El patrimonio arquitectónico durante el siglo XX. Perspectiva, gestión y cambio

El último capítulo de La arquitectura en el siglo XX venezolano está dedicado a la conservación patrimonial como doctrina y como práctica arquitectónica. Su autora describe la evolución del aparato de la conservación y analiza el proceso de cambio de las nociones de conservación y restauración por efecto de la incorporación de nuevas herramientas conceptuales y técnicas, los procesos formativos de postgrado y la participación de un grupo numeroso de profesionales en el campo del patrimonio histórico y cultural.

Preámbulo.

La noción de patrimonio cultural se ha transformado a través del tiempo, esencialmente partiendo desde una mirada sustancialista que destacaba los valores inherentes al objeto, diferenciándose de una mirada más relativa que se ha ido construyendo al pasar de los años, generando una idea de patrimonio como constructo social, lo cual implica una adjudicación de valores diversos, relativos, atribuidos por quien observa. Venezuela ha ido transitando también este cambio permitiendo ampliar el ámbito desde los objetos individuales a los conjuntos y desde lo objetual a lo intangible. Sin embargo, el arraigo por lo monumental y lo edificado ha marcado buena parte del quehacer de la conservación del patrimonio cultural en nuestro país.

Desvelar el tránsito del patrimonio cultural en Venezuela en el siglo XX, obliga a referirnos ineludiblemente a su condición para el siglo XIX. Sobre ello destaca Juan Pedro Posani [1] tres condiciones que lo contextualizan y que de alguna manera dan cuenta del ámbito en el que se encontraba el patrimonio cultural para inicios del siglo XX. Señala Posani en primer orden, las características de organización, agrupación, ideologías y tradiciones de nuestros indígenas, cuya técnica de construir determinó sustancialmente la permanencia de sus lugares de cobijo y sus objetos cotidianos y rituales. La segunda se refiere a nuestra condición de Capitanía General, lo cual limitaba la opulencia de las construcciones y la intensidad del mercado económico que aquí se fraguaba. La tercera condición apunta a los particulares estragos sufridos por el patrimonio construido, por las colecciones y objetos a raíz de la guerra de Independencia, la Guerra Federal, algunos alzamientos, y como zarpazo inevitable, a las fuerzas de la naturaleza que sacudieron el país en forma de terremotos e inundaciones.

Este es el patrimonio con el que se despide el siglo XIX, edificaciones en ruinas, con apenas algunas colecciones en manos de privados y con una práctica fundamental de identificar los referentes patrimoniales dada su vinculación a próceres, figuras o sucesos históricos. Las prácticas provenientes del siglo decimonónico, de marcada impronta positivista, se tradujeron en el embellecimiento de objetos y edificaciones que se vincularon a determinados iconos políticos del país como una formula ineludible de arraigar una idea de nacionalidad.

Más adelante el patrimonio que se enunciaría bajo un formato legal para el siglo XX con la Ley del 1945 [2] reflejaría aun esta impronta histórica expresada en casas aduanales, iglesias, conventos, fortificaciones, viviendas, centros históricos, conjuntos urbanos y yacimientos arqueológicos. Toda esta cartografía de elementos singulares constituye en buena medida la herencia de siglos pasados cuya necesidad de conservación se vería solapada con el avasallante impulso por construir una nueva arquitectura llegada en medio del progreso y de la promesa de la modernidad, el patrimonio del siglo XX.

Pretenderemos en este texto dar un vuelo por las complejidades de la protección, la gestión y la conservación del patrimonio que ha transitado del siglo XIX al XX y con el que se recibe el nuevo siglo.

Cambio de perspectiva en la conservación. El tránsito del siglo XIX al XX.

El concepto de patrimonio ha evolucionado desde la visión primigenia durante el imperio romano, cuando el foco estaba en la determinación jurídica de la propiedad, transformándose de la visión proteccionista de los monumentos durante el siglo XV (período de la Ilustración y el Romanticismo) hasta llegar a la Revolución Francesa, donde se condicionó la conformación de los monumentos históricos en un nuevo concepto: patrimonio nacional, antecedente inmediato de lo que conocemos como patrimonio cultural.

La noción inicial de patrimonio para los recién surgidos estados modernos (occidentales) se fundamentó en el criterio estético, el objeto bello; una concepción derivada de la apreciación del arte del Renacimiento destacando la obra de arte diferenciándola del trabajo artesanal. Esta perspectiva gira hacia el siglo XIX, contemplando la valoración de los objetos por su significado histórico, todo ello a raíz de los hallazgos de objetos y ruinas producto de excavaciones arqueológicas que comienzan a patrocinarse en Europa y desde Europa.

Es en el siglo XX cuando las barreras de la historicidad y de la estética se superan y los conceptos de monumento y patrimonio se amplían reconociendo obras de tiempos recientes e incluyendo todo objeto emanado de la producción del hombre, sea cual fuere su destino o función [3]. A partir de aquí se introducen nuevas perspectivas como resultado de las revisiones interdisciplinarias [4], propiciando un cambio hacia un concepto más integral que poco a poco será actualizado construyendo un término de patrimonio cultural adaptado al espíritu de la época (Zeitgeist).

A partir del siglo XX surge una aproximación al concepto de patrimonio desde las ciencias sociales, definiéndolo como una construcción social [5], cultural e históricamente determinada, no limitada al entendimiento de la realidad a partir de objetos o elementos sino que compromete espectros más amplios que dan cabida a otro tipo de interpretaciones y significados, generados desde el presente, que además son cambiantes y que se reformulan constantemente.

Para mediados del siglo XX, una Europa golpeada intentaba salir del trauma de la Segunda Guerra Mundial, con buena parte de su inventario inmobiliario destruido y una gran cantidad de patrimonio artístico expoliado. Es en este momento de reconstrucción que se generan iniciativas orientadas a lograr un orden de paz y justicia, además de la conservación del patrimonio. Surgen así la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1945), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1945) y, en el nuevo continente, se concreta la Organización de Estados Americanos (OEA, 1948).

A partir de esta postguerra y con el germen de las organizaciones internacionales en marcha, nuevas reflexiones y teorías se generan en encuentros disciplinares en Europa, específicamente en Italia, de donde surge la Carta de Venecia (1964) como texto esencial y riguroso para el proceder metodológico en materia de intervención del patrimonio cultural [6], un texto cuyo impacto en el quehacer de la conservación del patrimonio cultural aún mantiene buena parte de su vigencia.

La visión de estas fórmulas disciplinares contrastará de forma evidente con la práctica en la conservación del patrimonio que Venezuela traía consigo desde el siglo XIX. Una práctica que ensalzaba y embellecía los monumentos previamente determinados por su valor histórico, cuyas remodelaciones o remozamientos generalmente habían estado liderados por profesionales o maestros de la arquitectura, con marcada experiencia proyectual pero poca experticia en materia de técnicas tradicionales o de preexistencia arquitectónica [7]. De esta época son las intervenciones a edificaciones consideradas elementos icónicos del patrimonio construido del país donde lamentablemente se alteraron sus condiciones originales [8].

Traíamos también del siglo XIX, una práctica sistemática convertida en política de estado: el culto al Libertador Simón Bolívar y a los próceres de la independencia, lo cual propició el embellecimiento de casas y edificaciones sencillas y austeras, tratando de darles una imagen más ostentosa, propia de una naciente nación que reconocía su pasado apoyándose en la historicidad de la materia.

Con respecto al culto a Bolívar, se comenzaron a inaugurar obras públicas en coincidencia con fechas vinculadas a la vida y trayectoria política del prócer [9]. Allí se enmarcan las actuaciones en la Antigua Iglesia de la Santísima Trinidad, convertida en Panteón Nacional por decreto en el siglo XIX, y que ha sido objeto de remodelaciones en 1911 y 1929 y de dos intervenciones restaurativas, una en 1997 y la otra en 2011 [10].

La construcción de un patrimonio moderno.

Proveniente de un siglo que nos había dejado pueblos y ciudades con vestigios de destrucción, Venezuela emprende en el siglo XX una etapa de construcción y desarrollo a raíz de su reciente surgimiento de la industria petrolera. La modernidad se irá filtrando en la construcción de nuevas edificaciones y conjuntos urbanos, dejándonos una importante cartografía de elementos que constituirán las bases para una nutrida representación del patrimonio edificado.

Para mediados del siglo XX Venezuela se hace eco de las corrientes de conservación surgidas en otras latitudes y en primera medida se aprueba una ley que atendía la defensa del patrimonio, la Ordenanza sobre Defensa del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Caracas, publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, el 21 de abril de 1945. Este instrumento de rango local es seguido pocos meses después por una norma nacional: la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación, publicada en Gaceta oficial el 15 de agosto de 1945.

En el marco de la entrada de la modernidad y el auge petrolero a Venezuela y ante la pérdida inminente de elementos, construcciones y estructuras, se formaliza a través de esta ley, una visión que se centraría en la identificación de los monumentos que conformaban el patrimonio histórico y artístico mediante una limitante estrategia de gestión: concentrar en una comisión o junta la determinación y por tanto decisión de qué se consideraría procedente conservar.

De esta manera quedaba a criterio de los cinco miembros de la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental, la decisión sobre cuáles constituían los elementos patrimoniales a nivel nacional, que debían pertenecer al registro del patrimonio de la nación. Las declaratorias promulgadas entre 1956 y 1994 por la referida Junta concentran un considerable porcentaje de edificaciones y centros históricos, sin representaciones de colecciones, bienes, obras, sitios o yacimientos arqueológicos que reflejaran el amplio espectro «cultural, étnico y regional del país» [11]. Particularmente las declaratorias de los centros poblados seguirían los lineamientos internacionales de generar áreas de influencia o protección que garantizaran zonas de transición en estos centros poblados.

Por otra parte, un importante giro se comienza a esbozar cuando la Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental del CONAC se planteó la realización del catastro o inventario de bienes inmuebles y bienes muebles a nivel nacional [12], no obstante este importante registro no logró llevarse a término [13].

A partir de la aprobación de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural en 1993 [14], se abre una perspectiva más amplia sobre la visión en torno a la complejidad y al ámbito del patrimonio cultural a nivel nacional. Esta ley, al contemplar los bienes que integran el patrimonio cultural, consideró la ampliación del espectro abordando el entorno paisajístico, los yacimientos arqueológicos y los procesos y testimonios culturales, constituyendo un importante salto en la aproximación a una gestión patrimonial propia de su tiempo.

Una vez creado oficialmente el Instituto del Patrimonio Cultural y bajo una perspectiva más amplia e integral, se concibió la plataforma conceptual del Proyecto de Inventario del Patrimonio Cultural, que reconocía como antecedentes algunas experiencias nacionales y que conformaron la base del registro para algunas entidades o centros urbanos [15].

El Proyecto de Inventario del Patrimonio Cultural desarrollado por el Instituto del Patrimonio Cultural entre 1995 y 1998 respondió a los objetivos establecidos en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (1994) permitiendo, a través de un proceso conceptual y metodológicamente idóneo, abordar el registro y la documentación de los bienes que conforman el patrimonio venezolano y con ello lograr diagnosticar el real estado de conservación de los bienes, el valor de los elementos declarados, las condiciones de legalidad, sus niveles de afectación y deterioro, así como información sobre la propiedad y sus posibilidades de intervención y requerimientos económicos. Este inventario constituyó un instrumento de gestión y planificación del patrimonio cultural bajo cuyas directrices lograron plantearse los presupuestos anuales de la institución, así como establecer la priorización de intervenciones por regiones y por tipos de elementos.

La última década del siglo XX estuvo signada por un Instituto del Patrimonio Cultural plenamente operativo, dotado de personal profesionalizado y formado para la ardua tarea de rescatar el patrimonio, conservarlo y promover su reconocimiento. Su gestión durante esos años fue posible gracias a un equipo interdisciplinario cohesionado que fue capaz de establecer directrices y criterios técnicos sobre la gestión del patrimonio alejándose de las pasadas tendencias improvisadas y marcadas por la política.

La entrada al siglo XXI ha tenido cambios significativos que impactarán de forma sensible en el consecuente estado de deterioro y abandono del patrimonio cultural a nivel nacional y que se mencionará más adelante.

La institucionalidad: de la ley a la gestión del patrimonio edificado

La gestión del patrimonio en el siglo XIX en Venezuela se traduce en apenas algunas actuaciones germinales y pocos antecedentes como el de la creación del Instituto Conservatorio de las Bellas Artes (1870) dedicado a la enseñanza y progreso de las Bellas Artes en el país [16].

Al iniciarse el siglo XX y con el objetivo de proteger el patrimonio arqueológico, científico y documental, se emite el primer decreto de Protección de Documentos y Objetos Históricos en Venezuela [17]. Sin embargo no es sino hasta 1945 que se formaliza a nivel nacional la conservación de los bienes culturales a través de la promulgación de la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación y de Archivos Nacionales, del 15 de agosto de 1945.

Esta ley establecía que «el patrimonio histórico y artístico de la Nación está constituido por los Monumentos Históricos y Artísticos y demás obras de arte correlacionadas o no con la Historia Nacional, que se encuentran en el territorio de la República o ingresen a él, quien quiera que sea su propietario» [18]. Se daba por sentado entonces la existencia de unos monumentos cuyos valores históricos los hacen merecedores de la distinción de ser conservados y además se inserta la noción de lo artístico, quizás vinculándolo a las colecciones o bienes muebles. Distantes aún estamos de perspectivas más dinámicas que consideraran valores sociales, etnográficos, científicos o paisajísticos.

Para determinar este patrimonio se estableció la creación de un comité denominado Junta Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación [19], debidamente establecida en la Ley de 1945 donde se señalaban las atribuciones de dicha instancia: «Determinar los monumentos y demás obras históricas y artísticas existentes en el territorio nacional, que formen el patrimonio histórico y artístico de la Nación» [20].

Para la fecha de aprobación de esta ley algunas instancias del ejecutivo tenían competencia en materia de protección del patrimonio cultural: el Ministerio de Relaciones Interiores, través de la Dirección de Ceremonial y Acervo Histórico, y el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Cultos, cuyo ámbito en materia de patrimonio cultural se limitaba a los templos e iglesias en tanto edificaciones patrimoniales. Posteriormente en la década de los setenta se sumó a las gestiones el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Edificaciones, desde donde se desarrollaron proyectos de intervención en algunos Monumentos Históricos Nacionales.

En 1960 [21] se promulgó la Ley del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) al cual se le asignaba: «el ejercicio de todas las atribuciones señaladas al Ejecutivo Nacional, por la Ley de Protección Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación» [22]..

Hasta esa fecha la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, se apoyaba en las Juntas Regionales para sobrellevar la carga de la protección y determinación esencialmente del patrimonio edificado a nivel nacional. De esto se infiere que se solapaba el trabajo y participación de instancias en el ámbito de la protección y conservación del patrimonio edificado; por una parte la Junta Nacional, las Juntas Regionales, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Interiores, lo cual pudo haber generado los conflictos expuestos en medios y publicaciones donde se manifestaba la lucha por la rectoría en materia de protección del patrimonio [23].

Se enmarca en este período la icónica Gaceta N° 26.320 por la cual se declararon con categoría de Monumento Histórico Nacional «todas las iglesias y capillas terminadas o no para 1830» [24], sin importar sus condiciones, su valor estético, histórico o inclusive su condición de ruina. Esta controversial declaratoria es justificada por la Junta Nacional para poner «coto a los abusos» ante «las intervenciones inconsultas, demoliciones, modificaciones innecesarias o trabajos que destruyen parcialmente el valor histórico o artístico» [25] de estas edificaciones. Es pertinente mencionar que la declaratoria incluyó bienes, joyas, obras pictóricas, pilas bautismales y retablos entre otros elementos contenidos en los recintos religiosos sin emitirse un inventario a tal efecto.

Una dura y fundamentada crítica es expresada por el arquitecto Graziano Gasparini cuando expone que la referida Gaceta impone la fecha de 1830 como el límite temporal entre un supuesto período antiguo que aporta valores arquitectónicos y otro más moderno que no los tiene ^[26]. Años más adelante el Instituto del Patrimonio Cultural acota en sus publicaciones de la Serie Inventarios que los casos integrados en esta Gaceta Oficial serían evaluados con miras a establecer la valoración precisa de cada edificación y realizar el inventario de los bienes contenidos en ellos [27]. Cabe destacar que la lista de templos coloniales asciende a un número aproximado de 200 edificaciones sufriendo algunas de ellas -por lo menos cuarenta- modificaciones sustanciales que ponen en tela de juicio la autenticidad de sus componentes e inclusive de su imagen, el haber borrado en algunas de ellas el inexorable aporte del transitar por la historia [28].

Durante la década de los años 60 muchas de las iglesias a nivel nacional fueron intervenidas a través de la Dirección de Cultos del Ministerio de Justicia, teniendo como proyectista y responsable a Gasparini. Según el mismo Gasparini, las intervenciones, ajustadas a los preceptos enunciados por UNESCO e Icomos borrar o eliminar añadidos, agregados y decoraciones que empañaban las características de austeridad y sobriedad propias del estilo de los monumentos eclesiásticos en cuestión. De igual forma, el mal estado de las estructuras de madera en las cubiertas, obligó a sustituirlas completamente dados los niveles de afectación irreversible [29].

Para 1975 una nueva ley impregna el ámbito de la conservación del patrimonio: la Ley del Consejo Nacional de la Cultura (Conac) [30], creando a este organismo como Instituto Autónomo y estableciendo principios rectores en la política cultural nacional, pero también abordando objetivos relativos al patrimonio cultural, como por ejemplo «crear políticas destinadas a la afirmación y promoción de los valores de la tradición y cultura nacionales y a evitar los efectos contrarios y de dependencia que pudieran generar ciertos procesos de transculturación»; así como «promover, dignificar y exaltar la conservación del patrimonio histórico, arqueológico, documental y artístico de la Nación» [31].

Resultaría entonces que el Conac sustituiría al Instituto Nacional de Cultural y Bellas por lo cual todo lo referido a protección y conservación del patrimonio histórico y artístico quedaría bajo competencia del Conac, incluyendo el nombramiento y la adscripción de la Junta Nacional Conservadora [32].

La lista de edificaciones declaradas como Monumento Histórico Nacional se mantuvo activa desde 1956 hasta 1978 con un total de 82 edificaciones declaradas y 13 centros históricos también declarados indicando sus respectivas poligonales [33]. No se contabiliza en esta cifra la lista de las iglesias y capillas contenidas en la Gaceta 26.320, dado que no se publicó nunca una lista detallada de los elementos contenidos en este instrumento legal aglutinador, más allá de la referencia mencionada anteriormente por Gasparini.

A partir de la creación del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) en 1994 se establecieron programas de atención en cuatro ámbitos: patrimonio arqueológico, patrimonio inmueble, patrimonio mueble y testimonios y procesos culturales. Para sobrepasar los escollos de la visión objetual del patrimonio aún persistente en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, se propició un trabajo interdisciplinario entre las diferentes direcciones operativas del Instituto generándose proyectos de carácter transversal como los casos del Proyecto de restauración y ampliación de la escuela Superior de Música José Ángel Lamas, el proyecto del Palacio Federal Legislativo y el Proyecto de restauración del Panteón Nacional [34].

El período entre 1994 y 1999 durante la gestión de Juan Pedro Posani a cargo de la presidencia del IPC, expuso una experiencia inédita a nivel nacional: la incorporación de profesionales formados en las distintas áreas, investigadores, docentes, técnicos, todos orientados a dar forma a un ambicioso proyecto de conservación del patrimonio cultural a nivel nacional. Durante estos años la política del IPC fue la de investigar, documentar, registrar, promover y aportar los apoyos económicos para los proyectos esenciales en las cuatro líneas de trabajo del recién creado Instituto.

Uno de los valores fundamentales de este periodo fue la importante gestión en materia de divulgación y promoción a través de ediciones, publicaciones y eventos que permitieron el intercambio en materia de gestión institucional y de ejercicio de la práctica de la conservación. Inclusive hasta el año 2004 se mantuvieron los programas del Instituto del Patrimonio Cultural, para dar luego un importante giro hacia tendencias marcadas por lineamientos políticos del ejecutivo nacional.

Luego de haber desarrollado el Proyecto de Inventario Nacional del Patrimonio Cultural (1997-1999) y de haber obtenido un panorama de registro basado en la investigación en sitio y ajustado a criterios previamente establecidos, el Instituto del Patrimonio Cultural, en 2004 emprendió el I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, abordando este registro desde las comunidades y diversificando en elementos tangibles y procesos o manifestaciones culturales [35].

No podemos dejar a un lado el importante tema de la conservación del patrimonio edificado como disciplina formal cuyos inicios en Venezuela son relativamente recientes. Los primeros profesionales de la arquitectura que ejercieron la disciplina de la restauración, se formaron en el exterior en la década de los 80, esencialmente en Italia. De allí el marcado enfoque ajustado a documentos doctrinarios como la Carta de Venecia (1964) y la publicación Teoría de la restauración (Cesari Brandi, 1964), bajo cuyos rigurosos fundamentos se enfocaron en buena medida las intervenciones de las edificaciones en el país. Son destacables las intervenciones realizadas por Graziano Gasparini en la década de los años 60 en las iglesias coloniales, bajo un marcado lineamiento de sustituir estructuras de cubierta y borrar las intervenciones decorativas ejecutadas en décadas anteriores.

De vital importancia es el aporte de la academia a la conservación del patrimonio edificado del país. La creación de la Maestría de Conservación y Restauración de Monumentos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV en el año de 1992 y luego la Maestría en Historia de la Arquitectura y Urbanismo en Venezuela, así como la Maestría en Acondicionamiento del Patrimonio Cultural y Turístico de la Universidad Experimental Francisco de Miranda [36] constituyen estudios de cuarto nivel de donde egresaron docentes, investigadores y profesionales que han participado desde sus disciplinas en proyectos y gestiones idóneas para atender la intervención de edificaciones principalmente en Caracas, con algunos ejemplos singulares en el interior del país. Muestra de ello son las intervenciones en el Centro Histórico de Ciudad Bolívar realizadas durante la década de los años 90, la restauración del Teatro Baralt en Maracaibo, la restauración y adecuación de uso de la Hacienda La Floresta, hoy sede de Pdvsa La Estancia, todas estas actuaciones desarrolladas por profesionales formados o con marcada experiencia en el área de la conservación del patrimonio

La semilla sembrada en el seno de estos postgrados ha permitido incorporar profesionales formados en esta disciplina a las distintas instituciones y organizaciones a nivel nacional, donde se han desempeñado en la gestión del patrimonio cultural edificado. Una generación inicial proveniente del Sector de Historia y Critica de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo [37], se ha fusionado con profesionales formados en otras instituciones y en universidades foráneas [38] lo cual ha permitido contar hoy con una lista nutrida de profesionales e investigadores formados metodológicamente para la atención, registro, investigación, intervención y puesta en valor del amplio patrimonio edificado nacional.

Lo moderno entre su conservación y su destrucción

A partir de 1918 con la explotación inicial de los recursos petroleros en Venezuela, se inicia un importante viraje en el país. Empresas extranjeras aportarán un empuje importante a la construcción de centros urbanos y zonas edificadas a partir de la década de 1920. Aun cuando se le atribuye al gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) el empuje de Venezuela como estado moderno, es durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez cuando se consolida de forma exponencial la idea de una verdadera ciudad en construcción [39].

La pujante economía propició la construcción de avenidas, corredores viales y urbanizaciones cuya implantación ponía en juego la permanencia de algunas importantes edificaciones. Con la llamada modernidad llegaba también la intención de arrasar con el pasado a través de la demolición de edificaciones como la sede del Banco Central de Venezuela (1960), derribada para dar paso a la construcción de una nueva sede y a la ampliación de la avenida Urdaneta. También hay que admitir que zonas depreciadas o con una arquitectura de menor valor estético también fueron demolidas permitiendo la construcción de nuevas urbanizaciones como El Silencio (1941).

Muchas edificaciones se perdieron irreversiblemente en sectores y zonas que fueron reurbanizadas, no obstante surgieron como otras muestras de arquitectura ahora con los aires de la modernidad evidenciadas en viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, edificios de oficinas, unidades educativas, centros comerciales de espacios abiertos así como urbanizaciones enteras, que constituyen una inmensa geografía arquitectónica de la modernidad en Venezuela.

Las primeras intenciones de reconocimiento a la arquitectura moderna en el país a través de protecciones legales, se cristalizan en los años 80 cuando aún estaba en funciones la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental de la Nación, al emitirse declaratorias como Monumento Histórico Nacional a elementos de valor arquitectónico singular, generándose también algunas declaratorias de centros históricos que, aunque originarios de siglos XVI, XVII o XVIII [40], contenían dentro de sus límites las muestras del crecimiento e inserciones del siglo XX.

Más tarde, en los años 90, y luego de creado el Instituto del Patrimonio Cultural, se dio un importante impulso a la protección de edificaciones construidas en el siglo XX, sobre todo las obras representativas de destacados arquitectos o las obras que habían sido galardonadas en concursos o ediciones del Premio Nacional de Arquitectura. En esta época se formularon declaratorias de las viviendas de Manuel Mujica Millán en Campo Alegre, en 1996, las de Villanueva en 1997, así como algunas obras importantes de destacados arquitectos venezolanos, como el caso de Jesús Tenreiro y José Miguel Galia.

Sin embargo el tema de las declaratorias no solventó la protección de estas edificaciones, pues lamentablemente no se generaron instrumentos vinculantes de estímulo que acompañaran las declaratorias y que incentivaran a los propietarios o entes privados a rescatar, conservar y restaurar sus propiedades luego de ser declaradas como Monumento Histórico Nacional o sitio de Interés Cultural. Pareciera que las afectaciones legales produjeron más consecuencias negativas que positivas, al impedirse o limitarse a propietarios intervenir sus edificaciones so pena de sanciones o multas establecidas en la Ley vigente de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.

La afectación económica a los propietarios sin que mediaran incentivos ha promovido en buena medida el abandono de muchas de estas construcciones que han quedado a merced del paso del tiempo y a la espera de su destrucción para ser vendidas luego a precios calculados con base en el costo del terreno y su potencial constructivo. Esta situación se ha hecho evidente de forma dramática sobre todo en urbanizaciones como Campo Alegre, El Rosal, Vista Alegre, Altamira, La Castellana y Las Mercedes en Caracas, donde el poder económico de los proyectos urbanísticos y constructoras pareciera que ha vencido la batalla de la conservación del patrimonio moderno.

No podemos dejar a un lado el caso más significativo del patrimonio moderno a nivel nacional, la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Monumento Histórico Nacional en 1994, ratificada en 1998 [41] y luego postulada con éxito a su inclusión en la Lista de Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO.

A partir de la creación del Instituto del Patrimonio Cultural (1994) y con el desarrollo del Proyecto Inventario Nacional del Patrimonio Cultural [42], se mantuvo una política de gestión descentralizada hasta el año 2000, procurando apoyar con recursos y asistencia técnica el rescate y la conservación del patrimonio cultural a nivel nacional. Consistente con esto, el IPC mostró un apoyo incondicional en los procesos de gestión referidos a la Ciudad Universitaria de Caracas a través de asistencia y de aportes económicos para desarrollar el Expediente del Proyecto Ciudad Universitaria Patrimonio Mundial, que conllevaron la inscripción de este conjunto en la Lista de Patrimonio Mundial. No obstante el logro de la declaratoria mundial y habiéndose comprometido formalmente, el Estado venezolano no ha demostrado intenciones ni esfuerzos técnicos o económicos que contribuyan de manera significativa con el complejo proceso de conservación y desarrollo del bien, sede de la UCV.

La crisis económica intensificada en años recientes, ha afectado de forma sustancial a la Universidad Central de Venezuela con el ineludible impacto en materia recursos asignados para el mantenimiento de la planta física de este campus inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial. Para poner en contexto, en 1999 la asignación del presupuesto para el programa de atención a la planta física de la UCV (partida presupuestaria 8) era del 1.20% del monto total del presupuesto de la UCV, disminuyendo esta proporción para 2004 a un 0.98% del presupuesto total de la UCV [43].Esta condición ha sido un factor determinante en el progresivo deterioro del conjunto urbano, de sus edificaciones y sus áreas abiertas y su colección de obras de arte.

El reconocimiento y la conservación de este conjunto urbano que está contenido en un área de 164 hectáreas con 89 edificaciones, ha sido complejo y lento. A pesar de los evidentes valores estéticos, constructivos, urbanísticos y paisajísticos del campus de la UCV, sus edificaciones, ambientes y obras de arte han sido objeto de daños y afectaciones esencialmente por desconocimiento, intervenciones sin criterio y sobre carga de uso. Las décadas de los años 60 y 70 marcadas por importantes conflictos políticos tuvieron repercusión a lo interno de la Ciudad Universitaria de Caracas, afectando ambientes y edificaciones. No obstante los mayores daños y la destrucción deliberada ha venido ocurriendo a partir del año 2000, con alta incidencia en momentos donde la intensidad del conflicto político se hizo presente con replicas en el recinto [44].

El patrimonio edificado del país es mayoritariamente moderno, un patrimonio que habla de una Venezuela pujante, avanzada, con logros en lo urbanístico, en lo educativo, en lo ambiental y en lo social. Hoy día, nuestro patrimonio moderno se encuentra sensiblemente amenazado por la presión económica, por el abandono institucional y por la apatía ciudadana que se justifica ante las calamidades que aquejan el país. La buena noticia es que este aglomerado de elementos modernos dispersos por el país fue erigido con materiales nobles y con técnicas reproducibles, lo cual nos dispone de antemano a un proyecto ineludible de rescate y preservación del patrimonio edificado nacional, cuando las condiciones así lo permitan.

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Nelly del Castillo Loreto es Arquitecto de la UCV, MSc. en Conservación y Restauración de Monumentos FAU-UCV, Candidata a Doctor en Arquitectura. UCV.

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Notas:

[1] Juan Pedro POSANI, Lineamientos de política de conservación, Caracas: Instituto del Patrimonio Cultural, 1999.

[2] Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación, promulgada en Gaceta Oficial el 15 de agosto de 1945

[3] Ignacio CASADO GALVAN, «Breve Historia del concepto de patrimonio histórico: del monumento al territorio». En: Contribuciones a las ciencias sociales, noviembre, 2009:11-30.

[4] Hacemos referencia a los encuentros disciplinares en el ámbito de la conservación y protección del patrimonio cultural de donde se generaron documentos como la Carta de Atenas (1931) y Carta de Venecia (1960) y la Carta de Ámsterdam (1975) .

[5] Llorent PRATS, «Antropología y patrimonio». En: Ensayos de antropología cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. J. Prats y A. Martínez editores. Barcelona,Editorial Ariel, S.A., 1996: 294

[6] En ese mismo año, Cesare Brandi publica su texto Teoría de la Restauración, donde expresa su posición hacia una marcada rigurosidad y dogmatismo en la disciplina del quehacer conservacionista.

[7] Podemos mencionar la remodelación realizada por el arquitecto Gustavo Wallis a la Catedral de Caracas en 1933 y la remodelación a la Casa Natal del Libertador ejecutada en 1916,

[8] Comenta Carlos Duarte: «La portada con el escudo, el alero del techo y la ventana del gabinete se habían conservado intactos. En cambio las dos ventanas de la sala y la alcoba habían sido convertidas en puertas. Las dos aberturas encima de éstas han sido abiertas nuevamente buscando la altura original de las ventanas. La placa de mármol colocada por Guzmán Blanco en 1883 se halla en su lugar». Carlos F. DUARTE, Historia De La Casa Natal De Simón Bolívar y aportes documentales sobre la Cuadra Bolívar, Caracas, Fundación Cisneros, 2003: 40.

[9] Luis MOLINA, «La conservación del patrimonio cultural en Venezuela: Nuevas oportunidades a partir de 1999». En: Revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol 13, n. 3 , septiembre-diciembre, 2007:136

[10] Al decretarse la transformación de Iglesia de la Santísima Trinidad en Panteón Nacional se ejecutó la primera remodelación a cargo de Jesús Muños Tébar. En 1911 se culminan los trabajos de remodelación a cargo del arquitecto Alejandro Chataing, incluyendo la modificación de la fachada. Luego, en 1930, el arquitecto Manuel Mujica Millán proyecta y ejecuta una nueva modificación de la fachada, mientras que las intervenciones más recientes se generaron bajo criterios de preservación. La de 1997 fue supervisada por el Instituto del Patrimonio Cultural, con aportes del Ministerio de Infraestructura (Minfra), y se orientó a sustituir la cubierta de las naves y ampliar el pódium y la escalinata de acceso. Ver: Instituto del Patrimonio Cultural, 1998: 95-96). La última intervención, en 2011, con ocasión del traslado de los restos del Libertador al recién construido Mausoleo, contempló actuaciones en estructura, muros, acabados y obras de arte.

[11] Luis MOLINA, op. cit.:136

[12] Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental, 1978:7

[13] Felipe MASSIANI, La política cultural en Venezuela, UNESCO,1977: 49

[14] Aprobada en fecha 3 de septiembre de 1993 según gaceta Oficial N° Extraordinaria 4.623

[15] Como antecedentes o aproximaciones parciales al registro o inventario de edificaciones se encuentra el Inventario del Patrimonio Arquitectónico Venezolano realizado por el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas (CIHE) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela entre 1982 y 1988 (citado en Instituto del Patrimonio Cultural, 1997:21). Igualmente, el trabajo adelantado en los estados Anzoátegui y Aragua por la Dirección General Sectorial de Patrimonio del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) entre 1992 y 1993 constituyó un importante insumo al Proyecto de Inventario Nacional desarrollado por el IPC. Ver: Instituto del Patrimonio Cultural, Proyecto Inventario Nacional del patrimonio Cultural. Plataforma conceptual, Caracas, 1997: 21-22.

[16] Rafael Armando ROJAS. Voz: «Patrimonio histórico y artístico de la Nación» .En: Fundación Empresas Polar, Diccionario de Historia de Venezuela,. vol 3, 2010: 516.

[17] Citado en Molina, op.cit.:137

[18] Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación 1945, Artículo 1.

[19] La junta estaba adscrita al Ejecutivo Nacional y designada por el Ministerio de Relaciones Interiores

[20] Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación, 1945, artículos 4 y 6.

[21] Ley promulgada con fecha 8 de abril de 1960

[22] Articulo 2 literal q. Citado en Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental, Consejo Nacional de la Cultural. República de Venezuela.1976: 3

[23] Una de las diferencias más notables la constituía la relación entre el Diputado Silva Uzcátegui, presidente de la Junta Nacional (ver La Restauración de monumentos históricos en Venezuela, 1969) y el Arquitecto Graziano Gasparini (ver Dirección de Patrimonio Histórico y Artístico y Ambiental, CONAC 1976) en cuyas notas exponían las diferencias de sus puntos de vista sobre la Ley y en torno a las intervenciones y a la protección del patrimonio cultural en Venezuela.

[24] Gaceta Oficial N° 26.320 de fecha 2 de agosto de 1960.

[25] Considerandos 2 y 3 de la Gaceta Oficial número 26.320 de fecha 2 de agosto de 1960.

[26] Graziano GASPARINI, Boletín CIHE, N°2 1965: 63 -64

[27] Instituto del Patrimonio Cultural, Carabobo 1. Cuadernos del Patrimonio Cultural, Serie Inventarios. 1998: 59

[28] Graziano GASPARINI, Restauración de Templos Coloniales en Venezuela, Caracas, Ministerio de Justicia, Dirección de Cultos, 1969:13.

[29] Ibid.

[30] Gaceta Oficial Extraordinaria N°1768 de fecha 29 de agosto de 1975

[31] Ibid.: art 3

[32] Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental, Caracas, Consejo Nacional de la Cultura, Conac, 1976:5

[33] Estimaciones propias extraídas de lista suministrada por el Instituto del Patrimonio Cultural.

[34] El Proyecto de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas desarrollado en 1995 contó con la coordinación del arquitecto Gorka Dorronsoro y participaron las distintas unidades operativas del IPC: bienes inmuebles, arqueología y bienes muebles. El Proyecto del palacio federal Legislativo contemplo la creación de una Oficina técnica que contaba con las unidades operativas: inmuebles, arqueología y bienes muebles, así como historiadores, técnicos e ingenieros, coordinado por Luis Guillermo Marcano entre 1995 y 1999. De igual forma en el Proyecto de Restauración del panteón nacional, participaron las tres unidades operativas siendo coordinado el proyecto por el arquitecto Paolo D´Ónghia, entre 1996 y 1997.

[35] El producto de este censo fue un registro nacional con un número considerable de elementos. Inmediatamente luego de concluido el censo, se publica la providencia administrativa N°012/05 de fecha 30 de junio de 2005[35] que dictamina la conformación del Registro General del Patrimonio Cultural, declarando como conservable todo lo registrado en el censo, dando rango de patrimonio a una cantidad astronómica de elementos entre ellos colecciones, objetos, testimonios culturales e inclusive personajes. Esto puso en evidencia la básica confusión entre los elementos registrados y los elementos declarados, constituyendo un panorama imposible de gestionar desde ninguna institución. A partir de ese mismo año, la gestión del patrimonio nacional comenzó a dar un giro en su marco conceptual, dando prioridad a la atención del patrimonio intangible o las llamadas manifestaciones culturales, lo cual ocurría paralelamente a la dificultad de responder y gestionar los elementos y sitios previamente declarados. Es oportuno recordar que es también en 2005 cuando Coro y su puerto, ingresan a la Lista en riesgo de la UNESCO, en la cual se mantiene hasta esta fecha. El caso del Parque Nacional Canaima también ha sufrido las consecuencias de la debilitada gestión institucional generando graves problemas de afectación por la minería ilegal en este reservorio natural inscrito en la Lista de Patrimonio Natural en 1994. Las implicaciones para responder operativamente también se han hecho sentir en las respuestas y apoyo técnico hacia el sitio Ciudad Universitaria de Caracas a partir del año 2004.

[36] Este postgrado surgió en la década de los años 80 y no logró mantener su oferta académica por mucho tiempo.

[37] Docentes como Hilmar Lucks, Rudolph Moreno, Luis Guillermo Marcano, Ciro Caraballo, Mariela Maiz Russian, Anders K. Noorgard, Juan José Pérez Rancel, María Fernanda Jaua, Luis Polito, Beatriz Meza, Milagros Aldana, Francisco Pérez Gallego, entre otros.

[38] Entre ellos podemos mencionar: Lesmes Castañeda, Maya Felice, Mildred Egui Boccardo, Sara Atienzar, Paolo D’Onghia, Ileana Vásquez, Lorenzo González Casas, Thamaira Caraballo, Hersilia Barbosa, Gregory Vertullo, Luis Molina, Melín Nava, Orlando Araque, Antonieta Álvarez, Henry Vicente, Orlando Marín, Gustavo Diaz Spinetti, Ramón Paolini, Ana María Monzón, Alfonso Olivarez, María Victoria Herrera, Fabiola Velasco, entre otros.

[39] En su artículo sobre Distritos petroleros Henry Vicente refiere importantes construcciones edilicias a partir de la presencia de transnacionales petroleras en el país. Ver: «La arquitectura urbana de las corporaciones petroleras: conformación de ‘Distritos Petroleros’ en Caracas durante las décadas de 1940 y 1950». En: Espacio Abierto, vol. 12, nº 3, julio-septiembre, 2003: 391-413.

[40] En la década de 1970 se generaron un número importante de declaratorias de centros históricos que anexaban la cartografía con indicación de las coordenadas de las respectivas poligonales contentivas de las zonas declaradas. Se destacan las declaratorias de los centros históricos de Guanare Coro y Cumaná, en 1977 y la declaratoria del Centro Histórico de Ciudad Bolívar, en 1978.

[41] La declaratoria de 1994 fue publicada en Gaceta Oficial N° 35.441 de fecha 5/04/1994 y el 27 de mayo de 1998 se generó una reiteración publicada en Gaceta Oficial N°36.472. Esta obedeció a la incorporación de la antigua Escuela Técnica (Facultad de Ciencias), el jardín Botánico y las zonas deportivas, no contempladas en la declaratoria de 1994.

[42] Este proyecto respondió a uno de los principales objetivos del Instituto del Patrimonio Cultural: diagnosticar el estado de los bienes que conformaban el patrimonio a fin de formular políticas, planes, proyectos y normativas. Ver: Instituto del Patrimonio Cultural, 1997, op. cit.

[43] Vicerrectorado Administrativo. Universidad Central de Venezuela, 2004:54.

[44] Entre 2008 y 2012 un total de 32 situaciones de violencia marcaron las reseñas de los diarios, donde se señalaban los importantes impactos en obras de arte y ambientes icónicos del campus de la UCV.