Telón de fondo

Candidatos en fuga

18/06/2018

La creación de la república pasa por una dificultad fundamental: la resistencia de la ciudadanía a cumplir cometidos de ejercicio público. A partir de 1830 es difícil encontrar un nexo entre las necesidades del naciente estado y la colaboración de los particulares. Los sucesivos gobiernos tienen la necesidad de cubrir las plazas de la burocracia, de contratar empleados para la atención de diferentes despachos, pero no logran resultados satisfactorios. La idea del entusiasmo que ha provocado en los venezolanos la ocupación de cargos públicos, o el ostentar funciones de representatividad que los distingan frente al común, es una fantasía sin fundamento cuando se descubre, en un largo tramo del siglo XIX, la renuencia de los antepasados ante el objetivo supuestamente anhelado. Ahora se verá un par de casos elocuentes, que ilustra sobre el esencial vacío.

En 1837, se produce una estampida cuando se deben llenar las vacantes en el Concejo Municipal de Caracas. Es tan grande el desfile de los candidatos resistidos a aceptar los cargos, que la prensa trata el asunto con detenimiento. De sus páginas salen los ejemplos que se leerán a continuación.

El licenciado José Rafael Blanco presenta una “excusa legal” para no ejercer la Alcaldía Primera de Altagracia porque acaba de contraer matrimonio. Después, el ciudadano Miguel Tejera muestra certificados sobre su irritación pulmonar para librarse de ser alcalde primero de la parroquia San Pablo. A una oftalmía crónica “con recargos agudos muy penosos”, debe don Francisco Ignacio Carreño la aprobación que hace el Concejo de su súplica para no cumplir la obligación de incorporarse a la alcaldía segunda de la parroquia San Juan. Un joven a punto de casarse lleva las amonestaciones ante la Cámara, con el propósito de retirar su nombre de la lista de alcaldes de segunda elección que se celebrará en breve. Aunque uno de los ediles asegura que parte de un argumento trivial para librarse de la comisión, el futuro desposado se sale con la suya.

Los periódicos hacen chistes con la cadena de excusas. Llegan a decir que existe en Caracas una especie de “Canciller de inválidos”, llamado Esculapio, que se llena de dinero con los recursos que presenta ante los ediles para satisfacer a sus clientes. Sin embargo, el abogado Felipe Fermín Paúl, una celebridad de la época, toma las cosas en serio. Asegura que la mayoría de las solicitudes son irrelevantes en una república, debido a que se apoyan en “leyes tan extravagantes y antiguas como las de Indias”.

Pone el ejemplo de una de las que fueron esgrimidas por los renuentes: una Real Pragmática de Felipe IV sobre las funciones debidas a la Corona y el impedimento de esponsales, fechada en 11 de febrero de 1623. Se trata de disposiciones “contrarias a la igualdad y justicia con que están o deben estar formadas las leyes de Venezuela”, concluye el jurista. Paul se mete en el fondo del problema desde una perspectiva que no solo incumbe a los casos que lo ocupan, sino a una ausencia de espíritu público cuya predominancia se debe rastrear para topar con los escollos que entorpecen entonces la marcha de la república.

Un documento de 1848, redactado por el Gobernador de Ciudad Bolívar y dirigido al presidente de la República, José Tadeo Monagas, refleja el mismo problema y las dificultades para solucionarlo.

Acontece con frecuencia que se elige a un individuo para servir un destino concejil, y ocurre a un médico que le libra una certificación en que consta que el elegido padece éste o aquel otro mal, que por razones que el médico tiene buen cuidado de especificar, le imposibilitan para estar sentado, si el empleo es sedentario, moverse si su desempeño requiere ejercicio corporal, etc. y la autoridad que debe decidir de tales excusas apoyadas en tales pruebas, se ve en la alternativa de desatender al verdaderamente impedido, o abrir paso al abuso, si lo hay, puesto que para ser consecuente , admitidas en un caso debe hacer lo mismo en todas. Recientemente han sido nombrados en esta capital alcaldes parroquiales cuatro ciudadanos que a su turno se han excusado de admitir el nombramiento por los medios dichos; y sin embargo de los padecimientos que sufren, según las certificaciones presentadas, continúan en sus tareas privadas con el mismo tesón que los que disfrutan una perfecta salud. No quiere decir la gobernación que estas certificaciones son falsas; pero no hay duda de que son exageradas, circunstancia suficiente para que recaiga una resolución capaz de regularizar estos procedimientos.

En los archivos no hay constancia de la respuesta del presidente. Quizá no se ocupara del asunto por los problemas que tiene con los godos, o ve los escollos que puede producir. La situación descrita por el gobernador remite a intereses y relaciones particulares que son de difícil tratamiento, que obligan a involucrarse en vicisitudes privadas cuyo arreglo puede terminar en revoltillos innecesarios. ¿Por qué no dejarlos para mejor oportunidad?

Estamos ante casos que no parecen importantes, pero sobre cuya trascendencia no se debe dudar. Apenas examinados por los historiadores, dan cuenta de una de las trabas mayores de la república naciente para lograr establecimiento. La república no puede salir del papel, se confina en la estrechez de las propuestas, se queda en el ruido de los discursos porque carece del elemento humano que requiere para convertirse en realidad. No sirve a la ciudadanía, debido a la falta de un equipo de auxiliares o de burócratas capaces de hacer la primordial función que ha ofrecido cuando anuncia el nacimiento de un proceso distinto del colonial: una vida mejor y más digna, hecha por el compromiso de todos los miembros de la sociedad. Con alcaldes en fuga, con candidatos escurridizos como los que hemos conocido ahora, esa vida mejor y más digna debe esperar.


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