Ilustración de Thomas Rowlandson. 1808

El 17 de abril de 1839, el Concejo Municipal de Caracas publica un documento que puede explicar, en términos parciales, los problemas para la atención de la salud durante los comienzos de la autonomía republicana. Es una respuesta a la Diputación Provincial, que antes se había quejado de la ¨dantesca situación¨ de los hospitales. Los concejales dicen que nadie los puede acusar de negligencia, a pesar de los ataques de la prensa, debido a serios problemas de presupuesto.

Aseguran los munícipes que el Congreso calculó mal los sobrantes en el rubro de las rentas, dejando a la administración de la ciudad en un aprieto que obligaba a tomar una medida insólita:

Esta escasez de recursos y esta nulidad legal por falta de medios, han obligado con alto sentimiento a no acordar ninguna demostración en celebridad del próximo 19 de abril, aun cuando haya acordado que el costo de la fiesta se haga por las Rentas Municipales, porque de nada sirve el precepto legal cuando faltan los medios necesarios para cumplir el precepto. Esta es, señor, la primera vez que después de la Emancipación de Venezuela deja la municipalidad de Caracas de celebrar, con la solemnidad debida, el día que abrió las puertas de tantas acciones heroicas y a tan cruentos sacrificios.

Para la policía de la ciudad solo se disponía entonces de 14.000 pesos, que se agotaron con pagar a los encargados de las cañerías, a los vigilantes que impedían la tala de bosques circunvecinos, a los celadores del alumbrado y al médico responsable de cuidar el fluido vacuno. Por consiguiente, concluyen los ediles:

Esta situación es tan lamentable para el Cantón de Caracas, que no le es posible al Concejo que lo representa, ni a la Provincia, continuar haciendo los suplementos que demanda el mantenimiento de los hospitales en el estado en que se encuentran hoy. 118 enfermos cuentan los tres establecimientos de esta clase que hoy existen en la capital, cuyos gastos ascienden anualmente a 28.000 pesos y no produciendo sus rentas propias, incluso el derecho al anclaje, ya que 9.000 pesos se hacen insoportables. Imposible en las actuales circunstancias continuar haciendo un desembolso anual que no bajará de 19.000 pesos¨.

Desde 1830 se vive una situación semejante, que no permite atender con regularidad a los hospitales de Caracas y a otros del resto del país. Cuando el gobierno dispone, en los dos años siguientes, el traspaso de los hospitales de Caridad y Lázaros a la tesorería del Consejo Municipal, la preocupación lleva a los representantes de la capital a suscribir un texto en el cual se lee:

El administrador se redujo a decir que había recibido la misma orden, sin que esta le indicase los fondos con que debía suministrar los hospitales, ni el modo de adquirirlos.

Unas instrucciones imposibles de cumplir, si nos atenemos a las razones de un administrador sin fondos y sin manera de obtenerlos. Pero no son las únicas que entonces circulan. En 1836 reiteran la queja los concejales de Maracaibo:

No podemos cumplir el deber que se nos impone de vigilar los lugares de salud, porque ignoramos los fondos con que han de atenderse a estos, y si el Gobierno no adopta medidas eficaces y prontas, perecerán muchos de los desgraciados que antes vivían en nuestros asilos y que ahora vagan por lugares inmundos en busca de sustento.

Los munícipes de Barcelona pasan por el mismo aprieto en 1842, ante una orden de la Diputación Provincial que los conmina a disponer dineros para la atención de los leprosos. Escriben los representantes al Ministro de Hacienda:

Su señoría se servirá indicarnos el rubro que se vaya a utilizar fuera de los existentes, ya ocupados en las necesidades comunes, indicación que es de verdadera urgencia porque la soltura de los lazarinos producirá un contagio universal en la ciudad.

Para hacer economías, como se ha visto, el Concejo Municipal de Caracas debe suspender en 1839 una fiesta importante de la nacionalidad. Aunque las otras instituciones que han sido requeridas para la atención de la salud no llegan a medidas tan extremas, es evidente que carecen de los recursos para atender el cometido.

Como apunta uno de sus reproches, apenas cuentan con el precepto legal ¨sin los medios necesarios para cumplir el precepto¨ Las instancias más altas de gobierno, esto es, el Congreso y las Diputaciones Provinciales, pretenden que los enfermos sin medios de subsistencia sean atendidos por la instancia más próxima a los problemas de la comunidad, pero fundamentan la pretensión en un cálculo ilusorio de los ingresos de tal instancia. Los números inconsistentes del presupuesto aprobado por los diputados ponen en verdaderos aprietos a los ediles y a las víctimas de las enfermedades. Los concejales solo pueden asumir el rol que se les solicita cuando los ingresos del cantón lo permiten, una posibilidad que usualmente no sucede, según sugieren los testimonios.