1950: crónica de un año turbulento

Estamos en 1950. Apenas se ha dado el zarpazo contra el presidente Gallegos y las fuerzas democráticas muestran su decisión de combatir contra la naciente dictadura militar. Los golpistas no han tenido tiempo de dominar a las organizaciones políticas que se habían fortalecido durante el trienio adeco, o ellas entienden que su subsistencia depende de mantener la cabeza en alto. De seguidas se describen los hechos fundamentales de la lucha que entonces se desarrolla en Venezuela, para que sepamos cómo los antecesores supieron jugarse el pellejo por los valores de la democracia.

El año comienza con una decisión de los exiliados, que provoca preocupación en las fuerzas de seguridad: buena parte de los líderes que habían tomado las de Villadiego después del golpe contra el gobierno constitucional, regresan clandestinamente para pelear contra la militarada. Tiene fundamento la alarma de los espías, porque en breve se funda un comité coordinador de la resistencia en cuyo centro figuran Leonardo Ruiz Pineda y Alberto Carnevali, líderes de AD que no solo se empeñan en animar a sus partidarios, sino también en establecer contactos con los activistas del PCV que no han cesado sus tareas de agitación. Debido a tal agitación, el gobernador del DF prohíbe temporalmente la circulación de Tribuna Popular, órgano de los rojos, que montan una imprenta clandestina para continuar su actividad bajo la coordinación de Pompeyo Márquez.

No son los únicos que escriben textos que el gobierno considera peligrosos, pues en breve se ordena la suspensión temporal de El Gráfico, portavoz de las propuestas copeyanas. Después llega el turno de El Nacional, periódico independiente que ha cometido “irrespeto grave” contra las autoridades al publicar una caricatura que ofende a los miembros de la Junta Militar. El Nacional pasa un mes en el invernadero, mientras pagan prisión temporal su fundador y sus principales redactores.

El 1 de mayo sucede un episodio que pone a temblar a los mandones: comienza en Lagunillas una huelga de obreros petroleros que se extiende a los otros campos del Zulia y después a los de Falcón, Monagas y Anzoátegui. Cerca de 40.000 trabajadores formulan reclamos salariales y pedimentos de mejoras en sus contratos, sin plantear referencias sobre problemas políticos. Pero los problemas políticos están presentes, según se descubre cuando un grupo de militantes adecos penetra en la Base Aérea de Boca del Río para promover un alzamiento. El plan es sofocado en breve sin complicaciones, pero se suspenden las clases en liceos y universidades ante el temor de una agitación de grandes proporciones. El paro de los petroleros llega a su fin porque la Junta Militar ordena el control de los campos por la Guardia Nacional, y la disolución de 49 sindicatos.

El gobierno considera que la intentona de Boca del Río fue promovida por “elementos bolcheviques”. En consecuencia, ordena la disolución del PCV, el cierre de sus locales y la clausura definitiva de sus órganos de propaganda. AD se había disuelto, o la habían sacado del juego legal, por un decreto de 1949. La represión recrudece, por lo tanto, pero también se multiplica la fortaleza de los perseguidos. De acuerdo con un análisis de Ramón J. Velásquez, se vive entonces un florecimiento del adoctrinamiento marxista-leninista en sectores juveniles, mientras los líderes adecos profundizan sus planes sin permitirse descanso y sin que los sabuesos encuentren su paradero.

En El Heraldo, diario del régimen, se inicia una campaña destinada al objetivo primordial de detener a quien consideran como la figura más importante y peligrosa de la oposición: Rómulo Betancourt. Gracias al adoctrinamiento de entonces, que no solo se lleva a cabo por los comunistas sino también entre jóvenes de Copei, se siembran las semillas de un pensamiento que provocará la renovación o la transformación de los partidos políticos a partir de 1960, considera Velásquez, pero todavía falta tiempo para tales mudanzas. La inmediatez de un acontecimiento inédito nos vuelve a las turbulencias que se quieren mostrar aquí.

Aparte de lidiar con sus enemigos de la oposición, la Junta Militar se enfrenta a fisuras interiores en cuyo centro se encuentra el oficial que la preside, teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud. Los militares más recalcitrantes no solo lo juzgan como un advenedizo, sino también como remanente del gobierno que habían derrocado. ¿No llegó a ser ministro y confidente de Rómulo Gallegos? ¿No creció y se formó en el extranjero, lejos de los cuarteles que ahora reclaman el dominio del país? Como no se ha involucrado en negocios sucios, ni se ha apartado de una línea de corrección que le granjea simpatías, incomoda a la fauna que pretende un poder sin cortapisas. El 12 de noviembre, Delgado Chalbaud es secuestrado y asesinado al día siguiente por una banda de facinerosos. La investigación del magnicidio no llega a conclusiones sobre los responsables, para que queden dudas sobre sus reales promotores, entre ellos el futuro dictador Marcos Pérez Jiménez. También para que la sociedad sienta que los golpistas pueden traspasar cualquier límite, sin parpadear siquiera.

En 1951 se cambia el nombre de la Junta Militar, que estrena como presidente al abogado Germán Suárez Flamerich mientras se promulga un estatuto electoral que permita la legitimación del régimen. Las vísperas sobre las cuales se ha echado un vistazo no auguran soluciones apacibles, sino senderos escabrosos que terminan en el establecimiento de un largo plazo de autocracia, pero que, a la vez, anuncian que será perecedera.