El agua de la Nación

El negocio del agua se transformó rápidamente: en un lapso de 10 años, muchos países pobres privatizaron sus servicios de agua y saneamiento a favor, básicamente, de empresas europeas. La narrativa del Banco Mundial y de otras instituciones financieras para el desarrollo fue exitosa al asociar la imagen del agua limpia con la creación de oportunidades para negocios. Al resolver el problema del agua, la economía se modernizaría y los países del sur saldrían de la pobreza.

¿Cómo fue que el concepto de agua para todos devino solución hegemónica? El paradigma central se basaba en una mirada abiertamente colonial, que asumía que la falta de agua potable era un indicativo ineludible de que los países del Tercer Mundo son corruptos y politizados. La narrativa aseguraba que el principal obstáculo para resolver estos problemas era el Estado y que al eliminar sus regulaciones se preparaba a la economía para el arribo del gran capital.[ii]

Así, la lógica de la privatización de los servicios públicos se volvió parte central de la agenda política con un consenso total por parte de los medios de comunicaciones: el neoliberalismo había ganado el sentido común. La situación en Argentina coincidió con el contexto político y cultural global, en el que una red diversa de actores (ONG, corporaciones transnacionales, expertos y periodistas) construyeron un consenso global sobre el problema del agua, al culpar al sector público y a los Estados de proporcionar un servicio ineficiente y politizado (monopolista y corrupto), incrustado en una cultura inculcada de despilfarro, relacionada con la falta de productividad y la pereza.

En 1992, el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem adoptó una agenda económica basada en los ideales del neoliberalismo, promovida por el FMI y el Banco Mundial, basada en la desregulación de la economía y la privatización de los servicios públicos. Tuvo lugar entonces (Aspiazu, 1998) uno de los grandes cambios ideológicos en la historia nacional: el gobierno de Carlos Menem utilizó el éxito temporal del Plan de Convertibilidad para imponer un programa integral de privatización de los activos públicos.

Es cierto que –Aspiazu dixit– poderosos inversores extranjeros y nacionales, así como acreedores extranjeros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, habían promovido durante mucho tiempo un programa de ajuste estructural neoliberal en Argentina, pero fue asombroso que este plan político fuera impuesto por una administración nacional y provincial peronista, un partido político históricamente caracterizado por sus posiciones estatistas y nacionalistas.

Paradójicamente, el Secretario General del sindicato que representaba a los trabajadores de la empresa pública –que inicialmente rechazó la privatización–, se convirtió en el informante de la iniciativa ante la legislatura provincial (un sorprendente cambio que generó suspicacias de todo tipo). Los expertos (Basualdo, 2004) afirman que una pieza central de la estrategia privatizadora por parte del nuevo gobierno y de los sectores de poder, fue la inclusión de los sindicatos en la restringida “mesa de negociación”, lo cual resultó clave para neutralizar la resistencia social a la política privatizadora. [iii]

Es interesante observar hasta qué punto el neoliberalismo construyó la hegemonía cultural en los años noventa, ganando una verdadera batalla identitaria: un informe de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía destaca que el apoyo de los empleados a las privatizaciones se basa en los beneficios de la modernización, con mejores condiciones de trabajo, capacitación de acuerdo con sus puestos, equipo de seguridad, salarios de acuerdo con sus capacidades y habilidades. Todavía más: el programa de participación empresarial cambiaba la naturaleza misma del rol de los empleados. Los trabajadores, así, en la narrativa neoliberal, pasaban de proletarios a propietarios.

Mientras tanto, la ola de privatizaciones no se detenía: junto al servicio de agua se intentó privatizar los servicios eléctricos. La legislatura provincial autorizó al gobierno a privatizar la generación y distribución de energía eléctrica.[iv] Pero el sindicato luchó, organizó un intenso programa de resistencia política que –junto con una buena estrategia de medios– obtuvo el apoyo de los consumidores: el gobierno abandonó su intento.

Paradójicamente, la fuerte cultural sindical de la Argentina, lejos de frenar las reformas, fue una pieza clave en la estrategia de privatización. Los analistas (Etchemendy, 2011) explican que con sus centrales sindicales centralizadas a nivel nacional, los sindicalistas organizaron una negociación monopólica con el poder político y empresarial que intercambiara su apoyo institucional y la eliminación del sindicalismo más radical, a cambio de mantener la representación exclusiva de los trabajadores y obtener un programa de propiedad compartida.[v]

En 1995, los servicios de agua y saneamiento santafesinos quedaron a cargo por 30 años de Aguas Provinciales SA. Los pasivos y las deudas de saneamiento no fueron asumidos por la empresa, quedando en manos del estado. El servicio fue realizado por la empresa Aguas Argentinas, propiedad en su mayor parte del grupo francés Suez, el español Aguas de Barcelona y grupos privados locales como el Banco Galicia. Pero según los expertos (Muñoz, 2005), el concesionario incumplió los objetivos prometidos. [vi]

La resistencia

Desde el principio, hubo una reacción social y política contra la privatización de los servicios. Ambas cámaras legislativas provinciales se opusieron al proyecto de ley, pero la presión del poder ejecutivo –junto con una astuta estrategia de los medios de comunicación– ganó impulso.

Con los años, el conflicto social contra la privatización se fue multiplicando en las ciudades afectadas, aumentando el nivel de críticas. Esta crítica, no siempre visible en la prensa, debido a la intensa estrategia de medios desplegada por la firma privada, fue ganando impulso, siendo más extendida y uniforme.

En 2001 tuvo lugar la crisis económica y social más severa de toda la historia argentina. [vii] Esta profunda crisis fue el escenario en el que se consolidó una intensa cultura de participación política, con sectores sociales organizados y protestando en las calles, combatiendo las políticas conservadoras impuestas por el neoliberalismo.

El fin de una era

En ese particular contexto, comenzó en Santa Fe un proceso de integración de conflictos, uniendo una red de vecinos y activistas (ambientalistas, consumidores, profesionales, estudiantes, docentes, comerciantes, clubes deportivos y asociaciones cívicas), que culminó en la formación de una Asamblea Provincial para el derecho al agua a mediados de 2002.

El paso siguiente fue organizar un plebiscito. El plebiscito provincial (26 de septiembre al 1 de octubre de 2002) fue un momento catalítico: las luchas acumuladas a lo largo de los años fueron simbolizadas por más de 250 mil personas que votaron por la finalización del contrato. A lo largo de 2004 y 2005, los activistas notaron que sus posiciones habían devenido el nuevo sentido común en la arena pública y que la clase política (incluido el Gobernador de la Provincia, del mismo partido político que había privatizado el servicio años atrás) comenzó a criticar a la empresa privada.

Las autoridades provinciales dudaban entre rescindir el contrato, renovarlo (aumentando la tarifa) a la misma empresa u ofrecerlo a un nuevo socio privado. Mientras tanto, la empresa presionaba para obtener una reestructuración tarifaria del 60%.[1] En 2005 se rescindió el contrato.  La legislatura provincial creó la empresa Aguas Santafesinas, una corporación bajo control público que ha estado prestando el servicio desde 2006. La nueva empresa pública mantuvo el 10% de propiedad a nombre de los empleados. [2]

Ernesto Pellegrini deja atrás el edificio de Aguas Santafesinas y camina por Ituzaingó rumbo a Lavalle. En su mente, las preguntas se suceden: ¿Por qué fue tan fácil privatizar en 1992? ¿Por qué fue tan fácil reestatizar en 2006? ¿La privatización fue posible sólo por la corrupción? ¿Los que apoyaron la privatización creyeron los dogmas neoliberales? ¿Cómo es la construcción moderna de la hegemonía y del sentido común?

Ahora camina por Lavalle y cruza Sargento Cabral,  rumbo a  Calchines. En esas tres cuadras piensa sin parar: ¿Por qué los sindicalistas apoyaron la privatización, sabiendo que atentaba contra sus propios intereses? ¿Por qué sigue teniendo éxito el discurso pseudocientífico neoliberal, plagado de axiomas y sofismas? ¿Por qué –como lo explica Anwar Shaikh– [3] la jerga economicista ortodoxa (auto regulación del mercado, tendencia al equilibrio, terapias de shock, libre competencia, derrame del ingreso y ventajas comparativas), que no cuenta con evidencia empírica, mantiene su autoridad?

Pellegrini –algo atontado por las preguntas– se deja caer en las butacas de mimbre del patio cervecero en la esquina de Calchines y calle Lavalle. El sitio es magnífico, con una pérgola en el medio, luces blancas de kermesse de pueblo y un ambiente único.

Pide un liso, que en la jerga local es un vaso de cerveza fría, tirada del barril, servida en un vaso de vidrio delgado. Como hace calor, la cerveza local es rubia y fresca. Ese tipo de cerveza –junto con ir al río, comer empanadas de pescado, tomar mate con alfajores de merengue crocante y pelearse por el clásico de fútbol– constituye parte del mandato local.

Dos amigos se sientan en la mesa de Pellegrini. Uno es alto y dibuja como los dioses. El otro sabe mucho de agricultura. Hablan de fútbol, de mujeres y de un amigo que ya no está en esa mesa, dueño de un humor proverbial. Pellegrini comparte con ellos sus angustias por el agua de la nación. Pero sólo recibe comentarios cínicos sobre la argentinidad, en medio de un debate –más sustantivo– en torno a las empanadas de pescado.

Estaba por insistir, cuando nota un caño gigante que sobrevuela el patio cervecero. Es un lisoducto, le aclaran, trae cerveza directamente desde la fábrica hasta el patio cervecero. De pronto, todas las preguntas –y las preocupaciones– de Pellegrini sobre el agua de la nación se desvanecen. Un amigo celebra el repulgue de las empanadas de pescado mientras dibuja sobre una servilleta como si en eso le fuera la vida. El otro prende un habano y se explaya sobre economía local.

Ernesto Pellegrini sonríe mientras busca ayuda en la penumbra del lugar. Desde atrás de la glorieta se le aparece una joven rubia, con sus manos en un delantal negro y la mirada atenta. Pellegrini le muestra tres dedos de su mano derecha y –sin decir ni una palabra– la joven sale rumbo a la cocina por otras tres cervezas. Pellegrini se acomoda en su silla. El mimbre cruje, casi imperceptiblemente, mientras la noche –mansa, pero definitivamente– se apodera de barrio Candioti.

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[1] Debido a la pérdida al final del plan de convertibilidad (que brindaba seguridad de las ganancias en dólares estadounidenses). Simultáneamente, varias empresas privadas que han estado administrando servicios públicos en otros lugares de Argentina (en su mayoría operadores privados extranjeros) abandonaron su sector después de la crisis de 2001. Un experto (Aspiazu, 2007) sostiene que este proceso fue el resultado de la decisión voluntaria de las compañías, reconociendo la insatisfacción social de todo el proceso de privatización en el país. Por otra parte, desde 2003, se  promovió la renegociación de contratos e incluso la renacionalización de varios servicios públicos administrados por empresas privadas.    La crítica masiva al mal servicio y la resistencia social en Santa Fe se combinaron con el cambio en la situación política a nivel nacional.

[2] Aguas Santafesinas es una empresa estatal que se constituyó como sociedad anónima el 8 de febrero de 2006 con el objetivo de proveer agua potable y desagües cloacales en quince ciudades de la Provincia de Santa Fe. La empresa se rige por la Ley de Sociedades Comerciales cuyo mayor accionista es el Estado de la Provincia de Santa Fe con el 51% del capital social, luego le siguen los Municipios que forman parte de la concesión con el 39%, y el 10% restante corresponden a los empleados de la sociedad a través del Programa de Propiedad Participada. https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/quienes-somos/

[3]The Economic Mythology of Neoliberalism: http://www.anwarshaikhecon.org/index.php/all-publications/international-trade/63-2004/35-the-economic-mythology-of-neoliberalism

Desde la década de 1950 hasta la década de 1970 hubo un consenso general sobre el control estatal nacional sobre los sectores basados ​​en recursos naturales. Pero –sostiene Goldman- desde la crisis de la deuda de la década de 1980, un proceso de imposición de ajuste estructural por parte del Banco Mundial y el FMI tuvo lugar en muchos países en desarrollo. En consecuencia, en la década de 1990, bajo la lógica neoliberal de la privatización, incluso lo más esencial de los  servicios del sector público -como la educación, la electricidad, el transporte, la salud pública, el agua y el saneamiento- se estaban poniendo en subasta.