El primer año de Gustavo Petro y los desafíos para la libertad en Colombia: ¿Un Estado fuerte frente a la sociedad y débil frente a la ilegalidad?

En el año 2022 Colombia fue el país que más ascendió en la lista del informe de Freedom House, una ONG con sede en Washington que le toma la temperatura a las libertades en el mundo y clasifica a los países en “Libres”, “Parcialmente libres” y “No libres”.

En América Latina el puntaje más alto lo tiene Uruguay con 96/100, mientras que Cuba ocupa el último lugar con 12/100. En medio de esa diferencia enorme en el ejercicio de las libertades, varios países de la región se ubican en el nivel de libertad “parcial”, como es el caso de México o Perú. Colombia se encontraba en esa franja, pero en la medición del año pasado mostró un aumento de 6 puntos, lo que le permitió entrar a la categoría de país libre^[1].

Sin embargo, el acontecimiento más importante que vivieron los colombianos en 2022 no se relaciona con las causas del incremento de la libertad, al contrario, fue un hecho que podría hacer efímero el paso del país por el club de las naciones libres: la elección de Gustavo Petro en la Presidencia de la República.

Hay dos dimensiones en las que el gobierno de Petro puede afectar seriamente el ejercicio de las libertades: las políticas estatistas de su administración y el deterioro de la seguridad. Para entender esto podemos volver al mapa de Freedom House, en el que se evidencia -sin sorpresas- que la organización con mayor capacidad para reprimir la libertad es el Estado, por eso vemos que los países “no libres” están bajo regímenes autoritarios de distinto tipo. Los países “parcialmente libres”, en cambio, pueden tener gobiernos que se deslizan hacia el autoritarismo o Estados débiles en los que los grupos ilegales son los principales represores.

Colombia sufre ambas amenazas actualmente cuando se cumple el primer año de la administración de Gustavo Petro. Por un lado, la inspiración socialista del actual gobierno apunta hacia una mayor presencia del Estado en la vida social y económica -sin descartar la tentación autoritaria que aún puede desarrollarse-; por otro lado, un Estado más poderoso en distintas esferas, no significa que vaya a ser más fuerte para el imperio de la ley y frente a la criminalidad.

En este texto, respondiendo a la pregunta de si Colombia puede mantener su categoría de país libre bajo el actual gobierno, abordaré las dos dimensiones mencionadas. En primer lugar, analizaré el primer año de Petro en la Casa de Nariño desde el punto de vista del robustecimiento del poder ejecutivo frente a los demás poderes públicos, frente al mercado y la sociedad civil. En segundo lugar, centraré la atención en la situación de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

1. El Estado contra el fantasma del “neoliberalismo”

En la perspectiva de la izquierda colombiana el país no ha logrado consolidar el Estado Social de Derecho (ESD) que fue prometido en la Constitución Política de 1991, porque -dicen- el modelo “neoliberal” ha privilegiado a los grandes capitales en detrimento de los derechos sociales. A esto se puede responder -sin desconocer los desafíos pendientes- que el país ha tenido enormes avances. Por ejemplo, la cobertura nacional bruta en el nivel de educación media pasó del 52% en 2001 a 86% en 2020^[2]; la mortalidad infantil se redujo a la mitad en 20 años (de 22 a 11 bebés por cada 1.000 nacidos vivos, entre 1999 y 2021)^[3]; la cobertura del aseguramiento en salud llegó al 99,6%^[4], etc.

Esto se ha logrado gracias a una comprensión del ESD que combina la acción del Estado y la iniciativa privada con y sin ánimo de lucro, lo que ha permitido que tanto el sector educativo como el sistema de salud o pensional, entre otros, avancen en cobertura y calidad. Sin embargo, una visión ideológica compartida por el presidente Petro y su sector político, exige una mayor presencia del Estado en detrimento de la participación de organizaciones de particulares.

Esta exigencia se remonta a los tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente cuando, junto al anuncio de Colombia como un ESD, se dio el proceso de apertura económica al mundo impulsado por el gobierno de César Gaviria. Para algunos inconformes que añoraban un sistema colectivista, esto significó la implementación del modelo “neoliberal” del “Consenso de Washington”, mientras que la nueva Constitución se quedaba supuestamente en el papel^[5].

La revancha de esos inconformes más radicales ha llegado con Petro. El afán por expulsar o reducir a los actores privados a quienes acusan de convertir en un negocio la salud, las pensiones, la educación, etc., se observa con claridad en las tres principales reformas presentadas por el Gobierno hasta el momento: reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral. Las dos primeras buscan una estatización que desconoce los importantes avances que ya he mencionado, mientras que la tercera alega mejorar las condiciones de los trabajadores, pero pone contra las cuerdas a los empresarios, especialmente pequeños y medianos.

La más polémica ha sido la reforma a la salud, que ha recibido fuertes críticas y contrapropuestas de agremiaciones y centros de pensamiento como la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios)^[6], ANIF-Centro de Estudios Económicos^[7] y Fedesarrollo^[8], cuyos documentos pueden consultarse para entender la reforma, sus inconvenientes y potenciales impactos. La reforma pensional, por su parte, amenaza con eliminar los fondos privados de forma indirecta si obliga a un porcentaje muy alto de los trabajadores con menores ingresos a afiliarse a la empresa estatal Colpensiones. Y la reforma laboral ha sido criticada por su potencial de destruir 450.000 empleos según investigadores del Banco de la República^[9] (banco central). Sobre esta última hay que advertir que la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez (militante del Partido Comunista), ha dicho que no busca generar empleo^[10].

El paquete de reformas no solo pone en riesgo los logros sociales alcanzados, sino que ataca directamente las libertades de los usuarios, las empresas y las instituciones. Sin embargo, este primer año de nuevo Gobierno y Congreso ha mostrado grandes desafíos para la agenda legislativa de Gustavo Petro. La reforma a la salud ha tenido un trámite difícil para su aprobación y en medio de la turbulencia fue retirada del cargo de ministra su autora, la radical activista Carolina Corcho. La reforma pensional también ha dado apenas los primeros pasos y la laboral fue archivada en el mes de junio, aunque volverá a ser presentada por el Gobierno.

¿Puede Petro aprobar sus ambiciosas reformas? Actualmente no existe una bancada oficialista suficiente para garantizarlo^[11]. Para lograr las mayorías Petro debe convencer -por distintos medios que no suelen ser los de la argumentación- a los partidos independientes que hicieron parte de su coalición hasta que él mismo anunció la ruptura a través de su cuenta de Twitter. La distancia ideológica y las tensiones del primer año harán difíciles esas gestiones^[12].

En ese escenario es previsible que las reformas no sean aprobadas como habían sido diseñadas inicialmente. En respuesta, Petro ha buscado la calle como si fuera el año 2021 cuando agitaba a las masas desde la oposición, pero sus convocatorias para presionar al Congreso no han tenido la afluencia esperada o han sido superadas por las marchas en su contra, ya que en medio de una pobre gestión y de escándalos de gran resonancia en la opinión pública, su favorabilidad es cada vez más baja en las encuestas^[13] y los medios de comunicación se han mantenido críticos e independientes. Esto, además, puede ser el preámbulo de una derrota en las elecciones locales de octubre próximo donde se verá la aprobación o el rechazo a su propuesta de país.

En conclusión, las libertades en Colombia sí se ven amenazadas por el proyecto político de Gustavo Petro, pero si sus pretensiones no logran materializarse por la independencia de las demás instituciones^[14], sumada a una prensa y una sociedad civil fuertes y críticas, la evaluación de Colombia en una medición como la Freedom House puede ser menos negativa de lo que se esperaba antes de haber visto este primer año de escándalos y fracasos. Así, el verdadero desafío para la libertad en Colombia estaría en la segunda dimensión que mencioné en la parte introductoria, en la cual el gobierno de Petro está teniendo un impacto enorme: la inseguridad y el fortalecimiento de grupos al margen de la ley.

2. La “re-colombianización” de Colombia

En 2010, Mauricio Cárdenas y Kevin Casas-Zamora escribieron un artículo para el influyente think tank estadounidense Brookings^[15], en el que hablaban de la “colombianización” de México advirtiendo que ese término es peyorativo, y que por eso el entonces presidente Obama le pidió a su Secretaría de Estado, Hillary Clinton, evitar la analogía con Colombia al hablar de la violencia del narcotráfico y los grupos ilegales. Pero la analogía, si bien es despectiva e imprecisa, no es arbitraria, hace referencia a la Colombia de los años noventa sometida a los carteles de la droga, los grupos guerrilleros y paramilitares, y otras estructuras criminales. Casi un Estado fallido.

Sin haber superado todos sus problemas de seguridad, es ampliamente conocido el éxito que tuvo el país en la década de los 2000 y en adelante, en indicadores tan importantes como la tasa de homicidios que pasó de 85 a 24 por cada 100.000 habitantes, entre 1991 y 2020^[16]. Pero el retroceso en el primer año de gobierno de Petro es evidente y sus implicaciones en términos de libertad serán igualmente contundentes.

Según reportes del Ministerio de Defensa, en los primeros 4 meses de 2023 los secuestros aumentaron un 162%^[17] con respecto al mismo periodo del año anterior; la Misión de Verificación de la ONU (creada para monitorear la implementación del acuerdo del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC) señala que entre enero y mayo se registraron 19.976 desplazados forzados en 14 de los 32 departamentos del país^[18]; y, según la ONG Indepaz, a corte del 31 de mayo se habían cometido 40 masacres en lo corrido del año y 69 líderes sociales habían sido asesinados, datos que permiten anticipar un incremento dramático frente a 2022^[19].

Colombia podría estar viviendo una “re-colombianización”, en el sentido de volver a su brutal realidad de hace 30 años. Y los ingredientes son los mismos, empezando por el narcotráfico. El incremento de las hectáreas de coca cultivadas empezó a tomar fuerza en 2014 en medio de las negociaciones con las FARC en La Habana (Cuba), cuando se replantearon medidas como la del uso de glifosato, pero el problema se agrava actualmente porque, según información del propio Ministerio de Defensa, en los primeros tres meses del año la erradicación de cultivos ilícitos cayó alrededor de un 90% y la incautación de clorhidrato de cocaína casi un 40%^[20]. El auge de ese lucrativo negocio fortalece la ilegalidad en el país que, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional^[21], ocupa el segundo lugar en el ranking de países con mayor número de organizaciones criminales.

Estas cifras se enmarcan en la “paz total”, el nombre de la política de Gustavo Petro en materia de paz, con la que ha abierto la puerta a las negociaciones con todos los grupos a pesar de su número incalculable y naturaleza distinta, y sin contar con una clara política de seguridad que la acompañe. Estas críticas son compartidas por el prestigioso sociólogo y experto en la materia, Eduardo Pizarro Leongómez^[22], de quien comentaré algunas de sus reflexiones que permiten entender el previsible fracaso de la “paz total”.

Pizarro^[23] advierte que la “paz total” es una política basada en la improvisación y está mal diseñada. En primer lugar, se basa en la premisa de que toda violencia es consecuencia de la pobreza, ignorando la ideología y la codicia. Esos factores tienen una carga muy distinta si se habla de grupos guerrilleros históricos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o si se habla del Clan del Golfo como banda criminal y/o cartel. En el caso de los grupos que se mueven por la codicia, dice Pizarro que se deben atacar los incentivos criminales, lo que implica una decidida lucha contra el tráfico de drogas y la minería ilegal. Las negociaciones, en cambio, deberían estar enfocadas en grupos con una mayor carga ideológica como el ELN o las disidencias de las FARC.

El sociólogo advierte que el caos de la “paz total” puede causar una mayor violencia interna, y una de las razones es que el ejército se encuentra inmovilizado antes los sucesivos anuncios de cese al fuego con distintos grupos que son difíciles de identificar, por lo que debe optar por la inacción para no correr el riesgo de a atacar alguna organización que esté en acercamientos o diálogos con el Gobierno. A eso hay que sumar la expectativa de impunidad que genera un gobierno débil que en su afán por mostrar resultados hace amplias concesiones a los grupos ilegales, y que impulsa políticas como el del pago de un millón de pesos mensuales (240 USD) a jóvenes para que “dejen de matar”^[24].

Las Fuerzas Militares (FFMM) y de Policía están hoy dirigidas por el ministro de Defensa Iván Velásquez, un abogado que desde la Corte Suprema de Justicia persiguió la llamada “parapolítica” (alianzas entre políticos y paramilitares) y fue el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero que no tiene experiencia en temas de seguridad y defensa, no es cercano a las FFMM y su lugar en el gobierno respondería a la identificación ideológica con el Presidente. Petro parece haber decidido que el titular del Ministerio de Defensa fuera un hombre con el perfil de las ONG dedicadas a vigilar las posibles violaciones a los DDHH en las FFMM, y no un estratega efectivo en combatir a las organizaciones criminales que azotan al país.

Conclusión

La relación del deterioro de la seguridad con las libertades es directa y ya conocida en Colombia. El secuestro, la extorsión (que ha aumentado 24% este año^[25]), el desplazamiento forzado, el homicidio, entre otros, son crímenes que afectan el ejercicio de la libre empresa y de las libertades de prensa, de asociación, de conciencia, etc. Por eso la debilidad del gobierno de Gustavo Petro frente al crimen es la mayor amenaza para las libertades de los colombianos en el futuro próximo, mientras que su debilidad política para sacar adelante las reformas son una esperanza para la libertad.

Visto de esta forma, la medición que haga Freedom House en los próximos años sobre Colombia podrá verse afectada por la caótica “paz total”, más que por la implementación de las reformas a la salud, las pensiones o el régimen laboral.

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Este trabajo fue publicado en la más reciente edición de la Revista Democratización del Instituto Forma.

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Notas:

^[1] Freedom House. Freedom in the world map. https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2023

^[2] Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 2022. “Análisis de accesibilidad a centros educativos”. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/abr_2022_nota_estadistica_analisis_accesibilidad_centros_educativos.pdf

^[3] Banco Mundial. Tasa de mortalidad, bebés (por cada 1.000 nacidos vivos) – Colombia. https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?locations=CO

^[4] Ministerio de Salud. Boletín de Prensa Número 373 de 2022 (26/06/2022). https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-llego-al-aseguramiento-universal-en-salud-al-alcanzar-el-99.6.aspx

^[5] La participación privada -y de su mano una mejora en la garantía de los derechos sociales- creció en 2012 con la disolución del Instituto de Seguros Sociales (ISS), una entidad del Estado encargada de administrar recursos de la salud y las pensiones, que se convirtió en una gran máquina de corrupción e ineficiencia. Su desaparición no implicó que el Estado dejara de participar directamente en la seguridad social, pero lo hizo paralelamente al sector privado que impulsó nuevas entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de salud (IPS) y fondos de pensión.

^[6] ANDI. “Propuesta de Pacto Nacional por un mejor Sistema de Salud en Colombia”. Mayo 15 de 2023. https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17446-propuesta-de-pacto-nacional-por-un-mejo

^[7] ANIF-Centro de Estudios Económicos. “Posibles impactos del marchitamiento de las EPS en el marco de la reforma a la salud”. 16 de junio de 2023. https://www.anif.com.co/informe-semanal/posibles-impactos-del-marchitamiento-de-las-eps-en-el-marco-de-la-reforma-a-la-salud/

^[8] Fedesarollo. “Logros en equidad del sistema de salud y la reforma en Colombia”. Junio de 2023. Director del proyecto: Jairo Núñez. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4434

^[9] Banco de la República. Grupo de Análisis del Mercado Laboral (GAMLA). “Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral”. RML Reportes del Mercado Laboral. Abril de 2023. https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10626/reporte-de-mercado-laboral-abril-2023.pdf

^[10] Revista Forbes. ”El objetivo de la reforma no es generar empleo, sino mejorar condiciones laborales: Mintrabajo”. Abril 10 de 2023. https://forbes.co/2023/04/10/economia-y-finanzas/el-objetivo-de-la-reforma-laboral-no-es-generar-empleo-mintrabajo

^[11] Hoy la bancada del Gobierno tiene 39 senadores de un total de 108, de los cuales 20 son de su partido, el Pacto Histórico, y de los que habría que restar algunos críticos que se encuentran en el Partido Verde. La oposición cuenta con 24 senadores del Centro Democrático (partido del expresidente Álvaro Uribe) y Cambio Radical; los independientes suman 30 entre el Partido Conservador, el Partido de la U y movimientos cristianos; y, por último, está el indeciso Partido Liberal que ha tenido una relación agridulce con el Gobierno.

^[12] El Partido Liberal resulta fundamental, pero, aunque está inscrito en la Internacional Socialista, su actual líder es César Gaviria a quien ya mencioné en este texto con su gobierno de apertura económica (1990-1994), por el cual la izquierda lo identifica como el enemigo “neoliberal”, y quien ha buscado defender las transformaciones y logros de su administración que quieren borrar con las reformas.

^[13] Se puede ver, por ejemplo, la encuesta Invamer de junio de 2023 en este análisis del portal La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/invamer-poll-petro-sigue-cayendo-pero-el-golpe-por-escandalos-es-leve/

^[14] Hasta el momento las altas Cortes se han mostrado independientes, al igual que la Fiscalía y la Procuraduría. Petro pudo incidir en la elección del Contralor General, pero el Consejo de Estado declaró nulo el resultado por vicios en el procedimiento en el Congreso. Especialmente importante será la independencia de la Corte Constitucional que debe revisar las reformas (si son aprobadas) y otras iniciativas del gobierno para evaluar su constitucionalidad. La capacidad de Petro de incidir en la configuración de estas instituciones en los próximos años, dependerá de su influencia en el Congreso.

^[15] Brookings. Mauricio Cárdenas y Kevin Casa Zamora.  “La “colombianización” de México y sus consecuencias”. 21 de septiembre de 2010. https://www.brookings.edu/es/articles/la-colombianizacion-de-mexico-y-sus-consecuencias/

^[16] Banco Mundial. “Homicidios intencionales (por cada 100.000 habitantes) – Colombia” https://datos.bancomundial.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?locations=CO

^[17] Asuntos Legales. “Las víctimas de secuestros aumentaron 212% entre enero y abril de 2023, hasta 131”. 8 de junio de 2023. https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/las-victimas-de-secuestros-aumentaron-212-entre-enero-y-abril-de-2023-hasta-131-3632560

^[18] Revista Semana. “Misión de Verificación de ONU alerta por violencia en Colombia: “Se está socavando la construcción de la paz en algunos territorios””. 6 de julio de 2023. https://www.semana.com/politica/articulo/mision-de-verificacion-de-onu-alerta-por-violencia-en-el-pais-se-esta-socavando-la-construccion-de-la-paz-en-algunos-territorios/202342/

^[19] Indepaz. Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades. https://indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/

^[20] El Colombiano. “Coca incautada bajó 39 %, ¿se cae discurso de Petro?”. 9 de abril de 2023. https://www.elcolombiano.com/colombia/incautacion-de-cocaina-en-colombia-cayo-39-segun-el-ministerio-de-defensa-MG21056831

^[21] Caracol Radio. “Colombia, segundo país con más organizaciones criminales del mundo”. 31 de agosto de 2022. https://caracol.com.co/radio/2022/08/31/internacional/1661947588_030737.html

^[22] Eduardo Pizarro, además de ser un reconocido académico, también es hermano de Carlos Pizarro, el asesinado líder del grupo guerrillero M-19 -al que perteneció Petro- y firmante de la paz con el gobierno de entonces, lo que le permitió entrar a la vida política de forma legal. También es hermano de Hernando Pizarro, quien comandó en los años noventa un grupo disidente de las FARC. Así, Eduardo Pizarro no es sospechoso de representar a la derecha política. Es tío de María José Pizarro, una de las principales representantes del Pacto Histórico en el Congreso e hija de Carlos.

^[23] Revista Cambio. “El modelo de paz total del Gobierno Petro es la improvisación”: Eduardo Pizarro. 11 de febrero de 2023. https://cambiocolombia.com/pais/el-modelo-de-paz-total-del-gobierno-petro-es-la-improvisacion-eduardo-pizarro

^[24] Revista Semana. “Polémica: Gobierno Petro pagará un millón de pesos mensuales a jóvenes para que “dejen de matar””. 10 de julio de 2023. https://www.semana.com/politica/articulo/polemica-gobierno-petro-le-pagara-un-millon-de-pesos-mensuales-a-jovenes-para-que-dejen-de-matar/202308/

^[25] Noticias RCN. “Autoridades se muestran preocupadas por el aumento de extorsiones en el país”. 6 de junio de 2023. https://www.noticiasrcn.com/colombia/autoridades-confirman-aumento-en-el-delito-de-extorsion-447412