La imposibilidad de un ajuste exitoso por parte de Maduro: lecciones de Nicaragua

Los siguientes son apuntes sobre los intentos de estabilización que realizó el gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua durante la hiperinflación, la cual azotó a ese país durante 5 años, la más larga de América Latina.

Entre 1982-1987, los sandinistas realizaron una masiva expansión del gasto público, el cual alcanzó el 59% del PIB en 1984, dejando un déficit del 27%. El impacto monetario del financiamiento de este déficit fue dramático. Sin embargo, hasta 1984 —y nótese la similitud con Venezuela hasta 2012—, la aceleración en la inflación fue bastante modesta: un 2% mensual en promedio.

El descalce entre los aumentos de la liquidez monetaria y los precios se debió a políticas represivas de la inflación: una tasa de cambio fija y rígidos controles de precios. Sin embargo, el exceso de liquidez se reflejó en el único precio que no se podía controlar: el del dólar en el mercado negro.

Eventualmente, la inflación se convirtió en un dolor de cabeza para los sandinistas.

1985

Ante esta situación, en 1985, y similar a Maduro en 2018, el Gobierno realizó algunos cortes en el gasto civil y se concentró en el gasto militar (para financiar la guerra con los contras). También devaluó el tipo de cambio oficial, se ajustaron los precios regulados y se controló la demanda de importaciones.

En un intento por recuperar la capacidad de compra del salario ante dichos ajustes en el tipo de cambio y los precios regulados, el Gobierno decretó masivos aumentos salariales. Esta política salarial desincentivó el empleo formal, resultando en una caída general en la productividad laboral, alta rotación de personal y un aumento de las remuneraciones “en especie”.

Igual a la Venezuela de Maduro, Nicaragua tenía importantes restricciones para el financiamiento externo debido al agotamiento de su capacidad de endeudamiento y luego por sanciones impuestas por EE. UU. Sin embargo, el déficit en la balanza de pagos se financió por acumulación de retrasos en sus compromisos externos, asistencia bilateral de otros países socialistas (un tipo de apoyo que no tomaba en cuenta las necesidades reales de financiamiento de la economía nicaragüense) y preventa de exportaciones.

A pesar de algunos ajustes de precios y los “intentos” de reducir el gasto público, el déficit fiscal nunca fue menor al 20% del PIB, principalmente por el impacto del efecto Olivera-Tanzi sobre los ingresos fiscales, un efecto que se traduce en una menor recaudación fiscal en términos reales. Cualquier expectativa positiva desapareció, el público intentó deshacerse de Córdoba y la inflación empezó a acelerarse.

A principios de 1988, la situación era crítica. Altas tasas de inflación (el 25% mensual en promedio) llevaron al colapso de facto del control de precios. La moratoria en los pagos de deuda externa era casi general y la contracción en la producción (especialmente en los servicios públicos), los salarios y, por ende, el consumo fue masiva.

1988

La guerra con los contras estaba amainando y las conversaciones de paz entre los presidentes centroamericanos empezaron a dar resultados. Estas dos condiciones, colapso económico y pseudocalma política, dieron pie a dos intentos masivos de estabilización en febrero y junio de 1988.

Las metas en febrero fueron múltiples (de nuevo nótese la semejanza con el Plan Maduro): 1) realineamiento de precios relativos y reconversión monetaria, 2) reducción de inflación vía políticas monetarias y fiscales austeras, 3) reactivación del sector formal de la economía y 4) reconstrucción del sistema de salarios.

Se simplificó el mercado cambiario a dos tasas: una oficial y una paralela legal para la cual se abrieron casas de cambio en todo el país, pero bajo la tutoría del Gobierno. Esta política cambiaria tuvo un corte muy similar a la de Maduro entre 2016-2017 con el Dicom.

A pesar de que estos intentos de estabilización fueron más ambiciosos que los de 1985, éstos replicaron los mismos errores del pasado: las diferentes metas no se persiguieron con el mismo vigor ni los paquetes fueron globalmente consistentes.

Se hizo énfasis en la corrección de precios relativos, mientras que las políticas fiscales y monetarias se mantuvieron inalteradas, manteniéndose el alto déficit fiscal, principalmente por el efecto Olivera-Tanzi. Al igual que en Venezuela hace dos años, el tipo de cambio oficial se sobrevaluó inmediatamente y el intento por incrementar los salarios reales fue abandonado a los pocos meses.

En junio se liberaron la mayoría de los precios y salarios, se decretaron aumentos masivos en los precios que seguían bajo el control del Gobierno (i. e. gasolina) y se volvió a devaluar la moneda, pero esta vez a una frecuencia mensual.

Sin embargo, el ajuste del gasto fiscal no fue suficiente y no hubo control alguno sobre el crecimiento del crédito. Aunque se hizo un intento por indexar las tasas de interés e incrementar la demanda de dinero, la indexación fue imperfecta. Para colmo, en 1988, el país fue afectado por el huracán Joan, lo que se constituyó en otro shock de oferta.

1989

Para 1989, la desconfianza en las políticas del Gobierno era total. El Gobierno se quedó sin instrumentos de política para manejar la dinámica exponencial de los precios: el control de precios hizo aguas; el tipo de cambio oficial siempre estaría sobrevaluado y la escasez de divisas no dejó de ser la restricción más limitativa para mejorar el sistema cambiario y/o liberar importaciones.

En el programa de 1989, el déficit del gobierno central se redujo masivamente, hasta un 5% del PIB, aunque en la práctica la reducción fue mayor vía menores transferencias a los ministerios de las que estaban originalmente presupuestadas y hubo un recorte masivo en la nómina pública denominado “compactación”.

Se adoptó una política restrictiva al crédito, acompañada de una gestión activa de las tasas de interés, manteniendo retornos reales positivos en todos los depósitos a plazo, así como costos reales positivos en todos los créditos.

Se recurrió a un sistema de minidevaluaciones sucesivas (i. e. tres veces al mes). El presidente Ortega anunció el fin de las expropiaciones en cadena nacional, el Gobierno adoptó un sistema de programación financiera y optimizó sus bases de datos para hacer análisis macroeconómico de alta frecuencia (v. g. semanal o diario).

Este manejo macroeconómico disminuyó considerablemente la brecha entre el mercado oficial y el paralelo (i. e. 10%). A su vez, la reducción en la inflación contribuyó a que cesara la monetización del déficit y, junto al manejo de tasas de interés, hicieron que aumentara la demanda de dinero. La actividad económica, después de caer fuertemente en el primer trimestre, mostró señales de recuperación en el segundo, especialmente en el sector exportador.

Sin embargo, se mantuvieron subsidios a empresas públicas importadoras que, junto a las ganancias obtenidas por las devaluaciones del sector exportador privado, siguieron estimulando la oferta monetaria.

También conflictos entre el Gobierno y el sector agrícola hicieron que el Gobierno revirtiera su política de gestión de tasas de interés: en junio de 1989, todas las tasas activas se encontraban fijas y por debajo de las pasivas.

Esta incapacidad para estabilizar la oferta monetaria se tradujo en presión sobre las expectativas cambiarias y llevó al Gobierno a una política de devaluación oficial de “perseguir la tasa en el mercado paralelo”. Esto inició un nuevo ciclo de stop and go durante el segundo semestre de 1989.

Este último intento de estabilización, a pesar de ser más efectivo, mostró señales tanto de inconsistencia como de fragilidad: el recorte de gasto no podía ser mantenido indefinidamente y la política monetaria no logró gestionar la liquidez en el mercado. Sin embargo, éstas eran meras señales de la imposibilidad del Gobierno para recaudar recursos en moneda extranjera. Y no hubo avances en diseñar un ambiente lo suficientemente propicio como para estimular la actividad privada.

1990

Paralelamente, las presiones para darle una salida pacífica a la crisis dieron fruto cuando se convocaron elecciones presidenciales para febrero de 1990. Sin embargo, la perspectiva de una elección hizo que los esfuerzos de estabilización dejaran de operar: el gasto aumentó masivamente y una nueva ola de hiperinflación estuvo a la vista. Quizás los sandinistas pensaban que al cuarto intento se iban a lograr estabilizar.

Para abril de 1990, la presidenta electa, Violeta Chamorro, también tuvo que hacer, otra vez, ajustes masivos a la economía. Aunque esta vez la restricción externa sí fue relajada y el plan fue exitoso, una fuerte influencia sobre los sindicatos por parte de los sandinistas, así como otros eventos relevantes en esos días, se constituyó en fuerzas importantes de resistencia a los ajustes de Chamorro.

Si bien las elecciones de febrero de 1990 ayudaron a relajar la restricción externa de Nicaragua y, junto al restablecimiento de los derechos de propiedad y el uso de mecanismos de mercado, lograron estabilizar la economía, el conflicto entre los sandinistas y el resto de la sociedad nicaragüense siguió vivo: como muestra tenemos la crisis que se vive hoy en ese país, 30 años después.

2018

Las lecciones de Nicaragua son claras para Venezuela: las acciones de Maduro se parecen mucho a las que trató de implementar Ortega en febrero de 1988, cuando la economía venezolana está peor que la de Nicaragua en 1989. Este solo hecho nos hace pensar que el plan de Maduro durará muy poco y que una serie de nuevos intentos vendrán en los próximos meses.

Los planes de estabilización de Ortega no funcionaron. Su gobierno tuvo que orquestar otro plan a los 4 meses y luego otro 6 meses después, para finalmente entregar el poder al año siguiente, ante una demostrada incapacidad para estabilizar la economía.

Sus principales restricciones fueron la falta de dólares, el no restablecimiento de los derechos de propiedad, la falta de mecanismos de mercado para asignar recursos y la poca efectividad para lograr acuerdos nacionales de largo aliento y base ancha. Sin embargo, estas restricciones subyacen a un problema fundamental, la restricción más importante: su dogmatismo ideológico.