Claudia Escobar: “La lucha de los derechos humanos de los venezolanos es una lucha por la dignidad”

Este 28 de agosto de 2024, la Organización de Estados Americanos (OEA) debatió la situación de Venezuela en una sesión extraordinaria para establecer un Consejo Permanente sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y las protestas ocurridas desde entonces. 

Roberta Clarke, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó una actualización de su informe sobre la vulneración a los derechos fundamentales en Venezuela en lo que va del año 2024. 

“El estado venezolano ha establecido acciones de coerción antes de las elecciones”, enfatizó Clarke. “Estas represiones reflejan patrones ya observados por la Comisión en las protestas del 2014 y 2017”. 

La sesión de la OEA surgió a petición de las Misiones Permanentes de los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay luego de haber firmado una petición para que el gobierno venezolano publicara las actas electorales “de manera expedita” con el conteo de votos mesa por mesa el pasado 16 de agosto.

Advirtió que la sociedad civil venezolana ha documentado, al menos, 23 muertes atribuibles a la represión postelectoral: “Según la información preliminar, [al menos] diez muertes son atribuibles a miembros de la fuerza de seguridad del Estado, ocho a fuerzas militares, dos a la policía [local] y otros seis son atribuibles a los ‘colectivos’, grupos armados que actúan con tolerancia o aquiescencia del gobierno”. 

La CIDH informó que al menos 36 defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y sus familiares denunciaron la anulación de su pasaporte luego del 28 de julio “por motivos políticos”. 

“También sabemos que se está limitando el derecho a la participación en eventos en otros países. Esto se engloba como terrorismo de Estado”, agregó.

Si bien el informe señala que desde el 22 de julio existen al menos 1674 personas detenidas arbitrariamente, la ONG venezolana Foro Penal actualizó la cifra global de presos políticos en el país mientras la OEA estaba en la sesión: hay 1780 privados de libertad, donde 1581 son desde el 29 de julio de este año. Al menos 114 son adolescentes. 

“El Tribunal Supremo de Justicia publicó una cuestionable sentencia, fuera de su competencia, validando los resultados que dijo el Consejo Nacional Electoral. Al respecto, la CIDH ha advertido reiteradamente (…) sobre la ausencia de un Poder Judicial independiente y la cooptación del TSJ por el Poder Ejecutivo”, dijo Clarke.

Rechazo a la sentencia del TSJ

“La situación en Venezuela ha llegado a un nuevo nadir tras las elecciones del 28 de julio, en las que las acciones de Nicolás Maduro han hecho que se agrave la crisis humanitaria”, dijo el representante de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora.

Los países miembros que solicitaron la sesión extraordinaria rechazaron la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que “convalidó” los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la proclamación de la reelección de Nicolás Maduro. Este miércoles se cumplió un mes desde la elección y el CNE no ha publicado los resultados desagregados a nivel de mesas de votación ni cumplió las tres auditorías previstas después de los comicios. 

“La crisis en Venezuela es una lección sobre los peligros de la concentración del poder y la erosión de las instituciones democráticas”, dijo Claudia Escobar, representante de Guatemala ante la OEA. “La lucha de los derechos humanos de los venezolanos es una lucha por la dignidad que debe ser compartida por todos”. 

Raúl Florentín, embajador de Paraguay ante la OEA, reiteró que los hallazgos de la CIDH y la sociedad civil venezolana “no pueden ni deben ser ignorados por la comunidad internacional”.

“Lo que hoy estamos viendo en Venezuela no es nuevo, y lamentamos ver que ciertas situaciones se repiten, incluso se deterioran”, dijo Florentín. “Para encontrar una salida pacífica y satisfactoria para todas las partes no hay otro camino que la publicación, cuanto antes, de las actas electorales y que se proceda a la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones”. 

El estadounidense Mora acotó que Human Rights Watch también ha concluido que el TSJ no es un ente imparcial, “y señala que Maduro usa el sistema de justicia para procesar a los críticos y miembros de la oposición por cargos políticamente motivados, muchas veces sin una pizca de evidencia creíble”. 

“Esta erosión judicial ha socavado cualquier mecanismo de buscar un remedio para la violencia”, enfatizó. “El pueblo venezolano no merece otra cosa que nuestro apoyo incondicional en su búsqueda de una sociedad libre, democrática y justa”.

Washington Abdala, representante de Uruguay, reiteró el llamado de la OEA para que las autoridades venezolanas publiquen las actas de escrutinio de los comicios. Ha pasado un mes desde la contienda presidencial sin brindar información mientras reciben más denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. 

“Esto superó holgadamente lo ideológico (…). Cada muerto en Venezuela es un universo, cada torturado es una vergüenza. Hay 30 millones de Venezolanos que suplican por paz, respeto y democracia. ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el infierno?”, concluyó.

Mientras la OEA celebraba la sesión extraordinaria, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado dirigía una protesta en Caracas, para defender los resultados electorales reflejados en las actas publicadas por el comando opositor, los cuales señalan como ganador al candidato Edmundo González Urrutia.

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