Los archivos de Miranda y Bolívar, patrimonio histórico de los venezolanos

De izquierda a derecha: «Retrato de Simón Bolívar», de José Gil de Castro; «Retrato del General Francisco de Miranda», de Martín Tovar y Tovar

Francisco de Miranda y Simón Bolívar tuvieron plena consciencia de la trascendencia histórica de los hechos en los cuales fueron protagonistas de primera línea, de allí que ambos, en vida, pusieran especial empeño en reunir y preservar los documentos que daban cuenta de sus actuaciones públicas y también de sus asuntos privados.

En 1805, antes de iniciar su expedición libertadora a las costas de Venezuela, Miranda redactó su testamento y dejó establecido que todos sus papeles y manuscritos fuesen enviados a Caracas y colocados en los archivos de la ciudad, cuando Venezuela fuese independiente; de esta manera quedaría testificado «el amor sincero de un fiel ciudadano y los esfuerzos constantes que tengo practicados por el bien público de mis amados compatriotas».

En 1810, al regresar a Venezuela para incorporarse a la independencia, después de cuarenta años de ausencia, trasladó a Caracas todos sus documentos organizados y encuadernados en 63 tomos. Cuando era inminente la derrota de la Primera República, en julio de 1812, lo primero que hizo Miranda fue poner a salvo su archivo. Ordenó que fuese colocado en el barco en el cual tenía dispuesto salir de Venezuela, después de firmar la capitulación. Pero, como es ampliamente conocido, Miranda fue sometido a prisión por sus compañeros de armas y entregado a las autoridades realistas de manera que, cuando el barco zarpó, los documentos se fueron sin su dueño. El destino final de sus papeles fue Londres, allí quedaron desde 1814 bajo custodia de lord Bathurst, ministro inglés para las colonias. Al concluir sus funciones ministeriales, en 1827, decidió llevárselos a su residencia, localizada en Cirencester, y los guardó en su biblioteca.

En 1926, ciento catorce años después de que los documentos fueron embarcados en La Guaira, el historiador Caracciolo Parra Pérez tuvo conocimiento de la existencia del archivo en la casa de la familia Bathurst y adelantó las gestiones que permitieron su adquisición por el Estado venezolano. Ese año, los 63 tomos regresaron tal cual como los había dejado Miranda en 1812. Desde ese momento estuvieron bajo la custodia de la Academia Nacional de la Historia (ANH), se hizo una primera publicación de su contenido y posteriormente se llevó a cabo otra edición bajo el título Colombeia, auspiciada por la Presidencia de la República, la cual quedó interrumpida el año 2006. Hasta ese momento se habían editado 20 tomos. Una detallada historia de todos estos recorridos fue realizada por Gloria Henríquez en su libro Historia de un archivo. Francisco de Miranda. Reconstitución de la memoria, editado por la Fundación de la Cultura Urbana (Caracas, 2008). En el 2007, por iniciativa de la ANH, de la Biblioteca Nacional y de otras instituciones, el Archivo de Miranda fue registrado por la UNESCO en la Memoria del Mundo.

En el caso de Simón Bolívar, la historia de sus documentos fue diferente, aunque igualmente accidentada. En diciembre de 1830, poco antes de morir y en medio de la amargura y la desilusión que le ocasionaron su derrota política y la inminente disolución de Colombia, ordenó en su testamento que todos sus papeles fuesen quemados. Sus albaceas testamentarios no cumplieron su última voluntad, pero decidieron dividirlos en tres partes. Una primera sección con documentos correspondientes a los años de 1813 a 1818 se le entregó al general Pedro Briceño Méndez, quien tenía la idea de escribir una historia de la guerra de independencia. Otro segmento con los documentos de los años 1819 a 1830 quedó en manos de Daniel Florencio O´Leary; su proyecto era redactar una biografía del Libertador, encargo que le había hecho el propio Bolívar en vida. La tercera parte, en la cual había documentos oficiales y correspondencia con funcionarios de diferentes países desde 1813 a 1830, quedó bajo custodia de Juan Francisco Martín.

Cada sección tuvo distintos recorridos. Briceño Méndez murió en 1835 sin escribir la historia de la guerra que se había propuesto. Sus familiares, años después, le hicieron entrega de los documentos al señor Ramón Azpurúa quien se encontraba organizando, junto con el sacerdote e historiador José Félix Blanco, una ambiciosa compilación de documentos sobre la independencia. Esta publicación, en 15 tomos, se hizo entre 1876 y 1879 durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco bajo el título Documentos para la vida pública del Libertador Simón Bolívar. Allí se incluyeron muchos de los originales que le fueron entregados a Briceño Méndez. Pero en 1888, al morir Azpurúa, sus familiares vendieron los originales a un alemán que trabajaba en la empresa del ferrocarril Caracas-Valencia. Al terminar sus labores en Venezuela, el nuevo dueño se llevó los documentos a su país natal de forma tal que la sección entregada a Briceño Méndez terminó en alguna ciudad de Alemania.

En el caso de O’Leary, éste se ocupó en vida de aumentar la documentación inicial y de escribir sus memorias, pero también falleció antes de ver culminada su obra; fue su hijo Simón Bolívar O’Leary quien se encargó de traer a Venezuela todos los documentos acopiados por su padre y de organizar y coordinar su publicación con el apoyo del presidente Antonio Guzmán Blanco. Entre 1879 y 1888 se imprimieron 32 volúmenes, dos tomos con las narraciones del propio O´Leary y el resto con la correspondencia escrita y recibida por Simón Bolívar. Los originales quedaron en manos del Estado venezolano constituyendo el punto de partida del Archivo del Libertador.

En 1914, por iniciativa del historiador Vicente Lecuna y con el apoyo de César Zumeta, Ministro de Relaciones Exteriores del general Juan Vicente Gómez, se hicieron las gestiones que permitieron localizar y comprar los documentos que estaban en Alemania. De manera que solo estaba pendiente recuperar la sección entregada a Juan Francisco Martín, la cual estaba en París en manos de sus herederos. Esta última sección fue recuperada por el gobierno venezolano entre 1923 y 1926. Fue así como, a partir de este último año y luego de todas estas accidentadas peripecias, los documentos que había ordenado quemar el Libertador se encontraron reunidos en Caracas.

La sede del archivo fue la Casa Natal del Libertador, adquirida por el Estado venezolano en 1921; allí, bajo la curaduría de Vicente Lecuna, se organizó, encuadernó y enriqueció notablemente el archivo original con la adquisición de nuevos documentos; también se inició la publicación de los Escritos del Libertador. Esta actividad no tuvo la misma continuidad luego de la muerte de Lecuna en 1954; los documentos se conservaron en la misma sede, se mantuvo la transcripción y publicación de la documentación, pero las condiciones de la casa no eran las mejores y los documentos corrían peligro de deteriorarse.

Desde la década del noventa (siglo XX), la Academia Nacional de la Historia hizo las gestiones para recuperar el archivo y conseguir un local más adecuado; se llevaron adelante las diligencia para que el Archivo del Libertador fuese incluido en el registro de la Memoria del Mundo por la Unesco, lo cual se logró en 1997 y, dos años después, con el apoyo del Banco Venezolano de Crédito, concluyó la adecuación de un espacio expresamente acondicionado para su funcionamiento, en la misma calle donde están el Museo Bolivariano y la Casa Natal. En enero de 1999, por decreto del presidente Rafael Caldera, se le otorgó a la Academia Nacional de la Historia la custodia y curaduría del archivo.

Una década después, un nuevo decreto del Ejecutivo, firmado por el presidente Hugo Chávez el 13 de abril de 2010, ordenó que ambos archivos, el del Libertador y el de Miranda, fuesen trasladados al Archivo General de la Nación. La razón fundamental que sustentaba la decisión era que el pensamiento universal de ambos personajes representaba «la base ideológica de la Revolución Bolivariana, en consecuencia, sus archivos, contienen la documentación fundamental de su legado revolucionario liberador para los pueblos de nuestra América y el Mundo».

Acto seguido añadía que esta documentación debía estar al servicio de instituciones del Estado que «verdaderamente desarrollen sus funciones con el objeto de rescatar la memoria histórica de las luchas de liberación del pueblo venezolano las cuales han sido ocultadas por factores públicos contrarios al proceso revolucionario».

Queda absolutamente transparente que no fue una medida de carácter administrativo cuyo objetivo era simplemente trasladar y reubicar los archivos, sino que se trató de una decisión sostenida en una clara instrumentalización del pasado, mediante la cual se establecía la continuidad histórica entre el pensamiento y la acción de Bolívar y Miranda con el proyecto político del gobierno de la revolución bolivariana. Una práctica que, por lo demás, fue recurrente en el discurso del presidente Chávez. De esta forma, tanto las ideas como las acciones de ambos personajes, dejan de ser parte de nuestra historia –susceptibles de ser interpretadas y analizadas de manera abierta, crítica y plural– y se convierten en apéndice y fuente de un proyecto revolucionario totalmente ajeno, no solamente a sus pensamientos y propósitos políticos, sino a sus condiciones y circunstancias históricas. Además, también se descalifica y se desconoce cualquier otra institución que no tenga como finalidad sostener los objetivos del proceso revolucionario. Estos planteamientos y muchos otros se expusieron ampliamente en su momento a fin de debatir y dejar en evidencia las motivaciones políticas que estuvieron presentes en la decisión.

El 5 de junio de 2010, luego de un acucioso trabajo de revisión e inventario pormenorizado de toda la documentación, se llevó a cabo la entrega y el traslado de ambas colecciones a la sede del Archivo General de la Nación. El hecho se convirtió en un acto político que celebraba su recuperación para el pueblo venezolano y los revolucionarios, con el fin de escribir una «historia fidedigna e insurgente».

Los documentos como fuente indispensable para la investigación histórica no están al servicio de ningún proyecto político, su riqueza y potencialidades radican precisamente en la posibilidad que ofrecen para ser interpretados de manera diversa, a fin de abrir espacios de debate y discusión que contribuyan con la reflexión y comprensión de nuestro pasado. No tienen, por tanto, un propósito ideológico determinado y mucho menos constituyen legado revolucionario liberador de nadie.

El Archivo General de la Nación, como ente rector del Sistema Nacional de Archivos, tiene entre sus responsabilidades la guarda, custodia, conservación y divulgación del Patrimonio Documental, con el fin de preservar la memoria histórica y la cultura de nuestra nación. Así queda registrado en su portal web. Sería bueno que lo tengan presente, no sólo para proteger y conservar los documentos de dos protagonistas de excepción de nuestra historia como lo fueron Francisco de Miranda y Simón Bolívar, sino también para garantizar la libre interpretación de éstos y muchos otros documentos, que son patrimonio cultural e histórico de los venezolanos, sin que estén sujetos a los propósitos y designios del proceso revolucionario. No se trata simplemente de un deber que les corresponde como institución del Estado, sino del derecho que tenemos los venezolanos de interpretar, discutir y discurrir libremente sobre nuestro pasado.