Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronuncia sobre fallecidos en PoliCarabobo

Un agente de la policía da información a los familiares de los presos en las afueras de la comandancia, en Valencia. Fotografía de Juan Barreto para AFP

El miércoles 28 de marzo, al menos 68 reclusos murieron en un incendio en los calabozos de la comandancia general de Policía de Carabobo. Lea aquí el comunicado oficial de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el incidente:

Ginebra (29 de marzo de 2018).- Estamos consternados por las terribles muertes de al menos 68 personas en Venezuela después de que un incendio arrasara la cárcel de una estación de policía el miércoles a raíz de presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Instamos a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y efectiva para establecer la causa de estas muertes, proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas y, cuando corresponda, identificar y llevar a los responsables ante la justicia.

También estamos preocupados por informes que indican que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares que se habían congregado frente a la estación de policía en Valencia, estado de Carabobo, para exigir información sobre sus seres queridos. Llamamos a las autoridades a respetar el derecho de las familias a la información y a la reunión pacífica.

En las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención. Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines.

Los Estados son los garantes de la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Llamamos al Gobierno de Venezuela a que adopte inmediatamente las medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.

Llamamos a las autoridades a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional.