Liliana Ortega: “teníamos que apoyar a la gente con carencias”

Liliana Ortega había tomado la decisión a regañadientes y, aunque parecía firme, estaba a punto de cambiar de opinión. Ese día se despidió de todos en la oficina, dispuesta a no regresar más. Sus padres la querían lejos de todo lo que tenía que ver con política. Le aconsejaron que debía concentrarse exclusivamente en sus estudios universitarios, sin mirar para otros lados.

Fue a finales de abril de 1989, bajaba las escaleras mecánicas del edificio administrativo del Congreso de la República, ubicado en la esquina Pajaritos, después de reunirse con algunos miembros de la fracción parlamentaria del MAS (Movimiento Al Socialismo), el partido político del entonces diputado Teodoro Petkoff. Él, un hombre al que admiraba y respetaba mucho, había conformado un equipo de 10 personas para procesar las denuncias de los familiares de las víctimas del Caracazo, una serie de disturbios suscitados en Caracas y el estado Miranda entre finales de febrero y principios marzo de ese mismo año.

En medio de aquella situación, Liliana quiso ayudar. Por eso no quería abandonar el trabajo. Como estudiante de Derecho se había encargado de recibir las denuncias y de asesorar a los familiares de las víctimas con relación a diferentes trámites.

Una de estas personas era la señora Petra Bello, quien en ese momento subía por el otro canal de las escaleras mecánicas de aquel edificio gubernamental. A Liliana Ortega, la tragedia personal que vivía esa señora, la conmovió, pues no sabía nada de su hijo desde el 27 de febrero, estaba desaparecido entre los 300 afectados por lo que luego identificaron como ejecuciones extrajudiciales. 

Liliana se regresó al encuentro de la señora Bello y conversaron un rato. Le sugirió unas diligencias que le faltaban hacer. Al despedirse, sin haberle comentado sobre su retiro, la señora, inocente de lo que ocurría, le dijo unas palabras que aún recuerda:

—Nos vemos mañana.

No había vuelta atrás. Estaba comprometida con esas personas, con las víctimas y sus familiares. Para ella era importante mantenerse en la oficina, continuar el trabajo que hacía por los desaparecidos, seguir acompañando la palabra de la señora Petra. Entonces, a la mañana siguiente decidió volver. 30 años después, lo sigue haciendo.

Al final, sus padres no pusieron resistencia. Liliana consiguió graduarse de abogada de la Universidad Santa María ese mismo año. Aunque tenía un tío que era abogado, su familia era esencialmente técnica, casi todos vinculados al mundo de la ingeniería. Sin embargo, las labores sociales siempre estuvieron sobre la mesa. 

“Mis padres pensaban que era un oficio complicado y con muchos peligros, lo cual es muy cierto, pensaban que podía tener una vida más fácil y más cómoda. Para ellos, la igualdad era un valor importante y fue algo con lo que crecí. Entender que había gente privilegiada y que teníamos que apoyar a la gente con carencias”, comenta Ortega. 

Su presencia en el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), como empezó a llamarse la organización no gubernamental después de adquirir personalidad jurídica, fue más recurrente. No existían otras instituciones de ese tipo en el país. Eran pioneros en la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela.

“No era un tema del que se hablara mucho, ni siquiera había monitoreo de casos, tampoco especialistas. Somos la única organización de familiares de víctimas que tiene tantos años de haberse creado. Después trascendimos, abrimos una serie de áreas de trabajo, por ejemplo: de apoyo psicosocial, de litigio internacional y de ejecuciones extrajudiciales distintos al Caracazo”.

Los tiempos en la fracción parlamentaria terminaron pronto, y el hecho de conformarse como una organización aparte, significó un punto de inflexión. El motivo que movió esa decisión fue el conjunto de denuncias interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia para la apertura de las fosas clandestinas de la peste, en el Cementerio General del Sur, el sector donde fueron ubicados los muertos del Caracazo. 

“Queríamos información y documentación de las víctimas. Logramos llevar ese caso a la Fiscalía [General de la República]. Me dediqué a trabajar con expertos internacionales y a estudiar, pues, otras experiencias”, explica. Se unieron a la Federación Latinoamericana de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), una coalición de organizaciones latinoamericanas con sede en Caracas, pues Venezuela era para la época el país con mayores garantías democráticas en la región.

En ese momento se decidió que Cofavic debía ser llevado por los propios familiares de las víctimas, pero incluyeron a otras personas. Necesitaban expertos que orientaran el trabajo, entre ellos estaba Liliana, quien se convirtió en cofundadora y era el nexo con los activistas latinoamericanos. 

Liliana Ortega trabajó con Loyola Guzmán, la mano derecha de Ernesto “Che” Guevara, estuvo en contacto con las madres de la Plaza de Mayo y con los familiares de las víctimas de las guerras en Centroamérica y Colombia. “Para nosotros fue una escuela. Compartimos con gente que tenía una vasta experiencia y por eso definimos los objetivos: no quisimos hacer una política partidista”.

Aún así, las críticas no tardaron en llegar. Tanto la organización como ella recibieron acusaciones en algunos medios de comunicación, por parte de articulistas conservadores. Decían que Liliana había sido entrenada en Angola y que pertenecía a la izquierda latinoamericana. Pero no era verdad, la primera experiencia en materia de Derechos Humanos que había tenido en su vida era Cofavic, surgida a raíz de lo ocurrido en el Caracazo. 

“En 1989 ocurrió el rompimiento, la ruptura de la vitrina de las Américas. En Venezuela fue la impronta del Caracazo, marcó un antes y un después en el país, por la magnitud y el impacto que tuvo”, cuenta tres décadas después.

A pesar de que tenía allegados en instituciones del Estado, Liliana nunca padeció de persecución o amedrentamiento por parte del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. No obstante, la voz de Cofavic sí molestaba en las altas esferas, pues levantaron una información que deseaban mantener oculta: todo lo vinculado con las atrocidades y el exceso de la fuerza pública frente a la desobediencia civil del 27 de febrero de 1989 y los días siguientes.

Las tensiones llegaron con la administración de Rafael Caldera en 1994. No era para menos: las denuncias se habían elevado internacionalmente y se preparaban los trámites para presentar el informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual ocurrió en marzo de 1995. 

Un año después, otro caso sería presentado, el de la masacre en el retén de Catia, suceso que implicó la muerte de más de 50 personas, aunque todavía se desconoce con certeza el número de fallecidos. Con este hecho, Cofavic amplió su cobertura de violación de Derechos Humanos en el país.

Por esos años y gracias a su labor en la organización, Liliana fue nominada al premio Reebok Human Rights Award, que otorga la Fundación Reebok a los activistas de Derechos Humanos menores de 30 años. 

El trabajo empezaba a dar sus frutos. A pesar de los tumbos de la democracia a finales de los años 90, la década significó la consolidación y el reconocimiento de Cofavic, tanto en Venezuela como en todo el continente americano. “Entre 1992 y 1993 comencé a asistir a Naciones Unidas, entraba y salía del país sin ningún problema”. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. 

Cuando en febrero de 1999 Hugo Chávez asumió la presidencia y planteó el diseño de una nueva constitución, Liliana y otros miembros de la organización participaron activamente en los artículos concernientes a los Derechos Humanos. 

Sin embargo, ese mismo año tuvieron el primer choque con la nueva administración, las denuncias hechas por Cofavic por los atropellos cometidos en medio del deslave de Vargas, en diciembre de 1999, no fueron del agrado del presidente. Los militares se excedieron al intentar ordenar el caos, y el mandatario, de formación castrense, hizo caso omiso.

El Gobierno, que alardeaba de un discurso contra los presidentes del pasado, parecía olvidar que Cofavic era la organización que más denuncias propinó en contra de lo que el chavismo llamaba “cuarta república”. “Nadie denunció un caso con mayor gravedad que nosotros. Ni siquiera esos líderes, que hoy levantan las banderas en rechazo a ese período. Ellos no acompañaron a las víctimas del Caracazo, nosotros sí”. Esa actuación en el pasado, hoy les sirve de legitimidad, es la coherencia que caracteriza a su mensaje y a sus acciones.

Así lo demostraron en 2002. El 11 de abril de ese año se produjo el golpe contra Hugo Chávez y el Estado democrático se desmanteló por unos días. La organización estuvo atenta a las detenciones arbitrarias ejecutadas por las fuerzas de seguridad, también en denunciar los ataques contra aquellos que ejercían cargos en el Gobierno. 

No obstante, el deterioro de las relaciones llegó a un nivel de no retorno entre los años 2003 y 2005, antes de que la crisis asfixiara a la población; “publicamos un libro, Grupos parapoliciales en Venezuela, y eso no gustó. Empezaron a desacreditar a los que estábamos denunciando esos casos”, y esa alerta, que fue temprana, ratificó su acción.

En el presente, Liliana Ortega compagina su labor en Cofavic con la actividad docente en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). En 1999, la revista Times la incluyó entre los cincuenta Líderes para el Nuevo Milenio en América Latina, reconocimiento que la hizo parte de Ashoka, organización que promueve el emprendimiento social. 

En 2010 le fue otorgada la Orden Nacional del Mérito en grado de Oficial, por el Gobierno francés y en 2017, ante un sombrío panorama signado por protestas contra Nicolás Maduro, recibió el premio franco-alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho.

Nunca imaginó que el encuentro con la señora Petra Bello, a finales de abril de 1989, la llevaría por toda esa trayectoria. Entonces, apenas tenía 23 años y sólo quería ayudarla con la situación de su hijo, Juan Acasio Mena Bello, quien, más de tres décadas después del Caracazo, continúa desaparecido.

Las cifras reales son una deuda histórica que el Estado todavía no revela.

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Este texto se produjo bajo la dirección y coordinación  de la asociación civil Medianálisis (medianalisis.org) como parte de un proyecto para reseñar y destacar el trabajo de la sociedad civil en Venezuela.