Economía

Misión Alimentación: ¿beneficio social o herramienta de control político?

por Anabella Abadi M.

04/06/2018

Fotografía del Minci

En el Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes, publicado el 29 de mayo de 2018, respecto a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, se afirma que “la escasez de alimentos y el hambre es una de las dos caras de la crisis humanitaria causada por el Régimen, y ahora usada como arma contra su población”; y se precisa que “tanto el ‘apartheid alimentario’ institucionalizado, como el colapso económico dirigido y perpetuado por el Régimen tienen graves consecuencias en la salud física y mental de la población venezolana, como se explica por la magnitud de la crisis de salud descrita a continuación”.

Aunque no sorprende, resulta por demás interesante notar que la llamada soberanía y seguridad alimentaria ha sido una bandera discursiva del Socialismo del siglo XXI. Incluso, la primera de las misiones sociales y la más reconocida de entre todos los programas sociales –al menos hasta 2015– fue precisamente la red Mercal, que luego se transformaría en la Misión Alimentación al sumársele las Casas de Alimentación (creadas en 2004), PDVAL (creada en 2008) y la cadena de Abastos Bicentenarios (creada en 2010).

La Misión Alimentación, que pasó de tener 1.625 establecimientos en 2003 a tener 20.376 en 2015, a la fecha prácticamente ni se nombra. En contraste, los llamados CLAP han crecido y han cobrado fuerza política.

¿Qué muestran las cifras oficiales?

Durante su inauguración, el expresidente Hugo Chávez definió a Mercal como una red de “mercados populares para llevarle al pueblo alimentos de calidad, baratos, continuos y permanentes”. Asimismo, afirmó que su gobierno se comprometía a “suministrarles alimentos de muy buena calidad y muy baratos a ocho millones de habitantes [según dijo, un tercio de la población] de toda Venezuela sobre todo a los más pobres a las clases bajas, a las clases medias”. Tras agregarse nuevos eslabones a la cadena de la Misión Alimentación, no pudiéramos sino esperar que el Gobierno Central apuntara a alcanzar metas aún mayores.

Según cifras del Ministerio de Alimentación, Misión Alimentación pasó de distribuir 45.600 toneladas de comida en 2003 a distribuir más de 5,6 millones de toneladas en 2015. Mercal distribuyó, en promedio, 71,4% de los alimentos en dicho período.

Además, el Ministerio de Alimentación reportó que los beneficiarios de Mercal tuvieron acceso a mejores precios que los cobrados en cualquier mercado, incluso por debajo de los precios regulados por el Gobierno Central. Entre 2003 y 2015 se reportó que los precios de Mercal permitieron un ahorro promedio de casi 43% respecto a los precios regulados y de 62% respecto a los cobrados en mercados tradicionales. En el caso de PDVAL y Abastos Bicentenario, el ahorro reportado rondó entre 20 y 30% en el mismo período.

Durante la gestión del presidente Maduro, los esfuerzos en materia alimentaria se han enfocado en los llamados CLAP: Consejos Locales de Abastecimiento y Producción. Estas formas de organización comunitaria, creados en abril de 2016 y dirigidas a la distribución de alimentos casa por casa, pasaron de ser un programa temporal a ser el principal programa social del Gobierno Central. Según el coordinador general de los CLAP, Freddy Bernal, entre 2016 y 2017 se distribuyeron 117.646.965 de combos CLAP: 26.657.785 en 2016 y 90.989.180 en 2017.

Si bien estas cifras pudieran impactar a cualquier, dejan abiertas importantes incógnitas que resultan fundamentales para evaluar la política alimentaria del Socialismo del siglo XXI.

¿Cómo funciona la red pública de distribución de alimentos?

La Misión Alimentación contaba con su red propia de distribución. Pero, es importante precisar que no toda fue creada por el propio Gobierno Central. Tras centenares de expropiaciones, millones de hectáreas de terreno intervenidas y múltiples controles sobre los procesos productivos, el gobierno comenzó a intervenir los siguientes eslabones de la cadena de consumo de alimentos, principalmente distribución y comercialización.

Tal vez la primera gran intervención en este sentido fue la expropiación de la cadena de hipermercados Éxito y la posterior compra de CADA –ahora Abastos Bicentenario– en enero de 2010. Y los resultados no fueron los prometidos: son bastante conocidas las largas colas que caracterizaban a los Abastos Bicentenarios y en enero de 2015 comenzaron a restringir sus ventas en función al terminal de las cédulas. A octubre de 2017, la mala administración de la red la llevó a que sólo estuvieran funcionando 29 de sus 42 establecimiento originales; y a la fecha, los locales de Abastos Bicentenario pasaron a formar parte de la red de tiendas CLAP.

Por su parte, han surgido fuertes dudas sobre la falta de control de calidad en la red de distribución de alimentos de la Misión Alimentación. Tal vez el caso más emblemático es el escándalo de PDVAL en 2010. Según datos recopilados por ODH, entre el 25 de mayo y el 19 de junio de 2010 se reportaron los hallazgos de alrededor de 129.940 toneladas de alimentos descompuesto propiedad de PDVAL (sin incluir 120 paletas de margarina y 300 litros de aceite). Además, hacia mediados de 2010, también se denunció la incineración de varias toneladas de alimentos y envases en Carabobo, Falcón, Portuguesa y Sucre. (AnálisisVenezuela 10/23: “Controles e ineficiencias: el sector alimentos”, junio 2010)

En cuanto a los CLAP, tal y como fue reportado en una investigación realizada por Transparencia Venezuela y la Asamblea Nacional, en conjunto con la Fundación Bengoa, 67% de los encuestados que afirmaron recibir CLAP lo hacían de manera esporádica (más de un mes de diferencia entre bolsa y bolsa) aunque su distribución debería ser quincenal. Además, se ha reportado en varias oportunidades que la comida de los CLAP carece de control de calidad y registro sanitario. No sorprende pues que los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2017 permitieran concluir que “por su periodicidad y contenido las bosas o cajas CLAP no son en modo alguno un complemento alimenticio de importancia nutricional para la mayoría de las familias. Es una ‘oferta de precio’, que se aprovecha”.

Por último, pero no menos importante: la red pública de distribución de alimentos ha estado plagada con escándalos de corrupción. De manera formal, tal y como reportó Transparencia Venezuela, “el informe de gestión de la Contraloría General 2016 observó que en PDVAL, Mercal, C.A. y en la Red de Abastos Bicentenario, se registraron contrataciones públicas en transgresión de la Ley de Contrataciones, también pagos si haber recibido la totalidad de los bienes, extravío de productos, entre otros. Ese mismo órgano de control reportó en años anteriores grandes pérdidas de alimentos por parte de empresas estatales”.

¿Quiénes han sido los principales beneficiarios
de la red pública de distribución de alimentos?

Cifras del propio Ministerio de Alimentación reflejan que el número de beneficiarios de la Misión Alimentación pasó de casi 550.000 (100% a través de Mercal) a un máximo de casi 18,5 millones de ciudadanos en 2012. Al año 2015, el número de beneficiarios cerró en poco más de 14,7 millones. De estos, Mercal atendió –en promedio– a 84% de estos beneficiaros entre 2003 y 2013, para luego caer a 58% en 2014 y a 51% en 2015. Usando estos números como referencia, se puede asumir que el objetivo de atender a un tercio de la población se cumplió a través de la Red Mercal (con excepción de los años 2003, 2004 y 2015) y que fue superado con creces al considerar los otros programas de la Misión Alimentación.

Sin embargo, según la IV Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF) de 2009 del Banco Central de Venezuela, sólo 22,5% de los hogares venezolanos habían comprado al menos un producto en la Misión Alimentación en la semana previa: 19,3% en Mercal, 4,4% en PDVAL y 0,1% en otros. Eso es prácticamente la mitad de lo reportado por el Ministerio de Alimentación para ese año. Además, sólo 13,5% de las compras fueron hechas por hogares pobres: 34,4% del total en Mercal, 19,9% del total en PDVAL y 3% del total en otros.

Para 2014, la Encovi reflejó que en los 5 años previos se había experimentado una caída de hasta 20% en la cantidad de beneficiarios de los programas sociales; y que de los 2 millones de venezolanos que decían ser beneficiarios de una o más Misiones “sólo el 20% están en pobreza extrema y casi la mitad de los beneficiarios no deberían serlo por no estar en ‘estado de necesidad’”.  Además, para 2016, los resultados de la Encovi permitieron concluir que además del problema de diseño, persistían los problemas de focalización de las misiones y que 59% de los beneficiaros no eran pobres.

¿Quiénes ha sido excluidos de la red pública de distribución de alimentos?

Según los resultados de Encovi, entre 2014 y 2017 el número de venezolanos que no se beneficiaba de alguna misión fue cayendo. Sin embargo, en el mismo período aumentó el número de venezolanos que afirman sentirse excluidos; y en 2014 y 2015, 1 de cada 4 excluidos afirmaron que su exclusión se debió a razones políticas.

Para 2017, los resultados de Encovi hacían notar que “si bien en los años anteriores todas las misiones diferentes a las dirigidas a la alimentación registraban menor cantidad de beneficiarios, en 2017 en la práctica, sólo hay una sola misión: Los CLAP”. En este sentido, resulta pertinente mencionar que en la investigación realizada por Transparencia Venezuela y la Asamblea Nacional, en conjunto con la Fundación Bengoa, resalta que 50,9% de quienes dicen recibir combos CLAP afirmó que la entrega fue condicionada a algún instrumento de control político (Carnet de la Patria o censo).

¿Beneficio social o herramienta de control político?

Las cifras disponibles (públicas y privadas) permiten decir que, si bien el Gobierno Central afirma haber distribuido gran cantidad de alimentos a precios solidarios, los principales beneficiarios no fueron las poblaciones más vulnerables. Más aún, la red pública de distribución de alimentos muestra fallas operativas importantes, por acción y omisión, y los modelos de distribución de alimentos no siguen criterios técnicos de eficiencia o equidad alguno. Se puede por tanto alegar que el Gobierno Central ha venido promoviendo una política de dependencia socioeconómica de las poblaciones más vulnerables con el Estado, para garantizar su apoyo político a cambio de beneficios sociales. En este sentido, la red pública de distribución de alimentos ha sido clave.

Resalta que, por ejemplo, tras las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 Michael Penfold afirmó que el resultado ampliamente favorable al partido de gobierno pudo deberse a –entre otros factores– el uso del Carnet de la Patria. Penfold alega que este mecanismo de control electrónico permitió “ejercer un control social y potencialmente político sobre el acceso de los individuos a los diversos programas del gobierno pero en particular a los CLAPS”, y que el gobierno había “logrado crear una versión 2.0 de las misiones del 2004 (es imposible olvidar la famosa lista Maisanta y la expansión del gasto social a través de diversos programas) pero con unos resultados aún más impresionantes debido a su sofisticación tecnológica y la forma de condicionamiento del voto a través de los puntos rojos”. Más recientemente, Henri Falcón anunció que había impugnado la elección presidencial del 20 de mayo, alegando que el gobierno usó el Carnet de la Patria como herramienta de propaganda electoral y para controlar la distribución de recompensas a cambio de votos.

Los crecientes niveles de pobreza en un contexto de hiperinflación, escasez y colapso de los servicios públicos, hace que los programas de asistencia social sean indispensables. Sin embargo, sólo podrán contribuir a romper el ciclo de la pobreza si se solventan los evidentes problemas de ejecución que presentan, se coordinan sus labores y se dirigen a la población que verdaderamente los necesitan. Las arbitrariedades políticas son y seguirán siendo el peor enemigo de las políticas sociales y de las poblaciones más vulnerables.


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