Telón de fondo

Historias de autoridades despóticas

por Elías Pino Iturrieta

Fotografía de jurek d. | Flickr

08/04/2019

El despotismo de las autoridades es antiguo en Venezuela. Quizá su existencia desde los comienzos del estado nacional permita explicar las razones por las cuales permanece todavía, o el hecho de que la ciudadanía no se sorprenda por su continuidad. Pese a la fundación de una vida de procedencia liberal que comienza a ser evidente en la primera mitad del siglo XIX, y de los avances de la cohabitación democrática desde la cuarta década del siglo XX, no cesan de aparecer arbitrariedades cometidas por funcionarios con autoridad que no se convierten en motivo de alarma general, ni en causas que conduzcan a la intervención del poder judicial. Tal vez porque no son extrañas, pese a que la letra de las regulaciones las ha desterrado de la faz de la república, probablemente porque vienen de muy atrás y, en consecuencia, no dejan de ser familiares.

Estamos ante una posibilidad de explicación propia de historiadores, es decir, de analistas que miran el presente desde sus antecedentes, aunque parezcan remotos, dejándole a especialistas como los sociólogos y los politólogos un entendimiento que no tenga que viajar mucho en el tiempo para llegar a conclusiones cabales. Tal es el motivo que ahora nos lleva a episodios relacionados con prepotencias groseras de funcionarios legalmente dotados para sus funciones, desconocidos por la mayoría de los lectores. Pueden ser viejo espejo de problemas actuales. Hecha la aclaratoria, comencemos a esculcar en 1837.

Justo en ese año, los habitantes de Barcelona son testigos de cómo el juez José María Saavedra destina a numerosas personas para que sirvan en casas particulares con el pretexto de que son vagos, cuando la mayoría puede probar que vive de ocupaciones lícitas. También contemplan situaciones perecidas los vecinos de La Victoria en 1842, si nos atenemos a los padecimientos que les causa el jefe político, un sujeto llamado Laureano Reverón. Apenas al encargarse de sus funciones, ordenó la prisión de tres campesinos que le debían dinero, unos treinta y seis pesos en total. Después hizo juegos ilegales en su casa, argumentando que no había precepto que lo impidiera. Luego hizo que un soldado borracho robara documentos que lo comprometían en la vejación de unos ciudadanos y en la desaparición de seis burros de carga. Más tarde ordenó una paliza contra un joven que amenazó con denunciarlo en Caracas. El jefe político de La Victoria adquiere celebridad cuando sus felonías se ventilan a través de El Venezolano, el 13 de septiembre de ese año. Los redactores lo presentan como:

Un hombre que no ha leído nuestra Constitución, no conoce el sistema, y si lo conoce, malignamente quiere desacreditarlo; y en fin, que la educación que ha recibido no es para vivir ni gobernar en un país de instituciones liberales, sino en aquellos en que por desgracia de la especie humana rige un despotismo absoluto.

Una manera de explicar las razones de otra tiranía comarcal, pero también el parecido que en ocasiones tenía con sus antípodas el régimen inspirado en principios liberales.

Un análisis semejante se ajusta al caso de Antonio Abreu, quien ocupa la jefatura política de Calabozo en 1845. El hombre aprisiona a los vecinos a su antojo, aun sin que se persiga delito ni se acuse a nadie de fechorías. Así mismo, saca de la cárcel a los delincuentes, si son sus compinches o le ofrecen recompensas. Sus desafueros llegan al conocimiento público debido a método que utiliza para lograr la condena de dos presuntos delincuentes. Algo aterrador de veras:

El seis de marzo en la noche, a las ocho y media, hizo sacar el Jefe Político de la Cárcel al presidiario Francisco López y al preso Urano Figuera, les amarraron bien y fueron conducidos a la sabana por una escolta de guardias armados de trabucos carabinas y machetes. El Jefe Político concurrió personalmente a esta escena, para darle más importancia. Cuando tuvieron en campo abierto a las víctimas de su perversidad, les amenazaron con el tren de armas e intimaron: que si no decían la verdad afirmando cuanto se les interrogase, les quitarían las vidas: estas amenazas e intimaciones eran tan continuas como que acabada pregunta se las repetían. Al preso Urbano Figuera le infirieron una herida leve… Viendo tanto aparato y oyendo la retumbante del primer funcionario de policía del Cantón, aseveraron todo cuanto se les preguntó. En esta confesión forzada complicaron a un vecino de la parroquia los Ángeles, complicaron también a Pedro Pérez, benemérito soldado de la independencia, y a Simón Flores, que se hallan presos.

Así describe El Venezolano la pavorosa escena, en su edición de 9 de abril de 1845. Ante la aparición de la novedad, se ordena una investigación desde Caracas. Pero, ¿qué hubiera sucedido si el periódico no pasa la información? Quizá hubiera permanecido tras los muros de la jefatura de Calabozo.

Pero El Monitor Industrial de abril de 1858 llama la atención sobre un episodio que no sucede en lugares alejados, sino en la capital. Denuncia al jefe de policía Paulino Martínez, quien roba productos agrícolas a un ciudadano y amenaza de muerte a quienes critican su actitud. Llega al extremo de insultar a un juez de la parroquia Santa Rosalía, ante el que se vanagloria de su exclusiva sujeción a la comandancia de armas. Todo esto frente a las narices del gobernador y del presidente de la república.

Se pueden topar con más casos de este tipo en mi País Archipiélago. Venezuela, 1830-1858 ) Caracas, Editorial Alfa, 2014). También son historia patria, también son sucesos que debemos conocer para el entendimiento de los tropiezos que complican la vida de la república a partir de entonces. Son muchas las cosas de trascendencia que podemos descubrir sin dejamos de mirar únicamente hacia las batallas campales y nos olvidamos, siquiera por un rato, de los documentos pomposos. Pero también si pensamos que los sucesos que nos incumben no comienzan cuando se suscribe nuestra partida de nacimiento.


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