación pública contra líderes de la oposición”, abogados, activistas, manifestantes pacíficos y participantes en las pasadas elecciones presidenciales. 

Entre las acciones que pide la resolución, se incluye la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. De acuerdo con el quinto informe de la Misión de Determinación de Hechos, presentado el pasado mes de septiembre, el gobierno venezolano afirmó haber detenido a 2229 personas a partir del 29 de julio de 2024, tras las elecciones presidenciales. El último reporte del Foro Penal, actualizado el 29 de septiembre, confirma 1916 detenciones con motivos políticos ocurridas en el contexto de protestas y manifestaciones en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que declararon la reelección de Nicolás Maduro. 

El comando opositor recopiló más del 80% de las actas electorales de testigos de mesa, con ellas ha demostrado que el resultado real de la elección dio la victoria al candidato Edmundo González Urrutia. El Centro Carter y el Panel de Expertos electorales de la ONU —ambos acompañantes electorales durante la elección— pusieron en duda los resultados del CNE. El Centro Carter declaró que la elección “no puede considerarse democrática” y el Panel de Expertos de la ONU afirmó que la gestión de resultados “no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”.

La resolución recién aprobada sobre Venezuela se había discutido el pasado 20 de septiembre. En esa sesión, las delegaciones de Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Japón pidieron la verificación de los resultados de las elecciones presidenciales. La delegación de Albania instó a las instituciones multilaterales a aumentar la protección del candidato de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde hace un mes.