Lea aquí un resumen del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela

Captura de pantalla de la transmisión de la sesión del 25 de enero de 2022.

El martes 25 de enero de 2022, Venezuela fue evaluada por tercera vez por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas, durante el cuadragésimo período de sesiones en Ginebra, Suiza. El proceso implicó la revisión de la situación de los derechos esenciales en Venezuela y los avances de las recomendaciones hechas al Estado venezolano por el Consejo de Derechos Humanos en 2017. 

El EPU es un proceso impulsado por los Estados, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el EPU pueden participar diplomáticos y representantes de las oficinas de la ONU y las misiones permanentes en los países evaluados. También los miembros de la sociedad civil organizada. En este sentido, para el Tercer Ciclo del EPU de Venezuela las organizaciones venezolanas no gubernamentales enviaron 174 informes que resumen abusos y violaciones a los derechos humanos en el país.

En el diálogo interactivo estuvieron presentes 116 países, entre ellos México, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia e Italia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicará el viernes 28 de enero las recomendaciones hechas por los estados miembros. Aquí presentamos un resumen: 

 Sobre las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales

Países como México, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Italia y Finlandia recomendaron: 

• Liberar de forma inmediata e incondicional a los presos políticos.
• Cesar la detención arbitraria de periodistas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y poner fin a la impunidad en caso de violaciones a este derecho.
• Garantizar el debido proceso de personas detenidas arbitrariamente en instalaciones gubernamentales.
• Investigar debidamente todas las acusaciones de exceso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y las ejecuciones extrajudiciales. Las investigaciones deben ser independientes y rápidas en todos los casos de violación a los derechos humanos. 
• Eliminar toda forma de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
• Prevenir las ejecuciones extrajudiciales y asegurar la investigación y sanción de los perpetradores.

Sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes

Estados Unidos, Costa Rica, Noruega, Portugal Ucrania, DInamarca, Canadá, Costa de Marfil, entre otros, recomendaron:

• Cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura (OP-CAT).
• Ratificar la convención sobre desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
• Iniciar investigaciones ante las alegaciones de desapariciones forzadas, torturas y otros abusos físicos y sexuales en los próximos seis meses.
• Fortalecer la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura.

Sobre la independencia del sistema judicial

Brasil, Costa Rica, Paraguay, España, Portugal, Alemania, Australia, Austria, República Checa y otros países recomendaron:

• Garantizar el acceso a la justicia a todas las personas.
• Asegurar la independencia e imparcialidad del poder judicial según los estándares internacionales y asegurar la independencia e imparcialidad de los fiscales para realizar investigaciones prontas, eficaces y transparentes de las violaciones de los DDHH.
• Garantizar la separación de poderes, el debido proceso, respeto a los DDHH y un espacio propicio y seguro para grupos de la sociedad civil. 
• Iniciar investigaciones independientes completas y rápidas de todos los casos de violaciones de derechos humanos y asegurar que los perpetradores rindan cuentas.
• Realizar reformas completas y creíbles en el sistema policial y judicial, en particular las fuerzas de acciones especiales (FAES).
• Promulgar una revisión integral de la legislación y la práctica destinada a garantizar el derecho a un juicio imparcial de todos.

Sobre los derechos de las mujeres

Chile, Cuba, Canadá, Finlandia, Francia, Argelia, Angola, Bahrain, Gabón, Filipinas, Leichenstein, entre otros estados miembros, recomendaron:

• Combatir la violencia contra las mujeres y niñas y tomar medidas preventivas y asegurar la justicia.
• Adoptar medidas urgentes para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres privadas de libertad.
• Proveer reparaciones efectivas a las víctimas de abusos de derechos humanos y adoptar medidas urgentes para atender los casos de violencia de género.
• Adoptar regulaciones para hacer cumplir la ley de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y combatir con un plan nacional la violencia contra las mujeres.
• Acelerar los esfuerzos para establecer un marco jurídico para reducir la mortalidad materna.
• Garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, entre estos el cuidado de la salud materna para todas las mujeres, incluyendo aquellas con discapacidad.
• Establecer instituciones y políticas especializadas para documentar los casos de (…) mujeres, niños y personas más vulnerables que son víctimas de la trata de personas, la prostitución forzada y la esclavitud sexual, también para protegerlos de tal ocurrencia. 
• Reforzar programas de empoderamiento económico de la mujer, incluyendo la mejora en el acceso a servicios financieros y crédito, así como la formación profesional y técnica. Redoblar los esfuerzos para llevar a cabo programas de formación para mejorar la identificación y la remisión de víctimas de trata de personas, sobre todo mujeres y niñas.

Sobre los defensores de los derechos humanos

Países como México, España, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Australia, Noruega, Suiza y Eslovaquia recomendaron: 

• Modificar la Ley Contra el Odio para que no pueda ser utilizada contra periodistas y defensores de derechos humanos.
• Garantizar el cese a los actos de criminalización, persecución y encarcelamiento de opositores, disidentes, defensores de derechos humanos y manifestantes, así como garantizar su seguridad, libertad efectiva y reparación a las víctimas.
• Poner fin a las barreras legales, financieras y administrativas que obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
• Revocar los reglamentos administrativos que amenazan el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, como la Providencia administrativa 002-2021 y abstenerse de dictar nuevas.
• Trabajar con las organizaciones humanitarias para diseñar y desarrollar un plan nacional que atienda la emergencia humanitaria, priorizando grupos en situación de vulnerabilidad.

¿Qué dijo el estado venezolano?

Cada Estado tiene la oportunidad de declarar qué acciones ha tomado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país. En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezó una delegación de funcionarios que habló ante el Consejo en conexión remota. Rodríguez declaró que “el sistema de atención gratuito de salud ha sido un éxito en el manejo de la pandemia” en el país. Aseguró que “Venezuela garantiza los derechos sociales y económicos. (…) Está dentro de uno de los pocos países menos desiguales de América Latina y el Caribe”, y que se ha reportado un crecimiento del Producto Interno Bruto de más del 7% desde 2016. También dijo que el Estado trabajó de la mano de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para defender los derechos esenciales de manera imparcial y no politizada.