BASILEA – En los primeros meses de la crisis de la covid-19 —la fase aguda—, el principal efecto económico fue una contracción de la liquidez, que los gobiernos contrarrestaron con agresivos estímulos monetarios y fiscales. Pero ahora que la pandemia se ha prolongado, la crisis está entrando en una nueva fase marcada por riesgos de solvencia notablemente más elevados para las empresas. Las autoridades se enfrentan a un dilema: ¿cómo pueden respaldar a las empresas que lo necesitan sin sostener a aquellas que no son viables?

Sin duda, las medidas de emergencia aplicadas en un primer momento lograron todo lo que razonablemente cabía esperar, si no más. En su mayoría, las empresas han seguido siendo solventes, y se han protegido empleos y salarios, con menos quiebras corporativas en el primer semestre de 2020 que en los cinco años previos.

Ahora mismo, los indicadores del mercado sugieren que los inversores esperan que los incumplimientos y las insolvencias continúen a niveles bajos. Pero es posible que estén siendo excesivamente optimistas. Históricamente, es habitual que se produzca una demora entre la caída del crecimiento del PIB y el aumento de las quiebras y el desempleo, que suelen tocar techo un año después del choque inicial y permanecer altos durante dos años más.

Sin el apoyo de medidas de política adicionales, el mundo puede estar precisamente en camino a ese futuro. El Banco de Pagos Internacionales estima que las quiebras de empresas de economías avanzadas podrían aumentar más de un 20% el año que viene (con respecto a la referencia de 2019).

El mensaje es claro: los responsables de la política económica deben continuar apoyando a las empresas con el fin de evitar una costosa oleada de cierres e insolvencias. Pero, ¿qué tipo de ayuda se necesita concretamente?

Para contestar esta pregunta, las autoridades deben reconocer primero que es posible que el panorama económico haya cambiado de forma fundamental. A nadie se oculta que durante la pandemia, la adopción de tecnologías digitales, como el comercio electrónico, se ha acelerado considerablemente. Es poco probable que esta tendencia se invierta.

De hecho, es posible que las actitudes de los consumidores y su conducta de gasto nunca vuelvan del todo a los patrones prepandemia. El número de personas que trabajan de forma remota  probablemente aumentará, incluso cuando dejemos atrás los protocolos de distanciamiento social. Y la gente también podría viajar, comprar o salir menos en el futuro.

Aunque este tipo de cambios de la actividad económica favorecerán a algunos sectores, también dejarán completamente obsoletos a otros negocios antes prósperos. Si las autoridades sostienen a esos negocios, podrían añadir presión al sector financiero y, en última instancia, causar una contracción económica aún mayor y más pérdidas de puestos de trabajo.

Determinar si una empresa amerita recibir ayudas adicionales no será tarea fácil. Sus resultados antes de la crisis no bastarán para proporcionar una orientación precisa, y las perspectivas económicas continúan siendo sumamente inciertas.

No obstante, aunque no exista un método perfecto para identificar qué empresas son viables a largo plazo, los bancos —que tienen mucha experiencia en la realización de este tipo de valoraciones para la concesión de préstamos— pueden aportar una perspectiva valiosa. Además, las propias entidades de crédito se verán en la necesidad de dejar de prestar a empresas no rentables en algunos casos, incluso si eso se traduce en pérdidas.

Independientemente de cómo se realice esta reasignación de recursos, es evidente que, durante esta fase prolongada de la crisis, las autoridades ya no pueden depender exclusivamente del estímulo fiscal y monetario. También hacen falta reformas estructurales y apoyos selectivos.

El reto es doble. En primer lugar, las empresas que pueden tener éxito en esta nueva economía necesitan ayuda —también para formular estrategias eficaces— mientras reestructuran su deuda y sanean sus balances. Para ello, se podría reducir el énfasis en medidas fiscales de alcance general y optar por ayudas económicas a empresas que han acumulado grandes deudas insostenibles, pero que tienen muchas posibilidades de seguir siendo viables en el largo plazo.

En segundo lugar, los responsables de las políticas deben fomentar y facilitar que las empresas de los sectores más perjudicados por la pandemia reasignen sus recursos a otros sectores que tengan más posibilidades de prosperar en la economía pospandemia. De la misma forma que los gobiernos han trabajado a lo largo de los años para agilizar el proceso de creación de empresas, ahora deben simplificar la liquidación de aquellos proyectos empresariales que ya no tienen futuro. Cuanto antes se liberen los recursos, antes se podrán canalizar a actividades generadoras de crecimiento.

Simplificar los procedimientos de quiebra y los regímenes laborales podría ayudar. También son esenciales los incentivos para la reestructuración de empresas. En cuanto a los trabajadores damnificados, las autoridades pueden ofrecerles incentivos y oportunidades para adquirir las competencias que necesitan para trasladarse a sectores más dinámicos.

Con el fin de encauzar los recursos reasignados —incluido el capital humano— a sectores que reportarán auténticos beneficios a la economía nacional en el largo plazo, las autoridades deberían plantearse formular estrategias industriales con proyección de futuro (allí donde no existan) que fomenten la inversión en infraestructura, en industrias que no contribuyan al cambio climático y en el sector sanitario. Por otra parte, para sacar provecho de la innovación tecnológica hacen falta un entorno regulatorio y jurídico más favorable, incluidos derechos de propiedad adecuados, y un sistema financiero que proporcione la necesaria financiación del capital.

Esta reasignación sin precedentes precisará la acción concertada de todas las partes interesadas, privadas y públicas, incluidos deudores, acreedores, bancos centrales, autoridades fiscales y muchos otros organismos públicos, como las autoridades tributarias, los tribunales, las administraciones de la seguridad social, los departamentos de trabajo y los gobiernos subnacionales. La coordinación internacional también será fundamental. Por lo tanto, es vital que los gobiernos resistan los cantos de sirena del proteccionismo.

El crecimiento económico acabará por volver. Pero sus motores no serán los mismos que antes de la pandemia. Cuanto antes reconozcan esto las autoridades y desarrollen estrategias de apoyo económico focalizadas —que deben incluir una buena dosis de reformas estructurales—, más rápida, más fuerte y más robusta será la recuperación.

Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, es el director general del Banco de Pagos Internacionales.

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