Telón de fondo

La segunda expulsión de los jesuitas

por Elías Pino Iturrieta

06/08/2018

Cuando vemos el auge de los establecimientos jesuíticos en la Venezuela de nuestros días, se nos escapa la consideración de las persecuciones que padecieron en el pasado. La actual fortaleza de instituciones dirigidas por ellos, como la Universidad Católica Andrés Bello, el Colegio San Ignacio de Caracas y la organización Fe y Alegría, entre otras de importancia, impide o entorpece la memoria de los tiempos de mengua que experimentaron. Lo mismo pasa cuando recordamos los nombres de sus eminentes sacerdotes, referencias de períodos de auge en el seno de la congregación que no remiten a los períodos de su declive. Ahora veremos el caso de su extrañamiento durante el régimen de José Tadeo Monagas, un curioso suceso que generalmente pasa inadvertido y que forma parte de las referidas adversidades.

Como se sabe, la Compañía de Jesús es expulsada de España y de las posesiones españolas en 1767, por disposición del rey Carlos III. El monarca ve en los hijos de San Ignacio a los enconados opositores de sus regalías, y a individuos demasiado proclives a participar en política debido a su antigua influencia en la corte y en la educación de los hijos de la nobleza. Son un estorbo para las pretensiones del absolutismo que están estrenando los modernos Borbones. La regia disposición hace que abandonen aquí, aparte de sus fundaciones misionales, el rico colegio merideño de San José y San Francisco Javier, sin que se tengan evidencias de protestas ante la disposición. Es la voluntad de rey y se debe acatar sin vacilaciones, especialmente por una orden religiosa que ha jurado obediencia a las jerarquías. Los gobiernos republicanos no tocan la medida ni con el pétalo de una rosa, hasta cuando llega la insólita orden del general José Tadeo.

El Decreto de Expulsión aparece en la Gaceta de Venezuela de fecha 31 de agosto de 1848, y afirma que:

Se declaran perjudiciales a los intereses de la República y como tales no serán admitidos en ella a los extranjeros de ambos sexos pertenecientes a la Compañía de Jesús, cualquiera sea la denominación que hayan tomado.

No se tienen evidencias de que los jesuitas estuvieran pensando en su regreso, ni de que establecieran contactos con figuras u organizaciones del país para tratar de volver. De allí la extrañeza que produce la medida, en su momento y en la posteridad. Ningún hecho indicativo de peligro para la seguridad de la república la respalda. En ninguna campaña anterior de prensa se comenta la posibilidad de una vuelta intempestiva de la Compañía ya expulsada por el rey de España.

En los informes de los ministerios no se guardan documentos sobre movimientos orientados a buscar un retorno supuestamente peligroso, ni en los archivos del arzobispado se guardan papeles sobre el punto. Apenas ha comenzado a circular, de acuerdo con las pesquisas de la colega María Soledad Hernández, un escrito famoso de Eugéne Sue, El judío errante, que habla pestes de los religiosos a quienes se veda una entrada no solicitada y que puede mover la voluntad del alto gobierno. Pero otro aspecto produce curiosidad en torno a la medida: no hay mujeres jesuitas, no hay jesuitinas, pero sobre ellas cae también el peso del decreto. Sin embargo, después del asalto del Congreso ordenado por el presidente Monagas a principios de año, nadie desea hacer preguntas incómodas.

¿Cuál es el motivo verdadero de la expulsión? La Memoria del Ministro del Interior, Antonio Leocadio Guzmán, presentada ante las Cámaras en 10 de marzo de 1849, arroja cierta luz sobre el asunto. Debemos su rescate a la referida colega Hernández y dice así:

Un punto hay que con instancia requiere la asistencia del legislador, aunque ya el gobierno ha cortado el curso de los males (…) es, a saber, la introducción de un clero verdaderamente extranjero en la república. Desde que el gobierno anterior, en el empeño de volver la sociedad a los absurdos de la esclavitud política, mandó a buscar a Europa los rezagos de un clero que la España había arrojado de su seno como obra de su inquisición, como regimiento de su absolutismo, una corriente sensible de tonsurados desconocidos, extraños a la tierra como a sus instituciones, ha seguido invadiendo esta joven República, inocente y desapercibida, por la criminal tolerancia de sus conductores.

El ministro Guzmán habla, como se ha visto, de un plan anterior de los gobiernos godos para el control de la sociedad a través de la ayuda del clero extranjero. Para un control que significa un retroceso en sentido republicano, desde luego. La afirmación no deja de producir extrañeza si consideramos la orientación laica de la administración desde 1830, y el empeño puesto por el presidente Páez en el propósito de reducir la influencia eclesiástica, pero es la única idea capaz de ofrecer una explicación sobre la expulsión de unos sacerdotes ausentes y lejanos que no han comprado el boleto de vuelta.

Los jesuitas retornan en 1916, con la bendición de Gómez y ante tímidas repulsas que no dejan huella, pero esa es otra historia. Seguramente alguien le recordara entonces a don Juan Vicente el decreto de don José Tadeo, pero no le dio importancia. Tal vez lo juzgó como una curiosidad que solo incumbe al ocio de un historiador.


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