Telón de fondo

El asesinato del Congreso

por Elías Pino Iturrieta

19/08/2019

Retrato de José Tadeo Monagas | Martín Tovar y Tovar (1858)

La república fundada en 1830 vive un proceso de equilibrio institucional y de posibilidades de deliberación que permite hablar de una convivencia moderna y morigerada que no parecía probable en la víspera. Un acuerdo entre los militares más poderosos, los intelectuales y los propietarios que esperan la reanimación de sus bienes después de las guerras de Independencia, facilita el establecimiento de un sistema de contrapesos capaz de impedir el predominio del Ejecutivo y la preponderancia de los hombres de armas, mientras impulsa una administración pulcra, un parlamentarismo que llega a cumbres en su trabajo y un movimiento de imprenta que estrena su etapa dorada. El consenso que se ensaya para liquidar la unión colombiana, culmina en un lapso de paz política y de progresos materiales jamás experimentado. 

La armonía se rompe después de tres lustros por las medidas para el fortalecimiento de la economía que desarrolla el ministro Santos Michelena con el apoyo de los presidentes Páez y Soublette, que favorecen a un sector de propietarios en detrimento de otros y conducen a la formación de una bandería de oposición, el Partido Liberal, capaz no solo de dividir las opiniones de los notables de las ciudades contra los conservadores del gobierno, sino también de movilizar grandes segmentos del pueblo llano que resienten su exclusión de los negocios públicos. El republicanismo establecido con la bendición de Páez al principio solo interfiere el desarrollo del movimiento de oposición a través de la discusión parlamentaria y de acusaciones en los tribunales, o promoviendo campañas de prensa que se vuelven cada vez más violentas. Tal conducta no puede impedir la guerra civil, o la alienta. De allí la aplicación de medidas drásticas, como la ilegalización del Partido Liberal y la condena de Antonio Leocadio Guzmán, su líder, al patíbulo. 

La influencia de Páez ha determinado la política desde los tiempos de La Cosiata, demasiado almanaque como para que no se piense en otra figura capaz de imponer su autoridad sin el menoscabo de las conquistas logradas por la concordia. Pese a que sobran las voces que reclaman el retorno de un centauro protector y violento, el convidado y figuras de su séquito avizoran la salvación en el general José Tadeo Monagas. El llanero llega a tratos con el oriental y le ofrece los votos de los conservadores para que restablezca la paz desde la presidencia contando con su asesoría, acuerdo que termina con el experimento de convivencia iniciado diecisiete años antes. A Monagas le basta su personal criterio, o tiene oídos dispuestos a escuchar las opiniones que le sugieren el monopolio de la autoridad. En consecuencia, lo que parece una salida satisfactoria desemboca en la enemistad de los dos hombres de armas y en la desaparición de una forma de gobernar que había dado importantes frutos. 

Cuando don José Tadeo evita la compañía de don José Antonio, o cuando inicia cambios en el gabinete para librarse de los godos; o, mucho peor, cuando se sabe que salvará a Guzmán de la pena capital que debe ejecutarse en breve, los conservadores resuelven utilizar la holgada mayoría que tienen en la Cámara para librarse del traidor. Casi dos décadas interpretando la Constitución y manejando las curules a sus anchas, con plumas expertas en los pleitos de los periódicos y con ramificaciones en las Diputaciones Provinciales, comienzan una cruzada de invectivas para expulsar al inquilino de la casa de gobierno. Nada alejado de la legalidad, todo dentro del seno de las regulaciones, pero con un ímpetu que pronostica convulsiones porque el atacado también se puede valer de armas afiladas. Las intenciones de los godos provocan respuestas enfáticas de los liberales ahora cercanos al nuevo mandatario, aglomeraciones y panfletos, para que se tema el retorno de una excitación que parecía controlada. Está entonces de paso por Caracas el general Juan José Flores, prócer de la independencia, colaborador de Bolívar y ex presidente de Ecuador, quien trata infructuosamente de que los dos rivales lleguen a acuerdos en una entrevista personal que no sucede. Flores se marcha entonces del país para no contemplar las refriegas que se avecinan, según expresa ante sus contertulios. 

El 16 de enero de 1848, cuando las acusaciones contra el presidente suben de tono en periódicos afectos al grupo más radical de los seguidores de Páez, como La Prensa y El Espectador, ocurre una vicisitud que encrespa más los ánimos. Se trata de la elección de los jurados de imprenta, en medio de una turbulencia sucedida en el teatro de Caracas en la cual sale favorecida la nómina propuesta por los liberales. Los conservadores hablan de una selección manipulada por sus rivales y anuncian que irán ahora por la cabeza del jefe del Estado, gracias a una iniciativa de sus representantes en la Diputación Provincial de Caracas. La Diputación encuentra entonces motivos para pedir a la Cámara que siga juicio a Monagas por las siguientes irregularidades: designación de oficiales del ejército sin las cualidades que la ley prescribe, tergiversación de las propuestas de candidatos para ocupar funciones de Ministros de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de imponer magistrados de su confianza; empleo de las fuerzas armadas sin consentimiento del Consejo de Gobierno y administración de asuntos de estado mientras se encuentra fuera de la capital, sede oficial de la administración. El trámite de los provinciales ante el Congreso coincide con la circulación de escritos que solicitan el traslado del parlamento a Puerto Cabello, para deliberar sin la presión cercana de quien será acusado. 

Todo transcurre mientras reina gran agitación en la ciudad y en los suburbios. Las logias liberales se declaran en sesión permanente, las enseñas amarillas se multiplican en la ropa de los pardos, las calles se abarrotan de manifestantes, la mayoría opuestos a la pregonada acusación, mientras el presidente Monagas ordena el refuerzo de las milicias y realiza reuniones en su casa de San Pablo sin que se sepa lo que en ellas trama. Deja hacer sin abrir la boca, hasta cuando se entera de la decisión tomada en el club de la Renaissance, sitio de reunión de la «gente de orden», cuyos miembros, todos paecistas de uña en el rabo, deciden su proceso a partir del día de la instalación de la cámara, 24 de enero, y la creación de una guardia armada para la protección de los representantes del pueblo. Unas doscientas personas se presentan de inmediato al club para formar la guardia, la mayoría estudiantes universitarios que claman por el cese del creciente autoritarismo, mientras el gobierno dispone el acuartelamiento de sus tropas. 

La solicitud de la Diputación Provincial de Caracas entra en la agenda del 24 de julio, día de la instalación del Congreso, que se declara en sesión secreta mientras concede legalidad a la iniciativa de la guardia armada para su protección. Es entonces cuando el presidente Monagas da señales de vida, mediante comunicación proveniente del consejo de ministros en la cual señala a los diputados que la iniciativa de una protección especial contraviene las leyes, y que no está dispuesto a tolerar el exceso. A la vez, anuncia que el Ministro de lo Interior, Tomás J. Sanavria, lo representará en la sesión inaugural para leer su mensaje anual. Desde tempranas horas de la mañana una multitud colma la Plazoleta de San Francisco, mientras las barras de la Cámara se llenan con público de los dos bandos que ha penetrado antes de la llegada de los diputados. En breve la controvertida guardia se hace presente en las puertas y en las esquinas del recinto. La atmósfera pasa por minutos de calma cuando llega el ministro Sanavria con sus hijos y con el hijo mayor del presidente Monagas, a presentar el documento que envía su superior. Como trae preciosa compañía, se supone que se mete confiado en la boca del lobo, pero es recibido con cajas destempladas. Los godos lo acusan a gritos de complicidad con los excesos del jefe del Estado y piden la comparecencia de los ministros de Guerra y Marina y Justicia, para que den cuentas de los malos pasos del mandatario. 

Las versiones de lo que entonces sucede en el salón de sesiones desata la tempestad. Circula la noticia, trasmitida desde los balcones del edificio, de que Sanavria y sus acompañantes han sido apresados. Otra asegura que ha sido herido de gravedad y que ya se ha votado favorablemente la acusación de Monagas, para que la multitud trate de penetrar mediante violencia a acabar con lo que considera como atentado alevoso. No han sucedido tales hechos, sino insultos subidos contra el ministro y contra los jóvenes que lo acompañan, también intentos frustrados de atacarlo con arma de fuego y con puñal, pero en la calle se amplifica una situación de suyo delicada para que la multitud decida hacer justicia por la fuerza. En un primer encontronazo entre la poblada y la guardia del Congreso caen muertos dos dirigentes populares que han llegado de El Valle con sus seguidores, seguramente por disparos de los custodios; mientras las escaramuzas del salón de sesiones terminan con la vida de tres diputados y dejan mortalmente herido uno de los más conspicuos, Santos Michelena, figura estelar de la anterior administración. Para librarse del horror el resto de los diputados escapa como puede, por un portón trasero, saltando hacia techos aledaños u ocultando su identidad ante una furiosa multitud que los quiere ajusticiar en la calle. Muchos se encierran después en lugares inesperados, en la casa de algún amigo valiente, o solicitan la protección de las legaciones extranjeras. Las casas de la ciudad aseguran sus candados, los comercios y las iglesias cierran, mientras grupos callejeros profieren amenazas contra los godos y contra Páez sin que los detengan los agentes del orden público. 

Monagas sale de su despacho cuando sucede la estampida de los diputados, cuando los hechos se han consumado. Saluda a los manifestantes y asegura que la fuerza pública garantiza vidas y propiedades, pero es evidente su responsabilidad en el escandaloso acontecimiento. Enterado como está de la marcha de las vicisitudes, permite que sucedan sin intervenir. Debe escoger entre el acatamiento de la legalidad, aunque ahora dependa de los intereses de los godos y de la influencia de Páez, y las pulsiones de un pueblo orientado por sus pasiones y por la guerra sucedida en la víspera, y escoge el camino que lo favorece. Como debe someterse al imperio de las regulaciones, para evitarlo prefiere el azar de la violencia sin calcular lo que pierde la república después de una trabajosa construcción. Solo una residencia de Caracas aparece iluminada y concurrida por figuras prominentes que hacen brindis triunfales y se felicitan a la recíproca, escribe el historiador de tendencia liberal Francisco González Guinán cuando reconstruye el episodio: el domicilio familiar de don José Tadeo en San Pablo. De su seno sale la solución del entuerto, que determina el cese de la deliberación republicana y el inicio de un autoritarismo descontrolado. En medio del jolgorio Monagas sirve champaña y pide la opinión de uno de sus asesores íntimos, el vicepresidente Diego Bautista Urbaneja, quien ha permanecido silencioso hasta entonces. Veamos lo que afirma entonces Urbaneja, según el historiador: «La paz no es posible si no se reúne el Congreso inmediatamente, da una amnistía general y restablece al general Monagas como gobierno legal, tal como lo era ayer. Es decir, es preciso, indispensable, coger la arteria constitucional como hacen los cirujanos».

Urbaneja reconoce la liquidación de la legalidad constitucional, provocada por los hechos, y la necesidad de operar para restablecerla en breve. Monagas se dedica entonces a la perentoria cirugía: visita personalmente en sus casas, en sus escondites o en los refugios diplomáticos a los diputados más aguerridos, o más asustados y escarmentados, para pedirles que vuelvan a sus curules debido a que él les garantiza la vida, el respeto de sus propiedades, el olvido de su enemistad y la eventualidad de sus favores. En cosa de doce horas acompaña a muchos personalmente en el penoso viaje de retorno, o los hace acompañar por miembros de su parentela, para que se lleve a cabo el remiendo aconsejado por el astuto vicepresidente. Don José Tadeo, ahora solo y sin armas, está presente en los salones y en los corredores del lugar cuando la Cámara se instala de nuevo y se deja ver en los corrillos de los opositores convertidos en pacientes que se restablecen, para que no queden dudas sobre el poder del cual depende la política en adelante, para que sepa cuál será el rumbo posterior del parlamentarismo que ha sido poderoso hasta entonces. El acontecimiento que concluye en esta avenencia tan triste e inesperada es conocido como el asesinato del Congreso


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