La lengua fronteriza del Táchira siempre ha estado abierta, aunque este agosto se cumplieron cinco años del cierre contemporáneo más severo de los pasos entre Venezuela y Colombia. Su jerga apenas ha experimentado cambios, al entrar en reposo algunos regionalismos e incorporar términos por la pandemia de covid-19.

Las flexibilizaciones acordadas de movilidad peatonal por los puentes binacionales están en pausa indefinida desde marzo, a razón de la emergencia sanitaria mundial. Entonces, si en el bullicioso agosto pasado se podía escuchar un “llame en el minutero para que esperen del otro lado al lomotaxi y carguen lo que mercaron”, en este silencioso agosto es posible informarse por radio que “llegaron más retornados al PASI”.

La cara de la frontera tachirense cambió. Lo que ahora se dice y escucha, también. Unos y otros vocablos conforman este glosario a dos tiempos; el del pasado reciente y del presente pandémico.

• A •

Arrastrador

Era una persona, por lo general joven, contratada por una línea de transporte terrestre para vocear el servicio a migrantes. Parados en la acera del puente internacional Simón Bolívar, con lista de precios en mano o entregando volantes, el arrastrador era exitoso en la medida que trasladaba o acompañaba clientes hasta la oficina de la empresa, donde se podía comprar boletos hacia otras ciudades de Colombia, Ecuador, Perú o Chile.

“Una asesoría bien, pues”, decía Roberto Chaparro, venezolano, en julio de 2019. “Uno lo asesora hasta donde ellos quieran ir, uno lo asesora para todos lados: lo entra al sellado, le da su almuerzo, le da su cena, desayuno… y, chévere, se van contentos”.

Las comisiones para ellos aumentaron con el auge de la migración terrestre no planificada desde la frontera del Táchira hacia Sudamérica. En pleno fenómeno, Colombia llegó a calcular que a diario más de 70.000 ciudadanos venezolanos entraban y salían por el puente internacional Simón Bolívar y que, de ellos, cerca del 5% lo hacía para no regresar.

• C •

Carretillero

Un carretillero o carruchero era un trabajador informal que, en uno u otro extremo de los puentes internacionales, cargaba maletas o bultos pesados para trasladarlos en carretillas o en carruchas.

Más de 1.000 carretilleros desfilaban diariamente por el puente internacional Simón Bolívar hace un año, cuando hizo el cálculo el trabajador informal venezolano José Baute. Pedían 5.000 pesos colombianos (en moneda local, equivalentes a poco más de un dólar) como tarifa mínima de un traslado, sujeta casi siempre a regateo. Mercados de alimentos, sin duda, era lo que más cargaba la gente de Colombia a Venezuela antes de la pandemia.

Comprapelo

Menos evidentes eran los comprapelo o “jaladores de cabello”: hombres y mujeres que escrutaban con la mirada las melenas de los transeúntes. Eran hábiles para deslizarse entre la multitud, acercarse a los más favorecidos y ofrecerles algunos miles de pesos a cambio de dejarse cortar mechones. Decían que iban a fábricas informales de pelucas, en ciudades como Cali. Los más prósperos en este negocio contaban también con sus propios arrastradores.

Connacional

Representantes del gobierno central en el Táchira llaman connacionales a ciudadanos venezolanos que emigraron en meses o años anteriores a otros países de Sudamérica y que, en este contexto de emergencia sanitaria mundial, retornan a casa por distintos motivos, sobre todo de vulnerabilidad económica o exclusión social.

La dirección de la flecha se invirtió y la principal puerta de salida de venezolanos se volvió giratoria para recibir a una parte de los migrantes. Los 315 metros lineales del puente internacional Simón Bolívar lucen más despejados, aunque traspasar la raya fronteriza continúa siendo estrecho para los retornados, casi por las aceras. En mitad del puente, pintado con el tricolor nacional, sigue plantado el contenedor que atravesó Venezuela para bloquear el fallido ingreso de ayuda humanitaria en febrero de 2019.

Más de 95.000 venezolanos regresaron a su país entre el 14 de marzo y el 3 de agosto de 2020; el 77% de ellos cruzó por el departamento de Norte de Santander, según datos de Migración Colombia. Proyectan que cerca de 40.000 más estarían a la espera.

• L •

Lomotaxi

La palabra lomotaxi ha sido una forma más reciente de designar al maletero de toda la vida en la zona fronteriza, o el hombre que, a falta del carrito con ruedas, se echaba al hombro (o algunos sobre la cabeza) los paquetes con mercancías.

“Uno a veces tiene que hacer los dos oficios (carruchero y maletero)”, comentaba José Baute en julio de 2019. “Porque a veces, como no te dejan pasar la carretilla, entonces uno llega y se las echa al hombro, uno trabaja de las dos cosas, de las dos maneras”.

Antes del cierre fronterizo de 2015, maletero era quien cargaba la mercancía de otros a través de pasos irregulares para evadir los controles aduanales, recuerdan habitantes de San Antonio. En estos últimos cuatro años, con las flexibilizaciones peatonales, el término igual abarcó a quienes lo hacían a través de los puentes.

• M •

Minutero

Como la señal telefónica venezolana se pierde apenas se entra en territorio colombiano, ha sido útil el minutero. “¡Minutos, minutos!”, gritaban quienes se dedicaban a alquilar teléfonos celulares para hacer llamadas rápidas desde Colombia hacia Venezuela.

• P • 

Pasos autorizados

El gobierno venezolano llamó “pasos autorizados” a las primeras concesiones de movilización peatonal a estudiantes, enfermos crónicos y viajeros, que se mantuvieron entre septiembre de 2015 y agosto de 2016. El gobierno colombiano lo entendió como un “corredor humanitario”.

Hasta el 19 de agosto de 2015 cualquier ciudadano podía abordar un autobús en el terminal de San Cristóbal (capital del Táchira, en Venezuela) y pedir la parada dos horas más tarde en el centro de Cúcuta (capital del Norte de Santander, en Colombia), o bien movilizarse en su propio vehículo. La actividad aduanal también era normal. Al día siguiente, el 20 de agosto de 2015, esa misma frontera andina amaneció cerrada, en una medida unilateral del gobierno de Nicolás Maduro luego de una emboscada a militares venezolanos por parte de irregulares colombianos, según la versión oficial.

El paso únicamente a pie vino como una concesión en 2016 y otra vez en 2019, a través de los puentes internacionales Simón Bolívar, que conectan la venezolana ciudad de San Antonio con la localidad colombiana de La Parada; el Francisco de Paula Santander, entre Ureña y El Escobal, y La Unión, que une Boca de Grita y Puerto Santander. Más discreto siempre ha sido el puente peatonal Alianza, en medio de los pueblitos Delicias y Ragonvalia. El más reciente punto de conexión binacional es Tienditas, puente terminado en su construcción que todavía no ha sido puesto en servicio.

Razones sanitarias y por primera vez no políticas mediaron para la más reciente e indefinida clausura de los pasos fronterizos autorizados, a mediados de marzo de 2020. La Casa de Nariño lo anunció primero; el Palacio de Miraflores respondió luego con reciprocidad.

PEP

El Permiso Especial de Permanencia es una medida de flexibilización migratoria temporal, emitida por Colombia, que permite a ciudadanos venezolanos permanecer de manera regular dentro de territorio neogranadino y adelantar actividades remuneradas, así como acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo, entre otros.

Cerca del 37% de los 1,7 millones de venezolanos radicados en Colombia contaba con PEP en julio de 2020, según Migración Colombia.

Pimpinero

El olor a gasolina también ha caracterizado el espacio público en el barrio colombiano de La Parada. El pimpinero ha vivido durante décadas a expensas del contrabando del barato combustible venezolano y su venta ilegal a parte del parque automotor cucuteño. Antes de la pandemia habían censado a casi 1.500 pimpineros en el departamento de Norte de Santander, unos 2.000 menos en comparación con la estadística de hace cinco años, debido a estrategias de reconversión laboral aplicadas por agencias internacionales junto a autoridades locales.

Puntos de atención

En tiempo de pandemia, el protocolo de atención en el lado venezolano de la frontera tachirense contempla hasta seis diferentes espacios, regentados por el gobierno nacional. Los locales han aprendido a identificarlos mejor por sus siglas:

Los Puntos de Asistencia Social (PAS) son dos: la aduana principal de San Antonio, primera escala de los que cruzan el puente, donde les aplican la prueba rápida y chequeos médicos; y el terminal de pasajeros de la ciudad, a donde llegan los grupos que, tras cumplir los protocolos en la aduana, esperan el traslado a un PASI, ha reseñado la prensa regional.

Los Puntos de Asistencia Social Integral (PASI) son instalaciones, en su mayoría de escuelas y liceos públicos, habilitadas y acondicionadas para el aislamiento preventivo de los venezolanos que están de vuelta, quienes deben permanecer en cuarentena por lo menos 17 días. Al 9 de junio, según datos oficiales, funcionaban 23 PASI en el Táchira.

Los Puntos de Asistencia Social Integral Especial (Pasie) han sido definidos como espacios para recibir y atender bajo protocolos a retornados detectados como casos positivos del nuevo coronavirus, siendo asintomáticos con riesgo de contagio. En agosto funcionaban en San Antonio cuatro unidades educativas convertidas en Pasie.

Hay un Punto de Asistencia Social Integral de Campaña (Pasic) en el municipio fronterizo. Lo definen como un espacio dispuesto por la Fuerza Armada para recibir a venezolanos en más de 80 carpas, donde dan seguimiento a los protocolos de aislamiento preventivo. Instalado en el terminal de San Antonio, donde también está el Centro de Atención Integral (CAI), que brinda atención médica las 24 horas.

Un Punto de Asistencia Social Integral para Migrantes Internos (Pasimi) funcionó varias semanas en una instalación educativa de San Antonio. Allí cumplieron aislamiento preventivo venezolanos de otros estados que durante los últimos años se habían desplazado a la frontera, sobre todo a ejercer la economía informal, y que, en tiempo de pandemia, quisieron volver a sus ciudades de origen. El Pasimi de San Antonio se transformó en un Pasi más a mediados de agosto, cuando autoridades municipales anunciaron cambios en el protocolo de regreso para esta llamada “población flotante” de alrededor de 9.000 ciudadanos.

Un Punto de Asistencia Social Integral Especial Municipal (Pasiemu) dispusieron también las autoridades locales de San Antonio para alojar y atender a pacientes de esa ciudad que han resultado positivos asintomáticos (casos comunitarios).

“Ya estamos en nuestro país, eso es lo que queríamos, ya que en los últimos meses, por la pandemia, pasamos muchas necesidades”, comentó a la prensa regional la venezolana Miriam Pinto, el 1 de julio, luego de cruzar la frontera.

Seis de cada 10 retornados han entrado a Venezuela por las puertas del Táchira, como se desprende de una estadística oficial reciente. Por los puentes andinos han cumplido los protocolos más de 45.000 durante los últimos cinco meses.

Los PASI “se están convirtiendo en una cadena de contagio y propagación masiva de la covid-19”, ha advertido la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez. El 17 de agosto argumentó que los resultados de las pruebas PCR que hacen a los retornados “son recibidos a los 30 días”, lapso que comparten con otros ciudadanos en similares condiciones y “expuestos a toda clase de penurias”.

El gobierno regional no tiene competencia en temas migratorios y por lo tanto no participa en los procesos de ingreso al país de los venezolanos, explicó a Prodavinci el presidente de la Corporación de Salud del Táchira, Ildemaro Pacheco. La participación estadal en estos puntos se limita a atender pedidos de ayuda a ciertos pacientes que la requieren. En los PASI han atendido aproximadamente a 8.000 connacionales, calcula el funcionario.

El obispo de San Cristóbal, Mario Moronta, ha exigido con insistencia respeto a la dignidad humana de los retornados. “Lamentablemente son despreciados y hasta considerados gente peligrosa, menospreciados en su dignidad, ‘bioterroristas’, gente de descarte o desecho”, dijo el prelado durante la festividad de la Virgen de la Consolación, patrona del Táchira.

• S •

Sillero

Antes de la pandemia, otros también buscaban servicios de salud colombianos como un paliativo frente al contexto de emergencia humanitaria en Venezuela. Para pacientes con dificultades de movilidad o incluso adultos mayores existían los silleros: señores portadores de sillas de ruedas que se movían todo el día de un lado a otro en busca de pacientes que contrataran su servicio.

• T •

TMF

La Tarjeta de Movilidad Fronteriza es un documento de facilitación migratoria para venezolanos, expedido por Colombia a partir de febrero de 2017. Exigían presentarlo a la autoridad migratoria al momento de ingresar al país vecino. Faculta al ciudadano venezolano a permanecer dentro de zonas de frontera delimitadas hasta por siete días.

Colombia había expedido 4,8 millones de tarjetas de movilidad fronteriza hasta mayo pasado. La migración pendular se acentuó en 2019. Desde varios estados salían autobuses hacia la frontera, para que los venezolanos hicieran compras y transportaran mercancías de vuelta. Una parte considerable de los pasajeros de vuelos domésticos hacia La Fría y Santo Domingo tenían la frontera como destino inmediato.

Tramitador

Quizás el más desapercibido dentro de aquella multitud en la zona fronteriza, antes de esta época pandémica, era el tramitador: un gestor, por lo general merodeador de las largas filas, que ofrecía aligerar los servicios de sellado de pasaportes a las afueras de la estatal Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el primer edificio extranjero que se divisa desde el puente Simón Bolívar.

“Están unos que de pronto tienen acercamiento al usuario, sí, pero no tienen que ver nada con nosotros”, soltaba un vigilante de la Dian en julio de 2019.

Solo por ese puesto de control migratorio habían procesado casi 100.000 trámites en el periodo hábil de 2020, desde principios de enero hasta la declaratoria de emergencia sanitaria a mediados de marzo, de acuerdo con datos migratorios.

Trochero

Un trochero es una persona que se encarga de guiar a migrantes para cruzar de forma irregular la frontera, a través de las trochas a cambio de una remuneración que, en este contexto de pandemia, puede alcanzar los 150 dólares por persona.

Las trochas, o pasos ilegales, son poros que se abren y se cierran entre la piel común de 164 kilómetros que comparte el venezolano estado Táchira con el colombiano departamento de Norte de Santander.

En este tiempo de pandemia, “la falta de control epidemiológico en los pasos ilegales ha originado focos de contagio”, ha alertado la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez.

El gobierno nacional, entre tanto, le ha “declarado la guerra” a los trocheros. Al conducir a nacionales que se devuelven por los caminos verdes, unos y otros burlan los protocolos biosanitarios de despistaje de covid-19 y el cumplimiento del aislamiento preventivo en plena frontera, además de exponer a focos de contagio a sus familiares, vecinos y amigos.

Más de 50 trocheros habían sido detenidos y procesados hasta julio. “Han hecho del pase ilegal un negocio”, dijo el 21 de julio el representante del gobierno nacional para el Táchira, Freddy Bernal, al frente de estas acciones. El Ministerio Público les ha imputado, entre otros, los delitos de tráfico ilegal de personas e instigación a la desobediencia.

Cinco años de una frontera obstaculizada, dos coyunturas diferentes y, en el medio, una misma gente. Panas y parceros, como se sienten y como se expresan a ambos lados de los puentes. Arturo Uslar Pietri dijo, en 1996, que la frontera colombo-venezolana es un tercer país que ha creado sus normas, que tiene su propia moral. Con usos, costumbres y prácticas continuas. Y, por qué no, sus vocablos regionales que, seguramente, son más que estos 20.